El asesinato del presidenciable se ha comparado con Luis Carlos Galán o con Luis Donaldo Colosio. ¿Qué similitudes tienen estos casos con lo que ocurre en Ecuador? Expertos lo analizan y dan opciones de salida para el país.

Y de repente, todo se detuvo. Sirenas, gritos, llantos y desesperación se tomaron las redes sociales con videos e imágenes de todo tipo. La noticia paralizó al país y fue el tema de conversación en pocos minutos: ‘Asesinaron a Fernando Villavicencio’.

El hecho ocurrió a pocos metros de la entrada al coliseo del colegio Anderson, al norte de Quito. Según registraron videos de redes sociales y medios de comunicación, alrededor de 40 disparos se escucharon luego de que el candidato por el movimiento Construye, lista 25 entrara a una camioneta para retirarse del lugar, donde se encontró con partidarios de su movimiento.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Desde organizaciones y entidades se confirmó el atentado contra el presidenciable. 

En redes sociales, usuarios y, personajes políticos y públicos relacionaron el asesinato de Villavicencio con momentos históricos de América; como el que vivió Colombia de 1989 con el asesinato del candidato presidencial, Luis Carlos Galán o México, en 1994, con el ataque armado perpetrado contra el candidato Luis Donaldo Colosio.

¿Qué tan parecidos son estos casos, que marcaron un antes y un después en los territorios, con el asesinato de Villavicencio? Expertos explican qué debería hacer Ecuador para no seguir los mismos caminos de violencia que otros países de la región.

‘Estelas del pasado’

A Sebastián Erdmenger, periodista mexicano, lo ocurrido en Ecuador le suena “familiar”. El suceso le recuerda el asesinato del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio en México, hecho que significó el ‘climax’ y el repunte de la violencia en el país contra políticos y medios de comunicación.

“Encuentro similitudes entre los dos asesinatos, pero también varias diferencias. Los asesinatos de los dos políticos parten de fenómenos distintos, según la información que tenemos a la fecha. Fernando Villavicencio había denunciado amenazas del crimen organizado y en el caso de Colosio, si bien nunca se ha tenido una verdad clara de qué ocurrió, se ha manejado siempre más bien como un crimen político, que del crimen organizado”, explica. 

Sobre el caso mexicano, cabe recordar que, Luis Donaldo Colosio fue asesinado el 24 de marzo de 1994, en medio de una multitud. Similar a lo ocurrido en el caso de Villavicencio, un hombre se abrió paso entre las personas para llegar al candidato. Esto, antes de sacar un revólver e impactar directamente contra Colosio. El político fue trasladado de emergencia al hospital de Tijuana, donde finalmente perdió la vida.

“El asesinato de Colosio en Tijuana vino a cerrar un año fatídico para México. Un año sin duda trascendental. En 1994 tenemos el levantamiento zapatistas en Chiapas, tuvimos otro asesinato político, que es el de Ruiz Macías; la devaluación del peso. Y sin duda alguna, el asesinato de Colosio que fue el gran evento del 94 y el que marcó el ‘climax’ de la violencia en el país”, dice el periodista.

La muerte violenta del político llegó al país en medio de la primacía del PRI en el Gobierno. En este contexto Colosio, quien era candidato oficialista y favorito a ganar las elecciones, se convirtió en un personaje crítico de quienes en ese entonces formaban parte del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, también del PRI. 

Erdmenger explica que las condiciones del asesinato de Colosio marcaron un antes y un después para el país. “Este fue el inicio del fin del PRI como ese gran partido monopolizador del Gobierno y del poder. Fue un parteaguas del México moderno y hasta ahora lo sigue siendo. De hecho, yo diría que el asesinato de Colosio puede considerarse uno de los eventos que marcaron una era, que se ve reflejada hasta hoy con la crisis de violencia que vive el país”.

Con esto concuerdan varios expertos, según detalla, quienes aseguran que la historia de México se rompió en 1994, siendo el inicio del camino de violencia que vive el país hasta la actualidad. “Fue un mensaje de que todo se vale”. 

Tras el asesinato de Colosio, el país cayó en una espiral de homicidios políticos que se mantiene. Según recopila un artículo de Forbes México, con información de la firma Etellekt, solo en un proceso electoral, del 7 de septiembre de 2020 al 6 de junio de 2022, México contó 102 políticos asesinados y 1.066 agresiones registradas.

Erdmenger asegura que lo mismo puede pasar en Ecuador, “según como se vaya tratando la crisis”. El periodista afirma que el asesinato de podría llegar a considerarse como uno de los puntos de inflexión que marquen un antes y un después en el país. Sin embargo, aclara, lo que pase después dependerá de las acciones del Estado, tanto del Gobierno actual como del que llegue a posesionarse a finales de 2023.

Quiebre en la sociedad

Sobre el caso colombiano, el asesinato de Luis Carlos Galán, otro magnicidio que se ha comparado con el caso de Villavicencio, se dio en 1989; años antes a lo que ocurrió en México. Galán fue candidato presidencial por el Partido Liberal. 

