Casi el 80% de la energía que produce Ecuador depende de que llueva. A diferencia de Perú, que asegura su generación eléctrica con 14 trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural y contratos que brindan estabilidad jurídica a las inversiones, Ecuador se ve obligado a invertir $1.200 millones en generación térmica de emergencia. Una nota que podría ayudarte a entender por qué se va la luz en tu casa o tu negocio. 

POR: Juan Camilo Escobar

Ecuador enfrenta su tercera ronda de apagones desde octubre de 2023, en un marcado contraste con los anuncios del Gobierno sobre energías limpias a principios de año.

En febrero, el presidente, Daniel Noboa, presentó el “primer mapa solar del país”, destacando la apuesta por convertirse en un referente en la generación de energías renovables. «El Nuevo Ecuador apunta a ser un referente en la generación de energías limpias no convencionales y amigables con el medio ambiente», afirmó el mandatario en esa ocasión.

Sin embargo, siete meses después, la realidad presenta un panorama diferente. El Gobierno ha recurrido a la contratación de emergencia de generación térmica, mediante motores de combustión interna, las bestias rugientes del pasado industrial, para añadir 928 megavatios hora al sistema eléctrico con un déficit estimado por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) en 1.080 megavatios. 

Para este tipo de producción eléctrica de emergencia, con la tradicional tecnología contaminante, el gobierno prevé una inversión de $1.208 millones, lo que representa el 80,5% de los 1.500 millones de potencial de inversión en proyectos con tecnología limpias que, con el “primer mapa solar” en la mano, ofreció impulsar el presidente Noboa.

¿Por qué Ecuador depende de las hidroeléctricas?

El informe anual de 2023 del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) sólo confirmó una realidad que ya muchos anticipaban: la fuerza del agua sigue dominando el panorama eléctrico del país. Con una producción neta de 31.903 gigavatios hora, las centrales hidroeléctricas aportan el 79,04% de la energía, mientras que las térmicas añadieron un 15,37%. Pero más allá de estos gigantes, apenas un 1,44% de la generación provino de fuentes no convencionales.

De esta última categoría, oficialmente catalogada como “fuentes renovables”, el 44,19% correspondió a producción eólica, que aprovecha la fuerza del viento; el 40,23% a biomasa; el 8,03% a biogás, y 8,03%, y finalmente, la luz del sol, que con toda su generosidad apenas logró un 7,54% a través de la generación fotovoltaica.

¿Las consecuencias de esa dependencia? Por ahora, el país sigue enfrentando una quinta semana consecutiva de apagones, esta vez de hasta 10 horas diarias no continuas, con dos horarios que paralizan actividades cotidianas de todo tipo. 

A esta altura, los ecuatorianos se han vuelto verdaderos expertos eléctricos y saben que la única solución real, efectiva y concreta “en el corto plazo”, no depende de las acciones que afirma realizar el Gobierno, sino de las lluvias.

Análisis

Alfredo Mena, director ejecutivo de la Corporación para la Investigación Energética en Ecuador, lamentó la falta de una visión estratégica y de una política de Estado para aprovechar el potencial de las fuentes renovables, que siguen siendo una promesa. 

En el caso de la energía geotérmica, por ejemplo, el potencial superaría los 300 megavatios, es decir, el equivalente al 27,78% de los 1,080 del actual déficit de electricidad estimado oficialmente por el Cenace. 

”Es difícil predecir el potencia de aporte de electricidad mientras no se conviertan en estudios específicos”, dijo, al recordar algunos proyectos para convertir en electricidad el gran calor interno de la tierra en la zonas cercanas a los volcanes Chalupas (en Cotopaxi) y Chile (en Carchi).

Mena también lamentó que, por décadas, los diferentes gobiernos de turno no sólo han postergado, sino incluso bloqueado nuevos proyectos de generación con fuentes renovables como la energía solar, geotérmica y eólica. Recordó, por ejemplo, que hace 15 años, por decisión directa del entonces presidente, Rafael Correa, se suspendió un convenio para que la Universidad de las Fuerzas Armadas financiara los estudios del proyecto geotérmico Chachimbiro, ubicado en Urcuquí, Imbabura, con el fin de generar al menos 40 megavatios de energía limpia aprovechando recursos geotérmicos con temperaturas superiores a los 200 grados centígrados.

