7 de cada 10 mujeres en las cárceles son acusadas por delitos relacionados con drogas; sus participaciones en este crimen son menores —‘mulas’ y microtráfico, principalmente—, pero son las más expuestas, e incluso víctimas de otros delitos, como violaciones y trata. 

POR: Esteban Cárdenas

Chalecos y uniformes verdes rompen con los tonos apagados de la calle. En medio del ruido de la ciudad, personas caminan a la tienda, a tomar el bus o de regreso a sus hogares acompañados por autos y sonidos. Justo en medio de esta escena, al menos cuatro policías y sus vehículos brindan seguridad cerca de un gran muro blanquecino, despintado por el paso del tiempo, en El Inca, un sector del norte de Quito. Detrás de esta división, 1.162 personas viven tras las rejas, en su mayoría por narcotráfico. 

Esta es una de las 35 cárceles del país y que, hasta hace poco, estaban vacías de información y cifras, incluso para el Estado. Fuera de este y otros muros carcelarios, no se conocía las condiciones que se viven dentro o la realidad de los presos, dejando a las autoridades a ciegas frente a las duras condiciones carcelarias y de seguridad.

Entre el 22 de agosto y el 10 de diciembre del 2022, Ecuador realizó su primer censo penitenciario. Tras más de 6 meses en tabulación y análisis, los resultados llegaron y han permitido conocer mejor a quienes se encuentran dentro de los muros e identificar a grupos vulnerables.

En Ecuador hay 31.321 reos: el 94% son hombres y el 6% mujeres (1.880). La mayoría tiene entre 18 y 44 años. Con relación al nivel de educación, el 51,8% de los hombres ha llegado máximo a educación básica, mientras que el 37,9% llegó a bachillerato. En el caso de las mujeres, el 47,2% alcanzó la primaria y el 37,1% llegó hasta bachillerato.

Las estadísticas divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) también revelan otros aspectos detrás del muro. ¿Qué delitos son los que más cometen las personas que entran a las cárceles del país? La respuesta está en los datos.

El gráfico es claro. Los delitos más comunes rondan entre el narcotráfico, el robo, el homicidio, la violación sexual y la tenencia y porte ilegal de armas; en ese orden. En el caso de los hombres, las columnas se distribuyen casi equitativamente en cada uno de los delitos. Sin embargo, en el caso de las mujeres, se puede ver un despunte. Según el Censo Penitenciario, el 72,1% de las reclusas están pagando penas por delitos relacionados con las drogas. De nuevo: 7 de cada 10 mujeres que están en las cárceles ecuatorianas han sido acusadas por narcotráfico o microtráfico. 

Con esto en mente, vale preguntarse ¿qué hace que la diferencia sea tan marcada y abismal en el caso de las mujeres? ¿Estas cifras reflejan la realidad del crimen fuera de las cárceles y el papel de las mujeres en esta ecuación?

Aquí algunas respuestas.

‘Mulas’ del ‘narco’

Para Mario Pazmiño, experto en seguridad, estas cifras son alarmantes y hablan sobre la dinámica del crimen fuera de las cárceles. 

“La mayoría de mujeres no son utilizadas ni en el traslado, ni en la seguridad para entregar la droga en plataformas internacionales de distribución. (…) Las mujeres participan más en las fases de traslado de la droga al exterior. Son utilizadas para llevar paquetes en maletas, encargos o encomiendas; transportan también sustancias en su cuerpo a través de cápsulas de cocaína, por ejemplo. Las bandas suponen que con las mujeres habrá menos controles”, dice.

Pazmiño explica que las cifras comprueban que existe un reclutamiento permanente a mujeres por parte del narcotráfico “para hacer estas actividades”. En ocasiones, quienes caen en las redes de bandas llegan a ser amenazadas “para integrar y de esta manera poder agilizar el tránsito de estupefacientes hasta otros países. Generalmente, son reclutadas para ser ‘mulas’ del narcotráfico”, remarca el experto.

Con esto concuerda Karina Ponce, de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía. “Hay mujeres que tienen dos, tres o cuatro hijos y viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Estas mujeres son captadas de manera fácil por el crimen organizado para cumplir el papel de ‘mulas’ y micro traficar droga”, asegura. 

