Por decisión de la Corte Constitucional, la Asamblea, que reúne a representantes de los partidos y movimientos, debe tratar la reforma constitucional que plantea quitarles los recursos estatales para sus campañas electorales.
POR: Hugo Constante
El presidente, Daniel Noboa, envió a la Asamblea el proyecto de reforma constitucional para eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas y a las campañas electorales. La Corte Constitucional dictaminó que la vía para tratar esta reforma es a través de la Legislatura previo el referéndum. La propuesta del Gobierno es que los recursos del Estado deben ser empleados para la atención de áreas de mayor envergadura como salud, educación, seguridad, entre otros.
En la Asamblea no hay certezas sobre qué Comisión podría tratar esta reforma, si la que tramita la propuesta de reforma para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país, si se crea una nueva o la trata una comisión permanente. La asambleísta oficialista Nathaly Morillo, integrante de la Comisión ocasional para el tratamiento de las bases militares, considera que el nuevo proyecto de reforma también debería ser tratado por esa Mesa, pero que todo dependerá de la voluntad política del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por el correísmo.
Mientras que Paúl Buestán, de Construye, dijo que es partidario que el tema sea tratado por alguna de las comisiones permanentes con las que cuenta la Asamblea, criterio con el que coincide el asambleísta del oficialismo, Adrián Castro.
Independiente de su tratamiento es una reforma que no se podrá aplicar para las elecciones generales de febrero de 2025. ya que la normativa prohíbe realizar cambios legales durante el año previo a las elecciones.
Lo de fondo
En la Asamblea, donde están representadas las organizaciones políticas nacionales y locales, se prevé un amplio debate sobre si sus partidos y movimientos están en igualdad de condiciones como para funcionar sin el apoyo estatal y, en épocas electorales, promocionar a sus candidatos. La asambleísta del correísmo Paola Cabezas indicó que es una medida que podría causar grandes problemas a la democracia, ya que se abre la puerta para que, sin un debido control, sean los recursos del narcotráfico los que reemplacen el financiamiento. “Esto sería muy peligroso”, dijo la legisladora. Y suma un segundo conflicto, el que las campañas electorales funcionen en medida de “las chequeras” de los candidatos, por lo que resultaría una reforma discriminatoria, ya que candidatos de sectores populares, que tienen liderazgo pero manejan pocos recursos, tendrían que competir contra postulantes que tienen el respaldo de grandes grupos de poder económico. “¿Quién compite con la chequera del Presidente de la República (Daniel Noboa)? Ya tuvimos un Presidente banquero y, al momento, tenemos un Presidente que es heredero de la fortuna más grande de este país”, dijo Cabezas.
Por su parte, el asambleísta y director nacional del PID, Arturo Moreno, dijo estar “rotundamente” en contra, ya que sin apoyo estatal para la promoción electoral, ningún líder social o promotor popular podría llegar a ocupar un cargo de relevancia electoral. “Sólo los ‘señoritos’ de chequera podrán hacer campaña, y los demás no lo podremos hacer. Recordemos que es un derecho (igualdad en la promoción electoral) reconocido desde hace más de dos décadas”, dijo. En relación al financiamiento a las organizaciones políticas, Moreno manifestó que el sistema debería ser depurado para que no exista una proliferación desmedida de las organizaciones políticas.
En cambio, Buestán asegura que Construye apoya la iniciativa, ya que el país debe entrar a un proceso de austeridad por lo que es necesario buscar un mecanismo para seguir manteniendo a organizaciones políticas que por mucho años usufructúan la plata de los ecuatorianos.
Desde la bancada oficialista, Adrián Castro dijo que una reforma constitucional de esa medida logrará que cada organización política busque fondos propios para realizar sus actividades bajo un estricto control del Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene las herramientas para determinar el origen de esos recursos. “Es un mensaje de que con la plata del pueblo no se financiará a organizaciones políticas, que en varios casos, sólo han funcionado como casas de alquiler”, dijo Castro.
El dictamen de la Corte Constitucional para que el proyecto de reforma se trate vía Asamblea fue aprobado por cinco votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Carmen Corral Ponce, Enrique Herrería Bonnet, Teresa Nuques Martínez y Daniela Salazar Marín; y cuatro votos salvados de Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado y Richard Ortiz Ortiz.
La Corte considera que la propuesta de modificación a los artículos 110 y 115 de la Constitución, presentada por Noboa, no altera los procedimientos de reforma constitucional ni establece restricción a derechos o garantías constitucionales.
