El modelo ‘Bukele’ es visto por muchos sólo desde el éxito de sus cifras, pero la ‘fetichización’ de la cárcel y el castigo como solución a la inseguridad puede traer más riesgos que ventajas: detenciones arbitrarias, regímenes autoritarios, miedo. Cuando se normaliza la excepción, se normaliza y es difícil salir de ahí, advierten expertos. Los ministros del bloque de seguridad fueron a El Salvador para aprender de ese modelo, pero ¿es eso conveniente para Ecuador?
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Ecuador vive una crisis de inseguridad que continúa encendiendo alarmas. En 2024, el país se posicionó, por segundo año consecutivo, como el más violento de toda América Latina, con una tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes. Esto, por sobre Venezuela, Honduras, Colombia y México.
Pero no sólo eso, los tres primeros meses de 2025 ya han superado récords de homicidios históricos. En enero, febrero y marzo, el país contó un total de 2.361; una cifra que sobrepasa incluso a los datos de 2023, en el mismo periodo, que ya fue categorizado como el año más violento de la historia de Ecuador. Según expertos, en caso de seguir con esta misma tendencia, el país podría terminar el año con una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes o más.
En medio de toda esta crisis, Ecuador ha vuelto a ver a países como El Salvador, que ha resonado internacionalmente como un ejemplo de manejo de la inseguridad. Esto incluso se ha reforzado con una visita realizada por Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, y John Reimberg, ministro del Interior, al país centroamericano y a sus cárceles para aprender sobre el modelo de ataque a la delincuencia del presidente Nayib Bukele. Tras su visita, los ministros y cabezas del bloque de Seguridad destacaron que traerán a Ecuador ideas sobre seguridad física, equipamiento del personal, sistemas de seguridad electrónica y gestión penitenciaria, con el fin de fortalecer el modelo carcelario nacional. Además, también han destacado la oportunidad de aplicar parte del modelo de El Salvador en Ecuador.
Pero, ¿es esto realmente factible o conveniente para Ecuador? ¿Es válido este esquema en la realidad del país? y ¿cuáles son los riesgos de estas estrategias? Aquí lo analizamos.
¿Qué hizo Bukele?
Para entender si esto puede funcionar en Ecuador, primero hay que conocer la estrategia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, instauró una estrategia de seguridad que ha captado la atención internacional por su efectividad en la reducción de la violencia. La medida central de este modelo fue la implementación, en marzo de 2022, de un régimen de excepción que suspendió derechos constitucionales básicos, como el derecho a la defensa, a la privacidad de las comunicaciones y al debido proceso. Esta decisión fue tomada luego de que, en un solo fin de semana, se registraron 87 asesinatos atribuidos a las pandillas MS13 y Barrio 18. Desde entonces, el régimen ha sido prorrogado mensualmente más de 20 veces y ha dado paso a una ofensiva estatal sin precedentes contra las pandillas salvadoreñas.
Con el respaldo de ese marco legal, el gobierno de Bukele ha llevado a cabo redadas masivas, militarización del territorio, juicios colectivos y detenciones preventivas por simple sospecha. El plan incluye también reformas penales que endurecieron las penas, permitieron encarcelar a adolescentes desde los 12 años y autorizaron procesos judiciales sin necesidad de pruebas individualizadas. Según datos oficiales, más de 75.000 personas han sido arrestadas desde marzo de 2022; una cifra que ha llevado a El Salvador a tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: más de 1 de cada 60 habitantes está en prisión.
Como símbolo de su estrategia, Bukele inauguró en 2023 el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel con capacidad para 40.000 internos, ubicada en un área aislada y controlada por fuerzas militares. Las imágenes de su apertura, donde miles de hombres con los torsos desnudos, tatuajes expuestos y esposados, eran trasladados en formación militar por guardias encapuchados, recorrieron el mundo como un mensaje explícito de fuerza estatal. En paralelo, el gobierno ha desplegado decenas de miles de soldados en las calles y ha reforzado el discurso oficial que define a los pandilleros como “terroristas” y enemigos del Estado.
Este modelo ha sido acompañado por una agresiva campaña de comunicación, donde los logros se difunden en redes sociales con videos editados de operativos, mensajes patrióticos y cifras que apuntan a la efectividad del plan. En este aspecto, expertos como Diego Pérez destacan que el modelo está “amparado en un ejercicio ampliado de propaganda”, en donde la comunicación es parte estructural de la estrategia.
