Elizabeth Otavalo pasó cuatro horas en la Asamblea, dando testimonio ante dos comisiones y ante el Pleno, sobre el femicidio de su hija, María Belén Bernal, que ocurrió en la Escuela Superior de Policía, presuntamente por parte de su esposo, el teniente Germán Cáceres, hoy prófugo de la Justicia. 

Desde las 10:30 hasta las 14:30, Otavalo estuvo en las comisiones de Garantías Constitucionales, de Justicia y finalizó ante el Pleno.  Con una misma temática y una sola protagonista, las comisiones y el Pleno sesionaron por separado, en diferentes horarios, para escuchar un mismo relato, con más o menos datos, un mismo dolor, una misma indignación y un mismo pedido: verdad y justicia.

Fue en la Comisión de Garantías Constitucionales, integrada en su mayoría por asambleistas correístas y de Pachakutik, de clara oposición al Gobierno, donde su relato fue más extenso.

Otavalo contó su versión. En general, dijo que su hija, antes de ir a ver a su esposo a la Escuela de Policía, pasó por un puesto de comida rápida comprando una hamburguesa. Que fue en pijama y que ingresó a ese centro de formación el 11 de septiembre y jamás salió de ahí.

En medio de gritos de activistas y familiares de desaparecidos y de víctimas de femicidio que acudieron a respaldar a Otavalo, la madre de la víctima dijo que Cáceres, al día siguiente de la visita realizada, le llamó para preguntarle si conocía el paradero de María Belén Bernal, porque habían tenido una discusión y esa madrugada le había dejado en la avenida Simón Bolívar, donde cogió un taxi.

Agregó que Cáceres no quería poner la denuncia por la desaparición de su esposa y que sólo lo hizo ante la insistencia de la madre. Y, cuando rindió su versión hubo inconsistencias, por lo que se levantaron las sospechas de que algo más había pasado. Inconsistencias como no permitir que revisen su habitación en la Escuela de Policía y pedir la presencia de su abogado.

Otavalo se quejó del proceso de localización de su hija; aseguró que no había existido una buena planificación, que los policías le dijeron que no se preocupara, que su hija ya aparecerá, que debía estar en un hotel… y más excusas similares. También, dijo que le extraña que la Policía haya encontrado indicios de dónde estaba el cuerpo a la 01:00 del 21 de septiembre, sin presencia de los familiares, cuando ellos habían participado de manera continúa en la localización. Y cuestionó el silencio de quienes estuvieron en la Escuela de Policía cuando  su hija ingresó a ver a su pareja, así como que solo se encuentre detenida una cadete, cuando todos escucharon, dijo, que su hija pedía auxilio desde la habitación de Cáceres y nadie, absolutamente nadie hizo nada. «Todos se encubren, fue un silencio que le costó la vida a mi niña. Hay un encubrimiento desde los cadetes hasta los generales», señaló. «Quiero justicia y quiero la verdad», concluyó en todos los espacios que intervino.

El rol de los asambleístas

Todos los que intervinieron —en las comisiones, donde se cumplieron minutos de silencio, y en el Pleno— se solidarizaron con la madre de Bernal. Le expresaron su apoyo, le aplaudieron por su lucha, hablaron de otras víctimas de femicidios y desapariciones, dijeron que el caso no puede quedar en la impunidad, que llegarían a la verdad de los hechos, que los funcionarios responsables por acción u omisión serían llevados a juicio político. Y todos prometieron que no permitirían que el caso de Bernal se politice. 

En la Comisión de Garantías Constitucionales, su presidente, Fernando Cabascango, abrió un espacio de preguntas. Algunas tan obvias como la de Victoria Desintonio, correísta, quien pidió a Otavalo que detallara cómo fue el proceso de búsqueda y qué obstáculos se presentaron. La misma Desintonio reconoció que eso ya lo había dicho en su relato, pero dijo que era necesario conocer más. 

Por su lado, Gruber Zambrano (BAN) contó que sabía el dolor que pasaba la madre, ya que él mismo sufrió la pérdida de su hermano asesinado. Cabascango le preguntó si había recibido apoyo de la Fiscalía o de la Policía. Fueron cerca de una decena de preguntas que no pudieron ser respondidas, ya que el presidente de la Comisión suspendió la sesión porque Otavalo tenía que comparecer ante la Comisión de Justicia. 

En esa Comisión, luego del relato de Otavalo también se abrieron espacios de intervención de asambleístas. Entre ellos Ricardo Vanegas, de Pachakutik y abogado de profesión, quien más bien realizó un interrogatorio, como si se tratase de un juzgado. Por ejemplo, preguntó si conocía si en la avenida Simón Bolívar había semáforos, si recordaba el nombre de los policías con los que había conversado. «Soy administradora, no abogada», aclaró Otavalo en su momento, mientras otros legisladores protestaron por el interrogatorio de Vanegas, ya que para ellos preguntaba cosas jurídicas que son parte de una investigación especializada en ese campo.

En esta Comisión se aprobaron dos resoluciones: la primera, integrar un equipo técnico para que haga seguimiento del caso; y la segunda, que se solicite una veeduría internacional. Además, grupos de activistas interrumpieron la sesión y dieron sus testimonios.

María de Lourdes Mejía, madre de una chica desaparecida, exigió que se traten también los otros casos. Expresó que el caso de Bernal sea el punto de partida para una investigación integral y que el Estado dé respuesta a todos. Mientras que Janeth Sierra dijo que su hija Camila había sido víctima de femicidio y que la justicia no le daba respuestas de cómo avanza el proceso. La sesión de la Comisión se clausuró y Otavalo se dirigió al Pleno de la Asamblea.

En el Pleno

En la sesión del Pleno, Otavalo hizo un resumen de lo que había manifestado en las dos comisiones anteriores. Pero, con relación a otras sesiones de esta instancia, hubo una gran diferencia: los legisladores la escucharon en absoluto silencio, sin moverse de sus curules, sin salir al pasillo a tomar café, sin conversar entre ellos mientras el resto intervenía. Al inicio y al final la madre de la víctima fue aplaudida. 

Luego de su salida se debatió la propuesta de Desintonio, para que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que llevara el caso. A pesar de las buenas intenciones y de las promesas hechas, el debate terminó por politizar y partidizar el caso de María Belén Bernal. Los legisladores se enfrascaron en discutir a quién le correspondía el proceso, si a la Comisión de Garantías o a una Comisión Ocasional multipartidista, si está debería o no estar integrada sólo por asambleístas mujeres, si se había o no hablado con todas las bancadas; discutieron sobre si se encargaba a una comisión ocasional de qué servían las comisiones permanentes, si autorizaban o no que legisladores de determinada bancada sean parte de una Comisión ocasional. 

Al final, con 88 votos a favor, el Pleno decidió integrar una comisión ocasional con Cecilia Herrera, de la bancada correísta; Mireya Pazmiño, Pachakutik rebelde; Yeseña Guamaní, de la ID; Marjorie Chávez , del PSC; y Amanda Ortiz, independiente. 

Esta Comisión tendrá 30 días para presentar su informe y se prohíbe a las comisiones permanentes que traten el caso.