Con dos preguntas, de las siete anunciadas ayer, el presidente Noboa plantea reformar su funcionamiento y la capacidad de ‘vetar’ decisiones de Carondelet.
POR: Juan Camilo Escobar
Fue una ‘guerra avisada’. El lunes, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, ya anunció que el Gobierno enviaría nuevas preguntas para consulta popular y algunas variaciones sobre aquellas que la Corte Constitucional le negó. Y anoche, el presidente, Daniel Noboa, remitió un nuevo paquete con siete preguntas para que vayan a la papeleta y con algunos detalles: en varias preguntas insiste en modificar o condicionar el trabajo de la Corte Constitucional y existe una pregunta que plantea una especie de ‘veto’ contra sentenciados por delitos contra la administración pública, que parece dedicada al expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción y prófugo con refugio en Bélgica.
En vísperas de una nueva jornada de marchas y contramarchas en el país, este nuevo envío profundiza la división política. La Conaie, por ejemplo, ya ha anticipado que promoverá el No, mientras el oficialismo ha comenzado a sacar toda la artillería. Te contamos:
Las preguntas que ayer anunció Noboa son las siguientes:
Para consulta popular:
1) ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?
2) ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito)?
3) ¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional?
Para referendo:
1) ¿Está usted de acuerdo con crear un registro con personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes?
2) ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo?
3) ¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos?
4) ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?
Sobre la Corte Constitucional
El constitucionalista Juan Sebastián Ramírez consideró que la Corte sí podría calificar para que se defina vía enmienda el cambio de mayoría simple a mayoría calificada dentro de la Corte Constitucional, para bloquear iniciativas presidenciales: es decir, el voto de al menos 6 jueces.
“De todas las facultades de la Corte, lo que quiere establecer el presidente es que el quorum de aprobación de decisiones, cuando son decisiones e instrumentos emitidos por el presidente, sean de un rango elevado, es decir, no la mayoría simple de 5 votos, sino de 6. Podría decirse que sí, porque no está alterando la estructura general del Estado y derechos. Sin embargo, la Corte sí debe considerar este trato distinto de los documentos del Ejecutivo frente a los de otras entidades del Estado”, manifestó Ramírez.
“Es una reforma innecesaria porque la actividad jurisdiccional de la Corte Constitucional no es de mayorías ni minorías sino de debate jurisdiccional y constitucional, por lo cual puede haber muchas posturas con votos concurrentes que van a llevar al mismo resultado”, dijo Esteban Ron, también constiticionalista.
Sobre el funcionamiento de la Corte, ambos calificaron como innecesaria la pregunta de Noboa sobre una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Señalaron que dichas atribuciones “ya están plenamente establecidas”, no sólo en la Constitución sino, sobre todo, en la actual Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Ramírez recordó, además, que el Gobierno no está considerando un proyecto de reforma a dicha ley que ya está tramitando la Asamblea.
Este trámite, acotó Ron, deja una ineficiencia legislativa. “Y ahora se quiere hacer una pregunta que obliga a reformar esta ley. Entonces, no es una iniciativa muy adecuada”.
CASINOS
En la pregunta inicial, que la Corte Constitucional negó, Noboa planteaba la posibilidad de que retornen los casinos y salas de juego a hoteles de lujo, con un tributo especial de 25% a las ventas para financiar programas contra la desnutrición crónica infantil. En la nueva pregunta que envió ayer, insiste en el retorno a los hoteles pero “conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley”.
Frente a este cambio, el constitucionalista Ramírez dijo que prácticamente se supera la alegación de la corte por la cual la negó. Por tanto, se acoge la observación y no habrá inconveniente en que esta pregunta sea calificada.
REGISTRO DE SENTENCIADOS POR VIOLACIÓN DE MENORES
La especialista en derecho penal Paulina Araujo consideró que la pregunta relacionada con crear un registro de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra menores de edad no contraviene la legislación vigente en materia penal. Esto, sin embargo, no es suficiente para calificar la pregunta, porque la Corte debe realizar un análisis más profundo de respeto a normas constitucionales, en especial del interés superior por proteger los derechos de niños y adolescentes, los más vulnerables en esta materia, agregó.
