Aunque la tasa de homicidios se redujo en casi 6 puntos respecto a 2023, el país se posicionó en 2024 como el más violento de América Latina, por segundo año consecutivo. ¿Era esperable esa reducción en el ‘año del conflicto armado’?

POR: Esteban Cárdenas Verdesoto

Un simple color en un mapa puede ser un indicio de algo mucho peor: un aumento en la violencia, un repunte de las muertes, un futuro alarmante, un país violento. De hecho, por segundo año consecutivo, en 2024 Ecuador se posicionó como el país más violento de América Latina, en pleno año de la militarización, de los estados de excepción y la declaratoria del conflicto armado interno. 

Insight Crime, organización internacional dedicada a la investigación del crimen organizado y la violencia en el mundo, emitió esta semana su último informe sobre los índices de violencia en la región. En su contenido, posiciona a Ecuador como el primer país más violento de Latinoamérica, medido por los homicidios registrados en todo 2024. 

El año pasado, el país contó, según el reporte, una tasa total de 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes; lo que se traduce en 6.986 muertes violentas. Este dato representa una ligera reducción al registro de 2023, cuando el país reportó una tasa de 44,5 homicidios por cada 100 mil habitantes; en otras palabras, la disminución fue de 5,7 puntos. 

En 2023, el país ya se había posicionado como la nación más violenta de América Latina; año en el que Ecuador también vio su año más violento en toda la historia. Sin embargo, la situación no cambió mucho en 2024, año en el que, según Insight Crime, el país mantiene su posición con respecto a la región, a pesar de la reducción. 

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Un año militarizado

El 9 de enero de 2024, Ecuador declaró oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, o no internacional. Con un decreto ejecutivo, el presidente, Daniel Noboa, en otras palabras, declaraba la guerra a las bandas de delincuencia organizada, clasificándolas como grupos terroristas. Esto, luego de que el miedo se tomara las calles tras la incursión de un grupo armado en el canal TC Televisión, mientras se transmitía un noticiero en vivo. 

Este fue el inicio de la militarización del país, donde los uniformes verdes y destellos negros de las armas se convirtieron en el pan de cada día.

Con esta acción, las expectativas crecieron. Se esperaba que la movilización de las Fuerzas Armadas causara un impacto considerable en la reducción de la violencia en el país; y fue así. Las primeras cifras después de la declaratoria reflejaban una reducción de la violencia, mientras los expertos hablaban de la necesidad de complementar la guerra con otras estrategias que permitan combatir al crimen de raíz. Advertían que, si no se hacía, habría un repunte de la violencia, un efecto rebote que al final terminó ocurriendo. 

El informe de Insight Crime es muy claro con respecto a esto: “Después de que el Gobierno declarara el estado de conflicto armado interno en enero y desplegara al Ejército en las calles y las prisiones, los homicidios se disminuyeron significativamente en la segunda mitad de enero y siguieron reduciéndose hasta febrero. Sin embargo, en marzo, los asesinatos comenzaron a aumentar de nuevo, quizá como indicio de que el impacto inicial de la intervención militar había desaparecido”. 

Y continúa: “Durante este periodo, muchas bandas se reagruparon y se adaptaron, volviéndose más autónomas y menos dependientes del liderazgo de las prisiones. Este cambio provocó violentos enfrentamientos, ya que grupos cada vez más fragmentados competían por el control en el nuevo panorama criminal. La modesta caída de los homicidios enmascaró lo que, de otro modo, fue un año de violencia persistente, ya que la intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”. 

Entonces, si bien Ecuador presenta una reducción en los homicidios, esta no es del todo representativa, si se compara con las demás reducciones presentadas en la región. Pero, ¿qué pasará si se sigue el mismo camino? 

¿Cómo leer los datos? 

Daniel Pontón, experto en seguridad, señala que Ecuador se encuentra en un punto crítico en cuanto a violencia. A pesar de que 2024 muestra una leve disminución en la tasa de homicidios con respecto a 2023, los números siguen siendo alarmantes y colocan al país en el peor lugar del continente.

“Ecuador ya está en la lista como el país más violento de la región. Y eso es preocupante desde todo punto de vista”, dice. 

Pontón explica que la reducción de homicidios observada el año pasado no se debe a un cambio estructural en la seguridad del país, sino a fluctuaciones temporales causadas por la declaratoria de conflicto armado interno y los factores que se abordaron previamente. 

La tendencia, detalla, indica que Ecuador podría cerrar el 2024 con un nuevo incremento en la tasa de homicidios. El experto advierte que “este año posiblemente terminemos teniendo un alza. La cosa va mal”. De hecho, sus cálculos avizoran que, debido al momento político y de transición de Gobierno que vive el país, la tendencia no se podrá reducir en gran medida por lo que el país podría terminar 2025 con una tasa de homicidios que alcance o sobrepase los 50 por cada 100.000 habitantes. 

“Hay que ver cómo termina febrero, pero si se repite algo similar a enero, se podría terminar los dos primeros meses del año con más de 1.500 homicidios. Es algo extremadamente preocupante”, dice. 

