La crisis política en el país pone en jaque la gobernabilidad. Los puntos claves son la salida de dos funcionarios del Gobierno, sus reemplazos inmediatos y una casi nula relación Ejecutivo – Legislativo.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del Decreto 381 dividió al Ministerio de Gobierno en dos nuevas entidades: Ministerio de Gobierno y Gestión de la Política y el Ministerio del Interior.
Esta tarde posesionó a los titulares de esas Carteras de Estado: Francisco Jiménez, como nuevo Ministro de Gobierno y al General (sp) de Policía Patricio Carrillo, como Ministro de Interior.
Jiménez, exasambleísta por CREO, comentó que está convencido que con visión de país y serenidad se forjará el anhelo de un país incluyente y justo. Dijo que se establecerán diálogos con las cartas sobre la mesa y las puertas abiertas. Resaltó que se hablará con las diferentes bancadas y se buscarán “tender puentes” con las organizaciones políticas.
“Acudiremos a las acciones institucionales y constitucionales que nos ofrezca nuestro ordenamiento jurídico. En suma llevaremos a todos los espacios el plan de Creación de Oportunidades”, declaró.
Por su parte Carrillo, quien fue comandante de la Policía, hizo referencia a un proyecto de paz y seguridad. Dijo que el crimen organizado trasnacional y el narcotráfico son problemas que desestabilizan y generan violencia. “Es vital que empecemos a construir un modelo de seguridad integral. En el cual se aglutina un auténtico pacto de seguridad en el marco de un gran acuerdo y agenda nacional”, indicó. Agregó que todas las funciones del Estado deben estar comprometidas con ese proyecto.
Lasso agradeció a la exministra de Gobierno, Alexandra Verla, por su labor y dijo que valora su sacrificio personal para responder el llamado. El nuevo Ministerio del Interior se enfocará en la garantización de la seguridad y convivencia social pacífica. Además, debe ejercer la política pública de protección interna y orden público.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno y Gestión de la Política deberá prevenir el conflicto en el sector, gestionar la gobernabilidad y la relación del Gobierno Central con otras áreas del Estado.
¿Solución a la crisis política?
Los cambios anunciados por el Gobierno son un intento por frenar la grave crisis política que ayer alcanzó su punto crítico. Por la mañana el presidente Lasso anunció que gobernaría por decretos ante el bloqueo de sus iniciativas legislativas por parte de la Asamblea, de la que dijo prescindirá. Y en la tarde Vela y el vocero de la Presidencia Carlos Jijón, anunciaron su renuncia a los cargos.
Todo en medio de una pugna interna de la Asamblea que vive sus propios conflictos de gobernabilidad. Son 137 asambleístas, de los cuales 48 pertenecen al correísmo (UNES), le sigue Pachakutik y muy por debajo, con 13 asambleístas, se encuentra el movimiento oficialista CREO.
Desde la ruptura de la aclamada alianza del Partido Social Cristiano con el movimiento oficialista todo empezó a oscurecerse. Solo habían pasado cuatro meses de Gobierno cuando el Presidente habló de un posible “triunvirato de la conspiración” en el que incluía a tres líderes políticos ecuatorianos: Jaime Nebot (PSC), Rafel Correa (UNES) y Leonidas Iza (Conaie). Los acusó de golpistas y causante de la desestabilización política por la que pasaba el país.
Entre ellas: la crisis carcelaria. Solo en el 2021, 316 privados de libertad perdieron la vida entre masacres y peleas dentro de los centros penitenciarios.
A esto se suma que el Ejecutivo ha presentado varios proyectos de Ley al Legislativo que no han tenido respuesta. Uno de los primeros y más controversiales fue la Ley de Creación de Oportunidades. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no lo calificó y lo devolvió al Ejecutivo.
Frente a esto, Lasso decidió dividir esta ley en tres: Ley Tributaria, de Inversiones y Laboral. Ya desde octubre de 2021, Lasso amenaza con la llamada “muerte cruzada” ante lo que el Presidente denomina como “bloqueo” por parte de la Asamblea.
La Ley Tributaria llegó a la Asamblea y hubo un duro debate. El 26 de noviembre de 2021 se discutieron las posibilidades. Se registraron diferentes mociones pero ninguna logró los votos suficientes. Se habló de negar el proyecto, archivarlo o aceptarlo. La sesión se clausuró y no se logró un acuerdo y terminó el plazo para su tratamiento, el domingo 28 de noviembre, por lo que entró por el ministerio de la Ley. El Presidente Lasso la publicó como Decreto Ley, sin un solo cambio de su texto propuesto.
