La reunión con Erik Prince ha levantado sospechas sobre el plan de acción del país en torno a la seguridad. ¿Quién es el personaje que llegó a Carondelet y los escenarios que podría enfrentar el país si continúa con estas alianzas y contratistas? Conozca los detalles: 

La inseguridad avanza en Ecuador, mientras las acciones parecen insuficientes. Y es que el país, en 2024, una vez más, se posicionó como el territorio más violento de América Latina. Pero en medio de la crisis, el Gobierno ha generado debate sobre cómo maneja estos escenarios. 

El presidente, Daniel Noboa, sorprendió al país el 11 de marzo al anunciar una reunión estratégica con Erik Prince, exmilitar estadounidense y fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater. Esta reunión ha generado un intenso debate nacional sobre la viabilidad de las acciones conjuntas  y las implicaciones de pretender mover al país hacia la cooperación con entes que han sido desvelados a nivel internacional por sus actos relacionados con la privatización de la seguridad y la guerra.  

Pero, ¿qué implica esta reunión para el país? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden enfrentar y qué preguntas surgen, aún sin respuesta? Te contamos: 

Reunión con el alto mando

Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad marcada por el auge del narcotráfico y la violencia ligada a bandas criminales. En los últimos años, los homicidios se dispararon de 5 por cada 100.000 habitantes en 2017 a 47 por 100.000 en 2023, el nivel más alto en la historia del país. Asimismo, en 2024 el país fue marcado, por segunda ocasión, como la nación más violenta de América Latina, con un promedio de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Ante esta emergencia, el gobierno de Noboa ha tomado medidas excepcionales: en enero de 2024 declaró un “conflicto armado interno” para facultar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y militarizar las cárceles dominadas por mafias. Estas acciones, aunque aplaudidas por algunos sectores, han sido criticadas por organismos de Derechos Humanos debido a denuncias de abusos, como la desaparición y muerte de cuatro menores en un operativo militar.

En este escenario de violencia, Daniel Noboa ha optado por buscar apoyo externo para fortalecer a las fuerzas del orden. A inicios de 2024 emprendió contacto con países aliados para solicitar el envío de “fuerzas especiales” extranjeras que refuercen la lucha contra las bandas criminales. En ese caso, provenientes de Estados Unidos. 

En esa misma línea, el 11 de marzo, Noboa se reunió con Erik Prince y anunció una “alianza estratégica” enfocada en combatir el narcoterrorismo y proteger las aguas territoriales de la pesca ilegal. El Presidente difundió en redes sociales una foto junto a Prince con un mensaje claro: “El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador”. 

Con este anuncio, Daniel Noboa, según asegura Valeria Fierro, experta en seguridad, ha buscado proyectar “una imagen de mano dura y determinación frente al crimen”, en medio de una campaña electoral en la que compite por la reelección en segunda vuelta, que se realizará el 13 de abril.

Aunque los detalles de la alianza no se han precisado, las autoridades han insinuado su alcance. El ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista en medios de comunicación, explicó que se trata de un contrato de consultoría con Prince para que personal extranjero capacite a policías y militares ecuatorianos. 

“Van a venir hombres, por supuesto, para dar la capacitación que requieran las fuerzas para poder trabajar (contra el crimen organizado). Creo que nuestras fuerzas públicas van a saberla recibir”, aseguró Reimberg. Desde la perspectiva oficial, contar con el asesoramiento de Prince y su equipo aportaría experiencia internacional a la llamada “guerra” contra las mafias del narcotráfico.

Pero esta iniciativa se enmarca también en una estrategia diplomática más amplia. El Gobierno de Noboa ha buscado ayuda de varios países “que han vivido esta experiencia de violencia”. Reimberg reveló que han entablado conversaciones con Italia e Israel, entre otros, para obtener asistencia en seguridad. Incluso se menciona la expectativa de cooperación con el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, cercana políticamente a Prince. 

