38 países han mostrado su intención de brindar apoyo a Ecuador y el Presidente ha confirmado acercamientos con EE.UU. y Argentina. Perú y Colombia han reforzado sus fronteras. ¿Es tiempo de pensar en una respuesta de seguridad cooperativa regional?
Todos los ojos voltearon a ver. Bombas, fuego, motines, fugas y disparos llamaron la atención del mundo hacia Ecuador; un país que, hoy, vive en “guerra”, como lo ha declarado en más de una ocasión el Gobierno.
El objetivo: “organizaciones terroristas”. Así se ha calificado, con el Decreto Ejecutivo 111, emitido por el presidente, Daniel Noboa, a 22 organizaciones criminales que operan en el país. Este mismo documento es el que reconoce, oficialmente, la existencia de un conflicto armado interno (no internacional), en todo el territorio.
Coches bomba, vehículos incinerados, explosivos en puentes peatonales y unidades de Policía Comunitaria, motines, fuga de presos, dos policías asesinados, la toma armada en vivo de TC Televisión, militares en las calles: ‘estado de guerra’. “Ecuador” volvió a ser portada en todo el mundo.
Los atentados y el reconocimiento oficial del conflicto armado no dejaron esperar la reacción internacional. Países como Bolivia, Chile, Venezuela, México y República Dominicana no tardaron en expresar su preocupación por lo que vive el país, desde el lunes.
Al mensaje también se han sumado naciones europeas, como España. En su cuenta de X, el presidente de ese país, Pedro Sánchez, hizo pública su solidaridad con Ecuador por los hechos violentos. “España apoya a las instituciones democráticas del Ecuador y desea que se restablezca la normalidad en el país lo antes posible”, concluye el mensaje del mandatario.
A estas expresiones de solidaridad también se suman instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el mensaje no quedó ahí. La convención de Ginebra, que norma el derecho en guerra, establece que un país que haya declarado un conflicto armado, sea este internacional o no internacional, podrá requerir asistencia de otras naciones para enfrentar el conflicto.
En este sentido, las intenciones de brindar apoyo a Ecuador tampoco se dejaron esperar, desde la comunidad internacional. Uno de los primeros países en expresar su disposición de ayudar fue Estados Unidos.
A través de un mensaje emitido en su cuenta de X, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró que el Gobierno norteamericano estaría dispuesto a brindar asistencia al país, ante la crisis de inseguridad.
El apoyo se consolidó cuando el Gobierno confirmó que altos funcionarios estadounidenses viajarán al país para ejecutar labores de coordinación de la asistencia internacional. Pero este no fue el único ofrecimiento.
Brasil también expresó, a través de Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal Brasileña, la intención de enviar personal policial al país, con el objetivo de contribuir en la lucha al ‘terrorismo’. Lo mismo ocurrió con Argentina, cuando Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, hizo pública la disposición del país de equipos de fuerzas especiales a Ecuador.
Y esto tampoco quedó ahí. El presidente Noboa, en una entrevista dada a FM Mundo, aseguró que, en total, Ecuador se mantiene en contacto constante con 38 países, que han manifestado su intención de brindar la asistencia internacional que requiera el país. El mandatario, además, aseguró que se ha aceptado las propuestas ya de Argentina y Estados Unidos.
Colombia y Perú refuerzan sus fronteras
Las manifestaciones internacionales, sin embargo, no sólo se han enfocado en la disposición de apoyo a Ecuador, sino también en encender alertas de seguridad, sobre todo en los países vecinos.
Perú, por ejemplo, hizo pública su preocupación sobre la posible expansión del conflicto hacia su territorio. De este modo, el país declaró estado de emergencia en la frontera con Ecuador. Además, anunció el envío de equipos de Fuerzas Especiales a la zona para garantizar la seguridad y, según se aclaró, impedir el ingreso de criminales o ‘terroristas’ al país.
La misma preocupación fue expresada por Colombia, que, además, respondió a las declaraciones del presidente Noboa sobre la intención de extraditar a alrededor de 1.500 presos colombianos a su territorio, para liberar las cárceles ecuatorianas. En un comunicado, expresaron su disposición de recibir a los reos, siempre y cuando se cumplan con los acuerdos internacionales, que establecen que la extradición deberá ser analizada caso por caso y no en colectivo.
Todas las reacciones, tanto de apoyo como de alerta, han llevado a cuestionarse sobre el verdadero alcance internacional que representa el conflicto armado interno que vive el país: una guerra contra el ‘terrorismo’ y el narcotráfico.
Relevancia internacional
“Este no es un problema sólo ecuatoriano”, dice Paco Moncayo, quien comandó las Fuerzas Armadas en la Guerra del Cenepa y es experto en seguridad. Para él, es necesario comprender, antes que nada, que el conflicto que vive el país no es un caso aislado en la región y, por ende, no debe ser tratado de esta manera.
“Lo que vivimos es el resultado del desbordamiento del problema colombiano, por ejemplo. Aquí no hemos sembrado una hectárea de coca, ni la hemos fabricado a gran escala. Somos un país que tiene al norte al primer productor de coca del mundo y al sur, al segundo. Además, Perú es una fuente importante del tráfico ilegal de armas. Todo esto influye en el conflicto que vive el país”, dice el exmilitar.
Para Moncayo, Ecuador, en gran medida, se ha convertido en una víctima de conflictos internacionales, que han escalado hasta la situación actual. Sin embargo, aclara, esto no se limita a los países vecinos.