Por otro lado, cabe recordar que enero se posicionó como el inicio de año más violento en el país desde 2010, con una cifra de homicidios que alcanzó los 731 casos. 

La gravedad de la crisis se vuelve aún más evidente cuando se compara a Ecuador con el resto de América Latina. Aunque la región en general sigue siendo una de las más violentas del mundo, algunos países como México y Colombia han logrado disminuir sus índices de homicidios. Mientras tanto, Ecuador sigue en una espiral ascendente.

“Si América Latina es el infierno de la violencia, Ecuador vive dentro del infierno del infierno”, enfatiza Pontón.

Más allá de la mano dura

El gobierno de Daniel Noboa tomó la decisión de declarar un “conflicto armado interno” contra las bandas criminales, lo que llevó a una militarización sin precedentes en las calles y cárceles del país. En un principio, esta estrategia fue bien recibida por la ciudadanía y generó una percepción de mayor control. Sin embargo, Pontón cuestiona la efectividad de estas medidas a largo plazo, que terminan quemando a la narrativa como una acción eficaz. 

La estrategia de Noboa siguió el patrón de otras políticas de mano dura aplicadas en América Latina en el pasado. En El Salvador, por ejemplo, se pasó de la “mano dura” a la “súper mano dura” y luego a la “extrema mano dura”, pero sin solucionar los problemas de raíz. Pontón advierte que Ecuador corre el riesgo de caer en la misma trampa.

“No se puede seguir añadiendo superlativos a la seguridad: primero fue la mano dura, luego la súper mano dura, luego la extrema mano dura ¿y después, qué?”, dice. 

El problema de fondo es que estas medidas no van acompañadas de estrategias estructurales para combatir la violencia de manera sostenible. Sin inversión en inteligencia policial, programas de reinserción social y desarrollo económico en las zonas más afectadas, la crisis de seguridad seguirá evolucionando y encontrando nuevas formas de manifestarse.

Índices que siguen mostrando la violencia

Si bien en 2024 la cifra nacional de homicidios bajó, también existen otros factores que continúan haciendo visible el aumento de la violencia en el país. Por ejemplo, zonas como Durán registraron en 2024 un aumento en las tasas de homicidios. Está, el año pasado alcanzó los 151 homicidios por cada 100 mil habitantes, con un aumento en relación a 2023, cuando el dato fue de 149. Pero la tendencia sigue al alza. 

Así, uno de los ejemplos más claros de los fallos en la estrategia de seguridad es Durán. La ciudad, ubicada junto a Guayaquil, ha sido un foco de violencia extrema y de disputas entre bandas criminales. A pesar de haber sido identificada como una de las zonas prioritarias para la intervención del Gobierno, los homicidios allí no han disminuido.

“Durán sigue siendo tierra de nadie. A pesar de la intervención, el Estado parece haber renunciado al manejo del territorio”, dice Pontón.

El problema en Durán es más profundo que la simple presencia de grupos criminales. La delincuencia organizada ya forma parte del tejido social y económico de la ciudad, lo que hace que su erradicación sea mucho más compleja. Según Pontón, la violencia en Durán no sólo es un enfrentamiento entre el Estado y los criminales, sino que las estructuras del crimen organizado ya han permeado todos los aspectos de la vida cotidiana.

La falta de una estrategia clara para abordar la crisis en ciudades como Durán es una señal preocupante sobre el futuro de la seguridad en Ecuador. “Si el Gobierno no encuentra un enfoque más integral, el país podría cerrar el año con una tasa de homicidios aún mayor que en 2023”, detalla.

Asimismo, otros datos revelan que las extorsiones y los secuestros también han presentado un incremento en 2024. La misma Insight Crime presenta los datos en los que la extorsión pasó de 21.967 a 22.228 casos; mientras que los secuestros pasaron de 3.090 a 3.566 entre 2023 y 2024. Esto, según Pontón, también es un indicio de violencia e inseguridad que se debe tomar en cuenta. 

¿Y ahora?

Diego Pérez, analista de seguridad e investigador del IAEN, asegura que los datos “reflejan sobre todo una situación compleja para la seguridad de Ecuador”. 

“Y es que el problema de fondo de la operación del crimen organizado en el país no se puede resolver vía decreto. Se necesita una actuación; entonces, lo que se ve es un resultado preliminar de las actuaciones de fuerza que ha tomado el Gobierno. Pero, es importante entender la gran capacidad que tienen las organizaciones delincuenciales para reorganizarse y reinventarse”, dice. “Esa capacidad es la que se refleja en estos datos”. 

El experto detalla que la persecución del Estado a las organizaciones las ha llevado a transformarse. Por esto, detalla que la resolución del problema es aún más profunda y debe incluir una visión y decisión de Estado que permita combatir a las estructuras desde sus bases, su financiamiento y conformación. Además, asegura que es necesario que se limpie a la justicia y a las instituciones clave de la seguridad para poder combatir directamente a las organizaciones delictivas. 

Por otro lado, Pontón es claro en su advertencia: si no se replantean las estrategias de seguridad, el país seguirá encabezando la lista de los más violentos de la región, con consecuencias impredecibles para su estabilidad social y política. 

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