Noboa asistió a la investidura de Trump a inicios de 2025 y ha expresado que le “gustaría que Trump” declare terroristas a las bandas  ecuatorianas, como ‘Los Lobos’ o ‘Los Choneros’, para facilitar una intervención más contundente.

“Hay grupos que tienen entre 14 y 15.000 hombres y mujeres armados. Ellos extorsionan, exportan droga, trafican con personas, trafican con órganos, hacen minería ilegal; por lo que es un grupo más complejo. No es sólo una banda normal, estos son narcotraficantes internacionales. Grupos terroristas que operan en varios países. Me encantaría que considere a ‘Los Lobos’, ‘Los Choneros’, los ‘Tiguerones’ como grupos terroristas, porque eso es lo que son”, dijo Noboa en una entrevista con la BBC. 

En este espacio, el Presidente también se refirió a la reunión con Prince. Él aseguró que están recibiendo consejos y asesoría en torno a la seguridad de una persona que “ya tiene experiencia en esto”. 

“Estamos luchando en una guerra no convencional. Una guerra de guerrillas urbanas, en las que él tiene experiencia. Y no necesariamente estamos hablando de traer mercenarios. Estamos hablando de ejércitos, fuerzas especiales estadounidenses, europeas, fuerzas especiales brasileñas. Necesitamos tener más soldados para pelear esta guerra. Este es un problema transnacional y necesitamos ayuda internacional para luchar aquí. Aquí está el puerto de dónde sale el 70% de la cocaína del mundo”, aseguró Noboa. 

Así, el Primer mandatario no sólo manifestó su intención de contar con la ayuda de empresas como la que maneja Prince en el control de la seguridad interna; sino que abrió la puerta ante la participación de ejércitos extranjeros. Pero, es necesario conocer más sobre el personaje con el que Noboa se reunió la semana pasada. 

¿Quién es Erik Prince?

Erik Dean Prince nació en 1969, Michigan, EE.UU. Es un conocido empresario de seguridad y exmilitar que ha construido su carrera en torno a la privatización de la guerra. Sirvió como miembro de élite de los Navy SEAL de la Marina estadounidense y en 1997 fundó la empresa Blackwater USA. 

Blackwater inició como un centro de entrenamiento táctico en Carolina del Norte, pero tras los atentados del 11-S en 2001 rápidamente se convirtió en uno de los principales contratistas de seguridad del gobierno de EE.UU., obteniendo contratos millonarios para apoyar operaciones en Irak y Afganistán. Sus servicios incluían el entrenamiento de fuerzas locales y la protección de instalaciones y funcionarios en zonas de conflicto.

La reputación de Prince y Blackwater, sin embargo, quedó marcada por la controversia. En septiembre de 2007, empleados armados de Blackwater perpetraron la matanza de 17 civiles en la Plaza Nisur de Bagdad, mientras escoltaban a funcionarios estadounidenses. Este incidente desató un escándalo internacional, con denuncias de uso excesivo de la fuerza y abusos por parte de contratistas privados. 

Investigaciones realizadas en EE.UU. concluyeron que los empleados de Blackwater causaron numerosas bajas civiles sin causa alguna en Irak. Cuatro guardias fueron condenados en 2014; uno a cadena perpetua y tres a 30 años de prisión, por los asesinatos, aunque más tarde recibieron el indulto presidencial de Donald Trump en 2020. 

El enorme rechazo público por la masacre llevó a que Blackwater fuera expulsada de Irak y obligó a la compañía a cambiar de nombre. Esta pasó a llamarse Xe Services en 2009 y luego Academi en 2011, antes de integrarse en el conglomerado Constellis Holdings años después.

Erik Prince vendió Blackwater en 2010 y, lejos de retirarse, continuó activo en el mundo de la seguridad privada global. En 2010 fundó Reflex Responses en Emiratos Árabes Unidos, mediante un contrato con el príncipe heredero Mohammed bin Zayed de Abu Dabi. Según reveló The New York Times, esta empresa debía reclutar un ejército privado de 800 efectivos extranjeros, principalmente exmilitares de Colombia, Sudáfrica y otros países, para enfrentar posibles amenazas terroristas en los Emiratos. 

