Un nuevo retraso en el proceso se presentó hoy, cuando asambleístas correístas que impugnaron a aspirantes a la comisión ciudadana de selección no acudieron al Consejo de Participación Ciudadana argumentando que están en receso legislativo.
El proceso para designar al Contralor General del Estado por parte del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) sufrió un nuevo retraso. Este lunes estaba previsto que se realizaran las audiencias públicas de impugnación a los postulantes a la comisión ciudadana de selección; pero la sesión extraordinaria del Pleno del CPC se suspendió debido a la ausencia de los impugnantes. La comisión ciudadana se encarga de organizar el concurso del que saldrá el contralor titular, ya que es quien elabora el informe final con las puntuaciones de los postulantes, para que el Pleno del CPC designe a la autoridad.
En este proceso, seis asambleístas del correísmo presentaron impugnaciones contra 14 candidatos a integrar la comisión ciudadana. Siete de ellos acudieron esta mañana al CPC con sus abogados y documentación para desvirtuar las impugnaciones. Algunos viajaron a Quito desde otras ciudades del país, como Guaranda.
Esperaron más de una hora a que se instalara el Pleno y se cumplieran las audiencias para ejercer su derecho a la defensa. La sesión se instaló con la presencia de cuatro consejeros: Hernán Ulloa (presidente), Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira. Se aprobó el orden del día pero, de inmediato, se dio lectura a las excusas de los legisladores correístas Eduardo Zambrano, Ferdinand Álvarez, Ricardo Ulcuango y José Chávez, que pedían que se difirieran las audiencias porque la Asamblea se encuentra hasta el 26 de septiembre en receso legislativo y ellos se están en territorio cumpliendo actividades inherentes al cargo.
Ulloa manifestó que, en reciprocidad a que cuando los consejeros han sido convocados a la Asamblea y no han podido asistir “existió la comprensión” de la Legislatura, se volvería a convocar para el miércoles o jueves de esta semana, ya sea de manera presencial o virtual. “Entendemos perfectamente que coincide con una vacancia legislativa y nosotros hemos exhortado a que la designación de las máximas autoridades del país no es una responsabilidad exclusiva por parte del CPC, sino que es una responsabilidad compartida entre el Consejo y la ciudadanía”, dijo. Rivadeneira agregó que la decisión de suspender la sesión la tomaron de manera consensuada los cuatro consejeros, ya que existían los justificativos pertinentes.
Los reclamos
Las impugnaciones de los asambleístas correístas están relacionadas con una presunta falta de probidad de los aspirantes a integrar la comisión ciudadana, por lo que la suspensión de la sesión no fue del agrado de los impugnados. Marco Chalco respondió que se debía asumir con responsabilidad este proceso y hacer respetar el procedimiento y las normativas. “Es una pena que no se cumpla con lo que ha estado planificado”, dijo. Agregó que el receso legislativo no era un justificativo para suspender las audiencias y para la inasistencia de los impugnantes, ya que, en su caso, quien cuestiona su postulación a la comisión ciudadana es el asambleísta Zambrano, quien en su escrito de impugnación lo hace en calidad de “persona natural, por sus propios derechos personales, lo hace como asambleísta”, dijo Chalco. “En derecho no debía proceder”, agregó.
Por su parte, Vicente Cárdenas, abogado de Juanita Ponce, impugnada, reprochó a los consejeros que permitan que un impugnante se ampare en el receso para no acudir. “Permitir que pasen estas situaciones es simplemente alargar el proceso y eso no tiene razón de ser”, dijo. De manera anticipada, desvirtuó la impugnación presentada por la correista Diana Vargas y dijo que se está jugando con el honor de una persona. “A veces, ciertas impugnaciones nacen en la nube, no tienen sustentación”, agregó el abogado. Aseguró que el impugnante no presentó excusa para no asistir, por lo que pedía que se cumpliera la audiencia y reclamó que no es el mismo tiempo que se da a los impugnados para prepararse que el que se les otorga a las impugnantes, por lo que no se puede hablar de equidad e igualdad.
Por su parte, la consejera Estupiñán manifestó que la suspensión de la sesión era la mejor decisión para salvaguardar el proceso. “Entendemos que el receso legislativo no tiene nada que ver con las actividades que nosotros desarrollamos dentro del Pleno, pero lo que evitamos es que el día de mañana pongan una acción de protección”, manifestó Estupiñán.
A pesar de las explicaciones, los aspirantes a comisionados salieron inconformes de la sesión suspendida y comentaron que esperan que cuando se reanude “no se caiga el internet”, se “vaya la luz”, u otros “pretextos” por parte de los legisladores.
El proceso para elegir Contralor se inició con la convocatoria a la veeduría el 12 de agosto del 2021, mientras que la convocatoria para integrar la comisión ciudadana se realizó el 15 de octubre de ese mismo año. Es decir, ha pasado un año y no hay resultados todavía. Ulloa manifestó que un hecho que influyó en el retraso fue el paro de junio de este año, por parte del sector indígena, que impidió sesionar con normalidad.
A parte de la integración de la comisión ciudadana de manera definitiva, aún faltan otras etapas como la convocatoria a participar en el concurso de méritos y oposición, inscripción, revisión de requisitos, impugnación, entre otras fases.
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