Previo a su asesinato, el político denunció al Cartel de Medellín y se proyectaba como uno de los favoritos para ganar las elecciones. Las investigaciones posteriores a su muerte determinaron que el ataque habría sido ordenado por líderes del narcotráfico, en complicidad con el Estado. 

Galán fue abatido por varias ráfagas de ametralladora, luego de haberse salvado semanas antes de otro atentado en su contra. Tras el ataque fue trasladado de urgencia a Bogotá, pero no sobrevivió. La muerte del político significó un punto clave en la lucha del Estado contra el narcotráfico en Colombia. Esto, también se vio reflejado entre la ciudadanía y la clase política; lo que en conjunto llevó a un repunte de la violencia impulsado por el crimen organizado y las guerrillas que operaban en el país.

Este evento intensificó el escenario de violencia que ya vivía Colombia. Cabe recordar que a penas dos años antes, Colombia ya lamentaba la muerte violenta de Jaime Pardo Leal, también candidato presidencial. Y esto no cesó. El país contabilizó un total de cinco candidatos presidenciales asesinados entre 1987 y 1995; tres de ellos formaron parte de un mismo proceso electoral. 

La violencia en el país vecino – con altos y bajos – no cesó en los años posteriores. En 2021, la Defensoría del Pueblo colombiana informó que al menos 145 activistas y líderes sociales fueron asesinados en el país. Para 2022, esta cifra creció a 169 líderes y activistas cegados por la violencia. 

Sobre la relación de estos hechos con lo que vive Ecuador, Simón Ordoñez, sociólogo y analista político, explica que, tal como ocurrió en Colombia, “este hecho puede ser un hito y podría suponer un quiebre muy fuerte en la sociedad ecuatoriana”. 

Explica, sin embargo, que este quiebre podría manifestarse en dos sentidos. Uno de los escenarios, “el más complicado”, implicaría que la sociedad se deje vencer y someter a una política de terror y de miedo a las bandas.

Para explicar el segundo escenario, el experto cita un ejemplo: “Hay un hecho que me parece súper relevante. Hubo un asesinato en España en 1997: el de un concejal, Miguel Ángel Blanco. Él fue primero secuestrado por ETA (organización terrorista nacionalista). A cambio de liberarlo pedían la liberación de todos los presos de la organización. Sin embargo, eso no se dio y desembocó en el asesinato del político. Esto generó un quiebre en España, que esperaría que se dé acá. Hubo una movilización, de las más grandes de España, donde toda la población se rebeló y se paró frente a los crímenes de ETA”.

Ordoñez detalla que finalmente este hecho fue el que marcó el final y el declive absoluto de ETA. Y es justamente a este levantamiento al que prefiere apuntar el experto como el “mejor escenario” para el país. 

¿Cómo evitar el camino violento?

Paco Moncayo, experto en seguridad, concuerda con Órdoñez. Él, ante el asesinato de Villavicencio, explica que “si no hacemos de esta tragedia un hito, un parte aguas para hacer bien las cosas, no vamos a salir adelante”.

Haciendo referencia al caso colombiano, el experto asegura que Ecuador debería tomar el ejemplo del país vecino y “fortalecer el Estado”. “No sólo las Fuerzas Armadas y la Policía; sino el Estado integralmente”. 

Moncayo ve en la corrupción una de las razones clave de la escalada de la violencia en el país, que esta vez terminó con la vida del candidato Fernando Villavicencio. 

“Se tiene la gran tarea de aislar a la política del crimen organizado. Analizar cómo se financian las campañas y de dónde sale tanto dinero. Todas estas estrategias ya están dadas al analizar ejemplos como el colombiano; no tenemos que inventar nada, solo aplicar buenas prácticas”, dice. “¿Qué combatía Fernando Villavicencio? La corrupción. Basta ver las declaraciones que él mismo dio cuando denunció que le habían amenazado. Dice quién, cómo y cuándo. Hay que hacer una investigación a fondo, esto no puede quedar solo en un borrón y cuenta nueva. No podemos olvidarnos del pasado, porque no se puede construir la paz sobre una ciénaga de corrupción y de miseria”, detalla. 

Entre las medidas urgentes a tomar, Paco Moncayo asegura que Ecuador debe exigir a los políticos, normas de conducta alineadas con principios fundamentales. Para esto, asegura, se debe sanear el Estado.

“Si vamos a seguir usando el poder para tener control de jueces y organismos para poner contralores,  funcionarios de control y asegurar la impunidad; no vamos a ninguna parte. Todo el que quiera participar en política debería pasar por el polígrafo para no permitir que gente corrupta venga a manejar el país”, recalca el experto con tono firme. “No se pueden perdonar fracasos”.

Por otro lado, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de ciudad de México, detalla también parte del proceso que debería seguir el país tras el asesinato del presidenciable en Ecuador. Él explica que existen tres niveles de análisis que deben ser contemplados en el país para tratar la crisis de seguridad actual.

