A pesar del habeas data a favor de Alexandra Villacís, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana continúa con el tratamiento de la terna para designar vocal principal y suplente de la Judicatura.
Ramon Antonio Echaiz Lavayen y Paquita Marjoe Chiluiza Jacome cumplen todos los requisitos y no tienen prohibiciones o inhabilidades para avanzar en el proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, correspondiente a la terna de la Corte Nacional de Justicia.
El pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó hoy con cinco votos a favor y dos en contra el informe de admisibilidad de los postulantes Echaiz, quienes completan la terna junto a Mercedes Caicedo, por lo que ahora corresponde pasar a la fase de impugnación ciudadana y escrutinio público.
Aprobaron el informe los consejeros Andrés Fantoni (presidente), Jazmín Enríquez (vicepresidenta), Roberto Gilbert Febres Cordero, David Rosero y Johanna Verdozoto. En contra votaron Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán.
La aprobación del informe se dio a pesar de que existe un habeas Data a favor de Alexandra Villacís, lo que le permite regresar a la Judicatura y asumir la presidencia. Sin embargo ni el Ministerio de Trabajo ha levantado la prohibición de ejercer cargo público que se estableció en contra de Villacís, ni el Consejo de Participación Ciudadana hka detenido el proceso de selección de las nuevas autoridades.
Enríquez aseguró que es necesario dar la continuidad ordenada al proceso de selección garantizando seguridad jurídica y coherencia en el desarrollo del proceso. Agregó que se están respetando las reglas del procedimiento y asegurar así que el concurso avance de acuerdo a lo previsto.
Por su parte, Bonifaz (voto en contra) dijo que algunos funcionarios se han olvidado por oportunismo político o por conveniencia la consecuencia que puede acarrear el incumplimiento de una sentencia que ya fue notificado el Consejo de Participación «como es el caso del habeas data de Alexandra Villacís».
La consejera recordó que incumplir una sentencia puede acarrear la destitución del funcionario. Dijo que el proceso de selección es cuestionado por la opinión pública, la ciudadanía, la academia y los medios de comunicación. «Me deslindo totalmente de la responsabilidad política, penal, administrativa y constitucional que podría acarrear las actuaciones de la mayoría del pleno del CPCCS», manifestó Bonifaz.