Estos mercenarios contratados por Prince habrían participado luego en conflictos regionales; reportes apuntan a su involucramiento en operaciones encubiertas en Yemen en 2015, durante la intervención militar liderada por Arabia Saudita. También se atribuye a Prince la capacitación de 2.000 efectivos somalíes para misiones antipiratería en el Golfo de Adén, reflejando su continua presencia en escenarios de seguridad complejos.

Pero después, Prince amplió sus intereses. Se volvió cercano al entorno político de Donald Trump y figuró como asesor informal en temas de seguridad durante ese gobierno. Informes de prensa lo vincularon con intentos de establecer canales extraoficiales de comunicación entre la Casa Blanca de Trump y el Kremlin ruso, así como con propuestas para intervenir en Venezuela y derrocar al régimen de Nicolás Maduro. 

Tras la salida de Trump en 2021, Prince puso la mira en nuevos mercados. Esta vez en China, donde creó la empresa Frontier Services Group para brindar seguridad a corporaciones chinas que operan en África. Aunque presentada como firma logística, su actividad generó sospechas de que estaría ofreciendo, de nuevo, servicios militares en zonas conflictivas al mejor postor.

Medios estadounidenses recogen las posturas de sus críticos, quienes aseguran que Prince encarna la figura del mercenario moderno, quien lucra con la guerra y opera en la sombra de la legalidad internacional. Por otro lado, Blackwater, rebautizada Academi, sigue siendo uno de los mayores proveedores privados de seguridad, pero su legado está inevitablemente asociado a violaciones a los Derechos Humanos y falta de rendición de cuentas.

Ahora, con la nueva alianza en Ecuador, continuando con las preguntas, surgen más interrogantes: ¿qué implica traer a este polémico personaje al frente de la lucha contra el crimen en un país como Ecuador?

Preguntas sobre esta la alianza

El experto en seguridad, Diego Pérez, plantea una serie de interrogantes sobre esta alianza, que evidencian los vacíos y riesgos de este tipo de acuerdos. 

Él advierte que esta decisión podría debilitar la función fundamental de las Fuerzas Armadas en el país, lo cual es especialmente preocupante dado que hace poco tiempo se aprobó una reforma constitucional que les permitió participar en tareas de seguridad interna.

“Me parece que este tipo de alianzas tienen un riesgo y tienen una particularidad: el riesgo es que se desestima, se debilita la función fundamental de las Fuerzas Armadas en particular. Hay que recordar que ha pasado poquísimo tiempo desde que se incorporó un decreto, una reforma, que permite la utilización de Fuerzas Armadas para misión de seguridad y ahora se estaría trasladando esas responsabilidades de seguridad en el Estado a un actor externo que son estas empresas”, dice. 

Ante esto, el experto formula una serie de preguntas clave sobre la justificación de este acuerdo: “Ahí cabe preguntarse, ¿qué sucedió? ¿Por qué se está haciendo esto?. Es decir, la pregunta de fondo es: ¿Son ineficientes las Fuerzas Armadas ecuatorianas y por eso requieren un apoyo mayor? Una segunda pregunta que viene de la mano es si las Fuerzas Armadas, sin ser ineficientes, pero de manera práctica, fáctica, han quedado superadas por la acción de los grupos de delincuencia organizada. Y entre esas dos preguntas no podemos tener una respuesta porque no tenemos datos”.

Siguiendo la misma línea señala que, más allá de la coyuntura actual, es necesario analizar cómo interactuarán estas empresas con las fuerzas de seguridad nacionales. Esto, preguntándose cómo las Fuerzas Armadas van a interactuar con este tipo de empresas contratadas, cómo se van a establecer los límites para sus actuaciones y, “obviamente, estas empresas, como cualquier trabajo contratado, tienen una misión delimitada dentro de un tiempo específico y por un costo, obviamente”.