En este mismo sentido, Ramírez consideró que, previo a calificar esta pregunta, a la Corte le espera analizar exhaustivamente los considerandos y anexos que debe presentar Noboa. Esto, para verificar los mecanismos que en la práctica operarán para elaborar y administrar dicho registro en materia de respeto de derechos personales.
“El presidente toma la decisión de eliminar el tema de la castración química a violadores porque la Corte Constitucional le dijo que no tenía sustento, y se queda con el registro. La Corte tiene que analizar si interferirá con la integridad personal y no discriminación para determinar si el trámite va como enmienda, reforma, o, incluso vía Asamblea Constituyente”, comentó Ramírez.
Por ahora, Araujo sostuvo que no sería una lista de consulta pública y abierta, sino limitada única y exclusivamente a escuelas, colegios y otras entidades educativas o sociales que trabajen directamente con menores de edad.
JUZGAMIENTOS “EXPEDITOS”
El abogado en ciencias criminalísticas Diego Bonifaz consideró que la pregunta relacionada con establecer procedimientos expeditos para juzgar y sancionar a responsables de delitos de extorsión, robo y receptación no solo es impertinente sino que representa tanto un riesgo para todo el proceso a cargo de la Fiscalía como una vulneración de la defensa de los acusados. Esto, sostuvo, porque los procedimientos expeditos no solo ya establecidos en el Código Orgánico Integral Penal vigente sino que contemplan plazos, de apenas 20 días, que prácticamente no van a poder cumplir los fiscales para sustentar técnicamente las pruebas.
“Estoy más que seguro de que la Corte Constitucional va a rechazarla porque vulnera derechos y porque en 20 días la Fiscalía no va a obtener la prueba. En un procedimiento expedito, apenas empieza la flagrancia, inmediatamente se abre la instrucción. Es como un acordeón que acorta los plazos y en un mismo evento se realiza la acusación, la instrucción, preparatoria de juicio y juicio”, comentó.
“Se va a ver afectado el principio —protegido por la Constitución— de la oportunidad de la prueba o de los descargos en procesos de delitos que son muy complejos”, enfatizó.
En este mismo sentido, la abogada Éricka Salguero comentó que “la aplicación de procedimientos especiales y expeditos podría generar riesgos reales de vulneración de derechos. Se debe tomar en cuenta que, si prioriza la celeridad por encima de la exhaustividad, se podría limitar el tiempo de preparación de la defensa, la recopilación de pruebas y la valoración integral de los hechos”.
Agregó que “en vez de enmendar la Constitución, sería más prudente fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro del sistema judicial y policial”.
CRONOLOGÍA
9 de septiembre de 2025
El presidente Noboa envió a la Corte Constitucional un nuevo bloque con 7 preguntas de su iniciativa de consulta popular prevista para fines de año.
5 de septiembre de 2025
La Corte Constitucional negó tres preguntas y avaló dos de las cinco que el presidente Noboa planteó para un nuevo referéndum que podría realizarse en diciembre.
7 de agosto de 2025
La Corte validó la pregunta propuesta por el presidente Noboa para consulta popular sobre permitir nuevamente el establecimiento de bases extranjeras en el país, como la de Manta. Por unanimidad, los jueces resolvieron que la propuesta cumple con todos los requisitos previstos en la Ley.
3 de junio de 2025
Con 82 votos del movimiento oficialista ADN, Partido Social Crisitiano, una facción de Pachakutik e independientes, la Asamblea aprobó en segundo y definitivo debate una reforma constitucional (propuesta en octubre por el presidente Noboa) para eliminar la prohibición (establecida en el artículo 5 de la Constitución) de instalar bases militares extranjeras en Ecuador, que deberá ser avalada mediante un referéndum.
Nataly Morillo, asambleísta oficialista, dijo que el Estado «dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado trasnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y toda la violencia que emerge de estos mercados criminales que afecta a la vida cotidiana».
17 de octubre de 2024
El presidente Noboa envió a la Asamblea una reforma constitucional para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país, con un discurso de lucha contra el crimen organizado.
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