En el proyecto de Ley remitido a la Asamblea constan 12 delitos, incluidos financiación del terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, secuestro extorsivo… Para el narcotráfico en alta escala, por ejemplo, la prisión pasaría de entre 5 y 7 años a entre 19 y 22.
Una vez que el Ejecutivo remitió a la Asamblea los cinco proyectos de Ley para cumplir con los resultados de la consulta popular, en aquellas preguntas que le fueron favorables, están corriendo los 60 días que tienen los asambleístas para tratar los articulados propuestos. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, indicó que el primer paso que se debe dar es a nivel del Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde se definirá si se los remite a una comisión especializada, en cuyo caso solo interviene el CAL; o se integra una comisión ocasional multipartidista, decisión que deberá ser ratificada por el Pleno de la Asamblea.
Aunque no se ha llegado a consensos sobre esta última alternativa, sí tiene el respaldo de la mayoría de legisladores. El tema que no se resuelve es cómo quedaría integrada esta Comisión, ya que, según la Ley de la Función Legislativa, su número de integrantes no puede ser mayor a siete. Cuatro de esos cupos serían para las bancadas legalmente constituidas: Construye, PSC, Revolución Ciudadana y ADN, con la posibilidad de que una de esas bancadas tenga doble cupo.
El problema que se presenta es a quién asignan los cupos restantes si hay siete grupos de minoría, como Pachakutik, que tiene cinco legisladoras; o Avanza, que tiene dos legisladores, pero que tienen aspiraciones de integrar dicha comisión, según lo han manifestado Mariana Yumbay (PK) y Pedro Velasco (Avanza).
“Todos esperamos una conformación multisectorial; es decir, una comisión que abarque a todos los asambleístas en representación de las distintas bancadas”, aseguró Adrián Castro, del oficialismo. Lucia Posso (Avanza) informó que durante una reunión del Frente Parlamentario Independiente, que reúne a algunas minorías legislativas, su nombre fue escogido para que los represente en la comisión ocasional.
Los proyectos de Ley
Los proyectos de Ley remitidos a la Asamblea de acuerdo con las preguntas aprobadas y que necesitan tratamiento legislativo están relacionados con el incremento de penas; que los presos cumplan la totalidad de las penas dentro de las cárceles; tipificación del delito de tenencia y porte de armas; que las armas que hayan sido usadas en un delito se destinen al uso inmediato de las fuerzas del orden; y que se simplifique el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Hoy presentamos el contenido del proyecto de Ley para el incremento de penas, por lo que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP):
– Terrorismo. La pena actual es de 10 a 13 años y se propone que sea de 19 a 22 años. La pena actual puede llegar hasta a 16 años si, por ejemplo, la persona se apodera de un transporte terrestre o daña por cualquier medio una instalación pública o privada. En este caso la propuesta es incrementar la pena a entre 22 y 26 años. Y si ese acto terrorista causa la muerte de una persona la condena actual está entre 22 y 26 años; el Ejecutivo pide que se suba entre 26 y 30 años.
– Financiación del terrorismo. La norma actual sanciona con prisión de entre 7 y 10 años. Con la reforma pasaría a entre 22 y 26 años de cárcel.
– Producción de droga. Se sanciona con pena de entre 7 y 10 años; la propuesta es que sea de entre 13 y 16 años. La producción de precursores o químicos usados para la elaboración de drogas se sanciona actualmente con prisión de entre 3 y 5 años; el Ejecutivo propone que sea de entre 7 y 10 años.
– Tráfico de drogas. En mínima escala, se sanciona con prisión de entre 1 y 3 años; pasaría a prisión de entre 3 y 5 años. En mediana escala es de 3 a 5 años, pero pasaría a entre 5 y 7 años. En alta escala es de 5 a 7 años y se propone que sea de entre 19 y 22 años. A gran escala, la sanción actual es de 10 a 13 años y se propone que pase a entre 22 y 26 años.
El tráfico de precursores o químicos, que hoy se sanciona con prisión de entre 5 y 7 años, pasaría a entre 7 y 10 años.
– Delincuencia organizada. La pena mínima actual es prisión de entre 7 y 10 años, pero pasaría a entre 22 y 26 años. A los colaboradores, que con la normativa actual se les sanciona con prisión de entre 5 y 7 años, con la reforma podría pasar a entre 10 y 13 años en la cárcel.
Además, el COIP contempla que si esa delincuencia organizada actúa para cometer sicariato, secuestro, trata de personas, terrorismo, tráfico de drogas, entre otros, la pena es de 10 a 13 años de cárcel y para el colaborador, entre 7 y 10 años. El Ejecutivo propone que en el primer caso sea de 26 a 30 años de cárcel; y de 19 a 22 años de prisión en el segundo caso.
– Asesinato. Se sanciona, al momento, con cárcel de entre 22 y 26 años y pasaría a entre 26 y 30 años.
– Sicariato. La pena mínima va entre 22 y 26 años de cárcel; se propone que sea entre 26 y 30 años. La oferta para cometer un sicariato, que hoy se sanciona con penas de entre 5 y 7 años de cárcel, pasaría a entre 7 y 10 años.
– Trata de personas. La pena mínima actual va entre 13 y 16 años de prisión y pasaría a entre 16 y 19. Si el delito se comete contra grupos vulnerables, o si entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva, por ejemplo, la pena actual es de entre 16 y 19 años de prisión; el Ejecutivo quiere que sea de entre 19 y 22 años. Si la trata ha dejado enfermedades o daños sicológicos o físicos graves o de carácter irreversible en la víctima, se sanciona con prisión de entre 19 y 22 años y podría pasar a entre 22 y 26 años. Si muere la víctima, la pena actual es entre 22 y 26 años de cárcel; la reforma propone que sea entre 26 y 30 años.
– Secuestro extorsivo. La pena mínima que va de entre 10 y 13 años de cárcel, pero podría pasar a entre 13 y 16 años y podría ser aumentada en un tercio, de darse ciertos casos, de acuerdo con la reforma. Si la víctima muere, la condena es entre 22 y 26 años de cárcel, que podría pasar a entre 26 y 30 años.
– Tráfico de armas. Actualmente, la pena mínima va entre 5 y 7 años de cárcel, pero podría ser de entre 16 y 19 años. Al momento, el COIP sanciona con prisión de entre 7 y 10 años para la persona u organización delictiva que financie esa actividad ilícita; pena que podría ser de entre 19 y 22 años. Si son armas químicas o biológicas, se sanciona con prisión de entre 10 y 13 años, y cambiaría a entre 22 y 26 años. Penas actuales y futuras que se aplican o aplicarán si ese tráfico de armas es para un conflicto bélico.
– Lavado de activos. La pena actual va entre 1 y 13 años de cárcel, dependiendo del monto y de las circunstancias. Con la reforma esa pena iría de entre 5 y 22 años.
– Actividad ilícita de recursos mineros. La pena mínima actual es 5 años de cárcel y la máxima de 13. Todo depende de si es minería artesanal o si se afecta al medio ambiente; la máxima pena se aplica si esa actividad es impulsada por la delincuencia organizada. Con la reforma, los rangos de la pena cambian: 16 como mínimo y 30 como máximo, en idénticas circunstancias.
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