En el primer trimestre de este año se registraron 50% más casos que en el mismo periodo del 2021, que fue el año más violento para las mujeres. En lo que va del 2022 se cuentan más de 100 casos, pese a un optimismo oficial. 

El Gobierno de Guillermo Lasso se ha cobijado por diferentes banderas. En su etapa de campaña se puso la bandera morada en contra de la violencia contra la mujer. Dijo que en su mandato el objetivo es registrar “cero femicidios”. Es más, comentó que en caso de ganar la Presidencia creará una Defensoría de los derechos de la mujer. 

El 25 de mayo del 2021, Lasso decidió aumentar el presupuesto para enfrentar la violencia contra la mujer, de USD 1,5 a USD 24 millones y realizó una campaña llamada ‘De la indignación a la acción’, que incluía créditos y otros beneficios. Pero, todo eso se vio empañado en la opinión pública por la propia esposa del presidente, María de Lourdes Alcívar, quien culpó a las víctimas de violencia de género. “No, mujeres, no somos víctimas de nadie, sólo de nosotras mismas, si nos dejamos. Si nosotras no nos hacemos respetar, nada va a cambiar”, indicó. 

La discusión del aborto en casos de violación también refleja un Gobierno que decidió cambiar su discurso. Emitió un veto, que luego se volvió ley, que imponía trabas para el acceso al proceso. Decidió objetar 61 de 63 artículos e imponer para que las víctimas (entre ellas niñas) accedan al aborto, varios requisitos. 

El martes de esta semana, como lo dicta la Ley, Lasso emitió su primer Informe a la Nación.  

Allí decidió hablar de lo positivos que eran los índices en diferentes sectores de la sociedad. Entre ellos, la violencia de género. Dijo que estaba orgulloso del Proyecto de los Centros Violeta y anunció que habrá seis más. “Ya hemos disminuido la tasa de femicidios por cada 100 mil mujeres, de 0,87 a 0,75”, declaró. 

Las cifras para el Presidente muestran una mejora. Pero, ¿esta es la realidad?

Según la Fundación ALDEA, el 2021 fue el año más violento contra las mujeres y niñas desde que se tipificó el femicidio en el COIP (2014). 197 mujeres fueron violentadas por razones de género. Se incluyen 8 transfeminicidios y 67 muertes por delincuencia organizada. Es decir, en el país ocurre un feminicidio cada 44 horas. Guayas es la provincia donde más delitos de género ocurren, con 78 casos; en segundo lugar se ubicó Pichincha, con 18. En 91 casos registrados, los victimarios fueron personas cercanas a la víctima. 

El 8 de marzo de este año, la Fundación emitió otro informe, en el cual se determina que desde el 1 de enero hasta el 5 de marzo de este año se registraron 28 feminicidios. Es decir, 50% más comparado con el mismo período del 2021 (el año más violento).  En el 86% de los casos los feminicidas tenían un vínculo sentimental con la víctima. 

Ecuador Chequea se contactó con Geraldina Guerra, que pertenece a la Coalición y Fundación ALDEA y ella actualizó las cifras. Hasta el 25 de mayo del 2022 se han registrado 110 feminicidios. Es decir, en dos meses aumentaron 52. 

La Fiscalía realizó una reformulación de la estadística que llevaba sobre femicidio. Es así que en su página web publicó una base de datos de las muertes de mujeres en contexto delictivo. Se incluyen femicidios y otras muertes. En total, del 2014 al 2022 registra 1.420 muertes de mujeres. Sólo en este año (hasta el 23 de mayo) la entidad determina que son 126 las víctimas de femicidio y muertes violentas. Eso se acerca a las 138 mujeres que murieron en todo el año 2018. Y ni siquiera se ha cumplido la mitad del año 2022. La provincia con más femicidios y otras muertes de mujeres es Guayas, con 46, le sigue Esmeraldas con 17 casos. De los casos registrados en el 2022 ninguno ha llegado a juicio. La mayoría se encuentra en instrucción fiscal. 

Análisis

Geraldina Guerra, de la Fundación ALDEA, señala la necesidad de que el Presidente visite los territorios, porque debe palpar la realidad del país. “Las casas de acogida están al tope. Desde el 2020 las mujeres no han parado de pedir ayuda en los centros de atención. La violencia está recrudeciendo. Necesitamos recursos suficientes”, comenta. 

Según Guerra, el Gobierno no observa la realidad. Explica que este año han identificado un nuevo fenómeno: el recrudecimiento de muertes de mujeres por delincuencia organizada. Ella indica que hay una muestra de crueldad en los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo: hay marcas de mensajes claros o incluso mujeres que han sido asesinadas con 10 o 20 balazos en la cabeza; es decir, un asesinato con odio. Con preocupación, la activista explica que esto no pasaba antes con esa frecuencia, ni con mensaje de miedo permanente. Pero, resalta que desde el 2021 esto se ha recrudecido. “El Estado tiene registro de casos que habían puesto como sicarios que habían mandado a matar por sus esposos. No se hace la distinción y no se conoce al respecto”, detalla. 

Y no sólo eso, sino que las promesas del Gobierno siguen siendo eso, promesas. “Se habló de un registro de violencia y no está listo. Los servicios en los sectores rurales no aparecen. Hay una psicóloga social para cuatro cantones”, puntualiza. 

La experta también comenta que toda muerte violenta con mujeres debería ser investigada como femicidio. Los femicidios no sólo son íntimos, sino también se realizan por personas externas. “Yo más bien diría que hay muchos pendientes. No entiendo de dónde salen las cifras”, responde hacia las declaraciones del primer mandatario. 

Guerra cree que, al contrario de lo que dijo el Presidente, se debería declarar una alerta roja y una movilización nacional para prevenir femicidios. “El tema de la violencia contra mujeres debe ir más allá de un discurso. La violencia contra las mujeres mata más que accidentes de tránsito, es la otra pandemia. Se debe asignar más presupuesto, ir a los sectores rurales, designar recursos humanos. Un caso de violencia requiere multiplicidad de gestiones”. 

Respecto a la diferencia de datos entre la Fundación y Fiscalía, Guerra indica que la entidad pública registra todos los levantamientos y después se destina si es o no es femicidio. 

Señala que Fiscalía hace una distinción como “otras muertes violentas” porque se toman en cuenta todos los casos en que mujeres murieron y no sólo los que fueron con violencia femicida o de relación de poder. 

La abogada Lissette Pardo Jijón concuerda con Guerra. Dice que Ecuador es el tercer peor país en Latinoamérica para ser mujer. 

“Es que esto no es por Guillermo Lasso, Moreno o Correa, sino que existe una idiosincrasia. Lo que sí tenemos en contra es un Gobierno que cree que la violencia de género ni siquiera es real”, asegura. 

Ella explica que ni siquiera va la mitad del año y ya se está pasando el 50% de los femicidios registrados en el año 2021, lo que significa que este delito ha aumentado. Según Pardono no existe seguridad jurídica y el sistema judicial en contextos de género es mucho más lento. 

Señala que las mujeres mueren pidiendo medidas de protección e incluso mueren con medidas de protección en la mano. 

“El ente punitivo es total, hay despachos que se llaman ‘Unidad Especializada en Género’, pero quienes manejan estos despachos no son especializados. Son fiscales que ven las unidades de género como castigo”, determina. 

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