Una vez terminada la interpelación de Fausto Murillo, vienen las de los exministros Fernando Santos Alvite y Juan Zapata. Luego de ello viene la Fiscal. Si los tiempos se mantienen, Diana Salazar podría enfrentar este proceso en mayo. Las alertas siguen vigentes.
Ni bien terminó el juicio político contra el exvocal de la Judicatura Fausto Murillo, y en la Comisión de Fiscalización ya está en marcha la sustanciación del juicio político en contra de Fernando Santos Alvite, exministro de Energía en el Gobierno de Guillermo Lasso. La solicitud de interpelación la presentó la legisladora Nicole Saca (ADN), para que se determine la responsabilidad política del exfuncionario en la crisis energética que vivió el país y que generó racionamientos de luz hasta hace algunas semanas. Desde el miércoles de esta semana están corriendo los 15 días de plazo (incluyendo feriados y fines de semana) para que Saca y Santos presenten sus argumentos de cargo y de descargo, respectivamente.
El trasfondo
El juicio político a Santos Alvite consta en la agenda parlamentaria de este año; luego de que termine, corresponderá tratar la interpelación propuesta en contra del exministro del Interior, Juan Zapata; y, después, el juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar.
La solicitud de interpelación contra Salazar fue presentada por la bancada correísta a través de su legisladora Gisella Garzón. La Comisión de Fiscalización está integrada por cuatro asambleístas del correísmo, uno de SUMA, uno de Gente Buena, uno del Partido Social Cristiano y dos del oficialista ADN.
Ayer, para la censura y destitución de Fausto Murillo, se sumaron votos del correísmo, socialcristianos y ADN, reviviendo un acuerdo que un día antes estaba “moribundo”. Lo que no es coincidencia, asegura el asambleísta de Construye Gabriel Bedón. “No sólo quieren reestructurar la Judicatura, también quieren acelerar los juicios políticos pendientes y llegar así a la Fiscal”, aseguró Bedón. Considera evidente que lo que buscan es que la política influya en la Justicia.
Sin embargo, los integrantes de la Mesa de Fiscalización niegan que ese sea el propósito; dicen que sólo cumplen con el cronograma aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La correísta Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, dijo: “Utilizamos los tiempos que nos da la Ley; cuando ha habido que pedir prórroga, lo hemos hecho. (…) No tenemos ningún apuro”. Criterio que comparten Ramiro Vela (ADN) y Adriana García, de Gente Buena, dos de los integrantes de la Comisión de Fiscalización.
Por su parte, el constitucionalista José Chalco comentó que las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), tratamiento que al momento está en suspenso en el Pleno de la Asamblea, vienen con “un desmedido intento de destituir a la Fiscal General —que investiga los delitos y la corrupción— a través de un juicio político sin pies ni cabeza”.
¿Coincidirán los tiempos?
El primer juicio político que se desarrolló en la presente gestión legislativa fue en contra de Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social en el Gobierno de Lasso. Fue entre el 20 de diciembre del 2023 —cuando se avocó conocimiento en Fiscalización— hasta el 25 de enero de este año, cuando el Pleno de la Asamblea decidió su censura: 37 días en total. Luego vino el de Fausto Murillo y de José Morillo, vocal y exvocal de la Judicatura, que duró 41 días, entre el 19 de enero de 2024, en que arrancó en la Comisión, hasta ayer, que fue censurado por el Pleno de la Asamblea.
El plazo regular que determina la Ley de la Función Legislativa —sin uso de prórroga— es de 30 días, por lo que el juicio político contra Santos Alvite se desarrollaría hasta fin de este mes; y en abril el proceso de interpelación a Zapata. Tomando como referencia estos tiempos, en la primera quincena de mayo ya se estaría sustanciando el juicio político en contra de Salazar.
A la par, podría estar en marcha la audiencia preparatoria de juicio o el juicio en sí, del caso ‘Metástasis’, que investiga una red de narco corrupción en la que están vinculados jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura, del SNAI, abogados en libre ejercicio, entre otros.
La investigación de este caso que conmocionó al país la lidera, precisamente, Salazar y estará al frente de las audiencias, en representación de la Fiscalía. Chalco considera que, de darse su censura y destitución por parte de la Asamblea, sería una vergüenza para el país y quedaría demostrado que el Estado no funciona para los “ecuatorianos de bien, sino para las bandas y bandidos”. Mientras que en lo penal, agregó, el caso ‘Metástasis’ lo llevaría el Fiscal subrogante.
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