Los consejeros se ‘tiran la pelotita’ sobre en quién recae la responsabilidad de haber convocado a una veeduría ciudadana para que evalúe la designación de la actual Corte Constitucional.
El pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) sesionará mañana de manera extraordinaria con el objetivo de conocer el oficio que les remitió la Corte Constitucional en el que le ordena que envíen un informe pormenorizado de las actuaciones que ha realizado la institución en contra de la fiscal Diana Salazar.
Esta disposición dada al Consejo está dentro de las actividades que impulsa la Corte como parte del inicio de la fase de seguimiento del dictamen de 2019, donde el organismo constitucional “blindó” las resoluciones que en su momento tomó el Consejo Transitorio, entre ellas, la designación de autoridades, incluyendo la de la Fiscalía General y de la Corte Constitucional.
El conflicto se genera ya que el presente Consejo de Participación, liderado por Alembert Vera, ha insistido en investigar a Salazar. El 31 de mayo de 2023, el Pleno dio paso a la denuncia presentada por el colectivo Acción Jurídica Popular, por lo que abrió el expediente por un presunto plagio de tesis y pidió documentación sobre el concurso que culminó con su designación como titular de la Fiscalía.
Después, el Consejo convocó a una veeduría ciudadana que evalúe la designación de los magistrados constitucionales, luego de que el juez de Manabí, Patricio Quimis, aceptó una acción de protección presentada por una ciudadana.
El Consejo puso en marcha la convocatoria a integrar la veeduría, pero Vera ha deslindado responsabilidad asegurando que no fue una decisión del Pleno y que los resultados de esa veeduría tampoco podrían ser acogidos por efectos mismos del “blindaje”, que goza las decisiones del Consejo transitorio. Decisiones y actuaciones que Vera ha cuestionado en duros términos al punto de calificarlos de “actos atroces cometidos por el Trujillato”, e invitó a la ciudadanía a integrar dicha instancia.
Audiencia a la vista
En este marco, la Corte Constitucional inició la fase de seguimiento al dictamen constitucional de 2019 para verificar si se han cumplido sus disposiciones y fijó para el 25 de septiembre la audiencia, donde deberán comparecer las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y otros funcionarios de esa institución, así como al juez de Manabí que otorgó la acción de protección.
El jurista Ramiro García explicó que de comprobarse que se vulneró el dictamen interpretativo de 2019, la Corte Constitucional tiene la potestad de tomar las medidas que considere conveniente, entre ellas la destitución de las autoridades del Consejo de Participación. García recuerda que, si bien la convocatoria a la veeduría para revisar el proceso de selección de los jueces constitucionales no fue a través de una resolución del pleno del Consejo, en el tema de la Fiscal si fue una disposición de los consejeros a pesar de que tampoco pueden revisar ese concurso de designación.
La decisión de la Corte Constitucional de iniciar la fase de seguimiento se tomó con 8 votos a favor, entre los que se encuentra el voto concurrente (concuerda con la decisión tomada, pero discrepa con alguno de sus elementos) del juez Enrique Herrería.
En su voto concurrente, el magistrado argumenta que dentro del expediente de la causa constan los elementos procesales suficientes, que además son públicos y notorios. Por lo que resulta innecesario que el auto de verificación dilate una resolución convocando a audiencia a los involucrados.
Herrería considera que la verificación de cumplimiento que debe realizar la Corte Constitucional no exige “escuchar o rebatir entre sí las versiones de los intervinientes implicados en esta causa, pues es del todo evidente que no se trata de una controversia materia de un litigio constitucional”. El juez termina asegurando que debido a la gravedad y trascendencia del caso, la Corte debía proceder con celeridad y resolver la causa.
Pretextos ‘a la orden día’
Antes de iniciar esta fase de seguimiento, la Corte solicitó información al respecto tanto a las autoridades del Consejo de Participación como al juez de Manabí. Los funcionarios respondieron, en resumen, lo siguiente:
Alembert Vera, presidente del Consejo: Asegura que en las fases administrativas previas para conformación de una veeduría por iniciativa ciudadana, el Pleno ni expide el acto de inicio ni interviene en el proceso de control y vigilancia de esa veeduría. Vera contesta que no emitió alguna resolución para ejecutar la sentencia del juez de Manabí y que la conformación de la veeduría la inició el área administrativa de la institución.
Nicole Bonifaz, vicepresidenta: Considera que al haberse convocado a una veeduría ciudadana ordenada por juez, debía no sólo contarse con un criterio jurídico institucional sobre las implicaciones de esa sentencia, sino que debió ser conocido por el Pleno. Solicita que se tome en cuenta que quien ejerce la representación legal de la institución es Vera.
Consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni: Manifestaron que la invitación a integrar la veeduría fue hecha por Vera quien se desempeña como la máxima autoridad administrativa y representante legal. Los consejeros dicen que fue una actuación unilateral de Vera en nombre del Consejo dado el cargo que ostenta.
Consejeros Johanna Verdezoto y Augusto Verduga: Señalaron que las declaraciones de Calvache y Fantoni Baldeón son erradas, pues ni el inicio de una veeduría, ni su proceso de análisis y “mucho menos su informe final implica, bajo ningún concepto, la modificación de los actos administrativos del Consejo Transitorio, ya que dicho informe final de los veedores puede ser acogido o no por el Pleno”. Agregan que la veeduría inició por medio de una petición ciudadana y que el informe final es autónomo e independiente del Consejo y que además no es vinculante.
Juez de Manabí: No remitió algún informe del informe procesal en el que se encuentra la acción de protección.
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