Ponce describe sus actividades como las de una “impulsadora”, pero que es mandada a vender pequeñas cantidades de estupefacientes para recibir una comisión “que no les enriquece pero les permite vivir”. De esta manera, en la mayor parte de los casos, las mujeres no pertenecen directamente a las estructuras del crimen organizado, “sino que son útiles para el crimen organizado y, por su vulnerabilidad, no tienen otra opción más que seguir ese camino”.

Las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las mujeres, en este caso, son claves para comprender la dinámica delictual, que se traslada a las cárceles y a las cifras como las que se pueden analizar hoy en el censo penitenciario. Las necesidades que tienen muchas mujeres por sus condiciones de vida las hacen vulnerables al crimen. “Muchas de ellas son jefas de hogar, madres solteras que no pudieron tener acceso a todos los niveles de educación. Estas condiciones las hacen propensas a ser atraídas, amenazadas y llevadas a realizar estas actividades”, dice Ponce.

Fernando Sánchez Cobo, exsecretario de inclusión de Quito y exsubsecretario del sistema de rehabilitación social, también utiliza la palabra “mula”. Explica que las mujeres, dentro de las estructuras criminales, tienden a cumplir el papel del expendio y traslado de droga. “Todo esto se da por la falta de empleo y oportunidades. Son personas que afuera estaban, en su mayoría, en condiciones de vulnerabilidad, lo que terminó haciéndolas blanco fácil para el narcotráfico o promotores de actividades ilícitas”.

Hilda (nombre protegido) es experta en temas de derechos para reclusas y fue cercana al sistema carcelario. Por motivos de seguridad, “porque siempre hablar de estos temas es peligroso”, pide mantener en reserva su nombre. 

Hilda explica que, desde los años 80, los delitos relacionados con el narcotráfico son la primera causa de la criminalización de las mujeres en Ecuador; por lo que esta problemática no es nueva. “En el 2002, 2003 y 2004, se alcanzaba desde el 70% hasta el 80% de mujeres privadas de la libertad que cumplían sentencias por tráfico”. 

Ella habla de otro factor en la ecuación, que puede juntarse a las condiciones de vulnerabilidad para llevar a las mujeres a las redes de bandas y organizaciones criminales: “Nos hemos dado cuenta de que el factor que también vincula a las mujeres con estas actividades son los enamoramientos”, dice. En ocasiones, las mujeres que ingresan a las cárceles son parejas de líderes o miembros de bandas criminales, quienes “muchas veces sólo buscan utilizar a una mujer a través de la relación”.

“No es que estamos justificando el crimen, pero debemos ver la realidad detrás del tema. En ocasiones establecen relaciones con estas personas para utilizarlas. Las mujeres en estas circunstancias son vulnerables a hacer lo que sus parejas quieren que hagan”, explica. 

Hilda, sin embargo, no deja fuera de la ecuación a las condiciones de pobreza y otros aspectos que pueden marcar el camino de las mujeres hacia el crimen. Las complicaciones económicas, hijos, familiares y enfermedades pueden llevarlas a ver en las actividades ilícitas una salida. “También hay mujeres que llegan desde otros países y, por sus condiciones, son captadas por estos grupos para formar parte del ambiente criminal”.

Pero entrar en este mundo significa aún más riesgos para las mujeres. Tal como ocurre en la sociedad fuera de los muros, pareciera que las dinámicas criminales proyectan parte de los roles de género establecidos socialmente en sus estructuras, pero con mayores riesgos y amenazas para quienes entran.

Roles y peligros

A las mujeres “las usan porque suelen ser más listas y buscan también más estrategias de tráfico, con una visión más amplia”. Hilda explica que para el crimen es una constante tener mujeres que realicen estos trabajos. Y a los detonantes se suma la idea de que ellas pueden generar menores sospechas en el momento de enfrentar autoridades como policías y otros uniformados en actividades tan expuestas como la venta de drogas. 

Pero también son las mujeres las que llevan la “peor parte”. Quienes realizan labores como “microtraficantes”, por ejemplo, suelen ser víctimas de situaciones y delitos aún más fuertes como violaciones sexuales, torturas, explotación y trata. 

