Con una caída dramática en los caudales de las hidroeléctricas Mazar y Paute y niveles que han alcanzado mínimos históricos, el costo de la energía importada desde Colombia se encarece. ¿Cuáles son las alternativas para evitar los apagones?
En este mes, de verano y vacaciones para muchos, Ecuador enfrenta un desafío que se dibuja con tinta de incertidumbre. Las alertas por el incremento de temperaturas y niveles de irradiación solar se combinan con la llegada del estiaje, la temporada en la que las lluvias se desvanecen, dejando a su paso un rastro de sequedad que afecta gravemente la producción de las hidroeléctricas, columna vertebral del suministro eléctrico.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ha revelado una caída alarmante en los caudales de las hidroeléctricas Mazar y Paute, que pasaron de 96 a 52 metros cúbicos por segundo entre finales de julio y principios de agosto. Este descenso dramático dejó el caudal a tan solo 37,7% del promedio esperado para este mes y marcó el nivel más bajo en 61 años de monitoreo, una cifra que evidencia la gravedad de la crisis.
¿Es esta la crónica de un apagón anunciado? Para contrarrestar la amenaza de racionamientos, el Gobierno ha anunciado dos medidas de emergencia. Primero, un controvertido contrato con una barcaza turca para la producción de electricidad y otros contratos de producción termoeléctrica; y, segundo, la importación de energía de Colombia para preservar el embalse de Mazar. Este embalse es vital para el complejo hidroeléctrico Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que juntos satisfacen un tercio de la demanda eléctrica del país.
Sin embargo, en ambos casos, la realidad parece superar la capacidad de respuesta del Gobierno. Aún no se ha establecido una nueva fecha para que el país comience a recibir los 100 megavatios contratados a la barcaza turca, tras la postergación del inicio de la entrega programada de energía para hoy.
Además, desde el 16 de agosto, el Ministerio de Energía colombiano ha limitado la venta de electricidad generada en centrales térmicas a un precio mucho más alto, elevando el costo del kilovatio-hora de entre 10 y 16 centavos a 30 centavos, es decir, un aumento de 3,3 veces respecto al precio promedio en Ecuador, de 9 centavos.
Este aumento en los costos de importación no es una novedad para Ecuador. En diciembre de 2023, el precio promedio del kilovatio/hora colombiano alcanzó los 38 centavos, y en algunos días de noviembre y diciembre, superó los 60 centavos.
El 21 de agosto se registró otro aumento significativo al alcanzar los 42 centavos por kilovatio/hora, según una tabla tarifaria actualizada por Cenace hasta esa fecha. Jorge Luis Hidalgo, experto en electricidad para Ecuador y América Latina, calificó este aumento como “un verdadero abuso” y estimó que la tendencia al alza, similar a la registrada a finales del año anterior, se mantendrá en las próximas semanas. Hidalgo también cuestionó que gran parte de la energía importada a precios altos se destine a empresas del sector minero, a tarifas más bajas, lo que representa un costo elevado para las finanzas públicas y afecta negativamente a sectores sociales que pierden estos recursos.
Como es de dominio público, ese mismo 21 de agosto anterior las autoridades confirmaron que se incrementó de 39% a 75% la producción diaria de la central hidroeléctrica Paute con capacidad de producir 1.100 megavatios.
¿La barcaza turca es la solución?
Incluso si la barcaza turca estuviera entregando los 100 megavatios pactados, esto cubriría sólo el 9,25% de los 1.080 megavatios adicionales que, según Cenace se requieren para evitar apagones y reducir la dependencia de importaciones.
Además, se suman las cantidades variables de megavatios importados desde Colombia y Perú. Entre febrero y junio, por ejemplo, alcanzaron los 315,9 megavatios, según el Cenace.
Otros 238 megavatios de plantas térmicas, equivalentes al 22,03% de los megavatios adicionales requeridos, se contrataron a finales de julio, pero la entrega de esta energía podría tomar varios meses. ¿Y el resto?
Las autoridades del sector eléctrico aún no han informado de resultados concretos —más allá de anuncios de entregas parciales de recursos— de las órdenes que el presidente, Daniel Noboa, emitió al Ministerio de Energía el 14 de agosto (a través del Decreto Ejecutivo 355 y del Acuerdo del Ministerio de Energía 0027) para que ejecute todas las acciones necesarias para afrontar el estiaje; y al Ministerio de Finanzas para que asigne al Cenace 1.012 millones de dólares para la adquisición de 810 megavatios de generación termoeléctrica firme.
Estas medidas forman parte de una declaración de emergencia del sector eléctrico que se extenderá hasta mediados de octubre. Además, el Gobierno ha anunciado una «ronda de contrataciones» para septiembre, que incluirá la incorporación de dos barcazas adicionales y la adquisición de más de 700 megavatios.