Luego llegó la Ley de Inversiones con el carácter de urgente en materia económica. Nuevamente se hizo evidente la polarización de la Asamblea Nacional. En medio del primer debate de esta ley, el asambleísta César Rohon (exPSC) presentó su renuncia al cargo. Criticó la labor de la Asamblea. Por ejemplo, al haber aprobado 268 amnistías en paquete ya que se beneficiaron activistas políticos que participaron en la protesta de octubre de 2019. Además, sugirió la muerte cruzada como una opción que tenía el Gobierno para sortear el bloqueo de la Asamblea. Dijo que el Legislativo no está aportando al país.
Sobre la Ley de inversiones, Pachakutik y UNES aseguraron que era un proyecto privatizador que camufla las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Había una leve esperanza para que la Izquierda Democrática sea parte de los votos a favor de la normativa en la mañana del jueves 24 de marzo, día del segundo debate.
Sin embargo, Lasso hizo acusaciones graves en contra el líder de la ID, Xavier Hervas. Según el primer mandatario, le habría condicionado los votos de su partido si el SRI no le cobraba impuestos. “Vaya usted al SRI y mire cuánto paga de impuestos y dice que es un emprendedor, eso yo no me lo creo; o no es un emprendedor o evade impuestos”, dijo Lasso.
Es así que el informe del proyecto fue negado y archivado con 89 votos en contra, 46 a favor y una abstención.
Y no solo se trata de los roces entre el Ejecutivo y el Legislativo, dentro de la misma Asamblea cada vez hay más tensión. Reiteradas veces varios asambleístas de UNES, del PSC y del ala rebelde de Pachakutik han intentado integrar una Comisión multipartidista para que se evalúe la gestión del CAL y por ende a la presidenta, Guadalupe Llori.
La primera vez que se trató el tema, el 24 de febrero, Llori suspendió la sesión, se apagaron las luces, se quedaron sin audio. Este 29 de marzo sucedió algo muy parecido. Llori suspendió nuevamente la sesión ante la propuesta de crear la Comisión. Blasco Luna dijo que la Asamblea está en el ojo del huracán, y el CAL no está progresando. Para conocer más del tema lea la nota de Ecuador Chequea.
Además, tras el archivo de la Ley de Inversiones Lasso denunció a cinco asambleístas de Pachakutik, con nombre y apellido, que habrían pedido beneficios económicos a cambio de votos a favor del informe. Varios de ellos rechazaron la denuncia y señalaron que la Fiscalía debe hacer la investigación pertinente.
Existen dos puntos clave a analizar que ponen en jaque la gobernabilidad del país:
- El Presidente pasará por alto la Asamblea y espera gobernar vía decretos ejecutivos
En una entrevista, Guillermo Lasso, comentó que la Asamblea Nacional le dio la espalda al país. Dijo: “salvo honrosas excepciones, a la Asamblea no le importa el Ecuador. Lo único que les interesa son negocios personales, intereses partidistas, egoísmos, vanidades o celos”. Lasso aseguró que hará todo lo necesario, dentro del marco de la Constitución, para alcanzar los objetivos que quiere su gobierno.
Las herramientas que utilizará para esto serán: Decretos ejecutivos, reglamentos y no se descarta someter a consulta popular. Dijo que el Legislativo “poco contribuye al desarrollo del Ecuador” y no por eso se quedarán de “brazos cruzados”. También resaltó que deja las puertas abiertas para los asambleístas ‘honestos’ que quieran dialogar con el Ejecutivo.
El constitucionalista, André Benavides, considera que el Presidente puede tomar algunas medidas a través de decretos ejecutivos, reglamentos, acuerdos ministeriales etc. Sin embargo, si quiere adoptar medidas trascendentales más sustantivas lo debe hacer a través de leyes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con derechos constitucionales, tributario, sanciones, nuevas formas laborales no pueden hacerse a través de decretos.
“El reglamento solo te sirve para aplicar lo que está en la Ley, por eso no podría tomar decisiones sustanciales”, explica. Según el experto, una de las formas que puede destrabar los roces entre el Ejecutivo y el Legislativo es a través de la consulta popular. Pero, si el Presidente quisiera aprobar normativa a través de este método, no lo puede hacer sin que previamente haya sido negada por la Asamblea Nacional. La Ley de Inversiones podría ser votada mediante este recurso.
El también constitucionalista Francisco Guerrero agregó que la Constitución establece un listado de materias que deben ser reguladas mediante Ley. No podrían ser objetos de regulación a través de normas (decreto, acuerdo, reglamento). Eso sería inconstitucional, dijo. Por ejemplo, la creación, modificación de alguna estructura o tipificación de infracciones o sanciones. Hay otros temas que sí son objeto de regular a través de decretos ejecutivos y son temas ordinarios. Señala que los únicos dos casos en el que el Decreto tiene valor legal, es decir, como una Ley son:
- Cuando el proyecto de urgencia económica no es aprobado o es rechazado por la Asamblea
- Mientras se ejecute la muerte cruzada, la Constitución le permite emitir leyes a través de decretos.