Y es que los roles de género y las condiciones de violencia contra la mujer pueden llegar a ser aún más claras dentro de los muros y los ambientes criminales. Karina Ponce explica que la radiografía social permite comprender mejor estas dinámicas: “En general, la división sexual del trabajo coloca a los hombres en puestos de toma de decisiones. Donde se decide el futuro de una empresa, de un país, de una reforma o de una ley, ahí están los hombres. Lo mismo pasa en el crimen organizado. Quienes están en mayor jerarquía, en este caso, suelen ser los hombres”. 

De esta manera, las dinámicas de género que se viven en la sociedad también se pueden ver reflejadas en el mundo del ilícito, colocando las mujeres que forman parte de estos espacios en condiciones de doble o triple vulnerabilidad. 

Con esto concuerda la socióloga Natalia Sierra, quien destaca que la mayoría de mujeres que se involucran en el negocio de la droga “lo hace en calidad de ‘mulas’”.

“Muchas veces las usan cuando las trafican para explotación sexual o también cuando están en manos de coyoteros, que las están trasladando a otros países”, destaca. 

Las mujeres, en la mayor parte de los casos empobrecidas y madres solteras, buscan formas de “arreglar su vida económica”, a pesar de los altos riesgos. 

“Es importante conocer que son muy pocas, o ninguna, las que tienen un papel de dirección en el negocio, que es básicamente masculino. Las mujeres, en esta dinámica, como dije previamente cumplen el rol de ‘mulas’ o trofeos de guerra. Además, con el agravante de que es un contexto de extrema violencia donde las mujeres son extremadamente vulneradas. El trabajo de traslado y venta de droga es el de más alto riesgo de ser descubierto y por lo tanto, el de más riesgo de terminar encarceladas”, explica la experta.

Ella ve en estas dinámicas un claro sesgo de género en la distribución de tareas dentro de los negocios ilícitos, donde “las mujeres ocupan el eslabón más frágil”. 

Crecimiento regional

Pero esta realidad no sólo se vive en Ecuador. Según un informe emitido el 8 de marzo del 2023, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el encarcelamiento de mujeres —quienes actualmente representan alrededor del 6,9% de la población penitenciaria de la región— ha crecido a grandes pasos en las últimas décadas. 

Entre los años 2000 y mediados de 2022, el porcentaje de mujeres encarceladas en Latinoamérica ha tenido un aumento del 56,1%; mientras que la población carcelaria en general aumentó 24,5%. A esto se suma que el incremento supera al de África (55,5%) y al de Europa (12,6%).

El documento explica que este aumento se debe a factores como el endurecimiento de políticas criminales en materia de drogas y la falta de perspectiva de género para abordar esta problemática.

El informe considera que un elevado porcentaje de mujeres encarceladas en la región han sido encarceladas por delitos no violentos vinculados a las drogas, de las cuales un número considerable se encuentra sometida a prisión preventiva. En Ecuador, según el Censo penitenciario, el 15% de mujeres que están en las cárceles no cuenta aún con una sentencia y está detenida en calidad de procesada.

En cifras generales de la región, 46% de las reclusas están encarceladas por delitos relacionados con drogas. La CIDH enmarca en su informe que esto se da también porque los sistemas judiciales no consideran, al momento de juzgar un delito, factores como: bajo nivel de participación dentro de la actividad ilícita; ausencia de violencia en la comisión de estas conductas; ausencia de enfoque de reinserción social en las políticas penitenciarias; y violencia y exclusión social y laboral a la que se enfrenta esta población en la región. A esto se suma el uso excesivo de la prisión preventiva.

¿Qué lleva a las mujeres a cometer este tipo de delitos? La CIDH es clara en su informe sobre los factores que pueden llevar a las mujeres a una cárcel. Entre estos están las “reducidas oportunidades económicas y educativas que derivan en situaciones de pobreza, responsabilidades financieras respecto de las personas a su cargo, violencia previa, coacción, amenazas e influencia para involucrar a las mujeres con la comisión de delitos, y consumo de drogas. Al respecto, la CIDH destaca que estos factores limitan las opciones de vida de las mujeres, privándolas de tomar decisiones libres y colocándolas en situaciones que conducen a su encarcelamiento. La Comisión ha señalado que la pobreza y exclusión social pueden favorecer la propensión a cometer delitos. La combinación de factores socioeconómicos como bajos niveles de desarrollo, precariedad del empleo, falta de oportunidades, inequidad persistente e insuficiente movilidad social, resultan en entornos de vulnerabilidad que limitan las posibilidades legítimas de ascenso social. En estos ámbitos, algunas personas podrían verse forzadas a optar por la vía delictiva como forma de vida”.