“En estos 15 años ya habríamos tenido una buena perspectiva para comenzar con la geotermia en Ecuador. El problema es que los gobiernos son insensibles a las necesidades del país”, cuestionó Mena.

Este cuestionamiento sobre el retraso del proyecto geotérmico tiene validez, y muestra de ello es una reciente decisión tomada por los gobiernos de Ecuador y Japón para retomar la iniciativa. Como es de conocimiento público, el pasado 3 de octubre ambos gobiernos firmaron un contrato de crédito por 43 millones de dólares para financiarlo.

Mena también recordó otros proyectos postergados, como el de generación de 70 megavatios con energía eólica en la zona de El Aromo, en Manabí. Otro pequeño proyecto, de apenas 400 kilovatios, con equipos igualmente reducidos, para aprovechar el caudal de un canal de riego de Carchi, ha estado paralizado desde hace 4 años.

GRAVE ADVERTENCIA Y EJEMPLO DEL VECINO

En medio de este contexto, de años de postergación de proyectos eléctricos, Mena emitió una de las advertencias más graves que un experto en electricidad pueda realizar en la quinta semana de apagones que enfrenta Ecuador: “Si no hay un compromiso adecuado para desarrollar los proyectos hidroeléctricos, de energías no convencionales y de energía en general, no podremos hacer nada, y tendremos que acostumbrarnos a los apagones, como ya está ocurriendo”.

Pero estos apagones, que paralizaban al país con graves consecuencias en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ya son historia, parte de una pasado que ya superó el vecino país del sur, Perú. 

Consultado por Ecuador Chequea sobre cómo se logró superar esa página histórica, César Butrón Fernández, uno de los consultores más respetados en materia de electricidad y energía en Perú, señaló directamente la combinación de dos “grandes factores”: contar con “trillones de reservas probadas de gas natural propio” y la existencia de reglas de mercado que facilitan su explotación.

Butrón recuerda que en 1992 se implementó una reforma en las normas que regulan el mercado eléctrico, introduciendo los “contratos-ley”, protegidos por la Constitución y que, según él, “no pueden ser modificados por ninguna autoridad”. Estos contratos proporcionan seguridad jurídica a las empresas que deciden invertir en el mercado nacional, asumiendo grandes riesgos financieros en proyectos de generación de electricidad mediante la explotación de gas, que hoy en día satisface más del 40% de la demanda energética del país.

A esto se agrega un “tercer factor determinante”, explica Butrón, de la incorporación de energía renovable con inversiones privadas “con un precio asegurado durante un número de años definidos, a largo plazo, para que puedan venir las inversiones”.

Butrón también citó estudios actuales que señalan que el 8% de la matriz de generación energética del Perú es energía renovable, como el sol y el viento. Del 92% restante, por lo menos el 45% es gas natural y el resto es hidroeléctrico.

El experto también consideró que Ecuador debe realizar un estudio detallado de las reservas probadas de gas natural antes de emprender proyectos de generación eléctrica. “Es necesario establecer cuánta cantidad de gas natural se necesitaría, ya que este tipo de iniciativas requieren grandes volúmenes de ese recurso”, precisó Butrón. “Perú cuenta con reservas de 14 trillones de pies cúbicos de gas. Es con estas reservas que se sostiene la generación eléctrica del país”.

Butrón enfatizó que el papel del Estado debe centrarse en áreas clave, como salud, educación, seguridad y defensa, y que el desarrollo de proyectos de generación eléctrica puede ser liderado por el sector privado. “No tiene sentido que el Estado use sus limitados recursos, provenientes mayormente de los impuestos, en actividades que pueden ser desarrolladas por la inversión privada, la cual está bien regulada por la normativa vigente. Tampoco es que los privados pueden actuar sin control”, aclaró.

El consultor también subrayó la importancia de que el sector privado asuma los riesgos de inversión, mientras el Estado se enfoca en sus responsabilidades principales. “En Perú, el Estado se encarga de lo que le corresponde, y los privados invierten asumiendo riesgos que el Estado no puede asumir. Además, existen múltiples mecanismos anticorrupción que permiten al sector privado identificar proyectos, evaluar su viabilidad según los precios de mercado y ejecutarlos con su propio financiamiento, sin que sea el Estado quien los contrate”, concluyó.

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