Efectos en El Salvador
Los efectos más visibles del plan Bukele se han reflejado en las estadísticas de homicidios. De acuerdo con cifras oficiales y reportes independientes, El Salvador pasó de tener una tasa de homicidios de más de 100 por cada 100 mil habitantes en 2015, a registrar menos de 8 por cada 100 mil en 2023, con varios días en los que no se reportaron asesinatos en todo el país. Esto ha sido interpretado por muchos sectores como una señal de éxito.
Además, según cifras gubernamentales y reportes de seguridad, las extorsiones han disminuido considerablemente, los territorios que antes estaban dominados por las pandillas han sido retomados por el Estado, y la sensación de seguridad ciudadana ha mejorado. Los negocios ya no pagan ‘vacunas’ a grupos ilegales y las familias vuelven a transitar por zonas que antes estaban marcadas por el control pandillero.
Desde el gobierno salvadoreño se ha defendido la estrategia como un acto de restauración del orden. Bukele ha llegado a decir que ha “ganado la guerra contra las pandillas”, y los niveles de aprobación popular que ha recibido, superiores al 80%, han sido leídos como una legitimación social de su estrategia de mano dura.
Pero, detrás de estos resultados, se encuentra una serie de denuncias por violaciones masivas de derechos humanos, ampliamente documentadas por organizaciones como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cristosal y organismos de Naciones Unidas.
Los informes han advertido que miles de personas han sido detenidas sin pruebas y sin órdenes judiciales. Hay casos registrados de detenciones basadas únicamente en denuncias anónimas, por tener tatuajes, vivir en barrios marginados o simplemente por ‘actitud sospechosa’. Muchas de estas personas, según la CIDH, ni siquiera han tenido acceso a un abogado o audiencia judicial dentro de los plazos legales. En noviembre de 2023, la CIDH confirmó que más de 90 personas habían muerto bajo custodia del Estado desde que se implementó el régimen de excepción. Cristosal ha documentado más de 3.000 casos de detenciones arbitrarias y múltiples denuncias de tortura, tratos crueles y condiciones infrahumanas en las cárceles.
La mayoría de los detenidos no ha recibido sentencia. En muchos casos, las audiencias se realizan de manera colectiva, con hasta 500 personas acusadas al mismo tiempo, imposibilitando un proceso justo y personalizado. El gobierno salvadoreño ha promovido incluso leyes que impiden a los jueces otorgar medidas sustitutivas, lo que significa que miles de personas inocentes siguen presas sin una sentencia firme.
¿A qué costo?
Desde una mirada crítica, el experto en seguridad mexicano Jorge Romero describe este modelo como una arquitectura securitista basada en el miedo, el espectáculo y la desinstitucionalización de la justicia. En sus palabras: “Es un modelo centrado en mostrar la fuerza del Estado como mecanismo de control social, incluso si eso implica desarticular el sistema judicial, someter al Legislativo y poner a las fuerzas armadas como autoridad rectora”. Romero señala que el régimen de excepción salvadoreño es, en la práctica, una política permanente disfrazada de temporalidad, que ha transformado el Estado en un aparato de represión legalizada. “Se han naturalizado cosas que en cualquier democracia serían inadmisibles: detenciones sin pruebas, muerte de reclusos sin rendición de cuentas, ausencia de jueces imparciales”, explica.
Según Romero, Bukele ha logrado consolidar su modelo gracias a una combinación de eficacia puntual en el control del crimen, concentración total del poder y una narrativa oficialista que desactiva cualquier forma de crítica. “Bukele entendió que en la región hay un hambre de orden y lo capitalizó. Pero lo hizo creando un Estado de excepción permanente que está desarmando las bases de una democracia funcional”, afirma. En su lectura, este modelo puede mostrar resultados inmediatos, pero abre un precedente peligroso para otros países, especialmente aquellos donde los sistemas de justicia ya están debilitados.
El experto ecuatoriano Daniel Pontón coincide en que este es un modelo difícil de desmontar una vez instaurado. “Cuando construyes un aparato legal y mediático que valida la excepción como normalidad, es muy difícil regresar al Estado de derecho”, sostiene. Y agrega: “No hay una política estructural de rehabilitación, ni de prevención; sólo hay encierro masivo”.
Diego Pérez advierte que, si bien el control territorial y la disciplina carcelaria pueden ser necesarios, el modelo salvadoreño no puede ser asumido sin considerar su costo humano e institucional. “No es sostenible a largo plazo sin causar daños colaterales que comprometan la democracia”, señala.
En El Salvador, esto ya tiene efectos visibles: los jueces han perdido independencia, la fiscalía ha sido alineada al Ejecutivo y el régimen de excepción continúa, pese a que el índice de homicidios ha bajado. Organismos internacionales han advertido que el modelo, al institucionalizar la excepción, podría volverse una herramienta permanente de represión, y no sólo un mecanismo temporal para controlar la violencia.