A esto también se suman las políticas de drogas que se han implementado en la región desde la década de 1990. Estas incluyeron reformas legales que endurecieron las políticas criminales en línea con el enfoque prohibicionista y represivo que prioriza el encarcelamiento como respuesta. 

Como resultado, la política antidrogas ocasionó mayores índices de encarcelamiento como solución a los problemas de inseguridad, lo que ha afectado, según la CIDH, particularmente a las mujeres. 

Las consecuencias de esto también han sido las sanciones con elevadas penas de prisión, el castigo de consumo o porte para uso personal y el sometimiento a procesos penales a personas con bajo nivel de participación dentro de la cadena delictiva.

Pero estas condiciones no sólo afectan a las mujeres directamente. El aumento de encarcelamiento de mujeres tiene otras víctimas colaterales, como los núcleos familiares, que incluyen hijos. En Ecuador el 75,1% de las presas tiene un hijo o hija menor de 18 años. Esto significa que 7 de cada 10 mujeres son madres desde prisión y sus hijos también resultan afectados por sus sentencias.

Sebastián Edminger, periodista mexicano, explica por su parte que en México se repite la cifra y la situación. El 6% de la población penitenciaria del país son mujeres, lo que representa alrededor de 12.000 personas. Él explica que el uso desmedido de recursos de prisión preventiva es una de las razones del hacinamiento carcelario que vive México.

“El 43% de mujeres que están tras la rejas están acusadas por delitos contra la salud, lo que sería el tráfico de drogas o narcotráfico. (…) Esto dice mucho también del fracaso de la guerra contra las drogas, pues gran parte de estas personas fueron detenidas por posesión de drogas, no por ser parte de las cadenas del narcotráfico”, dice. 

Él reconoce que estas problemáticas son comunes tanto en Ecuador como en otros países de la región como México, en este caso.

En cifras

En Ecuador existen cinco cárceles de mujeres y 19 mixtas. En estos espacios, entre sus muros, más de mil personas cumplen sus penas o esperan el avance de los procesos judiciales.

Entre esos números, que parecerían no tener nombres, rostros o emociones por lo frío de las cifras; se encuentran mujeres de las diferentes provincias. Según el Censo penitenciario, las provincias con mayor tasa de reclusas, según su lugar de nacimiento, son: Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi. Las tres comprenden zonas fronterizas con elevadas brechas de desigualdad, siendo Esmeraldas y Sucumbíos dos de las provincias con mayores índices de pobreza, según el INEC.

Dentro de las cifras, también se pueden destacar condiciones de vulnerabilidad, como la falta de acceso a la educación. Más de la mitad de las presas no pudo acceder a estudios superiores.

Como se mencionó previamente, 7 de cada 10 reas tienen hijos menores de 18 años. De este total, 129 madres tienen hijos con algún tipo de discapacidad. Además, 19 se encuentran embarazadas.

Una vez dentro de los muros, hay situaciones y condiciones que pueden complicar la estadía de las mujeres. Según datos del Censo penitenciario, el 45,37% de mujeres no recibió atención médica a su llegada a la cárcel. El 21,28% no ha recibido atención médica en el último año y el 54,61% no ha recibido atención psicológica en el mismo lapso.

De igual manera, los datos del Censo indican que, de las mujeres que declararon haber consumido algún tipo de sustancia en el último año; el 72,1% aseguró que no ha recibido ningún tipo de ayuda psicológica para reducir el consumo.

Con relación a la seguridad dentro de su celda, 2 de cada 10 mujeres entrevistadas aseguraron que se sienten inseguras. 

Por último, si se habla de niveles de reincidencia de las personas que cumplen su pena; a pesar de que el Censo no entrega datos concisos sobre las tasas de recaída, 2 de cada 10 presas reportan ya haber sido sentenciada por otro delito previamente; en su mayoría por drogas y robo. 