Guerrero explica que el Código de la Democracia establece el llamado referéndum legislativo. Es decir, aprobar leyes a través de consultas populares. Pero opina, que no es común ni conveniente. “La consulta popular es un mecanismo de forma excepcional. Pretender legislar con esto no es viable ni políticamente ni jurídicamente”, indica. Toda consulta popular debe pasar a través de la Corte Constitucional. “No es viable, solo en algún tema puntual o ley trascendente se podría pensar en este mecanismo. Pero, no se puede tomar una medida cotidiana”, dijo.
Sobre las amenazas de muerte cruzada, Benavides comenta que está en la Constitución y es un mecanismo previsto en la norma fundamental y es totalmente viable. Sin embargo, resalta que el Presidente no activa la muerte cruzada porque no le dan los números y es, según comenta, la misma situación de los asambleístas.
Guerrero, por su parte, indica que la viabilidad de la muerte cruzada debería determinarse en función de la pregunta: ¿políticamente el Presidente puede ganar una elección en estas circunstancias? “Yo sí tengo dudas de que el Primer Mandatario tenga la fortaleza para ganar este proceso electoral” explica. Y comenta que la muerte cruzada sí desestabiliza al país por los procesos electorales, que generan incertidumbre y requieren gastos fiscales.
2. Renuncia de la Ministra de Gobierno y desvinculación del Vocero presidencial
La noche de este martes 29 de marzo, Alexandra Vela, ex ministra de Gobierno, presentó su renuncia de su cargo. Comentó, a través de una carta, que hace ocho meses se dispuso a volver a la vida política, después de muchos años fuera de ella.
Según Vela, solo necesitó semanas para notar que la Asamblea Nacional era la principal amenaza para la democracia. “Durante mi gestión, de conformidad con nuestros principios, no cedimos ante ese chantaje, en la convicción de que la ética debe guiar la conducta de los políticos y de los funcionarios públicos”, escribió. Según Vela un acuerdo parlamentario es imposible. Dijo que en varias reuniones sostuvo la idea de la “muerte cruzada”, sin embargo, el Presidente no cedió. Así que define su renuncia al coincidir con la línea política para enfrentar la crisis agudizada.
El vocero presidencial, Carlos Jijón, también anunció su desvinculación de su cargo al que llegó el 12 de octubre de 2021. La idea de su nombramiento era: “brindar respuestas ágiles e inmediatas a la ciudadanía y a los medios sobre asuntos coyunturales, decisiones gubernamentales y temas de alto interés para el país”.
Sin embargo, el cargo de Jijón no se encontraba dentro del organigrama institucional, no fue nombrado ni mediante decreto ni tenía rango de ministro. Él llegó en medio de la crisis carcelaria y los diálogos entre la Conaie y el Gobierno. Recibió varias críticas por sus declaraciones, dado la confusión e incluso las discordancias que tenía con la Secretaría de Comunicación. Todas las semanas realizaba ruedas de prensa para comentar los temas de coyuntura.
Guerrero opina que frente a los resultados de manejo político que ha tenido el Gobierno parece evidente que se necesitaba refrescar líneas o mejorar hilos conductores hacia la fuerza políticas representadas en la Asamblea Nacional.
Por su parte, el analista político Arturo Moscoso, comenta que siempre se necesita oxígeno en el Gabinete. Sobre la renuncia de la Ministra de Gobierno aseguró que no hay nada de qué asombrarse. “Los ministros están para cumplir la agenda del Presidente y sirven como fusibles para llegar a acuerdos con diferentes sectores”, manifestó.
En general, explica, no solo la Ministra, el Gobierno ha tenido un escaso margen de maniobra. Por ejemplo, la crisis carcelaria fue un golpe para el que no estaban preparados o la crisis de inseguridad. A esto se le incluye la crisis con el Legislativo.
Sobre Vela indica que fue una gestión agridulce, habían muchas expectativas pero no supo llevar bien los temas de importancia política. Moscoso comenta que se deben buscar otras formas de lograr esa anhelada gobernabilidad que ha perdido el Ejecutivo.
Sobre Carlos Jijón, el experto dice, era necesario que alguien comunique por parte del Gobierno, pero que no funcionó y en general el Gobierno no tiene comunicación efectiva y eso le pasa factura. «Es evidente que se necesita una mejora sustancial en este tema. El vocero estaba un poco desconectado a veces sobre lo que quería decir el Gobierno, había desvinculación», indica.
Resalta que no deben asustar los cambios, dado que, los gabinetes están para eso, para funcionar como fusibles, y si dejan de estar acorde a lo que se necesita, se renuevan. Pero, eso sí, opina, que los cambios de funcionarios no van a servir por sí solos para superar la crisis, porque si no se hace algo más de fondo, será poco lo que puedan hacer las nuevas autoridades.
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