Sectores sociales e indígenas rechazan todo tipo de minería y desde el 12 de enero anunciaron medidas, como fortalecer las guardias indígenas. Con la decisión del Cosepe, la Fuerza Pública respaldará las concesiones mineras legales.
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró a la minería ilegal y sus actividades conexas como amenaza a la seguridad integral del Estado, informó el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno. Ordóñez aclaró —enseguida— que se respaldan las concesiones mineras legalmente establecidas y con la documentación en regla, lo que permitirá a la Fuerzas Armadas y a la Policía garantizar las actividades mineras públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y la privada o de personas naturales, gocen de las mismas garantías establecidas en la Constitución y en la Ley. “La Policía y las Fuerzas Armadas tienen la obligación del aseguramiento de todo el territorio nacional para garantizar la paz y el cumplimiento de todas las actividades legalmente autorizadas”, manifestó.
El pronunciamiento del Gobierno se da a casi 15 días de que la Conaie, en una asamblea nacional que mantuvo en Latacunga junto a líderes de organizaciones sociales provinciales y otros, agrupados en el Frente Nacional Antiminero, aprobaron una resolución de 17 puntos. Entre estos, “preparar las condiciones de defensa territorial con medidas de hecho en las zonas con presencia de las mineras transnacionales y que serán progresivas con territorios sujetos a militarización y explotación minera a gran escala, con el objetivo de defender el patrimonio de todos”.
La resolución del sector indígena incluye fortalecer las guardias comunitarias “como un mecanismo legal, legítimo y constitucional para la defensa de los territorios de pueblos y comunidades”; además de oponerse radicalmente al proyecto de “despojo de territorios a través de la expansión minería ilegal y a gran escala empujado como política de Estado al servicio de las transnacionales” y exigir a las empresas mineras a nivel nacional que detengan sus actividades para no destruir la naturaleza a escala nacional.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo esa ocasión que con el Frente Antiminero mantendrán acciones coordinadas en contra de la minería.
Ordóñez aseguró que no se ha tomado la decisión de declarar a las áreas mineras como zonas de seguridad, pero las actividades que están amparadas por la Ley tienen que ser protegidas por el Estado, para evitar que “personajes con agenda política pretendan afectar la posiblidad de que esa actividad productiva aporte al desarrollo del país”. “Eso es fundamental entender, ya que hay declaraciones recientemente realizadas por un dirigente de un movimiento social, indicando que impedirán que las Fuerzas Armadas y la Policía hagan actividades de protección en estas zonas. El Estado es uno solo, el territorio tiene que ser resguardado en su integridad por las Fuerzas Armadas y la Policía, por lo que no existe la posibilidad de que guardias privadas, que se llaman guardias indígenas o guardias comunitarias, pretendan reemplazar el rol de la Fuerza Pública, que tiene por definición el uso legítimo de la fuerza”, manifestó el Secretario de Seguridad.
Algunas reacciones
María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, felicitó y apoyó la decisión del Gobierno de declarar la minería ilegal como amenaza para la seguridad del Estado, actividad a la que Silva calificó como un azote que afecta a todo el país. Manifestó que la minería genera importantes recursos, que van al Estado para inversión en diferentes áreas, por lo que al ser explotados ilegalmente, no sólo le roban al Estado, sino a todos los ecuatorianos.
Añadió que la minería opera sin licencia social, ni con estándares de responsabilidad ambiental, por lo que genera grandes pasivos ambientales, de los que esta y las nuevas generaciones tendrán que hacerse cargo.
Defendió la minería industrial y aseguró que es una actividad que se realiza con responsabilidad y se convierte en alternativa de desarrollo con un impacto positivo. “Desde hace dos años, 13 de cada 100 zamoranos han dejado la pobreza gracias a la minería industrial. Zamora Chinchipe, que alberga dos minas industriales, ha logrado reducir la pobreza en 13 puntos”, manifestó. Según Silva, de enero a octubre del año pasado la industria minera aportó, entre impuestos sectoriales y generales, más de 640 millones de dólares.
Pidió a la Función Judicial que se una a este esfuerzo de combate a la minería ilegal y destacó que, si hay mayor presencia militar en los distritos mineros, se garantizará la seguridad de las comunidades, sin que esto implique violación de Derechos Humanos.
Su mensaje también fue a las organizaciones sociales e indígenas que se oponen a la actividad. “Canalicen sus esfuerzos para combatir al verdadero enemigo, la minería ilegal”, dijo.
Mientras que en entrevista a Corape, Yuli Tenorio, abogada de las comunidades afectadas por la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, dijo que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Aseguró que el Ejército quiere establecer campamentos provisionales en El Triunfo, una de las zonas de Buenos Aires, para controlar la minería ilegal, pero que la empresa Hanrine, que estaría en territorio de minería ilegal, intentó posesionarse de ese terreno y levantar su propio campamento minero. “Afortunadamente, los militares se dieron cuenta. Llegó un contingente y les pidieron que se retiraran, por lo que los trabajadores de esa empresa tuvieron que salir”, dijo. Denunció que en El Triunfo hay un rebrote de minería ilegal, que no ha sido controlado desde hace más de 7 años.
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