Siguiendo la línea, queda preguntarse si este sistema, con sus cifras, realmente logra la rehabilitación de quienes ingresan a prisión.

Reinserción social

Fausto Sánchez Cobo asegura que el sistema penitenciario se encuentra en crisis “económica, estructural y hasta humana”. Para él, las estrategias de rehabilitación y reinserción social se han dejado de lado al suspender proyectos como dar talleres de oficios a los presos o apoyar a la creación de emprendimientos dentro de las cárceles. 

“Hace falta acceso a créditos y conocimientos para que cuando salgan puedan reinsertarse a la sociedad por sí mismos. Se necesitan más capacitaciones y herramientas en el sistema penitenciario”, dice. 

Él explica que durante su gestión se realizaron proyectos de emprendimiento, donde los familiares podían vender los productos que trabajaban los presos para generar ganancias. Esto, sin embargo, “desapareció”.

Con esto concuerda Hilda. Ella asegura que actualmente el sistema carcelario se concentra en la pena, la condena y el castigo, sin preocuparse por la real rehabilitación. Explica que las instalaciones de las cárceles tienen malas condiciones y espacios de castigo, que terminan siendo torturas. Asegura que estos espacios deberían estar destinados a la lectura, el pensamiento y el desarrollo de las habilidades.

“Hubo proyectos interesantes que se dejaron de lado, como la creación de una marca de ropa desde las cárceles, que se llamaba ‘Prisión’ y se vendía fuera. De igual manera, existieron proyectos musicales para la creación de bandas y espacios de esparcimiento, que realmente pueden brindar opciones para cuando salgan de las cárceles”, dice.  

Ella explica que se deben generar verdaderos sistemas de rehabilitación, que no le cuesten al Estado, dando oportunidades de generar ganancias a los reclusos, para que puedan dar réditos a sus familias. 

“Tenemos aquí un modelo estadounidense de cárceles que ya vemos que no ha funcionado. Hay que seguir otros ejemplos, como los europeos, para realmente alcanzar la rehabilitación”, dice. 

Y es que al salir de la cárcel e intentar retomar su vida, los ‘dolores de cabeza’ pueden continuar para estas personas. Karina Ponce lo ejemplifica: “Una mujer que sale por microtráfico, intenta buscar un trabajo, intenta trabajar de manera autónoma, pero no puede por las condiciones sociales. Si ella no logra insertarse a la sociedad, no le va a quedar de otra que volver a las actividades que la llevaron a la cárcel. Aquí el Estado tiene mucha responsabilidad”, explica.

Todos los expertos concuerdan en que el trabajo del Estado en los procesos preventivos, de rehabilitación y para impedir la reincidencia; es elemental para luchar contra la inseguridad y crimen que vive el país de forma estructural y efectiva. 

Sanchez Cobo reconoce que la política parece que no nota estas problemáticas, “pues ninguno de los planes de gobierno de los candidatos presidenciables, por ejemplo, incluye a estas personas entre los grupos de atención prioritaria”. Hace un llamado a quienes toman las decisiones a regresar a ver a estos sectores. 

En el caso de las mujeres, la CIDH aclara en su informe que los países de la región cuentan con una escasez de programas de reinserción social con perspectiva de género. Por otro lado, las actividades de reinserción ofrecidas con frecuencia responden a los roles de género tradicionales, limitando el desarrollo de nuevas habilidades. Al final, el resultado de esto genera “pérdida de lazos familiares y falta de redes de apoyo; estigma social; discriminación por antecedentes penales; escasez de oportunidades laborales ante limitada formación; desventajas económicas; falta de vivienda; y pérdida de documentos de identificación personal”. 

La institución hace un llamado a brindar acompañamiento general a las mujeres que salgan del sistema penitenciario para apoyarlas en la reinserción laboral, lo que también implica proveer asistencia social.

Aunque el viento puede hacer volar las palabras, el conocer la realidad de sectores puede ayudar a generar presión para la creación de políticas públicas y reducir el señalamiento a quienes deben hacer una vida entre cuatro paredes. ¿Qué queda en adelante?