Guadalupe Llori, al parecer, tiene sus  horas contadas en la Presidencia del Legislativo. Mientras, el Ejecutivo rearma sus piezas para la partida política. ¿Quién quedará mejor parado?

La Asamblea y el Ejecutivo viven sus propios escenarios políticos, uno más complicado que el otro. Como una medida para tratar de lograr el nivel de diálogo que necesita para gobernar, el presidente, Guillermo Lasso, dividió al Ministerio de Gobierno en dos: el de Gobierno y el del Interior. El primero, dirigido por el asambleísta oficialista Francisco Jiménez, y el segundo por el excomandante de la Policía, General (sp) Patricio Carrillo. 

Las competencias asignadas al Ministerio de Gobierno demuestran esa necesidad de trabajar con varios sectores para la aplicación de la propuesta del Ejecutivo. Según el Decreto 381, entre otras actividades, este Ministerio deberá: 

• Formular políticas y estrategias de gobernabilidad y dirigir su implementación.
• Monitorear y evaluar la ejecución de la agenda política. 
• Diseñar e implementar protocolos de articulación política entre el Ejecutivo y otras Funciones del Estado y otros niveles de gobierno. 
• Identificar alertas e impactos de naturaleza social  o política respecto de propuestas de Leyes u otras normativas prioritarias de iniciativa del Ejecutivo. 
• Diseñar políticas y acciones de prevención de conflictos sociales en territorio. 
• Promover y articular espacios de diálogo y relaciones políticas entre el Ejecutivo, otros niveles de gobierno, actores sociales y ciudadanía en territorio. 

En cambio, al Ministerio del Interior se le asignan las siguientes atribuciones: 

• Formular y evaluar políticas de seguridad ciudadana.
• Tendrá la rectoría de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Así como dirigir las políticas, planificación, regulación y control de la Policía Nacional. 
• Aprobar el plan nacional de seguridad ciudadana.
• Emitir informes para la clasificación de información reservada y secreta como resultado de investigaciones o actividades que se realicen para preservar el orden público.
• Garantizar el respeto y la vigencia de los Derechos Humanos. 

Durante la posesión de las nuevas autoridades, Lasso manifestó que se abre una nueva etapa en el Ministerio de Gobierno y dijo que la decisión tomada busca resolver los problemas que vive día a día la ciudadanía.  

En su cuenta Twitter, Jiménez escribió: “... Vamos a tender puentes para tener estabilidad política y fortalecer la institucionalidad, con transparencia y eficiencia”. Mientras que Carrillo, en la misma red social, afirmó: “El compromiso es consolidar una política de seguridad integral, que incorpore a otras instituciones para que esta misión institucional realmente sea eficiente, efectiva y eficaz para los ciudadanos”.   

Para el constitucionalista Jorge Sosa, la decisión de establecer un Ministerio exclusivo para la gestión política y otro para temas de seguridad interna es positiva, ya que le permitirá al Ejecutivo diferenciar y definir claramente esas dos actividades para aplicar con eficiencia las políticas que correspondan a cada caso.

Aseguró que con el modelo que venía funcionando, con un Ministerio de Gobierno encargado tanto de gestión política como de la seguridad interna, estaba recargando en una sola entidad esas dos responsabilidades, sin cumplir a cabalidad ninguna de esas competencias. “No se llegaba a clarificar si (Alexandra) Vela —exministra de Gobierno— hacía trabajo político o se encargaba de la seguridad”, dijo. 

En lo operativo, considera que Jiménez es una persona que puede concertar, mantener acercamientos con diferentes sectores y, sobre todo, conoce la Asamblea “casa adentro”. “Francisco Jiménez es una persona relativamente joven, le puede dar ese dinamismo y con un estilo más comunicativo puede tender esos puentes que necesita Lasso”, dijo Sosa.  

Asamblea: ¿Llori con las horas contadas? 

Mientras el Gobierno toma medidas para mejorar su gestión política, en la Asamblea la situación de su presidenta, Guadalupe Llori (Pachakutik), es incierta. 

Para mañana está convocada la reinstalación de la sesión que se suspendió el 24 de febrero. Ese día la  oposición legislativa pedía conformar una comisión multipartidista que evalúe la gestión de Llori y del Consejo Administración Legislativa (CAL) en su conjunto. Llori no dio paso al pedido, por lo que el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, apeló la Presidencia. La sesión terminó en medio de gritos, reclamos, con las luces y audios apagados. Para la reinstalación de mañana se espera que se cumpla la apelación a la Presidencia. 

Bertha Sánchez (Pachakutik) aseguró que la situación de Llori es insostenible, ya que habría perdido el respaldo de toda su bancada, no sólo de los rebeldes. Y el camino sería nombrar esa comisión multipartidista. Según Sánchez contarían con los votos del correísmo, de Pachakutik, del Partido Social Cristiano, de un sector de independientes y de un grupo de legisladores de la Izquierda Democrática. Manifestó que no se puede vivir de suspensión en suspensión de las sesiones.

El independiente Bruno Segovia dijo que las autoridades legislativas no le deben tener miedo a la evaluación, por lo que para la reinstalación se deberá respetar el procedimiento. 

Hasta el cierre de esta nota Llori, se reunía con el CAL y con los jefes de bancadas para analizar la crisis legislativa y cómo proceder para la reinstalación de la sesión. Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista,  dijo que todo  dependerá de la reunión que mantenían esta tarde. Trascendió que Llori perdió toda posibilidad de respaldo y que buscaba “una salida digna” de su cargo como Presidenta de la Asamblea.     

La “cereza en el pastel” 

El medio digital La Posta difundió un video en el que identifican a Ernesto Ripalda, quien asegura ser asesor del asambleísta Celestino Chumpí, de Pachakutik. Ripalda está reunido con dos ciudadanos más y mantienen una conversación para “comprar” el viceministerio de Agricultura. Chumpí es uno de los cinco asambleístas a los que Lasso identificó como chantajistas, ya que habrían condicionado su voto por la Ley de Inversiones a cambio de cargos públicos. 

Chumpí aseguró que nunca ha tenido un asesor que se apellide Ripalda y dijo que se trata de una persecución política por parte del Estado. Mientras que su bloque legislativo dijo que debe explicarle al país y a la bancada. 

A través de un comunicado, el Gobierno exhortó a la Fiscalía para que inicie las investigaciones correspondientes. La Fiscalía respondió, también a través de un comunicado, que desde septiembre del 2021 se han abierto de oficio varias investigaciones previas relacionados con presuntos actos de corrupción en distintas instituciones públicas y su relación con personajes públicos.  

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