El Gobierno ha establecido los primeros lineamientos para la fusión de la Senescyt con el Ministerio de Educación. Sin embargo, las preocupaciones de varios sectores por estas medidas siguen latentes.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) tiene sus días contados. Todo, por un proceso que inició con el anuncio de la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, sobre la fusión de varios Ministerios y Secretarías y que se confirmó el 14 de agosto. Ese día, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 100, el presidente, Daniel Noboa, dispuso que la Senescyt deje de existir como ente independiente y pase a integrarse dentro del Ministerio de Educación. Así, en adelante, la Senescyt junto con los ministerios de Cultura y Deporte, será parte de un ‘mega ministerio’ que llevará el nombre de Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
El Gobierno enmarcó esta decisión en el plan de Eficiencia Administrativa, con el que pretende reducir la estructura del Estado. Esto conlleva la reducción de 20 ministerios a 14 y de 9 secretarías a apenas 3. Según el Ejecutivo, la fusión permitirá “eliminar duplicidades, optimizar recursos y mejorar la articulación interinstitucional”.
En términos prácticos, según el decreto, la Senescyt operará durante un periodo de transición como un Viceministerio dentro de la nueva cartera. Y sus competencias, que incluyen el control de la educación superior, la gestión de becas y la política de investigación científica, no desaparecerán, sino que se trasladarán de manera íntegra a la nueva estructura.
La Portavoz presidencial, en uno de sus mensajes a los medios de comunicación, señaló que la integración tomará entre tres y seis meses, un lapso en el que deberán incorporarse los bienes, presupuestos, funcionarios, activos y pasivos de la Senescyt sin interrumpir el servicio a los ciudadanos. Además, el decreto establece que todos los planes, programas, proyectos y convenios que actualmente maneja la Secretaría continuarán en marcha, desde el registro de títulos universitarios hasta los programas de becas nacionales e internacionales. El Gobierno ha insistido en que “los usuarios no verán afectados los servicios durante la transición”.
Con este movimiento, Noboa consolidó una de las medidas más polémicas de su reestructuración estatal. Para sus simpatizantes, se trata de un paso hacia un Estado más ágil y menos costoso. Para críticos y sectores académicos, en cambio, es un golpe a la institucionalidad de la educación superior, un terreno donde el país había construido, durante más de una década, una institucionalidad propia y especializada a través de la Senescyt.
Pero, ¿cómo se puede realmente analizar esta acción del Gobierno y qué cosas se ponen en riesgo? Para entender esto, antes, se debe conocer de dónde viene esta institución y su relevancia.
Historia y legado
La Senescyt nació en 2010 como parte de la reforma educativa que siguió a la Constitución de Montecristi. Desde entonces, asumió un papel que ningún otro organismo del Estado había tenido hasta ese momento, la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Su creación coincidió con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y con la fusión de la antigua Senescyt, lo que le dio rango ministerial y competencias amplias.
En la práctica, la Secretaría se convirtió en el enlace directo entre el Gobierno y las universidades, y con ello en un actor clave para definir el rumbo de la academia en el país. Su primer accionar fue, de hecho, uno de los más recordados: la clausura de 14 universidades de baja calidad en 2012, tildadas por el correísmo de aquel entonces como “universidades de garaje”. Aquella decisión buscó depurar el sistema y garantizar estándares mínimos de calidad. Aunque polémica acción, marcó un antes y un después en el debate sobre qué significa ofrecer educación superior en Ecuador, o así lo afirman los expertos.
La Senescyt también transformó el ingreso a la universidad. Hasta entonces, cada institución definía sus propios exámenes o procesos de admisión, lo que abría la puerta a discrecionalidad y desigualdades. A partir de 2012, se instauró un examen nacional unificado, primero con el ENES y luego con Ser Bachiller y Transformar. Con ese sistema, la asignación de cupos se hacía de manera centralizada y con base en méritos, algo que buscaba democratizar el acceso a la educación pública. Aunque en 2022 el mecanismo fue eliminado para devolver mayor autonomía a las universidades, durante casi una década representó una de las políticas más visibles de la Senescyt.
Pero sí de su historia se habla, otro de sus legados ha sido el programa de becas. Entre 2010 y 2015 se entregaron más de 11.500 becas para estudios de tercer y cuarto nivel, muchas de ellas en universidades extranjeras de alto prestigio. Este tipo de programas permitieron que miles de jóvenes ecuatorianos accedieran a maestrías y doctorados en más de 40 países. En su momento, Ecuador llegó a ser el país de Sudamérica con mayor número de becarios en proporción a su población.
Sin embargo, la Senescyt no se limitó a regular ni a financiar. También fue promotora de nuevas instituciones públicas con perfiles especializados. Así nacieron la Universidad Yachay, enfocada en ciencias e ingeniería; Ikiam, en la Amazonía, orientada a ciencias de la vida; la Universidad Nacional de Educación (UNAE), para formar docentes; y la Universidad de las Artes (UArtes), con sede en Guayaquil. Todas ellas respondieron a la idea de diversificar y descentralizar la oferta académica; pese a que las condiciones políticas y el mal manejo denunciado por varios sectores terminaron minando la labor de algunos de estos proyectos.
