Asambleístas piden a la Fiscalía que investigue candidaturas posiblemente financiadas por grupos relacionados con el narcotráfico. Esto, al fin de la primera semana de campaña. El CNE asegura que no puede ejercer control durante la campaña.

El Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), a través de los asambleístas Fernando Villavicencio (independiente), Sofía Sánchez y Gisella Molina (Pachakutik), puso en conocimiento de la Fiscalía una “noticia críminis”, con el objetivo de que investigue presuntos vínculos de algunos candidatos que participan en las elecciones seccionales, con organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico. 

Según Villavicencio, en Ecuador gran parte del sistema político y de partidos está contaminado con recursos de estructuras delictivas vinculadas con la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción. El legislador manifestó que ha presentado documentación que sustenta la denuncia, como fotos, información del Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías, que harían presumir el cometimiento de delitos, como delincuencia organizada, lavado de activos y narcotráfico.

Además, dijo que desde junio de 2022 él ya alertó de este tipos de irregularidades, pero que no se han concretado acciones por parte de las autoridades de control, como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Consejo Nacional Electoral (CNE) o la propia Fiscalía. 

Sanchéz añadió que es necesario que la Fiscalía investigue y que estarán vigilantes de este proceso, ya que Ecuador no puede tener en cargos públicos a personajes vinculados con actividades ilegales.    

A inicios de diciembre del 2022, con ocasión de la entrega del rehabilitado edificio de la Contraloría,  el presidente de la república, Guillermo Lasso, aseguró que su Gobierno tiene información sobre candidatos cuyas campañas estarían financiadas por el narcotráfico y que, en su momento, pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, lo que no se ha dado hasta el momento. “Se los puedo afirmar, por la constatación de datos de Inteligencia, que no estamos solamente frente al narcotráfico y al crimen organizado. Estamos ante la narcopolítica en Ecuador», dijo en su momento. Villavicencio cuestionó que hasta el momento el primer mandatario no haya entregado la información que el Gobierno dice tener.

Los presuntos involucrados 

Según la información entregada por los legisladores a la Fiscalía, la detención de Leandro Norero (asesinado en la cárcel de Latacunga durante uno de los enfrentamientos entre bandas), dejó en evidencia que el narcotráfico se incrustó en el Municipio de Manta, que mantiene contratos con empresas vinculadas a los carteles y que, a través de testaferros, acompañaron la campaña electoral en 2019 del alcalde de esa ciudad, Agustín Intriago Quijano, hoy candidato para la reelección. 

También se señala a Adís Solís Rodríguez, candidata a la Alcaldía de San Lorenzo, en Esmeraldas, por Revolución Ciudadana (RC5), quien ha desempeñado varios cargos públicos y que, según la denuncia, estaría presumiblemente vinculada con estos grupos criminales y que habría incrementado considerablemente su patrimonio, sin justificar el origen de esos recursos. 

Otros nombres que el FPA hace constar en su “noticia críminis” son los de los candidatos a la Alcaldía de Atacames, Holguer Manjarres Bastidas (SUMA); a la de Río Verde, Ana Caicedo Rodríguez (Centro Democrático); y para el cantón Esmeraldas, Miguel Ruiz Quintero (Centro Democrático), a quienes habrían expresado su apoyo personajes vinculados con actividades ilegales. 

En la lista se encuentran, además, Roberta Zambrano, candidata a la reelección en la Prefectura de Esmeraldas por el Partido Social Cristiano; Froilán Aldaz, candidato a concejal del cantón Las Naves, en Bolívar, y su hija Ángela, para la Alcaldía de esa ciudad, los dos por Pachakutik; Humberto Chávez, actual Prefecto de Sucumbíos, que va por la reelección, con el apoyo de SUMA y Pachakutik. 

Difícil control

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, asegura que la penetración de dinero ilícito en esta campaña electoral es una preocupación del organismo, pero que tiene limitaciones de control inmediato, ya que los informes de gastos electorales los reciben 90 días después de que se cierran las elecciones. “Sin embargo, sí podemos alertar a las instancias que les corresponde, como la UAFE, pero no podemos tomar acciones inmediatamente sobre gastos desmedidos”, dijo. Añadió que los informes sobre gastos electorales se los realiza con base a lo que reportan las propias organizaciones políticas. “Los recursos que nos reportan son los que se ajustan a las donaciones permitidas por la Ley; pero, si hay recursos que están rodando fuera del control del CNE y no son parte de esos reportes, nosotros no podemos hacer mayor cosa”, expresó.

Por su parte, Villavicencio consideró que el organismo electoral sí tiene la normativa necesaria para identificar recursos de origen ilícito. “Para mí, son un grupo de inútiles que deben ser procesados en un juicio político”, manifestó el legislador, con lo que anticipó que reactivará la sustanciación de la interpelación que se encuentra suspendida en contra de las autoridades del CNE al haber un proceso electoral en marcha. 

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