Se ha anunciado una cadena del Presidente para esta noche. Pero, tras las reuniones con ministros y asambleístas en Carondelet, la consigna oficialista es una defensa “irrestricta” ante el juicio político. Cucalón dice que trabajará “sin amilanarse” contra la censura.
A la espera de una cadena nacional que el presidente, Guillermo Lasso, que se emitirá a las 21:00 de hoy, las primeras declaraciones de funcionarios del Gobierno apuntan a que no se maneja, por ahora, la opción de la muerte cruzada, y apuestan por una defensa de Lasso durante el juicio político en su contra, que ayer recibió el visto bueno de la Corte Constitucional.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que trabajará “con ahínco y sin amilanarse”, para que Lasso no sea destituido. Lo dijo tras una reunión del Gabinete ministerial, en Carondelet. “Estamos enfocados en la defensa irrestricta ante este malhadado juicio político”, agregó.
Aquel encuentro con sus ministros, fue la primera de dos reuniones que convocó Lasso con urgencia para definir la estrategia política del Ejecutivo ante el inicio del trámite de juicio político en la Asamblea; además, luego de que el CAL fuera convocado para tratar el tema a las 09:30 de mañana.
Sin embargo, el propio Cucalón, dejó abierta la puerta, al recordar que el Presidente tiene la prerrogativa de definir el “sentido de oportunidad y la conveniencia” de aplicar la muerte cruzada. Cucalón insistió en que «esa figura, que está en la Constitución, es perfectamente legal. Esa facultad la puede ejercer el Presidente en cualquier momento».
La segunda reunión en Carondelet, por separado, fue con los asambleístas de la bancada oficialista, que acudieron al llamado de Lasso pasadas las 13:30. Y, tras este encuentro, las conclusiones fueron las mismas. La asambleísta oficialista Nathalie Arias, confirmó que su prioridad es una “defensa legal” del Presidente ante el juicio político.
Para definir esta posición política y legal del Gobierno, Lasso suspendió el viaje que tenía previsto para hoy a Pujilí, Cotopaxi, para la entrega de la rehabilitación de la vía Latacunga-La Maná.
Comienzan otros debates
El abogado constitucionalista Paúl Córdova recordó que el juicio político es una figura legal establecida en todos los regímenes democráticos del mundo. Sin embargo, aclaró que su aplicación se limita a un análisis doble, al mismo tiempo constitucional y político, respecto “de la conducta del mandatario o de las acciones cometidas por el Presidente respecto a un delito”.
En este caso, enfatizó, el Pleno de la Asamblea puede pronunciarse sobre la conducta de Lasso respecto del delito de peculado, el único de los tres delitos por los que la oposición solicitó a la Corte Constitucional autorización de enjuiciamiento político.
El catedrático de sociología política Simón Pachano recordó que hace 90 años fue la última vez que se enjuició políticamente a un Presidente de la República en funciones como, fue el caso de Juan de Dios Martínez Mera.
Para el caso de Lasso, agregó, Pachano, se prevén tres posibles escenarios negativos y, sobre todo, impredecibles. El primero, el de la muerte Cruzada, a la que Lasso
puede recurrir incluso en el “último momento” del proceso de juicio político. En este caso, gobernar sin Asamblea mientras se adelantan elecciones impulsaría las movilizaciones de rechazo anunciadas por la oposición, en especial de los movimientos indígenas.
El segundo, el de una censura y destitución que dé paso a la sucesión del vicepresidente, Alfredo Borrero, que representaría inestabilidad política porque no se conocería sus planes y políticas.
Y el tercero, que el juicio político concluya absolviendo a Lasso y, al mismo tiempo, debilitando su Gobierno.
El consultor de comunicación política Wilson Benavides estimó que es poco probable que Lasso aplique la muerte cruzada, debido a que unas eventuales elecciones anticipadas beneficiarían a los sectores políticos de oposición, en particular al correísmo, que en febrero anterior ganó en las elecciones de autoridades locales y en la tesis del No en el referendo convocado por Lasso.
Benavides estima que hay un acuerdo tácito entre dos sectores históricamente antagónicos, pero hoy unidos por impulsar el juicio político y evitar la muerte cruzada para evitar que el correísmo vuelva a obtener los antes mencionados “rendimientos electorales”.
La Muerte Cruzada está establecida en el artículo 148 de la Constitución y consiste en disolver la Asamblea y adelantar las elecciones presidenciales.
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