“Sería interesante conocer cuáles son los tiempos, costos y misiones que asumirían. Pero a esto se suma una tercera línea que a mí me parece importante de discernir y es la de preguntarse o establecer cómo van a ser pagadas estas empresas. Hay una delimitación jurídica que me parece que no haría factible este pago porque se establece que son funciones privativas de las Fuerzas Armadas la garantía de la soberanía, la protección de derechos y demás. Para la Policía, se establece el orden de seguridad ciudadana”, dice. “No me quedaría claro cuál sería la forma contractual bajo la que estas operarían, pero más allá de eso viene un tema de responsabilidades ante la población civil. ¿Qué tipo de responsabilidades van a asumir? ¿Son responsables en el caso de abusos de derechos humanos? ¿Se les va a otorgar inmunidad de manera que hagan lo que hagan puedan salir del país sin consecuencias?”.

Así, la decisión de incorporar a Erik Prince en la estrategia de seguridad ecuatoriana ha reabierto el debate sobre la privatización de la seguridad pública. ¿Qué implica esto y cuáles son sus consecuencias?

Opiniones divididas 

En contraste con la postura crítica de Pérez, el coronel Carlos Blanco, experto en seguridad y exmiembro de la Policía Nacional, ve con buenos ojos la alianza con Erik Prince y argumenta que la asesoría internacional es clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

“Básicamente, en todos los países del mundo se busca asesoría de parte de personas que conozcan las diferentes actividades criminales y la forma en que deben ser combatidas. Estas compañías han trabajado alrededor del mundo y conocen cómo se mueven las fracciones criminales de cada país”, dice. 

Blanco, además, destaca que los países europeos han recurrido a este tipo de empresas mediante acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y subraya que incluso la OTAN trabaja con apoyo de firmas privadas estadounidenses. Además, insiste en que las fuerzas del orden ecuatorianas necesitan refuerzo en inteligencia y operaciones tácticas.

“La capacidad de acción de las fuerzas del orden tanto militares como policiales es buena y están cumpliendo su trabajo de la mejor manera posible, pero es evidente que necesitan apoyo, especialmente en el área de inteligencia y en operaciones tácticas”, destaca. 

Para el experto, uno de los beneficios principales de la alianza con Prince es el acceso a información clave sobre el crimen organizado transnacional: “Si tienes información sobre la mafia albanesa, estas empresas pueden proveer datos sobre quiénes son los cabecillas, sus números de teléfono, direcciones, rutas de dinero, armas, explosivos, trata de personas y todas las actividades del crimen organizado”.

El coronel recalca que Ecuador no cuenta con los recursos tecnológicos y de inteligencia que sí posee Estados Unidos y sus empresas, por lo que considera que esta cooperación es crucial. Para él, el mayor peligro no es la llegada de asesores internacionales, sino que Ecuador “pierda la oportunidad de recuperar la calma”.

Fierro, por su parte, advierte los riesgos de este tipo de alianzas, que a largo plazo podría permitir que estas fuerzas trabajen dentro del territorio nacional.  

“Una de estas es la falta de rendición de cuentas y posible violación de Derechos Humanos, algo que en el caso de Water y Prince ya ha ocurrido. Al no estar plenamente sujetos al código militar ni a supervisión transparente, existe la preocupación de que puedan incurrir en excesos y criminalización de actores que son víctimas de la violencia. El Presidente está al borde de meterse en un gran problema si sigue por esta línea”, alertó, recordando que esas violaciones a los Derechos Humanos no prescriben y pueden ser juzgadas internacionalmente. De hecho, Ecuador es signatario de la Convención de la ONU contra el reclutamiento y uso de mercenarios, que prohíbe contratar este tipo de fuerzas en conflictos armados internos. “Emplearlas podría no solo vulnerar esa norma, sino exponer al Estado a sanciones y acciones ante tribunales internacionales de Derechos Humanos”.