“Ecuador se ha convertido en una plataforma donde operan carteles y mafias de todo el mundo”, dice, al recordar que parte de los grupos hoy catalogados como terroristas, trabajan directamente con organizaciones delictivas mexicanas y europeas. “Entonces, lo que aquí vemos es una amenaza transnacional, no sólo un conflicto interno”.
Con él concuerda Gilda Guerrero, internacionalista. Para ella, la relevancia internacional del conflicto, en este caso, radica en quiénes son los enemigos del Estado o los blancos militares, como se los ha denominado desde las Fuerzas Armadas del país.
“Estamos hablando de carteles que son globales y transnacionales”, dice, al recalcar que hay organizaciones que trabajan con carteles mexicanos, pero que también tienen enlaces con toda la Costa del Pacífico e, incluso, Europa y Asia. “Tienen acceso a redes en cientos de países”.
Guerrero asegura que comprender esto es importante para pensar en las organizaciones ‘terroristas’ como algo “dentro de un marco global”. Además, ella destaca que informes policiales revelan que las bandas criminales en el país han arrancado un camino de transformación para convertirse en carteles, de modo que puedan controlar la producción, venta y envío de droga; “lo que también les da un carácter de internacional”.
“Estamos en una situación parecida a la que vivió México entre los 90 y 2000, cuando se dan cuenta de que el Estado fue tomado por el crimen y empieza la ofensiva militar y policial”, dice.
Para la experta, todas estas consideraciones se deben tomar en cuenta al catalogar las implicaciones del conflicto en Ecuador como algo de carácter “transnacional”. Esto, debido a que no es una guerra entre naciones o con grupos locales, únicamente, “sino una guerra con organizaciones de relevancia transnacional”.
Los expertos coinciden en que estos aspectos marcan la necesidad de otras naciones de apoyar a Ecuador, no sólo con miras en este conflicto, sino también con el enfoque de garantizar la seguridad regional.
Esta preocupación ya fue expresada por países como Argentina, cuando Bullrich anunció su preocupación de que en su territorio pueda pasar algo similar que en Ecuador.
Estrategias conjuntas
El ofrecimiento de asistencia internacional y la estrategia, tomada por países como Perú, de reforzar las fronteras, abre la puerta a preguntarse qué acciones de cooperación pueden emprenderse de forma activa, no sólo para afrontar el conflicto interno, sino también para garantizar la seguridad del país y la región.
Para Moncayo, la respuesta es simple: “una respuesta de seguridad cooperativa”. El experto explica que en otros continentes, como en África, “en la zona central”, hay alrededor de siete países que mantienen políticas de seguridad conjunta, lo que les permite afrontar los riesgos de forma cooperativa. Esta, enfatiza, debería ser la estrategia a seguir en la región.
“Lastimosamente las respuestas que han dado los países vecinos no responden a una seguridad cooperativa, son respuestas a la soberanía nacional”, dice el experto, tras citar el caso de Perú, que optó por reforzar sus fronteras. “Lo que ha habido son respuestas de otros países, pero respuestas nacionales. En Perú se han movilizado fuerzas por el temor que el problema ecuatoriano los contamine. Pero, ¿será un problema sólo ecuatoriano? Este tipo de medidas presentan un enfoque retrógrado que no deja ver el problema: no tenemos una política común de seguridad”.
Moncayo detalla que el problema que vive Ecuador debe ponerse en consideración de todos los países implicados, incluyendo zonas como Europa, donde sus mafias envían operadores que controlen el movimiento y la gestión de los negocios criminales en países como Ecuador, “y de paso también a ciertas bandas”. Aclara, sin embargo, que la medida más urgente debe ser la creación de políticas regionales o subregionales que permitan tratar de forma efectiva el avance del narcotráfico y, hoy, del terrorismo.
Carla Álvarez, experta en seguridad, reconoce también el papel que debería tener Ecuador en este tipo de políticas internacionales. Para ella, el país debería tomar la posta y proponer este tipo de estrategias a la comunidad internacional como una salida al conflicto interno y como una forma de garantizar que, desde varios territorios, se complemente las labores en pro de la seguridad.
“El crimen organizado es transnacional y opera mucho más allá de las fronteras, y así mismo se debe actuar. Ecuador debe tener una política exterior que le permita tener coordinación con Colombia, Perú y Bolivia, que son los principales productores de coca del mundo, para trabajar en conjunto y reducir este fenómeno”, dice.
Ecuador, por su parte, ya ha empezado a emprender medidas con miras internacionales. Entre estas, según informó el Ministerio del Interior, la exigencia obligatorio de un certificado de antecedentes penales para todo aquel que busque ingresar al país a través de las fronteras con Colombia y Perú.
Para Álvarez, este tipo de iniciativas, bajo el marco de la Constitución y el derecho internacional, son las que deben proponerse como estrategias conjuntas entre países para garantizar que todas las naciones estén en la misma página, con relación al combate al narcotráfico y al crimen organizado.
Cabe destacar que la Comunidad Andina, de la que forman parte Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, ya ha dado un primer paso en esta labor. A través de un comunicado, la organización no sólo condenó los hechos violentos que ha vivido el país, sino que convocó a una reunión, el próximo 21 de enero de 2024, en Lima, con los ministros de Relaciones Exteriores y Ministros a cargo de la seguridad interna de los países miembros.
El objetivo de este encuentro será “adoptar medidas concretas y efectivas para luchar contra el flagelo de la criminalidad organizada transnacional”.
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