Esta investigación periodística expone a los personajes detrás del precario sistema de distribución de agua potable en Durán y a los monopolios que se alimentan de la pobreza en el cantón. Este es un especial periodístico, presentado por una alianza de cinco medios digitales y una organización, en busca de respuestas.
POR: Alianza periodística InvestigacionDuran.ec
En Durán nació el histórico tren que conectó el comercio de la costa y las montañas, pero la bonanza nunca llegó a sus habitantes. Décadas más tarde, menos de la quinta parte de sus hogares conocen las tuberías de agua o el alcantarillado. Y es en la ausencia de servicios básicos que se alimenta un mecanismo perverso, en el que los únicos afectados son los ciudadanos. En una ciudad vulnerable a la escasez, ¿a quiénes favorece esta situación?
Durán es un cantón pequeño, con pocos habitantes y muchos problemas. Hace 13 años, el INEC reportó que el 67,8% de los durandeños vive en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Es decir, hacinados en casas diminutas, con pisos de tierra y construidas de caña, sin servicios higiénicos, sin agua o electricidad; además de enfrentar severas limitaciones de acceso a la educación, con niños de seis a 12 años que no van a la escuela y adultos jefes de familia con menos de dos años de escolaridad. Es una localidad también llena de secretos que se cuentan a voces. Como en cualquier urbe con algo de historia, casi todos se conocen y no es difícil hallar referencias de cualquier vecino. De cualquiera, excepto cuando se busca a los dueños de los tanqueros.
Esta investigación revela la dependencia que este distrito mantiene con los gremios de tanqueros privados desde hace más de cuatro décadas. Pero el acaparamiento de la distribución de agua ha tejido redes más allá de la esfera pública. Dos de las tres asociaciones que operan en esta zona están vinculadas entre sí y tienen relación societaria con empresas contratistas del Municipio de Durán. Una de las contratistas es la constructora Ormazabal Valderrama, que se ha llevado nueve contratos con el Cabildo entre 2009 y 2018, algunos cuestionados.
Otro hallazgo es la falta de información disponible tanto en el Municipio de Durán, como en la Empresa Municipal de Agua (Emapad). El mayor reto de este trabajo periodístico fue conseguir información oficial sobre la situación de la empresa. Este equipo periodístico solicitó informes de la gestión y los balances financieros, pero pocos documentos fueron entregados. Incluso los reportes que, por ley, deben estar publicados en el portal web institucional están incompletos y desactualizados. En otras palabras, la Emapad no cuenta con datos sobre sus cuentas, su nivel de cobertura y producción de agua y tampoco un registro de los tanqueros que operan en Durán. La entidad sobrevive en una situación precaria, sin infraestructura, con recursos limitados y enfrentado el sobre endeudamiento dejado por anteriores administraciones.
En los últimos dos años, un equipo periodístico se propuso investigar a profundidad a la ‘Ciudad ferroviaria’, para escribir la historia completa y conocer en detalle lo que sucede más allá de la violencia armada. Producto de este trabajo, este año, cinco medios y una organización (Tierra de Nadie, Plan V, La Barra Espaciadora, Ecuador Chequea, Gestión y la Fundación Periodistas Sin Cadenas) conformaron una alianza para presentar un especial con tres nuevos reportajes de seguimiento a uno de los temas más dramáticos de este territorio. Este texto es apenas un resumen y la investigación completa está en:
Una ciudad llena de tanqueros, pero sin registros
A inicios de 2022, la Emapad guardaba un listado de 85 tanqueros autorizados y había detectado al menos una decena de camiones no registrados. Era fácil distinguir a los camiones regulados, pues llevaban en sus costados pegados carteles distintivos con el precio oficial de venta al consumidor: 80 centavos por cada tanque de 55 galones.
En agosto de 2023 el número de camiones cisterna autorizados aumentó a 115 en total: 61 son parte de una asociación y otros 54 son independientes. Los letreros distintivos desaparecieron tras el cambio de administración municipal; y, sin los carteles en cada unidad, es difícil saber qué camiones están autorizados para circular en Durán. Tampoco existen garantías de que el agua que distribuyen sea potable.
Los tanqueros especulan con el precio del agua y los controles de las autoridades son escasos. Por esto, cada familia debe pagar hasta USD 60 mensuales en agua de tanquero cuando el costo promedio que cancela una familia en Ecuador es de USD 10 mensuales, según el INEC. “Cobramos un dólar para que nos alcance y poder dar mantenimiento adecuado al vehículo”, aseguró Cristian Alvarado, de la Asociación de Servicios de Distribución de Agua Mediante Tanqueros del Cantón Durán, un gremio que agrupa a 23 camiones cisterna.
