Hoy se conmemora el Día Internacional del Refugiado y Ecuador llega con un buen tramo avanzado, pero aún un camino por recorrer: se debe mejorar en una inclusión real. Sólo en los cuatro primeros meses de 2024, se han presentado 6.388 solicitudes. 

POR: Martina Lapo Robayo

“Somos ciudadanos del mundo”, les dice Johanna Aguirre a sus dos hijos. Cuando salieron de Colombia por una serie de amenazas que recibieron, la mayor tenía 5 años y el menor 5 meses de edad. Guardan pocos recuerdos de su primer hogar —ahora tienen 15 y 9 años—, pero su madre les enseña que no pertenecen a una sola nación, sino al mundo entero. “Hemos migrado desde desde el inicio de los tiempos, ¿no? Entonces, yo les digo no se apeguen. Queremos al Ecuador, nuestro segundo hogar, tal vez algún día volvamos a Colombia, ojalá; o tal vez nos toque irnos a otro lugar y tenemos que ser resilientes. Creo que eso es una de las cosas que hay que enseñarles a las nuevas generaciones porque, si no, sufren mucho por dejar lo que han tenido”. 

Johanna, que tiene estatus de refugio en Ecuador, salió del Valle del Cauca con su familia en el 2015. Al llegar, afrontaron varias dificultades, como la búsqueda de una vivienda. “Nos decían: ‘ustedes son colombianos, ¿no? Si son colombianos, no les podemos arrendar porque vienen a hacer cosas raras’”. La familia solicitó una visa humanitaria, aplicación de la que desistieron después de esperar 6 años por una respuesta. Actualmente, tienen la visa Mercosur, que, a diferencia de la primera, no cuenta con protección internacional. 

Johanna con su familia en Ecuador. Cortesía.

¿Por qué viene a colación esta historia? Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado, por lo que se conmemora los derechos, necesidades y sueños de las personas desplazadas, como Johanna y su familia. La fecha fue escogida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2001 y coincide con la firma de la Convención de 1951, donde se definió al término ‘refugiado’ y se declaró el derecho de no devolución. 

Desde entonces, la definición ha evolucionado, pero varios países se han acogido a la descrita en el documento para formular la propia. En Ecuador la Ley de Movilidad Humana (2018) sostiene que una persona se reconoce como refugiada cuando tiene “temores fundamentados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”. Y tal persona ya no puede acogerse a la protección de su propio país por dichos temores. 

También se agrega que se considera ‘refugiado’ a todo aquel que “ha huido o no pueda retornar a su país porque su vida, seguridad o libertad ha sido amenazada por la violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. 

De acuerdo con datos de la Cancillería, entre 1978 y abril del 2024, Ecuador ha aceptado las solicitudes de 77.250 refugiados. Esto es un poco más de la población de Pedernales, Manabí, que según el Censo del 2023 cuenta con 70.408 habitantes. 

Histórico Refugiados Reconocidos. 

Mover el cursor a lo largo del gráfico para visualizar cuántas personas fueron aceptadas por año. 

Una de las fundaciones que apoyan a los refugiados es Caritas, creada en 1897 en Alemania. En Ecuador, aportan en temas de economía social y solidaria, gestión de riesgos, formación académica y movilidad humana. 

Marisol Delgado trabaja en Caritas Ecuador desde hace 5 años. En su puesto como técnica en asistencia humanitaria ha visto que la mayoría de solicitantes de refugio son colombianos y venezolanos. A estos últimos, se les suele negar el estado de refugiado porque no encajan con la definición. 

“La población venezolana está saliendo por un tema más social, por la crisis económica del país”, explica. En la mayoría de los casos no se puede probar que su vida en Venezuela se ve amenazada por un factor externo, como un desastre natural o una persona. Sin embargo, ella clarifica que “dentro de este contexto, hay personas que obviamente sí salen amenazadas, ya sea por el Gobierno, por un grupo delictivo de Venezuela u otros factores”. 

La técnica también recalca que los grupos a los que se les concede la visa humanitaria, posteriormente deben enfrentar otros retos, como encontrar trabajo o ejercer ciertos derechos básicos y universales. “Ya en la práctica, en los sistemas de salud y en el sistema de educación hay limitantes. Hay que ir reforzándolo todo el tiempo para que puedan acceder y no les pongan trabas adicionales”.

