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El lavado de activos es el delito de mayor impacto, después del narcotráfico
septiembre 27, 2023

Este delito tiene una incidencia del 17% en el país, según un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Sobre el lavado de activos hay un escaso registro de denuncias. Expertos señalan la necesidad de profundizar investigaciones.

El lavado de activos, después del narcotráfico, es en la actualidad una de las expresiones del crimen organizado con mayor impacto social en Ecuador, según revelan los resultados de una investigación presentada ayer por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.

Este delito tiene una incidencia del 17% en la sociedad ecuatoriana, 5 puntos porcentuales menos que el narcotráfico y un punto porcentual más que la corrupción en todas las instituciones del Estado, según esta investigación basada en encuestas realizadas en el transcurso de este año a 116 funcionarios de diferentes instituciones del Estado.

En contraste con los resultados de este estudio, las estadísticas de la Fiscalía General del Estado sobre las denuncias dan cuenta de un escaso número de casos, incluso son tendencia a la baja en los últimos tres años, con excepción de 2021. 

Entre 2019 y 2022 las denuncias se redujeron en un 45%, al pasar de 108 a 49 según se aprecia en el siguiente gráfico.

(FUENTE: Fiscalía)

Estos datos, se presentan en un contexto de un incremento de violencia e inseguridad generadas por grupos delincuenciales, que llevaron a incluir a Ecuador en uno de las más vergonzosas y preocupantes denominaciones que puede recibir un país: el ‘Top 10’ de países con mayor criminalidad en el mundo, de acuerdo con el índice global que presentó la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.

Con estos antecedentes, hemos realizado un sondeo de opinión en las calles del norte de Quito, en zonas de mayor movimiento comercial como lo son El Condado y Cotocollao. Con solo una sola excepción, las siete personas consultadas en la primera zona y otras cinco en la segunda zona señalaron que efectivamente es un tema del que se ha empezado a hablar más en años recientes, pero evitaron hacer comentarios al respecto, ni siquiera bajo protección de sus identidades.

Eso sí, fuera de micrófonos, dos de los consultados expresaron que tenían “dudas” sobre el funcionamiento de ciertos negocios que “de la noche a la mañana” aparecieron y crecieron desmesuradamente. En cualquier caso, manifestaron que es un asunto que les preocupa y que las autoridades deben intervenir «no sólo con operativos», sino también con “investigaciones frecuentes».

¿En qué consiste este delito y como se comete en el país? El informe del Observatorio lo cataloga como “el motor” de las actividades del crimen organizado en Ecuador. Y para definirlo cita al académico especialista en delitos fiscales, Isidoro Blanco Cordero: se entiende al lavado de activos como el proceso mediante el cual “los bienes de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”.

El lavado permite que individuos, redes y organizaciones criminales perciban ingresos y gocen de rentas económicas de sus actividades ilícitas “dentro de un entorno de aparente licitud”, señala el documento.

El lavado de activos es una «economía criminal». Es decir, apenas un síntoma del narcotráfico. Este tiene tantas diversas actividades relacionadas con la materia prima, producción, logística, distribución y consumo drogas, como se observa en el siguiente esquema:

(FUENTE Y ELABORACIÓN: Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado)

En este complejo escenario para evadir a las autoridades, el lavado de activos se concentra en sectores económicos identificados por el Observatorio como:

  1. Construcción
  2. Compra venta de inmuebles y vehículos
  3. Farmacias
  4. Restaurantes
  5. Gasolineras 
  6. Centros de apuestas online

Todas estas actividades relacionadas con el lavado de activos no se concentran en fronteras ni en puertos, sino en ciudades principales, entre las cuales se destaca Manta, a tal grado que los funcionarios encuestados por el Observatorio la catalogan como  el “business center del crimen organizado”.  Esto debido a que es “un punto estratégico para establecer acuerdos entre redes criminales, políticos y otros actores internacionales involucrados en las diversas cadenas de valor. Este lugar concentra el crecimiento de inversiones y flujo de dinero en efectivo de alta denominación”,

Crecimiento sin precedentes en medio de la violencia criminal 

El Observatorio ha identificado la fecha y los factores en los que esta enfermedad social comenzó a crecer: a fines de 2019, cuando el tráfico de cocaína y otras drogas empezó a aumentar en el océano Pacífico, organizaciones criminales internacionales comenzaron a establecer alianzas con «estructuras locales y actores institucionales estatales» de Ecuador.

Este crecimiento sin precedentes en la cantidad de grupos criminales locales y transnacionales organizados degeneró, al año siguiente, en 2020, en pleno inicio de la pandemia de Covid-19, en una serie de hechos de violencia criminal por el control de territorios. En este sentido, el observatorio señala que estos grupos no sólo buscan controlar territorios para el lavado de activos, sino también para abastecerse de armas, intimidar a la gente y corromper a funcionarios públicos.

En consecuencia, el crecimiento de los niveles de violencia son el resultado de tres décadas de disputas por el control del territorio entre grupos criminales ya establecidos en el país y los nuevos que ingresaron y establecieron alianzas, conforme se puede apreciar en la siguiente gráfica:

(FUENTE Y ELABORACIÓN: Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado)

Una de las grandes organizaciones criminales que operan en Ecuador identificadas por el Observatorio que se dedican al lavado de activos es la conocida como ‘Los Choneros’, que también ejecuta sicariatos, extorsiones y narcotráfico. 

Acción ineficaz 

Sobre los resultados de este estudio, de los orígenes de este delito y de posibles medidas para combatirlo, fueron consultados la docente universitaria de Derecho Penal, María del Mar Gallegos y el expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García. Los expertos coincidieron en señalar al lavado de activos como el resultado de un incremento de las actividades criminales asociadas al narcotráfico, que generan grandes cantidades de dinero que no pueden ingresar de manera legal al mercado nacional y, por tanto, buscan actividades con “fachada lícita” .

Ambos también mencionaron en formular un llamado a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como la principal entidad estatal competente para investigar y sobre todo para prevenir el cometimiento de este tipo de delitos.

Así mismo, reconocieron que dado el alto grado de “mimetización” de las actividades de “fachada” del narcotráfico es muy difícil, pero no imposible detectar y perseguirlas legalmente.

“Es imprescindible fortalecer las estructuras de investigación en materia económica de la UAFE y de la propia Fiscalía porque uno de los principales factores que puede incentivar la producción de delitos del narcotráfico y sus derivados de violencia, es, justamente atacar los beneficios patrimoniales que esos beneficios generan”, sostuvo García.

Gallegos afirmó que mediante nuevas técnicas de investigación, en especial asistidas con herramientas tecnológicas y trabajo de campo, la UAFE, Superintendencia de Compañías y la Fiscalía y otras entidades pueden llegar a “cruzar información que permitan detectar lavado de activos que a primera vista pasan desapercibidos».

“Deben trabajar en conjunto con la Fiscalía para tener un cruce de información a tiempo, emitir alertas y no sólo esperar al momento que se comete el ilícito. Le doy su crédito a la Fiscalía en la investigación, pero esta se da cuando el dinero ya ha sido integrado y colocado en la sociedad, entonces es difícil hacer el seguimiento de dónde está ese dinero”, enfatizó. 

Los dos expertos también concordaron en calificar como indispensable que se cree una ley específica de “Extinción de dominio”; es decir, que el Estado pueda asumir los bienes que son productos de ilícitos. Las normas existentes sobre la materia son “ineficaces”, señalaron.

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