El primero, se enfoca en la realidad interna de Ecuador. Para esto, el experto asegura que el país debe preguntarse qué diagnósticos se han realizado para tener claridad respecto a la violencia y la impunidad de los crímenes en el territorio. Aclara que es indispensable clarificar las condiciones que vive el país respecto a la seguridad. 

“Ecuador ha tenido importantes cambios que lo han llevado a la descomposición de la seguridad. Y el país debe dimensionar de qué está hecho el problema”, dice.

En Latinoamérica, según el experto, los diagnósticos frente a la inseguridad son en general débiles. Esto, a pesar de que la región es la que aporta la mayor proporción de homicidios violentos a la estadística mundial. “Más de la tercera parte de homicidios violentos del mundo se dan en América Latina y el Caribe, a pesar de que somos apenas el 8% de la población mundial. En la inmensa mayoría de la región no hay diagnósticos diferenciados de la seguridad ciudadana.  Hay sobreexposición de la delincuencia organizada y subexposición de otro tipos de violencias, que pueden ser y deben ser entendidas como procesos de descomposición del tejido social, donde se generan espacios de tolerancia social y de reproducción de las violencias de forma normalizada”.

Asegura que Ecuador debe comprender qué pasa en el territorio más allá de las notas de prensa y lo que dejan hechos como el asesinato de Villavicencio. De esta forma, el país lograría tener un conocimiento integral de qué impulsa la inseguridad y qué tipos de violencia vive el país. En caso de no tener respuestas a estas preguntas, el experto afirma que Ecuador debería invertir en capacidades de diagnóstico profundas, tanto a nivel nacional como local. 

El segundo nivel de análisis lo enfoca a nivel regional. “Ecuador forma parte de una región que vive una involución democrática a través del populismo punitivo, tal como sucede en México”. Con esto, López Portillo hace referencia a ofertas que se han visto en toda la región, ligadas a ofrecer “que la seguridad llegue desde las Fuerzas Armadas”.

“La experiencia del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana y la investigación internacional comparada confirma que las Fuerzas Armadas no deben ser la institución líder en la construcción e implementación de las políticas de seguridad. Sin embargo, sí deben ser un recurso de apoyo excepcional”, explica.

El experto asegura que en Latinoamérica se han normalizado las acciones de respuesta enfocadas, sobre todo, en la implementación de estados de excepción; dejando en las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la seguridad. La experiencia, sin embargo, demuestra que esto no funciona realmente. “Es una paradoja, porque estamos llegando a estas crisis por una descomposición del tejido social, pero también por una profunda incompetencia de los Estados en la región”.

Y es que los Estados de Excepción, según el experto, no sólo ponen en riesgo los derechos de las personas, acostumbrando a la población a la exención de derechos; sino también a los regímenes democráticos y constitucionales.

“La evidencia muestra que no se construye seguridad ciudadana duradera, la paz duradera, la justicia duradera, a través de las Fuerzas Armadas. Es así que, cuando Lasso promete seguridad a través de las Fuerzas Armadas está repitiendo una fórmula fracasada en la región”, dice. 

El tercer y último nivel de análisis lo expande a nivel global. Para esto, el experto mueve el enfoque al “paradigma prohibicionista y persecutorio de las drogas“. Asegura que esta política ha sido “terriblemente dañina para la región”. 

“Desafortunadamente, el liderazgo global hace imposible pensar que esto cambiará en el corto plazo”, asegura López Portillo. Esto, para él, permite prever que lo que se está viendo es el fortalecimiento y agudización de la delincuencia organizada, que opta también por cooptar instituciones para continuar realizando sus actividades, contra las que la región ha declarado la guerra.

“En este momento no podemos saber si el asesinato de Villavicencio se dio a manos de la delincuencia dedicada al narcotráfico. Pero si fuera el caso, esto es parte de una historia regional donde el paradigma prohibicionista de las drogas, que además produce tres grandes consecuencias como la generación de riquezas con recursos de procedencia ilícita, riquezas inconmensurables asociadas directamente a la prohibición; lo que a su vez también dota de mayor capacidades económicas y armamentistas a las organizaciones delictivas”, dice. 

En esta lista, el experto también incluye a la corrupción y afectación directa de la población en condiciones de pobreza. 

López Portillo explica que si Ecuador no genera competencias civiles y profesionales para construir políticas de estado de seguridad, justicia y paz; “y en cambio recarga en las Fuerzas Armadas la solución: estará caminando por una puerta falsa como lo está haciendo México también. Y como lo hacen cada vez más países en la región”.

Para él, no hay soluciones a corto plazo; aunque dependerá mucho de las acciones inmediatas el futuro a corto, mediano y largo plazo del país. 

“La historia internacional demuestra que lo que se necesitan son políticas de seguridad ciudadana multidimensionales, integrales que involucren a múltiples instituciones con liderazgo civil”, enfatiza.

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