El miércoles, el Jefe del Comando Conjunto dijo en rueda de prensa que en el primer día se había detenido a 329 terroristas; pero en las cifras de hoy resulta que apenas 94 de los 859 detenidos esta semana están judicializados por terrorismo. ¿Cómo mantener en el tiempo la lucha contra la violencia criminal?
En rueda de prensa y con un tono enérgico en la voz, el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Jaime Vela, dijo que en el primer día de operativos desde que se declaró el conflicto armado interno, 329 terroristas habían sido detenidos. Sin embargo, en el balance semanal, entregado esta tarde por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se aclara que apenas 94 de los 859 detenidos esta semana están judicializados por terrorismo.
¿Qué sucedió? Ecuador Chequea pudo conocer, a través de fuentes internas del Gobierno, que Vela se refería el miércoles a todos los detenidos en los operativos. Por decirlo en jerga popular, Vela llamó ese día terrorista al que era y al que no era.
El Gobierno tuvo varios problemas a la hora de presentar sus primeras cifras oficiales: hay operativos policiales, hay operativos militares y también hay otros en los que trabajan en conjunto. Unificar las cifras también representó un dilema. Tal es así, que este mediodía las FF.AA. enviaron un informe a los medios, con una cifra diferente a la ofrecida el miércoles por Vela y también a la que finalmente emitió el Gobierno por la tarde. Ese informe lo dieron de baja, con la justificación de que lo estaban puliendo; pero nunca se subió una versión final.
Consultado acerca de este lío de cifras, Wagner Bravo, exconsejero presidencial de seguridad, indicó que la clasificación del delito de terrorismo está sujeta a los «elementos de convicción» presentados por la Fiscalía una vez que el caso ha sido judicializado. En este contexto, señaló que es posible que el primer pronunciamiento sobre los 329 detenidos por terrorismo se haya realizado sin tener en cuenta este aspecto legal, lo que finalmente condujo a la clasificación de únicamente 94 personas como terroristas este viernes.
En todo caso, según las estadísticas oficiales entregadas por la Secom, entre el martes y hoy, se realizaron 7.814 operativos, en los que resultaron detenidas 859 personas (94 de las cuales han sido judicializadas por terroristmo).
En esos cuatro días, detalla el informe, se desmantelaron 9 grupos terroristas, se rescataron a 56 personas secuestradas, se recapturaron a 25 presos fugados y se liberaron a 6 policías retenidos. Los operativos también registraron la lamentable pérdida de 2 policías, mientras que 5 terroristas fueron abatidos.
Además, se realizaron las siguientes confiscaciones:
- 246 armas de fuego
- 187 armas blancas
- 12 alimentadoras de armas de fuego
- 13 embarcaciones
- 1.487 dólares
- 126 explosivos
- 307 vehículos
- 4.098 municiones
Un primer balance
El catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Diego Pérez calificó estos resultados como interesantes, en la medida en que demuestran la decisión del Gobierno y de la fuerza pública de dar una respuesta contundente ante la violencia criminal. Sin embargo, dijo, es indispensable garantizar que se mantengan en el tiempo los resultados logrados en este corto período y en medio de una gran presión social en todo el país
“Es necesario lograr una respuesta contundente en el mediano plazo, lo que implica acciones más específicas contra las organizaciones criminales más poderosas. Y que estas acciones se mantengan bajo los estándares de los derechos humanos es el gran reto”, comentó.
El experto también señaló que no se puede mantener por mucho tiempo la condición de conflicto armado interno, debido a que el combate a la inseguridad a largo plazo también depende de medidas sociales y económicas para las poblaciones más pobres del país.
EFECTIVIDAD
Consultado sobre pronunciamiento formal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de que todo grupo terrorista se ha convertido en “un objetivo militar”, el investigador de temas de seguridad en los países de América Latina Daniel Pontón señaló que “habrá que preguntar si las Fuerzas Armadas van a actuar con ese nivel de decisión que declararon porque el tema tiene que ver con una estrategia”.
En este sentido indicó que esta orden representa un gran desafío para los sistemas de inteligencia en el país, que deben proporcionar información precisa que permita, a su vez, realizar operativos precisos y “quirúrgicos” contra los grupos criminales organizados catalogados como terroristas. Esto lo dijo debido a la necesidad que tienen los países inmersos en este tipo de conflictos de minimizar la cantidad de bajas civiles
Pontón hizo este comentario luego de calificar como una “medida extremadamente dura” al reconocimiento de un conflicto armado interno con una orden para neutralizar a 22 grupos catalogados como terroristas. Recordó, además, que a diferencia de la declaración de grupos terroristas que realizó el año anterior el entonces presidente, Guillermo Lasso, en esta ocasión se identifica a 22 de estos grupos con los nombres con que operan.
CÁRCELES
En el contexto del conflicto armado interno declarado por el presidente Noboa se cumplió el quinto día desde el inicio de la toma de cárceles en el país con la confirmación oficial que en siete cárceles, 170 funcionarios, entre guardias penitenciarios y personal administrativo, se encuentran retenidos.
Este viernes, el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) informó sobre la liberación de ocho individuos en tres cárceles. Según el SNAI, se mantiene la colaboración con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de «garantizar la liberación y resguardar la integridad de los funcionarios penitenciarios».
CONTEXTO LEGAL
El Decreto 110 se emitió el lunes para declarar un Estado de Excepción que se extenderá por 60 días en el país, incluyendo las instalaciones carcelarias. La medida se fundamenta en una «grave conmoción interna» desencadenada por diversos incidentes de violencia criminal, disturbios en seis cárceles y la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de una banda delictiva vinculada con el tráfico de drogas.
El Decreto 111, emitido el martes, instruye a la fuerza pública para neutralizar a 22 grupos catalogados como terroristas, marcando la primera vez que se reconoce oficialmente la existencia de un conflicto armado interno en el país.
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