Entre El Salvador y Ecuador
Aunque a primera vista las cifras de violencia puedan parecer comparables y el modelo salvadoreño resulte atractivo en medio del colapso institucional que vive Ecuador, una revisión más profunda muestra que los contextos de ambos países son radicalmente distintos en términos estructurales, históricos, institucionales y criminales. Esta diferencia ha sido subrayada por los expertos consultados: Jorge Romero (México), Daniel Pontón y Diego Pérez (Ecuador), cuyas miradas coinciden en que copiar el modelo Bukele sin entender las raíces y dinámicas locales sería un error costoso e incluso peligroso.
El primer y más importante punto de quiebre es la naturaleza de las organizaciones criminales. El Salvador ha enfrentado por décadas un fenómeno muy específico: las maras. Tanto la MS-13 como la Barrio 18 se consolidaron como estructuras verticales, con control territorial claro, fuerte cohesión identitaria (basada en signos, rituales y jerarquías) y presencia masiva en barrios populares. Su lógica era más localista, basada en la extorsión, el miedo y el dominio visible del espacio.
En cambio, Ecuador enfrenta un entramado más fragmentado, fluido y globalizado. Como explica Diego Pérez, “Ecuador no tiene maras con un control territorial homogéneo. Lo que tiene son grupos criminales que funcionan como redes, con capacidad logística y financiera, y con conexión directa con carteles internacionales”. Se refiere a estructuras como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones y Águilas, todas con vínculos con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso con grupos armados colombianos y mafias europeas y asiáticas. Estos actores no operan sólo en barrios populares, sino también en puertos, aeropuertos, aduanas, bancos, y estructuras estatales, lo que les da un poder y una adaptabilidad que las maras no tienen.
Daniel Pontón va más allá: “El Salvador enfrentó una amenaza criminal de baja escala logística, pero con fuerte visibilidad callejera. En Ecuador, el enemigo no está a la vista: se infiltra en las instituciones, en las fuerzas de seguridad, en el sistema judicial y en los sistemas financieros”. Esta diferencia impide que un modelo basado en el encierro masivo y el control del territorio urbano, como el salvadoreño, tenga el mismo impacto o viabilidad en Ecuador.
El segundo elemento clave es el nivel de concentración de poder político. En El Salvador, Bukele ha logrado capturar todos los poderes del Estado: controla el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía y los organismos de control, lo que le permite aplicar un régimen de excepción sin oposición institucional ni social. Las reformas constitucionales han sido hechas sin frenos, y los jueces independientes han sido removidos o reemplazados.
Ecuador, en cambio, mantiene una democracia frágil pero aún activa, con una Asamblea fragmentada y un poder judicial con cierto margen de autonomía. Esto, según los expertos, significa que implementar medidas similares, como juicios colectivos, eliminación de garantías constitucionales o encarcelamientos sin pruebas, generaría un conflicto inmediato con el marco legal nacional e internacional, además de una fuerte resistencia social. Como advierte Jorge Romero: “Bukele no sólo tuvo voluntad política, también tuvo poder absoluto. Ecuador no lo tiene, ni lo debería tener”.
Otro punto de divergencia es la capacidad operativa del Estado. El modelo de Bukele descansa fuertemente en una fuerza armada cohesionada y leal al Ejecutivo, y en una policía entrenada específicamente para enfrentar pandillas, así como en un sistema penitenciario controlado por el gobierno, sin mayores fugas ni motines.
En Ecuador, según Pontón y Pérez, las Fuerzas Armadas han sido improvisadamente lanzadas a la lucha contra el crimen organizado sin una estrategia estructurada, sin coordinación real entre inteligencia, justicia y operaciones, y con una creciente tensión en su interior. La Policía, por su parte, enfrenta graves problemas de corrupción y precarización. Como señala Diego Pérez: “¿Cómo pretendes aplicar un modelo basado en control carcelario cuando las cárceles en Ecuador están completamente tomadas por las mafias?”.
De hecho, Ecuador tiene una de las tasas más altas de asesinatos carcelarios del continente y ha sufrido una oleada de masacres penitenciarias, donde los grupos criminales se enfrentan con armas de guerra, sin que el Estado tenga el control efectivo de los centros de reclusión. En palabras de Pontón: “Ecuador no tiene soberanía sobre su sistema penitenciario. Pensar que se puede replicar el modelo Bukele es no entender que allá las cárceles son una herramienta del Estado; acá, son un bastión del crimen”.
