En un escrito dirigido al juez que ordenó que se tramiten tres juicios políticos que habían sido archivados, la asambleísta correísta Pamela Aguirre señala que deja en suspenso la sustanciación del juicio político contra la Ministra del Interior.

POR: Hugo Constante

La sustanciación del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, quedó en suspenso en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, de acuerdo con lo que se desprende de las actuaciones judiciales que constan en el sistema de consulta de causas del Consejo de la Judicatura. 

En un escrito presentado esta mañana por la asambleísta Pamela Aguirre (correísmo), presidenta de la Comisión de Fiscalización, al juez de Quitumbe Édgar Romero Salazar, señala que, “desde esta Presidencia no se dispondrá las convocatorias a sesiones ordinarias de la Comisión de Fiscalización respecto del marco del trámite del juicio político (…) hasta que llegue el momento procesal pertinente”.

Ayer el juez había dado un plazo no mayor a 24 horas a Aguirre para que informe el cumplimiento de la sentencia dictada el 29 de agosto, en el que dispone que se suspenda el juicio político contra Palencia y que se reactiven las interpelaciones solicitadas en contra de tres exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso: Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Economía; y Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior. 

Estos tres juicios políticos habían sido archivados en Fiscalización por el retiro de firmas de respaldo a las solicitudes presentadas ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).  Firmas que correspondían a legisladores del correísmo y del Partido Social Cristiano. 

La sentencia se dictó en el marco de una acción de protección solicitada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón, proponente del juicio político a Arosemena, quien argumentó que se habían violado sus derechos constitucionales porque no se le permitió reemplazar esas firmas. 

El juez aceptó la acción de protección y dispuso a la Comisión que se retrotraiga lo actuado hasta el momento en el cual tuvo lugar el retiro de firmas. 

En su contestación, Aguirre señala que se realizarán las acciones correspondientes según la Ley de la Función Legislativa, ya que las decisiones de las comisiones se toman con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

La decisión política 

La presentación de la contestación de Aguirre al juez coincidió con el debate que ese momento se desarrollaba en la sesión del Pleno de la Asamblea. El legislador correísta Leonardo Berrezueta mocionó que se cambiara el orden del día para debatir la sentencia judicial. La moción fue aprobada y se aprobó, con 87 votos a favor, una resolución en la que se rechaza y condena “enérgicamente” la sentencia. En el texto consta que “ha sido emitida violando expresamente la Constitución e interfiriendo flagrantemente en la independencia de las funciones del Estado”.

Además, se autoriza que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, presente todos los

recursos procedentes, sin perjuicio de la nulidad e inconstitucionalidad antes citadas, y respalda la solicitud presentada a la Corte Constitucional para que se pronuncie respecto a esta sentencia. “Luego de dicho pronunciamiento, la Asamblea decidirá sobre la continuación o no de los juicios políticos pertinentes, en el orden que corresponda”, consta en la resolución.

Como medidas adicionales, se autoriza a Kronfle que presente ante el Consejo de la Judicatura y ante la Fiscalía las denuncias correspondientes contra el juez que sustanció y emitió la sentencia.

Al Comité de Ética y al Consejo de Administración Legislativa se les dispone que inicien los procedimientos administrativos en contra de los asambleístas Inés Alarcón y Xavier Jurado. 

Durante el debate, legisladores de oposición como Berrezueta, Vicente Taiano (PSC )y Jorge Peñafiel (Construye) manifestaron que la sentencia es una intromisión en las labores de la Asamblea y en su rol de fiscalización. Taiano agregó que este es un nuevo episodio que enfrenta al Ejecutivo con la Asamblea. 

Por su parte, los asambleístas del oficialismo aseguraron que la intención no es frenar los juicios políticos a los funcionarios de Daniel Noboa, sino que se respete el orden de prelación de las interpelaciones que habían sido propuestas. Alarcón y la jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, manifestaron que los asambleístas que no acaten la resolución del juez podrían ser destituidos de los cargos.  

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