Tras ocho días de espera, el Pleno del organismo, recién solicita un criterio jurídico sobre el informe de la Comisión Ciudadana, que ubica como mejor puntuado a un postulante descalificado. Hicieron caso omiso de los plazos que da la Ley. 

Con 4 votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) aprobó una moción para solicitar el criterio jurídico institucional que les permita resolver sobre el informe presentado por la Comisión Ciudadana de Selección para designar al defensor público. 

Votaron a favor los consejeros de mayoría: Andrés Fantoni (presidente), Mishelle Calvache (vicepresidenta), Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto. Se pronunciaron en contra Yadira Saltos, Augusto Verduga y Nicole Bonifaz. La coordinación jurídica deberá emitir lo solicitado en un plazo de 48 horas. 

El martes pasado, la Comisión aprobó el informe de carácter vinculante donde se incluyó como mejor puntuado a Jorge Ballesteros, postulante que antes había sido descalificado por resolución de esa mayoría del Pleno.  

De acuerdo con el reglamento del concurso, el Pleno debía designar dentro del término de dos días como Defensor Público al mejor puntuado. Eso no sucedió y al día siguiente Fantoni, en declaraciones a la prensa, dijo que se iba a realizar un análisis del informe a través de la coordinación jurídica. Pero recién hoy se oficializó y aprobó ese pedido por moción de Calvache, quien pidió que se cambiara el orden del día de la sesión para tratar el tema. 

El pronunciamiento del Pleno se logró, no tanto porque en la práctica hayan vencido los  tiempos contemplados en la normativa para la designación del defensor público, sino porque la jueza de Quevedo Patricia Freire, a través de una providencia, conmina a los cuatro consejeros de mayoría a que en el término de 48 horas acaten el informe de la Comisión Ciudadana. De no hacerlo, consta en la providencia, se multará a cada uno con 230 dólares diarios a partir de que termine el plazo dado, multa que puede ser progresiva en caso de insistir en el incumplimiento, además de remitir el proceso a la Fiscalía para que realice una investigación.  

La sesión 

El debate de la moción presentada por Calvache no estuvo alejado de las acusaciones mutuas y reclamos a los que el Pleno del Consejo de Participación tiene acostumbrado al país, independientemente de quien integre este organismo.  Esta vez fue entre Verduga, quien le sugirió a Guarderas que tenga coherencia con su discurso y dé un paso al costado por una presunta firma falsa de la que se habría valido para denunciar a Verónica Abad, vicepresidenta de la República, por presunta infracción electoral; y Guarderas pidiendo a Verduga que admita que en su campaña electoral fue parte de la liga azul, candidatos promovidos por Rafael Correa, lo que está prohibido por la Ley.   

En lo referente al informe de la Comisión Ciudadana, Calvache dijo que era necesario contar con el pronunciamiento jurídico para tomar la mejor decisión, ya que la decisión del Pleno de descalificar a Ballesteros fue de última y definitiva instancia y que la Comisión no tiene competencia para desconocer esas resoluciones porque es una violacion a la seguridad jurídica.

Por su parte, Verduga manifestó que no existe norma que permita establecer una etapa nueva al incorporar un informe jurídico. “No puedo avalar que se cambien las reglas del juego”, dijo y recordó que no se cumplieron los plazos para la designación del Defensor, con base en el informe de la Comisión, que es de carácter vinculante. Criterio compartido por Bonifaz, quien agregó que no existe ninguna salvedad jurídica para solicitar un informe legal sobre el informe de la Comisión

Para Guarderas, en cambio, aceptar el informe de la Comisión sería abrir la “caja de Pandora”  y dar paso para que en otros concursos las comisiones ciudadanas actúen por sobre las decisiones del Pleno del Consejo y aprueben lo que quieran.  

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