Cifras de la Cancillería resaltan que, entre enero y abril del 2024, se recibieron 3.274 solicitudes de refugio de venezolanos. La mayoría fueron presentadas por mujeres: 1.704.   

Solicitantes por país de origen y género. 

Una de las personas que ha evidenciado la discriminación hacia los solicitantes venezolanos es Nina Guerrero, abogada en la Defensoría Pública. Ella trabaja con refugiados desde el 2017. En ese entonces, la migración venezolana se aceleró; de hecho, según la ONU, “creció entre 2015 y 2017 casi un 110 %, al pasar de 700.000 personas a un millón y medio”. 

En esa época, para solicitar el refugio, las personas debían acercarse a las oficinas de la Cancillería y atender a una entrevista en la que los defensores no podían estar presentes. Al leer los expedientes de lo declarado, Guerrero notó que se solía incluir un párrafo que decía: “Además [el solicitante] comenta que no le alcanzaba para comprar bujías, repuestos de vehículos, pañales y leche para bebé”, entre otros. Cuando ella les cuestionaba a sus clientes si habían declarado eso, obtenía respuestas como: “Pero doctora, yo ni siquiera tenía carro”, “nunca hablé de eso, yo ni siquiera tengo hijos, ¿por qué voy a estar comprando pañales y leche?”.

La mayoría de los solicitantes ni siquiera se enteraban de la inclusión del párrafo porque “no les dejaban revisar sus propias declaraciones. La amenaza era: si no firma, le negamos”, comparte Guerrero. Entonces, la abogada demandó estar presente en las entrevistas, presencia que se le concedió, pero sin derecho a hablar. 

“Ratito”, respondió la defensora, quien al no tener ‘pelos en la lengua’ pudo confrontar al monopolio que manejaba Cancillería. “Yo puedo opinar porque soy la abogada, yo voy y puedo objetar las preguntas que ustedes están haciendo”. 

Actualmente, es normal que los defensores entren a las audiencias e intervengan en el proceso. Sin embargo, hay una nueva práctica que le preocupa. Por lo general, recibe perfiles de madres que llegan con sus hijos, ya sea huyendo del padre o de un grupo delictivo al que él pertenece. En algunos casos, piden el reasentamiento en otro país porque Ecuador ya no es un lugar seguro para ellos. Antes, podían salir con una declaración juramentada; pero hace unos meses, se dispuso que estos permisos sean tramitados ante la Justicia y que los defensores públicos sean quienes patrocinen a las víctimas. 

“Yo no puedo iniciar un proceso judicial para citarle al papá, porque eso implicaría violar el principio de no devolución, eso significaría una forma de entrega”, recalca Guerrero, al referirse a que este proceso podría implicar un reencuentro con el agresor o con el peligro. 

Sin embargo, en el reglamento de los defensores no consta tratar con permisos de salida, por lo que los casos se remitieron a consultorios jurídicos privados. Ella ha conocido que, de los cerca de 60 casos que remitió la Defensoría, entre 3 y 4 han logrado salir del país. Lo supo después de que publicaran los nombres de madre e hijo en los periódicos, informando de su salida. 

“No pueden estar jugando a la lotería”, dice Guerrero. “Rogando a Dios que nadie lea que este niño va a salir por reasentamiento, rogando a Dios que nadie lea que este niño está con su mamá y están aquí”. 

Los temores de Guerrero están fundamentados, pues otros agentes de movilidad humana los han visto, como Marlene Murillo, técnica de incidencia nacional en Caritas Ecuador desde el 2018. Ella recuerda casos de refugiados colombianos que son identificados por los grupos delictivos de los que huían. “Les dicen ya sé dónde te encuentras, ya te tenemos ubicado, te vamos a dejar como dejamos a tu familia y les mandan incluso el cuerpo desmembrado de la familia en sacos”. 

Las víctimas han tratado de denunciar las amenazas en la Fiscalía General; sin embargo, estas no han podido ser recibidas porque no cuentan con un nombre y apellido de los agresores, sólo saben que pertenecen a una banda delictiva. “Creo que también es una de las brechas y uno de los retos bastante fuertes que tiene la población solicitante y refugiada porque no pueden acceder a la justicia”. 

