El presidente, Guillermo Lasso, decidió prorrogar el contrato con Claro para el servicio de telefonía móvil. Además, se analiza una extensión con Telefónica Movistar. Esta se mantendrá vigente hasta la firma del contrato de renegociación.
Entre las primeras y más urgentes tareas que el próximo Gobierno deberá asumir constan acordar y firmar los contratos de servicio de telefonía móvil con las únicas dos operadoras privadas que operan en el país.
El próximo domingo 27 de agosto vence el contrato vigente, que se firmó hace 15 años, con una de estas operadoras, Conecel (Claro).
Asimismo, el 30 de noviembre concluye el contrato con la segunda operadora, Otecel (Telefónica-Movistar). Si este contrato se extendiera, sería una decisión de último minuto porque la fecha coincide con la instalación del Gobierno del presidente que resulte electo en segunda vuelta, el próximo 15 de octubre. Por ahora, el Gobierno anticipa que se está analizando prorrogar dicho contrato.
El martes, el Gobierno anunció una extensión del contrato vigente con América Móvil (Claro) hasta que se firme un nuevo convenio de renovación del servicio. Así el Gobierno informó que la firma entre las partes ya se había concretado en las vísperas, es decir, apenas 6 días antes de la finalización del contrato y al día siguiente de las elecciones anticipadas, en las que el empresario Daniel Noboa y la correísta Luisa González avanzaron a la segunda vuelta.
Sobre el aplazamiento de la firma del contrato, la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino declaró: «La prórroga tendrá una vigencia en cuanto al plazo hasta que se firme el nuevo contrato de renegociación, lo cual se estima que deberá celebrarse en aproximadamente unos seis meses».
El objetivo, dijo la funcionaria, es evaluar el valor final y las “nuevas condiciones económicas” en el nuevo contrato, que aún se está negociando.
El tiempo de la prórroga se sumará al nuevo contrato que se está negociando, agregó Maino tras señalar que «es un consenso al cual se ha llegado con la operadora telefónica Claro (Conecel)».
Vianna Maino también mencionó que la operadora deberá pagar 3,3 millones de dólares cada mes de extensión de la prórroga con la obligación de mantener el servicio para los clientes con los mismos precios.
En la práctica, no se trata únicamente de cumplir los plazos para firmar los nuevos acuerdos, sino de establecer de manera clara las normas de funcionamiento para uno de los aspectos cada vez más indispensables en la vida cotidiana de las personas en los tiempos actuales como es la telefonía móvil.
Esta es la base del acceso al internet móvil y a su amplia gama de servicios de comunicación instantánea, compras y ventas en línea, transferencias bancarias y muchas otras funcionalidades.
¿Qué significa todo este proceso?
El Gobierno, a través del Ministerio de Telecomunicaciones, no ha publicado uno de los datos más elementales, como es la «valoración», es decir, el precio del espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado y del que depende el funcionamiento de la telefonía móvil.
Hoy, la ministra Maino, fue consultada por un medio televisivo sobre esta “valoración”, a lo que respondió: “No puedo decirlo porque el informe final no está aprobado y porque los temas de la transacción revisten confidencialidad hasta que estén firmados, pero es lo que habíamos hablado, es algo similar a los valores históricos”.
“Anteriormente se cobró 700 millones de dólares en espectro fijo, o en valor fijo por espectro, otra cosa es el valor variable por la facturación, que también es un componente de la renegociación”, acotó Vianna Maino.
También, anticipó que se prevé exigir inversiones para que, en un plazo relativamente corto, las operadoras activen las tecnologías 5G, especialmente en sectores industriales, mediante “bandas extra”.
Ecuador Chequea consultó a Patricia Falconí, presidenta de la Asociación de Empresas de Telecomunicación (Asetel), sobre el mismo tema, expresó que es indispensable que el Gobierno transparente no sólo los estudios financieros que sirven para establecer la mencionada valoración, sino también los estudios técnicos y legales sobre la materia.
“No se podría hacer una renegociación porque el Gobierno dijo justamente que se suspendieron las mesas de negociación porque no contaban con ese insumo. Es imposible que se pueda generar una negociación si no se sabe el valor sobre el cuál se va a negociar”, acotó.