Otra medida pendiente es el proyecto de interconexión eléctrica con Perú, que consistirá en una línea de 500.000 voltios y tendrá un costo de 250 millones de dólares. El financiamiento provendrá de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones. Este proyecto fue anunciado por el Gobierno en junio.
En medio de esta ‘tormenta eléctrica’, Ecuador sigue preguntándose si las respuestas del Gobierno serán suficientes para asegurar la estabilidad del suministro. La incertidumbre persiste tras el inicio del citado estiaje: ¿son estas medidas realmente efectivas o simplemente paliativos de última hora?
Consultado por Ecuador Chequea, Juan Sebastián Proaño, catedrático de sostenibilidad energética, aportó una perspectiva crítica al debate. «Las medidas anunciadas corresponden a acciones de emergencia», comenta. «Son decisiones que se toman cuando ya no se pueden implementar, en el corto plazo; otras soluciones más eficaces para incrementar la generación eléctrica son la infraestructura instalada, tanto hidroeléctrica como termoeléctrica».
Estas palabras reflejan la preocupación de muchos: ¿está el gobierno reaccionando a los síntomas en lugar de abordar las causas profundas de la crisis? Según el experto, tanto la importación de energía desde países vecinos como los contratos para la producción termoeléctrica, ya sea en barcazas o en plantas terrestres, representan soluciones insostenibles a largo plazo.
En este sentido, Proaño destacó que las soluciones estructurales dependen, en gran medida, no sólo de inversiones estatales para reforzar el sistema nacional de generación eléctrica, sino también del impulso a inversiones público-privadas. Estas inversiones permitirían a las empresas implementar sus propios sistemas de eficiencia energética, tal como establece la Ley de Eficiencia Energética que entró en vigor en 2019.
Proaño recordó que la Ley de Eficiencia Energética, en vigor desde 2019, establece que los grandes consumidores deben implementar sistemas de eficiencia energética antes de 2025. Entre las alternativas contempladas se incluyen microcentrales fotovoltaicas, eólicas y otras opciones.
Hasta la fecha, a cuatro meses de que concluya el año, sólo seis de las aproximadamente 200 empresas calificadas como grandes consumidores han logrado implementar estos sistemas y obtener sus certificados de eficiencia energética, destacó Proaño.
¿Medidas urgentes?
Proaño considero que la eficacia de las medidas urgentes para evitar apagones, ahora que el estiaje se ha adelantado, depende en gran medida de que las autoridades verifiquen el estado de funcionamiento y realicen un inventario exhaustivo de toda la infraestructura, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de producción y la disponibilidad real de energía.
«Construir una gran central hidroeléctrica o un sistema fotovoltaico no es algo que podamos lograr en pocas semanas. Por lo tanto, es necesario un esfuerzo conjunto para asegurarnos de que lo que tenemos funcione al 100%», afirmó Proaño.
«Con este inventario tendríamos un panorama claro de dónde se podrían realizar acciones o inversiones rápidas para poner a todas las centrales a plena capacidad. Esto es importante porque ya nos ocurrió anteriormente que algunas centrales de combustión, que se suponían serían nuestro ‘backup’, no estaban al 100%», comentó.
Otra posible medida urgente, indicó Proaño, sería la de dragados y mantenimientos.
Proaño calificó como necesario iniciar campañas masivas de ahorro y eficiencia energética. Indicó que es crucial motivar a la gente a apagar equipos que no estén en uso, reemplazar aquellos que consumen demasiada energía y considerar la adquisición de nuevas alternativas, como microcentrales fotovoltaicas, que son cada vez más económicas y pueden instalarse en menos de una semana.
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Barcaza partió con controversia y llegó cargada de dudas
El contrato por más de 100 millones de dólares de una barcaza turca para la generación eléctrica se anunció a inicios de julio como una garantía para evitar que el país se quede sin electricidad durante la nueva temporada de reducción de actividades en las centrales hidroeléctricas, que se produce cada año debido al estiaje o disminución de lluvias en las cuencas sur y amazónica.
Casi dos meses después, el anuncio sigue sin concretarse. Esta vez no se debe a una nueva polémica por la decisión de contratar dicha barcaza, que ya estaba en camino a Ecuador incluso antes de que finalizara el proceso de contratación pública. Esta vez, Nelson Jaramillo, asesor de la firma turca que opera la barcaza, confirmó que se posterga para los próximos días el inicio de las pruebas de producción de 100 megavatios, que estaba previsto para hoy.
El funcionario explicó que el retraso se debe a la presencia de corrientes laterales que obligaron a reubicar la barcaza desde su sitio original cerca de la subestación de Las Esclusas, en el sur de Guayaquil, a una zona de fondeo, ubicada a aproximadamente 3 kilómetros de la subestación.
Además, Jaramillo informó que se reforzará el sistema de amarre lateral necesario para la interconexión con Transelctrc, una de las unidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), empresa estatal encargada de operar el sistema nacional de transmisión de energía eléctrica.
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