Asimismo, a diferencia de una cooperación entre Estados, un acuerdo con una empresa privada extranjera queda en un limbo jurídico. Esto, debido a que no es exactamente un convenio internacional supervisado por la Asamblea ni la Corte Constitucional, pero tampoco una contratación pública convencional. 

Ximena Ron, abogada constitucionalista, asegura que legalmente las acciones de esta empresa pueden escalar únicamente a consultorías. Esto, debido a que la Constitución establece que el monopolio del uso de la fuerza es exclusivo de las fuerzas del orden. Entonces, de darse, se podría recurrir a interpretaciones erróneas de la Ley y caer en acciones inconstitucionales. 

“Se podría delegar parte de las acciones del Gobierno, pero estas deberían darse bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas, en el caso de aguas internacionales que se hizo público. Pero se están corriendo riesgos que pueden chocar directamente con la Constitución y la norma máxima del país”, dice. “Es peligroso, después, promover una constituyente porque pueden hacer que estos mecanismos sean legales, aunque aún así se estarían violando acuerdos internacionales”. 

Fierro, de igual manera, de forma crítica  teme que integrar mercenarios equivalga a instaurar fuerzas paramilitares privadas actuando paralelamente a las fuerzas oficiales. Asimismo, ella destaca que contratar “seguridad privada de primer nivel es sumamente costoso.

Por último, Fierro destaca que aunque la presencia de mercenarios pueda disuadir a algunos delincuentes, también podría provocar represalias de las organizaciones criminales más poderosas. “Si las bandas perciben una amenaza existencial podrían incrementar los ataques para sembrar terror en la población o contra las fuerzas del orden. Ya se ha visto un anticipo con el coche bomba tras la visita de Prince. Existe el riesgo de entrar en una espiral de violencia, un escenario de combate urbano entre mercenarios y sicarios, cuyas principales víctimas colaterales serían los ciudadanos comunes”.

Posturas del Gobierno

El ministro del Interior, John Reimberg, ha sido uno de los más entusiastas del plan. En entrevista con AP, defendió el contrato de consultoría con Prince argumentando que ayudará a frenar la espiral de violencia que vive el país. 

Frente a las críticas, Reimberg cuestionó: “¿Cuál es el temor, por qué el miedo?, si lo que queremos es solucionar los problemas que tenemos ahora”. Afirmó también que el Gobierno hará “todo lo que tenga que hacer” para reducir los índices criminales, y que “la ayuda internacional que quiera venir a Ecuador, la vamos a recibir”. 

El Gobierno ha repetido en varias ocasiones, que el país no puede darse el lujo de rechazar asistencia, venga de gobiernos o de empresas, dada la gravedad de la amenaza de la violencia. 

Reimberg reveló, además, un detalle significativo: tras la reunión con Prince, se registró una reacción violenta de la delincuencia organizada, lo que interpretó como señal del “miedo” que tienen los criminales ante la alianza anunciada. “Eso es por el miedo a lo que estamos dispuestos a hacer para reducir el crimen”, aseguró, insinuando que la mera presencia de Prince ya inquieta a las mafias.

El ministro del Interior también clarificó que la cooperación con Prince implicará personal extranjero sobre el terreno a corto plazo: “Personas van a venir preparadas para dar el apoyo necesario a nuestras fuerzas policiales y militares para salir de este problema de crimen”. Sin embargo, se negó a precisar el costo de la consultoría y cuántos “hombres” llegarían, indicando que esos detalles aún se manejan con discreción. 

La Presidencia de la República, por su parte, difundió un comunicado señalando que la alianza estratégica con Prince busca “fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y proteger nuestros recursos pesqueros”, sin tregua ni retroceso. Enfatizó que toda ayuda se enmarcará en el respeto a las leyes nacionales. El Gobierno, así, pide un voto de confianza en que sabrá “utilizar” esa ayuda en favor de la ciudadanía, y recalca que está dispuesto a tomar medidas extraordinarias. “Lo que tengamos que hacer” en palabras de Reimberg, para devolver la paz al país.