Murillo también que recalca que la mayoría de los refugiados enfrentan prejuicios sociales al momento de buscar trabajo, sobre todo la población negra. “A veces les rechazan”, dice. 

En esta línea, Belén Carillo, directora nacional del Servicio de Jesuitas para Refugiados, advierte que se suelen difundir notas en medios de comunicación y posteos en redes sociales que asocian a la violencia con los migrantes y refugiados. “Estamos pasando por una situación un poquito crítica y creo que, en estos últimos dos años, el aumento de violencia se vincula mucho a las personas extranjeras y esto es una desinformación”. 

Sólo entre el 24 de abril y el 14 de junio, Ecuador Chequea ha realizado un total de 20 verificaciones sobre el tema de migración. Una de las más recientes, afirmaba que hay 3.000 presos extranjeros en las cárceles, entre colombianos y venezolanos. Sin embargo, se determinó que, en verdad al juntar a los reclusos de ambas nacionalidades, hay 2.814. Así mismo, se ha demostrado la baja incidencia de inmigrantes tanto en los delitos como en las cárceles. 

Red al Rescate, un proyecto español que lucha contra la desinformación, resalta que las notas con información errónea que perjudica a migrantes les pueden causar cuadros de patologías mentales como estrés y ansiedad, se pueden crear estereotipos negativos y su integración a la sociedad puede ser más difícil. “Cuando se difunde desinformación sobre los migrantes, se fomenta la idea de que no están interesados en contribuir positivamente a la sociedad. Esto crea barreras adicionales para la integración y puede conducir a la segregación de comunidades”. 

Para combatirlo, la red recomienda promover la alfabetización mediática tanto en migrantes como en la sociedad. “Esto ayudará a las personas a desarrollar habilidades críticas para evaluar la información que consumen”. 

El Servicio de Jesuitas para Refugiados atiende en promedio a 10.000 personas por año, de las cuales el 40% son niños y adolescentes. Carrillo exhorta a que se deje de ver a los migrantes y refugiados como una carga negativa para el país, porque en verdad son una inversión social. “El tema de las culturas enriquece mucho al Ecuador. Creo que a veces es importante ver que esto tiene una ganancia en el largo plazo”. 

Johanna Aguirre, cuyo caso se contaba al inicio de este reportaje, se vio afectada por los estigmas sociales contra los colombianos cuando llegó como refugiada, en el 2015. Ella vivía con su esposo y sus dos hijos en Cali, Valle del Cauca. Su esposo fue secuestrado y aunque lo lograron rescatar, al hecho le siguieron una serie de amenazas. Así que la pareja decidió ir con sus dos hijos a la casa de la suegra de Johanna, en Ibarra. 

“Lloraba muy seguido, extrañaba Colombia”, recuerda. Al principio, enfrentaron demostraciones xenofóbicas que se extendieron desde la búsqueda de una vivienda hasta un colegio para su hija. “Decían que los niños colombianos eran muy complicados, terribles y que no había como recibirlos. Entonces nos tocó caminar muchísimo con mi suegra durante varios días tratando de conseguir un cupo para mi hija”. 

Johanna y su familia aplicaron a una visa humanitaria cuando llegaron; es decir, eran solicitantes de refugio. Asistieron a 3 entrevistas y después esperaron por 6 años una respuesta. A pesar de que Johanna encontró trabajo en una organización internacional, no podía tener una licencia de conducir permanente, por lo que cada tres meses debía pagar $60 y rendir el examen de manejo para tener un documento de transporte vigente. 

Johanna lucha por el reconocimiento de “personas que son refugiadas y emigrantes en general”. “Que me haya tocado tomar otra alternativa no quiere decir que no lo soy”, dice. 

Histórico solicitantes de refugio 

Las nacionalidades que más han buscado refugio en Ecuador son la colombiana, venezolana, cubana y peruana. Algunas otras incluyen la afgana, ruandés, haitiana, india, e incluso yugoslava. 

