La Asamblea Nacional deberá contestar a la Corte Nacional de Justicia si autoriza o no que la exlegisladora correísta Esther Cuesta sea vinculada al caso ‘Ligados’, como lo solicita la Fiscalía. Se necesitan 101 votos, pero el oficialismo ha conseguido máximo 80.
POR: Hugo Constante
Luego de la elección de autoridades y de la designación de comisiones, la nueva Asamblea tiene en sus manos la primera “papa caliente” que deberá tratar en el presente periodo: autorizar o no el inicio de un proceso penal en contra de la exlegisladora correísta Esther Cuesta.
La solicitud fue remitida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dentro del caso ‘Ligados, que investiga un presunto delito de asociación ilícita. La Fiscalía ha pedido que se fije fecha para vincular al excandidato presidencial del correísmo Andrés Arauz, al exsuperintendente de Bancos Raúl González y a la exasambleísta Cuesta, ya que de la investigación realizada han aparecido otros elementos que hacen presumir su participación en el delito.
Mañana a las 09:00 el Pleno está convocado para conocer y resolver sobre ese pedido. Aunque Cuesta dejó de ser legisladora el 13 de mayo, el presunto delito se habría cometido cuando ejercía la curul. Específicamente, cuando estuvo encargada de la Presidencia de la Asamblea, porque Viviana Veloz, también correísta, tuvo que solicitar licencia para cumplir con su campaña para la reelección.
Según la Fiscalía, durante el tiempo que ejerció como presidente encargada, Cuesta habría retrasado la convocatoria para la posesión de Roberto Romero como Superintendente de Bancos.
En la investigación preliminar, Cuesta es mencionada en las conversaciones sostenidas entre Arauz y el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana Augusto Verduga, principal procesado en este caso. Ambos la mencionan como parte de la estrategia para bloquear la posesión Romero y que el cargo lo ocupe González, candidato afín al correísmo.
Los elementos del debate
El artículo 111 de la Ley de la Función Legislativa señala que para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de un asambleísta se requerirá autorización previa del Pleno de la Asamblea. “Dicha autorización será debatida y requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Pleno para su aprobación”, señala la normativa.
Es decir que se requieren 101 votos a favor para levantar la inmunidad parlamentaria, pero la votación máxima que el oficialismo ha alcanzado en las cuatro sesiones del Pleno, incluida la de la instalación, ha sido de 80 votos.
La inmunidad cubre a los asambleístas en funciones y no menciona si esta se extingue o no al dejar los cargos.
Esos elementos son los puntos de partida de los dos únicos bloques legislativos: el oficialismo y el correísmo. Para legisladores de ADN como Nathaly Farinango, la Asamblea tendría que devolver la solicitud a la Corte para que proceda como corresponda, porque Cuesta dejó de ser legisladora, por lo que no amerita un pronunciamiento sobre su inmunidad. “En lo personal creo que es una ciudadana común y corriente, por lo que no se necesita la autorización, no es una competencia de la Asamblea”, dijo Farinango.
Por su parte, el correísta Franklin Samaniego cataloga como una nueva persecución política del Gobierno en contra de los militantes de la Revolución Ciudadana. “Nosotros defenderemos siempre a nuestra exasambleísta”, dijo Samaniego. El legislador considera que el Pleno sí debería tratar la solicitud de la Corte y reunir los 101 votos, si considera que se debe autorizar el proceso penal en contra de Cuesta, ya que, si bien ya no es legisladora, el presunto “delito” que se investiga se dio cuando ejercía esa dignidad.
El asambleísta independiente Juan Gonzaga prefiere mantenerse cauto. Dijo que espera conocer los argumentos de la Corte antes de decidir cómo votará mañana.
El caso ‘Ligados’
La Fiscalía investiga un presunto delito de asociación ilícita entre los exconsejeros correístas del Consejo de Participación Ciudadana Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, más la consejera Nicole Bonifaz, para tomarse la institucionalidad del país a través de la designación de las autoridades de control afines a esa línea política.
Cómo parte del proceso, a Verduga se le incautaron teléfonos celulares cuyos chats muestran, para la Fiscalía, el entramado político por el cual la Revolución Ciudadana, con sus principales líderes, trataba de incidir en concursos de méritos y oposición; buscaban desprestigiar a la Fiscalía; o decidían sobre su binomio presidencial, entre otros temas.
Verduga está prófugo de la justicia, ya que tiene orden de prisión preventiva al no haber cumplido las medidas alternativas.
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