Se vinculó a 13 personas más al caso —ocho con prisión preventiva—. Con suman 25 procesados en total. La mayoría son jueces o exjueces de esa jurisdicción, aunque incluso constan en la lista el comandante y excomadante del Cuerpo de ingenieros del Ejército. 

El número de procesados en el caso Purga subió a 25, luego de que la Fiscalía vinculó a 13 personas más. La investigación inició originalmente con 12 presuntos involucrados en una red de corrupción política–judicial en la que no faltó, según la Fiscalía, la incidencia del narcotráfico.

La Fiscalía encontró los elementos suficientes para vincular a estas 12 personas más por el presunto delito de delincuencia organizada, donde el jefe de la banda sería el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, quien habría usado sus influencias para controlar la Justicia en Guayas y obtener fallos a su favor. Con esta vinculación, la instrucción fiscal se extiende por 30 días más, y pasa de 90 —que concluían esta semana— a 120 en total.

El fiscal subrogante, Wilson Toainga, aseguró que la delincuencia organizada y la corrupción judicial iban de la mano en Guayas, con lo que se desnaturalizó el ejercicio del Derecho y de la política, ya que con la elección de Muentes como asambleísta, en el 2021, empezó a extender su control en la Justicia de esa provincia.

Son tres los casos en los que los jueces del Guayas habrían incidido sin respetar el debido proceso, cambiando magistrados a su conveniencia, entorpeciendo proceso y dictando fallos a cambio de beneficios económicos.

El uno tiene que ver con un ‘hábeas data’ interpuesto por Muentes en contra del Banco del Pacífico. Según la investigación, el legislador, a través de documentos falsos y adulterados, justificó préstamos recibidos en 1989 y 1999. A lo largo del proceso contra el Banco, Muentes usó sus vínculos en la Corte Provincial de Guayas y en el Consejo de la Judicatura de la misma jurisdicción para separar y “castigar” a jueces que no fallaban a su favor y promover ascensos a quienes sí lo hacían. Todo esto le sirvió para obtener por parte del Banco una indemnización de casi cuatro millones de dólares.

El segundo caso, que también involucra a Muentes, es el presunto tráfico de tierras. Usando su poder político habría intervenido para que su primo, también procesado, se apropiara de un terreno en Durán, sin que haya un documento real que demuestre el proceso de compra.

Y un tercer caso es un fallo a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cambio de la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas, todo gestionado por la entonces presidenta de esa Corte, Fabiola Gallardo, procesada.

De los 25 procesados en total que hay en el caso Purga, consta un exasambleísta, su asesora, un excomandandte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el actual comandante de esa institución, 11 jueces o exjueces (dos de ellos presidentes de la Corte Provincial), la exdirectora de la Judicatura en Guayas y varios funcionarios de esta institución.

Los nuevos vinculados

Mercedes Villarreal. Fue directora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas. Habría facilitado la conformación del Tribunal que conocería la apelación que interpuso el Banco del Pacífico en contra de Pablo Muentes para favorecer al exasambleísta.

Tatiana Villafuerte. Exasesora parlamentaria de Pablo Muentes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Sería la persona que redactó la sentencia de ‘hábeas data’ a favor de Muentes.

Rubén Díaz. Ayudante judicial del Consejo de la Judicatura de Guayas. Habría colaborado en la acción de protección del caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, facilitando el ingreso a las reuniones que mantenían los militares en el despacho de Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Guayas.

Hugo González. Expresidente de la Corte de Justicia de Guayas. Ocupó ese cargo tras la gestión de Fabiola Gallardo, pero renunció cuando salió a la luz el caso ‘Purga’. Se mantiene de juez en esa jurisdicción. Según la Fiscalía, su elección como presidente de la Corte Provincial buscaba garantizar la continuidad del control de la Justicia en esa provincia por parte de la banda delictiva que la lideraba Pablo Muentes.

José Poveda. Exjuez de la Corte de Justicia de Guayas. Formó parte del Tribunal que trató apelación interpuesta por Pablo Muentes en contra del Banco del Pacífico, con la que salió favorecido. Presuntamente, proporcionó los documentos para que Tatiana Villafuerte redactara la sentencia que suscribieron todos los jueces del Tribunal.

Esteban Chávez. Asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Gestionó con Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, para obtener una resolución favorable en una acción de protección que se interpuso en contra de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito, a cambio de un beneficio para Gallardo.

Coronel Xavier Riofrío. Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Habría autorizado la entrega de dinero de la institución a Mayra Salazar y a Tatiana Villafuerte, para la compra de material y mano de obra del cambio de piso del Salón de Presidentes de la Corte de Justicia del Guayas. Habría entregado a Gallardo obsequios y un donativo para lograr el fallo favorable para la institución.

Coronel Freddy Játiva. Excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Habría mantenido reuniones con Fabiola Gallardo para lograr un fallo favorable y luego le habría entregado una serie de regalos y la remodelación del piso.

Andrea Patiño. Jueza de Durán. Habría colaborado con Pablo Muentes en el tráfico de tierras a favor de su primo como testaferro.

Susana Batalla. Funcionaria del Consejo de la Judicatura de Guayas, responsable del sorteo de causas. Habría descifrado la secuencia del sistema de sorteos para beneficiar a Pablo Muentes en el caso Banco del Pacífico.

Vernise Domínguez. Coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas.

Jessenia Rodríguez. Es secretaria del Consejo de la Judicatura en Guayas.

Silvia Orosco. Fue jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Tuvo a su cargo una de las causas presentadas por el Banco del Pacífico en contra de Pablo Muentes.

Todos los nuevos procesados defendieron su inocencia en la audiencia de vinculación y aseguraron que son profesionales con una trayectoria limpia. Tatiana Villafuerte aseguró ser una profesional intachable, con amplia trayectoria que ha sido vinculada sólo por una “fantasía” de Mayra Salazar, la persona que le mencionó en su testimonio anticipado. Mientras que Hugo González dijo que su nombre no consta ni se relaciona con los tres casos citados por la Fiscalía y que su única acción fue haber participado y ganado la elección de la Presidencia de la Corte de Justicia del Guayas en reemplazo de Fabiola Gallardo, un proceso al que tenía derecho.

Por su parte, el coronel Xavier Riofrío dijo que tiene 38 años de trayectoria sin ningún tipo de sanción o amonestación. Aseguró que desde los 17 años, en que entró a la vida militar, tiene un “amor infinito por la institución y el país”. Para Riofrío, con esta vinculación no sólo han manchado su nombre y el de su familia, sino también el del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y del Ejército en sí. Detalló a la sala la serie de condecoraciones que ha recibido en su trayectoria militar y los cursos que ha realizado en el exterior. Ante el pedido de prisión preventiva en su contra dijo que no tiene intenciones de salir del país ya está siguiendo el curso para ascender a general y porque el país está en conflicto armado interno, por lo que necesita a cada “soldado en su puesto”.

La Fiscalía solicitó orden de prisión preventiva para los 13 nuevos procesados. Sin embargo, el juez Javier De la Cadena dictó prisión preventiva sólo para ocho: Mercedes Villarreal, Tatiana Villafuerte, José Poveda, Esteban Chávez, Susana Batalla, Vernise Domínguez, Jessenia Rodríguez, Silvia Orosco. Para los otros cinco dictó medidas cautelares: presentación periódica ante la Justicia y prohibición de salida del país. 

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