Pese a los exhortos para que vete totalmente el proyecto de Ley, el Gobierno ha tomado la decisión de ir a un veto parcial. Asegura, pese a toda la coyuntura, que confía en que la Asamblea no logre los votos para ratificarse en el texto impulsado por el correísmo.
A pesar de las sugerencias y exhortos de sectores ligados al periodismo, para que el Ejecutivo vete totalmente la reforma a la Ley de Comunicación que aprobó la Asamblea, la decisión política del Gobierno es ir por la objeción parcial, de alrededor de un 72% del contenido del proyecto impulsado por el correísmo y un sector de Pachakutik.
Así lo informaron esta mañana funcionarios del Gobierno durante el inicio del proceso de diálogo sobre el veto que deberá remitir a la Asamblea la próxima semana. Leonardo Laso, secretario de Comunicación de la Presidencia, dijo que el objetivo es lograr la mejor Ley posible para que los periodistas cumplan con su tarea y que optarán por el veto parcial —casi total, dijo—, ya que el Gobierno confía en que la Asamblea no pueda reunir los 92 votos que se requieren para ratificarse en el texto original. Considera que el escenario en la Legislatura no será el mismo de hace una pocas semanas atrás, cuando la nueva mayoría logró 96 votos para ratificarse en la Ley del uso progresivo de la fuerza, ya que incluso es otro tipo de proyecto de Ley, criterio con el que concuerda el jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, presente en la reunión.
Laso añadió que ir por el veto total sólo alarga un año el problema, con el riesgo de que, finalizado ese plazo, se imponga la Ley mordaza del correísmo, “quien sabe para cuánto tiempo”.
Josué Almeida, de la secretaría general jurídica de la Presidencia de la República, informó que la propuesta que se ha trabajado es vetar por lo menos 50 de las 69 disposiciones que contiene la reforma, ya que el proyecto de normativa “nos regresa a los días de la Ley mordaza y es hasta más agresiva en el control a los medios” de comunicación. De esos 50 artículos, por lo menos cinco serán vetados por inconstitucionalidad, para que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie al respecto.
¿Hay el escenario para un veto parcial?
El optimismo del oficialismo de ir oir un veto parcial y que la Asamblea no logre los 92 votos para ratificarse no fue compartido por la mayoría de asistentes a este encuentro. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, manifestó que un veto total sería un mensaje fuerte del Gobierno en el sentido de que se respeta la libertad de expresión. “En el juego político de la Asamblea, hay muchos factores de riesgo actualmente. (…) ¿En realidad no hay los votos en la Asamblea?”, preguntó Ricaurte y recordó lo que pasó con el veto a la Ley de uso progresivo de la fuerza y cómo esa misma mayoría se está manteniendo para lograr la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, dentro del proceso de sustanciación del juicio político que se cumple, entre otras acciones. “Hay unos 96-98 votos de esa nueva mayoría opositora que no cree en los valores democráticos “, aseguró.
Sin embargo, Laso dio su lectura política sobre el accionar de las bancadas legislativas para concluir que no lograrían los 92 votos, pero dijo que, en todo caso, “esa batalla hay que darla ahora”.
Crisóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, exhortó al Gobierno a que vete totalmente el proyecto de Ley, al igual que Francisco Rocha, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, debido a que las circunstancias políticas reflejan que hay una mayoría que puede ratificarse en los textos.
Por su parte, Juan Carlos Calderón, director de Plan V, manifestó que el Gobierno ha tomado una decisión política pero que tiene que hacerse responsable y asumir las consecuencias de esa decisión, si su estrategia falla en la Asamblea.
Como parte del encuentro, y ante la insistencia del Gobierno de ir por un veto parcial, los asistentes a la reunión presentaron algunas propuestas para que sean tomadas en cuenta en el documento que se remita a la Legislatura. Entre ellas el mecanismo de protección a periodistas, el financiamiento de los medios comunitarios, definir bien los conceptos de medios públicos, entre otros aportes.
Laso reconoció que hay un pronunciamiento generalizado por el veto total, pero que la decisión final la tomará el presidente, Guillermo Lasso. Encuentros similares se cumplirán de manera presencial en Cuenca y Guayaquil y de manera virtual en otras regiones.
La estructura del veto
La propuesta del Ejecutivo es ir por un veto mixto, por inconstitucionalidad y el veto parcial propiamente dicho. Por inconstitucionalidad se vetarían cinco temas: eliminar la “opinión” del contenido comunicacional, limitación a la prohibición de censura previa, responsabilidad penal y administrativa para periodistas, aprobación de los planes de comunicación por parte de Arcotel, y exclusión de los medios comunitarios del régimen normativo aplicable a todos los demás medios de comunicación.
La objeción parcial implicaría suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, suprimir el consejo consultivo, eliminar el control a la autorregulación, eliminar los defensores de audiencia, entre otros.
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