En enero, el hacinamiento en las cárceles de Ecuador era del 11,63%; y la cifra ha ido creciendo sostenidamente durante el año hasta llegar a 21,5% en septiembre, prácticamente el doble. Todo en medio de las detenciones masivas tras la declaratoria del conflicto armado interno. La tendencia se mantiene hasta noviembre.  

POR: Juan Camilo Escobar

El hacinamiento en las cárceles de Ecuador ha llegado a niveles críticos en este 2024, según reportes oficiales del propio Servicio Nacional que maneja las prisiones (SNAI). 

Entre enero y septiembre, la población penitenciaria creció un 9,5%, pasando de 30.762 internos el 5 de enero a 33.669 el 27 de septiembre, lo que representa un incremento de 2.907 personas. Esto significa que en ese periodo de tiempo, el hacinamiento pasó del 11,63% al 21,50%; es decir, prácticamente se ha duplicado. La capacidad carcelaria en Ecuador es de 27.714 personas y hasta septiembre había 5.955 personas de más. 

El incremento ha sido progresivo durante el año. En enero, el déficit era de 3.206 plazas; para marzo, esta cifra había superado las 4.700, y en junio alcanzó las 5.463. Para septiembre, la brecha llegó a 5.955, marcando el mayor nivel de hacinamiento registrado en el año. 

Por segmentos, los presos con sentencia representan el 60,7% del total en septiembre, con 20.455 internos, mientras que los procesados constituyen el 36,9%, con 12.436. Estas dos categorías juntas suman el 97,6% de la población carcelaria. El resto corresponde a contraventores y personas detenidas por apremio que, aunque son una minoría, también muestran un leve incremento en sus cifras.

CRISIS PARA HOMBRES Y MUJERES

El hacinamiento afecta tanto a hombres como a mujeres. En septiembre, las presas alcanzaron las 2.077, un aumento del 22,2% desde enero, cuando había 1.699. Por su parte, los hombres crecieron un 8,7% en el mismo período, pasando de 29.063 a 31.592.

Aunque las mujeres representan sólo el 6,2% de la población carcelaria, el incremento en sus cifras refleja un patrón similar al de los hombres.

Las cárceles del país cuentan con una capacidad de 27.714 plazas, un número que no ha cambiado a lo largo del año. Sin embargo, la población penitenciaria ha superado este límite desde el primer reporte de enero. En septiembre, por cada 100 plazas disponibles había 121 personas, un indicador que ha crecido consistentemente desde el 12% registrado en enero.

En términos absolutos, el mayor salto en el número total de internos se registró entre junio y septiembre, cuando la población aumentó en 492 personas, un incremento del 1,5% en sólo tres meses.

Ecuador Chequea tuvo acceso al resumen del más reciente informe, actualizado hasta la primera semana de noviembre, que revela que el «hacinamiento promedio» en las cárceles del país alcanzó un 21,75%. De las 35 prisiones, 18 se encuentran en situación crítica, con niveles de sobrepoblación que superan su capacidad entre 1,25 y 2,01 veces. 

En cualquier caso, este hacinamiento desborda cualquier capacidad administrativa del Estado y alimenta un cóctel explosivo de violencia, corrupción y abandono, tal como lo confirmó la semana anterior una masacre en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país, que se suponía que estaba bajo control de las Fuerzas Armadas desde enero, tras el reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno.

Así, la Penitenciaría se volvió a convertir en un escenario de sangrientos enfrentamientos tal como ha ocurrido en los últimos años, con masacres que se han convertido en un oscuro recordatorio de que los problemas dentro de estos muros no sólo son de espacio, sino de control.

Fernando Sánchez, sociólogo y exdirector del SNAI, señaló que los problemas de hacinamiento más graves se concentran en las cárceles más pequeñas, donde también se presentan fallas en la administración penitenciaria. En particular, destacó la falta de reubicación de reclusos de alta peligrosidad, lo que agrava aún más la situación. 

“El problema en estas cárceles pequeñas es más crítico porque, aunque el SNAI ha hecho una reclasificación por nivel de peligrosidad, no siempre hay capacidad en otros centros. En Biblián y en Cañar, por ejemplo, la situación es crítica; el centro de Cañar está a punto de colapsar. Se intentó mover a los internos a Azogues y El Turi, pero los reclusos se opusieron porque estos centros son una fuente de ingresos”, explicó Sánchez.

«Los centros ‘C’ son los más pequeños, con capacidad para pocas personas», explicó Sánchez. «Visité Ibarra hace pocos días, donde hubo una fuga. Se intentó mover una escuela contigua al Centro, porque los reclusos se escapan por esa escuela; incluso, en una ocasión tomaron como rehén a un niño», relató.