En este contexto, la representante gremial calificó a la prórroga del contrato con una de las operadoras como “un primer paso”, pero enfatizó que se debe avanzar con un cronograma con fechas claras que permita concluir este proceso.
Esta es la segunda y reiterativa exigencia que realiza Falconí. En junio, tras la suspensión de las mesas de negociación por parte del Gobierno, señaló que, dada la importancia del servicio para millones de usuarios, era urgente que el Gobierno de Guillermo Lasso emitiera un pronunciamiento para reiniciar las negociaciones.
“La prórroga era un paso necesario que se estaba buscando y que para el sector de las telecomunicaciones era urgente. Sin embargo, es aún más urgente, que el cierre de las renegociaciones, se pueda hacerlo de la manera más rápida y transparente, porque al final de cuentas la ciudadanía tiene la necesidad imperiosa sus servicios se vean ampliados y mejorados, lo cual se logra con el cierre de las negociaciones”, concluyó
¿Quiénes son los actores del servicio de la telefonía móvil y de la negociación del espectro radioeléctrico?
El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y distribuido en diferentes bandas de frecuencias de las que depende el funcionamiento de la telefonía móvil.
El espectro radioeléctrico de la telefonía móvil hace que las señales de teléfono móvil y otros tipos de señales de comunicación viajen. Este tiene un valor de aproximadamente 700 millones de dólares.
El Estado, a través de los gobiernos de turno, puede autorizar a las operadoras de telefonía móvil, así como a canales de televisión y radios la explotación de los mencionados espectros radioeléctricos mediante unos contratos denominados «contratos de concesión».
Otros actores importantes son las empresas operadoras de telefonía móvil. En el caso de Ecuador, son dos privadas y una estatal:
Conecel:
- Opera la marca Claro.
- Filial del grupo mexicano América Móvil, de propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim.
- Firmó con el Estado en 2008 un contrato de “concesión” para operar el mercado de telefonía móvil de Ecuador hasta fines de noviembre próximo. El contrato establecía cientos de millones de dólares en inversiones.
- En 2019,se comprometió a invertir hasta 2022 cerca de 500 millones de dólares en el desarrollo de sus servicios de telefonía.
Otecel
- Opera las marcas Movistar y Tuenti.
- Filial de la empresa multinacional española de telecomunicaciones, con sede central en Madrid. Telefónica S. A.
CNT
- De propiedad del Estado.
- Opera la marca CNT.
Otro de los actores es el usuario, distribuido de la siguiente forma por operadoras, líneas activas, y tipos de acceso:
Líneas activas en Ecuador:
Conecel (Movistar y Tuenti)
– 9’220.042.
– 52,3% de cuota de mercado.
Otecel (Claro)
– 5’409.581.
– 30,4% de cuota de mercado.
CNT
– 3’089.410.
– 27,3% de cuota de mercado.
Total
– 17’719.033.
(Fuente: ASETEL, abril 2023)
Porcentaje de parroquias rurales que puede acceder a internet:
– 2021: 78,52%
– 2022: 80,22%
(Fuente: Mintel, diciembre 2022)
Porcentaje de hogares con internet fijo en zonas rurales
– 2021: 23,14%
– 2022: 24,19%
(Fuente: Mintel, diciembre 2022)
Líneas activas con servicio móvil de voz, internet y datos
– Líneas activas: 17’490.751
– Penetración en la población: 97,93%
Líneas activas con internet móvil
– Líneas activas: 10’697.193
– Internet móvil en la población: 59,4%
(Fuente: Mintel, diciembre 2022)
El ingeniero multimedia y especialista en análisis de datos, Alexis Olivo, expresó su preocupación por lo que calificó como falta de transparencia por parte del Gobierno y de las operadoras telefónicas en el proceso de conversaciones y firma de los contratos de concesión.
Olivo pide que ambas partes no sólo transparenten los términos económicos de la negociación, sino que abrán la posibilidad de que los usuarios vigilen cómo se desarrolla este proceso y que se establezcan normas claras sobre el manejo de datos personales de los usuarios y el tiempo que las operadoras guardan esta información.
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