Más allá de estos hitos, la Secretaría de Educación Superior ha cumplido también otras labores como el diseño políticas curriculares, el impulso mecanismos de aseguramiento de la calidad, el fomento de redes de conocimiento y la coordinación con el Consejo de Educación Superior (CES) y el CACES para los procesos de acreditación y evaluación de las universidades. Todo, centralizando el manejo de la educación superior en una institución
Quince años después de su creación, y con más de 60 universidades y 55 institutos bajo su cargo, la Senescyt dejará de operar como entidad independiente, lo que cambia una vez más el tablero de juego. Su desaparición como ente autónomo plantea una pregunta inevitable, ¿será posible que un Ministerio, ya sobrecargado de responsabilidades, mantenga y dé continuidad a estas labores?
Análisis
Desde el anuncio de la fusión, no se tardó en encender un debate en el mundo académico. Desde universidades, gremios y expertos, las reacciones oscilaron entre la cautela y la alarma, con un hilo común, la preocupación por el futuro de la educación superior.
La Universidad de Cuenca, bajo la rectoría de María Augusta Hermida, fue una de las primeras en pronunciarse. En un comunicado oficial advirtió que la absorción de la Senescyt significaba un debilitamiento de la política pública especializada en investigación científica e innovación, y que una decisión de este tipo implicaba renunciar a una estrategia de desarrollo basada en el conocimiento y el valor agregado. “Este camino puede aumentar la dependencia del país de un modelo primario y conllevar impactos sociales y ambientales negativos”, dijo la institución, que además reclamó la falta de una estrategia educativa sólida y participativa antes de una medida de esta magnitud.
La Universidad de las Artes (UArtes) se sumó con un comunicado de “profunda preocupación”. Su rector, William Herrera, sostuvo que la integración de la Senescyt y del Ministerio de Cultura en Educación podría significar un retroceso significativo en la prioridad política y sostenibilidad estratégica de la educación superior, la ciencia y la cultura. Para esta universidad, en un contexto de crisis social, lo que se necesita es fortalecer y no diluir estas áreas que son “herramientas esenciales para la transformación social”.
Y es que personajes como la exministra de Educación, Monserrat Creamer, han advertido que integrar todos los niveles educativos puede tener ventajas, como articular mejor la transición entre secundaria y universidad. Pero, al mismo tiempo, Creamer alertó que una fusión apresurada podría generar más conflictos que soluciones. “Es imprescindible un diagnóstico exhaustivo y fases bien planificadas”, dijo, enfatizando que el riesgo está en tomar decisiones apresuradas sin evidencia y sin previsiones claras.
En esa misma línea, la experta en Educación, María Sol Villagómez, calificó la medida como una decisión arriesgada por la magnitud del trabajo que implica. Recordó que la Senescyt tiene bajo su responsabilidad no sólo la regulación de la educación superior, sino la vigilancia de la calidad de su oferta en un país con más de 60 universidades y escuelas politécnicas. “La Senescyt ha cumplido un papel importante en la generación de políticas curriculares, de aseguramiento de la calidad y en el fomento de redes de conocimiento, lo que ha permitido sostener un sistema que ha ganado impulso en la comunidad académica internacional”, dijo.
La experta también destacó que el Ministerio de Educación tiene un mandato distinto, uno enfocado en hacerse cargo de los niveles obligatorios, desde la educación inicial hasta el bachillerato. “Las responsabilidades en estos niveles educativos son distintas a las de la educación superior”, aclaró.
Para ella, el gran desafío de la fusión será mantener la autonomía de cada nivel y evitar que se diluyan sus funciones. Añadió una advertencia sobre la situación actual, debido a que el propio Ministerio de Educación no ha logrado cubrir con suficiencia su mandato. “Hay muchos niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, la infraestructura escolar es precaria e insuficiente y los docentes trabajan en contextos muy complejos, sobre todo en los sectores más inseguros. Darle más funciones a un solo Ministerio puede ser complicado para una buena gestión”.
Todo esto ha llevado también a que la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) exprese su rechazo a la medida y plantee dudas sobre lo que pasará con los exámenes de ingreso, las becas y los cupos universitarios. Esto, a pesar de que el Gobierno respondió asegurando que los programas en curso se mantendrán sin interrupciones y que los servicios al ciudadano, como el registro de títulos, seguirán funcionando durante la transición.
En medio de este panorama, el futuro de la educación superior en el país todavía es un misterio. Sin embargo, expertos y entes activos de este sector aseguran que es necesario vigilar el proceso y el correcto funcionamiento a futuro de este sector educativo en el país.
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