Si bien legalmente Ecuador está abierto a recibir y ayudar a refugiados, hay algunos puntos en los que se puede mejorar. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, mejor conocida como ADRA, tiene como objetivo “promover el desarrollo y la calidad de vida de personas, familias y comunidades que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad o que han sufrido e impacto de una emergencia o desastre”. Abigail Tapia es coordinadora nacional de proyectos de protección. Ella asegura que “Ecuador tiene muchos aciertos porque el país tiene mucha experiencia en recibir a personas desplazadas”. No obstante, hay puntos en los que renovarse. “Por ejemplo, mejorar el sistema de salud, el sistema de educación, medios de vida, vivienda. Esto afecta a la población en general, pero tal vez a las personas por su misma situación de movilidad humana pueden encontrarse muchas más barreras”. 

ADRA cuenta con centros de alojamientos en las fronteras norte y sur, donde acogen a las familias y personas solicitantes de refugio mientras se resuelve su caso. Entre enero y mayo de este año, se atendió a 2.000 personas en ambas fronteras. Alrededor del 50% de la esa población son niños y adolescentes.

Tapia destaca que “Ecuador tiene varios mecanismos y rutas de atención a niños y adolescentes que, tal vez, en otros países no hay”.

Federico Agusti es el representante de Acnur en Ecuador desde el 2023. Antes estuvo en Perú y Argentina. Tras experimentar el proceso de refugio en los tres países, asegura que “en cualquier sistema de asilo, el punto principal inicial es poder acceder a pedir protección internacional y creo que en los tres países hay buenas legislaciones, marcos, legales que permiten ese primer acceso”.

Agusti resalta la existencia en Ecuador de un Viceministerio de Movilidad Humana, que “muestra la importancia que le han dado a la temática en términos generales. Una de las segundas líneas de la Cancillería está avocada a movilidad humana, eso ya es un punto institucional muy potente, no es tan común en otros países tener ese nivel de representación”. 

Para completar a estos últimos puntos positivos y mejorar la situación de los refugiados en Ecuador se está preparando una reforma a la Ley de Movilidad Humana. Wilfrido Acuña, abogado involucrado en el proceso, explica que una evaluación a la norma mostró que tiene algunos vacías legales, uno de los más importantes es cómo aplicar la Declaración de Cartagena. 

El documento fue firmado por Ecuador y otros países, en 1984. En este se extendió el significado de ‘refugiado’ para que incluya a quienes han sufrido “la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Un caso en donde los solicitantes se valieron de la definición ampliada ocurrió en el 2000, cuando el Gobierno colombiano fumigó la frontera con glifosato para erradicar los cultivos de coca. Los habitantes cercanos sufrieron los efectos secundarios de la decisión, como vómitos, náuseas, mareos, sarpullidos, problemas de la visión y dolores de oído y estómago. Miles de personas se refugiaron en Ecuador porque se les había violado el derecho al agua, la salud, la vida, entre otros. 

Para Acuña, “al menos el 70% de la población venezolana debería ser considerada como refugiado porque cumple con los requisitos de Cartagena”. Sin embargo, también entiende que es una situación compleja porque, si se los acepta “ya no estamos hablando de 100.000 de 200.000 personas refugiadas, estaríamos hablando de millones”. Por ello, busca una reforma que aclare ciertos puntos. 

La particularidad del documento es que se lo está construyendo con la participación de la población en movilidad humana. Este debe ser “lo más cercano posible a la realidad de la gente y debe recoger sus preocupaciones y eso trasladarlo a una norma coherente que puede hacer aplicada por la autoridad”. Para ello, se han organizado reuniones con los representantes de la población migrante en 14 provincias y 3 sesiones en línea con las circunscripciones de Estados Unidos, Canadá, Europa, Oceanía, el Caribe y África. 

Una vez que se revisen los estándares internacionales, las decisiones de la Corte Constitucional y se hablé con las comunidades se emitirá una propuesta de proyecto de ley para que sea revisado por la Asamblea Nacional. El abogado estima que este se presentará en octubre o noviembre de este año. 

Ecuador conmemora el 20 de junio con leyes que, aunque se basan en la normativa internacional, requieren de una actualización para el bienestar de los refugiados. Hay 77.250 personas reconocidas como refugiados, de modo que, antes de buscar cómo aceptar a más, se deben buscar mecanismos para que estos se integren adecuadamente al Ecuador, su nuevo hogar.