Aunque desesperado por seguridad, el país tiene aún sectores sociales, académicos, judiciales y mediáticos que cuestionan el uso autoritario del poder, y una historia reciente de abusos institucionales que generan recelo. Además, la ciudadanía ha vivido una experiencia cercana con el correísmo autoritario, lo que ha dejado huella en la sensibilidad política colectiva. Como dice Jorge Romero: “No todos los países están listos, ni deberían estarlo, para sacrificar sus derechos en nombre del orden. En El Salvador esa narrativa ha funcionado, pero en Ecuador podría encontrar más obstáculos de los que se cree”.
“El modelo de Bukele, irónicamente, es más cercano al modelo correísta en temas de autoritarismo y cooptación del Estado”, recalca Pontón”.
¿Es viable entonces?
La posibilidad de aplicar el modelo de seguridad salvadoreño en Ecuador ha sido objeto de múltiples análisis y advertencias por parte de los expertos consultados. Todos coinciden en que más allá de las aspiraciones políticas o los discursos de fuerza, replicar el modelo de Bukele en Ecuador no sólo es inviable en términos estructurales, sino también peligroso en términos democráticos. La viabilidad, insisten, no puede medirse únicamente en resultados inmediatos, sino en sostenibilidad institucional, legalidad, respeto a los derechos humanos y capacidades reales del Estado.
Ante esto, Daniel Pontón es contundente: “No hay posibilidad de aplicar ese modelo en Ecuador. No hay condiciones jurídicas, no hay condiciones institucionales, no hay condiciones presupuestarias. No hay condiciones culturales ni políticas para implementar un modelo de esa naturaleza. En El Salvador se ha dado por una condición de un Ejecutivo que tiene control sobre el resto de funciones del Estado. Eso no pasa en Ecuador y no puede pasar”.
Para el académico, pretender importar un modelo autoritario de combate a la inseguridad sin una lectura seria del contexto nacional es una forma de evadir el diseño de políticas públicas integrales. Y continúa: “Hay una romantización del modelo Bukele, una fetichización de la cárcel, del castigo, de la violencia como respuesta. Eso es peligroso. Porque cuando romantizas la excepción, la normalizas”.
Pontón insiste en que uno de los principales riesgos de copiar estrategias sin adaptación es que se puede consolidar un modelo represivo que incluso termine siendo funcional para los propios actores criminales.
“La cárcel es parte del problema. Las organizaciones criminales en Ecuador nacen en la cárcel. No se puede pensar que el encierro masivo va a resolver algo cuando las cárceles son espacios de reproducción de la criminalidad”, dice.
Jorge Romero, por su parte, considera que el modelo Bukele no debe ser visto como una receta universal, sino como una excepción nacida de una concentración de poder específica y de un contexto estructural distinto. En sus palabras: “Ecuador es una democracia formal con graves deficiencias, pero todavía tiene márgenes institucionales. Aplicar un modelo como el de El Salvador implicaría desmantelar ese frágil Estado de derecho que aún existe. El problema no es sólo técnico, es ético y político”.
El experto mexicano señala, además, que intentar replicar ese tipo de estrategias sin el mismo nivel de control político que tiene Bukele puede provocar un colapso del sistema judicial y un aumento del autoritarismo sin resultados sostenibles.
“Una cosa es tener resultados policiales inmediatos, y otra muy distinta es sostener un modelo que no se derrumbe cuando se acabe el miedo o la propaganda”, destaca.
Pero va más allá. Advierte que las organizaciones delictivas en Ecuador no sólo resistirían un intento de modelo Bukele, sino que podrían adaptarse con más fuerza a sus nuevas condiciones. Y añade: “En Ecuador, si se intenta imponer este tipo de modelo represivo sin institucionalidad sólida, las organizaciones delictivas podrían camuflarse más, entrar con más fuerza en las estructuras estatales, capturar territorios desde lo legal. Son redes más complejas y flexibles que las maras. Lo que se puede lograr con este modelo es, paradójicamente, fortalecer al crimen organizado desde adentro”.
También alerta sobre los riesgos de que este tipo de políticas deriven en persecución selectiva o manipulación del sistema penal para fines políticos, como ya ha ocurrido en otros países de la región.
Entonces, ¿qué hacer?
Frente al rechazo unánime al modelo de Bukele como solución para Ecuador, los expertos proponen alternativas viables, integrales y adaptadas al contexto local, que se alejan del autoritarismo y se centran en la reconstrucción de capacidades institucionales, la inteligencia estratégica, la prevención y la justicia. No hay atajos, coinciden, pero sí caminos que podrían comenzar a desmontar la crisis estructural de seguridad que enfrenta el país.