Casos en el mundo

La idea de emplear contratistas militares privados no es nueva y varios países han incursionado en ella con resultados diferentes. Pero estudiar experiencias internacionales puede arrojar luz sobre lo que Ecuador podría enfrentar al seguir este camino.

En África, por ejemplo, se usaron mercenarios contra insurgencias a lo largo de los años. Un caso emblemático es Nigeria, que en 2015, ante el azote del grupo yihadista Boko Haram, recurrió discretamente a mercenarios extranjeros. 

Sobre este tema, reportes de Reuters revelaron que Nigeria incorporó a cientos de mercenarios de Sudáfrica y exsoldados soviéticos para reforzar su ofensiva en el noreste del país, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral de ese año. Fotografías verificadas mostraron convoyes de vehículos blindados operados por blancos armados en zonas de combate, confirmando esas versiones. 

En el corto plazo, la estrategia tuvo cierto éxito militar. Las fuerzas nigerianas, con apoyo mercenario, recuperaron bastiones importantes de Boko Haram que antes parecían impenetrables. Algunos analistas recogidos por medios internacionales consideran que sin esa ayuda, Nigeria no habría logrado debilitar a los insurgentes tan rápidamente. Sin embargo, la participación de mercenarios fue polémica y transitoria. 

Tras las elecciones, las nuevas autoridades redujeron esa dependencia por presiones internas y legales. Boko Haram no desapareció, aunque sí mutó su forma de operar. La experiencia de Nigeria dejó que los mercenarios pueden ser un ‘parche’ temporal, pero no sustituyen una reforma profunda de sus fuerzas armadas ni abordaron las causas de su violencia de forma estructural.

Otro ejemplo histórico se dio en Sierra Leona a mediados de los 90, durante la guerra civil. El gobierno contrató a la firma sudafricana Executive Outcomes, compuesta por veteranos, para combatir a la guerrilla del RUF. 

En pocos meses, estos mercenarios lograron repeler a los rebeldes y asegurar zonas mineras cruciales. Su eficacia fue elogiada porque virtualmente forzó un acuerdo de paz. Sin embargo, el costo económico fue enorme y su presencia suscitó incomodidad internacional, lo que llevó a su retiro y reemplazo por cascos azules de la ONU. Tras su salida, el conflicto se recrudeció brevemente antes de resolverse definitivamente. Sierra Leona ilustra tanto el potencial operativo de un ejército privado, como sus limitaciones: dependencia del dinero, falta de legitimidad y riesgo de que la paz no perdure una vez que se marchan.

Asimismo, en Latinoamérica, por ejemplo, Colombia durante el Plan Colombia contó con contratistas privados estadounidenses en labores de erradicación de cultivos ilícitos y capacitación, pero siempre bajo la supervisión del gobierno de EE.UU. y complementando a asesores militares oficiales. De igual manera, México ha resistido la contratación de mercenarios en su lucha contra el narco, prefiriendo asistencia técnica de agencias de seguridad de EE.UU., como la DEA y el FBI; además de equipos de inteligencia, debido a restricciones legales y sensibilidad en cuanto a soberanía.

Ecuador se encuentra en una fase crítica en la que las decisiones en seguridad generarán eco durante años o décadas. Y la incorporación de agentes privados como Erik Prince es un punto de inflexión. 

Como señala el ministro Reimberg, el Gobierno insiste en que “no descarta absolutamente nada” en su lucha contra las mafias. La pregunta de fondo, ahora, es cuánto está dispuesto a arriesgar Ecuador, en valores democráticos, recursos y autonomía, en nombre de la seguridad. La reunión entre Daniel Noboa y Erik Prince es solo el primer capítulo de una historia cuyo desenlace marcará el rumbo de la seguridad nacional; un experimento audaz que podría imponer orden donde reina el caos, o bien abrir una ‘caja de Pandora’ con consecuencias imprevisibles.