Sánchez criticó que, a pesar de estas preocupaciones, la reubicación de la escuela aún no se ha llevado a cabo, lo que sigue contribuyendo al hacinamiento en la cárcel. «Las instalaciones de esa escuela podrían ser utilizadas para reducir el hacinamiento, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida para resolver el problema», agregó. La falta de acción frente a estas soluciones propuestas resalta la ineficacia de las reformas en el sistema penitenciario ecuatoriano.

Fernando Bastías, activista de Derechos Humanos y representante del Comité Permanente de Derechos Humanos, recordó que los informes de organismos internacionales que han investigado la situación de las cárceles en Ecuador coinciden en que el hacinamiento es sólo uno de los problemas graves dentro de la crisis carcelaria. Bastías señaló que la raíz de este problema es la falta de control y la ineficaz gestión de las autoridades para garantizar condiciones mínimas de vida para los detenidos.

El experto subrayó que, a principios de este año, se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias durante las primeras semanas de los operativos combinados entre policías y militares, en el marco del reconocimiento de un conflicto armado interno en el país.

«Esto es justamente lo que critica Naciones Unidas con relación a la política punitiva del Presidente de la República, quien ha puesto como prioridad el aumento de detenciones. A mayor número de detenciones, se considera un mayor éxito de la política de seguridad», afirmó Bastías.

El activista explicó que, en los primeros meses del año, el Gobierno publicó afiches con cifras de detenciones que reportaban miles de arrestos, presentados como evidencia del éxito en la llamada «guerra interna». Sin embargo, cuestionó esta estrategia. “La consecuencia real fue un incremento en la población penitenciaria, que no necesariamente está compuesta por personas vinculadas a delitos graves. Hemos registrado casos de detenciones arbitrarias que, al llegar a la audiencia de formulación de juicio, se demostró que las personas fueron detenidas en flagrancia y luego llevadas ante un juez, quien dictó prisión preventiva”, señaló.

Bastías denunció que este uso abusivo de la prisión preventiva está agravando el hacinamiento, especialmente porque afecta a personas sin sentencia ejecutoriada. “Lo más probable es que muchas de estas personas sean declaradas inocentes. En el contexto actual, las detenciones arbitrarias son habituales. Cuando llegan a la audiencia preparatoria de juicio, los jueces deben valorar si existen pruebas lógicas que relacionen a la persona procesada con el delito, pero lo que hemos visto en los casos que seguimos es que no se recopilan pruebas suficientes”, explicó.

El activista recordó un caso reciente que ilustra este problema: “Hace tres meses, una persona que fue torturada por militares fue declarada inocente porque no había evidencia que la vinculara al delito que le imputaron”. Según Bastías, estas prácticas reflejan un sistema que no sólo falla en garantizar justicia, sino que también contribuye a la crisis penitenciaria.

IMPLICACIONES Y DESAFÍOS

El continuo crecimiento de la población penitenciaria plantea serios desafíos para el sistema carcelario ecuatoriano. Las cifras actuales superan en un 21,5% la capacidad instalada, lo que impacta negativamente en las condiciones de vida, la rehabilitación social y la seguridad dentro de los centros de detención. 

Según expertos, esta sobrepoblación exacerba problemas como la violencia intracarcelaria, la falta de acceso a servicios básicos y el deterioro de la infraestructura.

A inicios de año el Gobierno de Daniel Noboa ofreció la construcción de dos nuevas cárceles de gran capacidad, una en Pastaza, en la Amazonía, y otra en Santa Elena, en la Costa. 

Hoy, periodistas locales de Puyo, capital de Pastaza, confirmaron que la obra no se ha iniciado debido a la oposición de comunidades indígenas y problemas legales relacionados con la propiedad de los terrenos planificados para el proyecto.

El proyecto de la segunda cárcel, calificada por el Gobierno como “de máxima seguridad” —inspirada en las instalaciones construidas por Nayib Bukele en El Salvador— ha avanzado, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, a pesar de las protestas de comunidades locales por daños al ambiente.

El contrato de construcción, valorado en 52,2 millones de dólares, fue firmado el 21 de junio, apenas dos semanas después de que el SNAI invitara directamente a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., una subsidiaria de una compañía pública china, para ejecutar la obra.

El proceso de adjudicación ha sido criticado por la falta de transparencia, ya que el SNAI declaró como reservada toda la información relacionada con el contrato, sin abrir el proceso a otras empresas constructoras. Hasta el momento, ni el SNAI ni el gobierno de Noboa han emitido actualizaciones sobre el avance de la obra.

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