El listado de los tanqueros autorizados por la Emapad no es público; y, al parecer, existe un incremento no controlado en el número de unidades que circulan por las calles Durán. Según Alvarado, llegan camiones cisterna de otros lugares y no hay una regulación que lo impida. “No hay nadie que lo controle. Todo el mundo trae carros“, comentó.
La gerente de la empresa pública, Abigaíl Nevarez, aseguró que la empresa mantiene acuerdos sólo con una de las tres asociaciones de tanqueros. “Como Emapad, sólo trabajo con una. Los acercamientos con los carros cisternas los hemos estado haciendo poco a poco”, dijo en una entrevista.
También hay cuatro compañías de tanqueros no identificadas y que no son parte de estas asociaciones. Así lo confirmó Alvarado. “Son aparte. Ningún tanquero que esté dentro de una compañía es parte de una asociación. Son tres asociaciones y cuatro compañías”, aseguró.
El mando de las asociaciones de tanqueros
En Durán existen tres asociaciones: la Asociación de Propietarios de Tanqueros Repartidores de Agua Potable Durán, la Asociación de Servicios de Distribución de Agua mediante tanqueros del cantón Durán (Asoserdametcadu); y, la Asociación de Servicios de Entrega de Agua Mediante Tanqueros Independientes del Cantón Durán (Asotanq). Esto, conforme a los registros de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
La más antigua es la Asociación de Propietarios de Tanqueros Repartidores de Agua Potable Durán. Inició legalmente sus actividades el 26 de diciembre de 1994, según el Servicios de Rentas Internas (SRI). El 10 de enero de 2000, suscribió un convenio con Emapad para abastecer a los sectores marginales del cantón.
Su actual representante legal es Ángel Rolando Andrade Pazmiño; su presidente, Jhonny Gustavo Reyes Arreaga; y, su secretaria, Katherine Rubí Andrade Méndez. Esta información consta en los archivos de la SEPS.
Los directivos de esta asociación mantienen relaciones societarias con CDTRAP S.A., una firma dedicada al transporte de carga pesada, con sede en Guayaquil; y, a la empresa Transporte Pesado Durán Transpedur, registrada en la Superintendencia de Compañías para atender las mismas actividades, pero con sede en Durán.
La segunda asociación registrada en la SEPS es Asoserdametcadu que, según el SRI, inició sus actividades el 9 de junio de 2022. Su representante legal es Christian Roberto Alvarado Alvarado; su presidente, Marcos Alberto Avilés de Santis; y, su secretario, Darwin Antonio Cevallos Cevallos. De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, sus directivos no mantienen relaciones societarias con empresas y tampoco registran contratos con el Estado.
La tercera asociación es la Asotanq. Inició legalmente sus actividades el 6 de noviembre de 2018; y, según el SRI, ha declarado cero en pago de impuestos de 2018 a 2022. Su Directiva, al igual que las anteriores, está conformada por tres personas: Ines Katherine Ormazabal Sánchez, que figura en la SEPS como representante legal; Álex Geovanny Caguana Loor, actual presidente; y, Julio César Camaton Loor, como secretario.
Del 2004 al 2012, Caguana Loor fue accionista de Cdtrap S.A., por lo que su nombre aparece en el historial societario de la empresa al igual que dos de los socios de la Asociación de Propietarios de Tanqueros Repartidores de Agua Potable Durán: Andrade Pazmiño y Reyes Arreaga, accionistas de Cdtrap del 2004 al 2012.
Por su parte, la representante legal de la asociación, Inés Katherine Ormazabal Sánchez, fue presidenta de la empresa Ormazabal Valderrama Construcciones S.A., entre los años 2000 y 2009; y accionista minoritaria de la firma desde el 2000 hasta el 2002. En 2022 la empresa entró en disolución.
Ormazabal Valderrama Construcciones fue una firma conocida en el mercado; legalmente constituida en agosto del 2000, como un negocio familiar. Sus fundadores fueron José Arturo Ormazabal Valderrama e Inés Katherine. Al momento de su liquidación, la constructora tenía tres accionistas: José Arturo Ormazabal Delgado, Gabriela Elizabeth Ormazabal Salvatierra y José Arturo Ormazabal Valderrama.
En el Sercop reposa un registro de 14 contratos estatales adjudicados a esta empresa entre 2009 y 2018; nueve de estos firmados con el Municipio de Durán, por un total de USD 20,4 millones. En su último balance de situación financiera declaró ante la Superintendencia de Compañías un patrimonio de USD 3’264.989 (USD 4’476.614 en activos y USD 1’211.624 en pasivos).
En 2013, la entonces asambleísta Alexandra Arce denunció presuntas irregularidades en los procesos de contratación del Municipio de Durán, con Dalton Narváez en la Alcaldía. Se trata de cuatro contratos por USD 9,5 millones adjudicados a la constructora Ormazabal Valderrama S.A.
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Estas y más revelaciones las puede encontrar en el especial Durán: los hijos del tren y de las mafias del agua.