Para Daniel Pontón, el punto de partida debe ser reconstruir el Estado y fortalecer su presencia en los espacios donde hoy mandan las mafias. Esto no puede reducirse, dice, a más cárceles ni más militares, sino a una estrategia estatal articulada.
“El Estado tiene que recuperar el monopolio de la violencia legítima, pero también tiene que reconstruir legitimidad social. Eso implica fortalecer el sistema de justicia, los sistemas de inteligencia, las instituciones de control y la presencia estatal en los territorios. No puede haber seguridad sin justicia”.
Pontón insiste en que la inteligencia estratégica y financiera debe ser el núcleo del combate al crimen organizado en Ecuador. “No puedes enfrentar a una estructura multinacional con operativos improvisados. Tienes que desmantelar sus redes logísticas, financieras, políticas. Para eso se necesita inteligencia profesional, cooperación internacional, análisis criminal y voluntad real de limpiar las instituciones”, dice.
Además, plantea la urgencia de abordar la prevención social como pilar estructural, entendiendo que la violencia es también un fenómeno de exclusión, desigualdad y falta de oportunidades: “Si no le quitas base social al crimen, el crimen se reproduce. Necesitas programas de inclusión juvenil, empleo, educación técnica, salud mental, deporte. No se trata sólo de evitar que un joven entre al crimen, sino de que encuentre otra vida posible”.
Pérez considera que el país debe priorizar una política pública de seguridad que recupere el control del sistema penitenciario, fortalezca las instituciones judiciales y combata la impunidad en todos los niveles.
“Hay que asumir con seriedad la rehabilitación y la reinserción. No puede ser que el sistema carcelario sea una fábrica de violencia. Hay que intervenir las cárceles desde lo estructural, con control estatal real, programas de rehabilitación efectivos y seguimiento post penitenciario”, dice.
Pérez también apunta a que Ecuador necesita una política criminal moderna, basada en evidencia, datos confiables, interoperabilidad entre instituciones y evaluación constante. “Seguimos trabajando con cifras fragmentadas, sistemas que no se comunican entre sí, operativos sin inteligencia previa. Sin datos, no hay política pública”, recalca.
Ambos expertos coinciden en que la depuración institucional debe ser una prioridad inmediata, particularmente en los cuerpos policiales, judiciales y penitenciarios.
“Tienes que limpiar el Estado. Y eso incluye una política anticorrupción fuerte, con fiscalización ciudadana, transparencia en las contrataciones, procesos disciplinarios internos reales. La Policía necesita control externo y autonomía interna para poder funcionar”, dice Pontón.
Por otro lado, Romero, desde México, coincide en la necesidad de un enfoque multidimensional, pero añade un énfasis claro: “Lo primero que hay que entender es que no hay solución rápida. La seguridad democrática se construye a largo plazo, con instituciones fuertes y con legitimidad. No con espectáculos”.
Romero propone que Ecuador establezca una estrategia nacional de seguridad, con objetivos claros, articulación interinstitucional y estándares internacionales. Pero sobre todo, que ponga a los derechos humanos y la legalidad en el centro del modelo: “No se puede combatir al crimen cometiendo los mismos abusos que el crimen. La justicia no puede renunciar a su legalidad para ser eficaz. Si lo hace, deja de ser justicia”.
También advierte que el combate al crimen debe incorporar acciones estructurales contra la economía criminal, no sólo castigo penal.
“Hay que ir a los flujos financieros, a las exportadoras, a las empresas de fachada, al contrabando, al lavado. Hay que intervenir los puertos, supervisar aduanas, profesionalizar la inteligencia aduanera y fiscal”, dice.
Romero propone, además, revisar el modelo de política pública comunicacional del Gobierno en temas de seguridad. En lugar de usar el miedo como narrativa central, sugiere trabajar en la reconstrucción de la confianza.
“La ciudadanía necesita saber que el Estado tiene un plan, que no improvisa. Y ese plan debe ser transparente, evaluable, medible. No puede ser una guerra perpetua sin final”, agrega.
Finalmente, los expertos destacan que Ecuador debe apostar por la cooperación internacional con agencias regionales, cuerpos de inteligencia aliados, y organismos multilaterales. “Ecuador no puede solo. Necesita cooperación, pero con estrategia nacional clara”, señala Pontón.
Hoy, Ecuador mira hacia el mundo para crear un propio modelo que combata la inseguridad. Sin embargo, un ‘copiar y pegar’ estrategias como las de Bukele pueden dar más problemas que soluciones al país. Cada realidad es distinta y, según los expertos, esto es algo que las autoridades no pueden pasar por alto.
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