Desde la creación de un Comité para retirar la explotación del Yasuní hasta el conflicto generado en Olón, el Gobierno se pone en la ‘mira’ sobre su manejo ambiental. Yasunidos ya presentó una denuncia contra el Estado ante la CIDH. 

El Gobierno se ha puesto en el centro de las críticas en los últimos días, luego de varios cuestionamientos sobre dos temas en específico: el caso Olón y el cumplimiento de la consulta popular, que prohibió la explotación de petróleo del bloque 43, en el Yasuní.

Estos dos temas han levantado diferentes posiciones desde sectores ajenos al Gobierno y dentro del mismo. En este vaivén de críticas y opiniones, sectores ambientalistas y organizaciones sociales también han levantado su voz. Para entender más, te contamos uno por uno los temas que han puesto al Gobierno de Daniel Noboa bajo la mira.

Sobre el Yasuní

El pasado 20 de agosto, luego de una lucha que duró más de una década, organizaciones sociales y ambientalistas lograron su objetivo en las urnas, luego de que Ecuador votó sobre la explotación petrolera del bloque 43, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní. El objetivo era claro: que se dejara de sacar petróleo de este espacio, ubicado dentro de una de las zonas más biodiversas del mundo, dentro de la Amazonía ecuatoriana. 

Luego de que alrededor de 13 millones de ecuatorianos se hayan pronunciado, la victoria del ‘Sí’ fue contundente. El 59% de la población se pronunció en contra de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, obligando al Gobierno a dejar de extraer el combustible de este espacio. Sin embargo, este fue sólo el inicio de una nueva batalla. 

Y es que el 5 de septiembre del 2023, luego de que los resultados se oficializaran, el presidente de entonces, Guillermo Lasso, emitió el primer pronunciamiento controversial al respecto, al aclarar que el Gobierno estaría buscando formas para evitar dar paso a la decisión tomada en la consulta. 

“No es posible aplicar el ‘Sí’ y vamos a sostener esa posición el mayor tiempo posible. (…) No queremos que termine la producción petrolera en el Yasuní, por el momento no vamos a suspender nada”, dijo Lasso en ese momento. 

Pero el tiempo seguía corriendo y el dictamen de la Corte Constitucional sobre la consulta fue claro: luego de la publicación de resultados, el Gobierno tendría un año para cumplir con la voluntad popular con un retiro progresivo de la maquinaria de la zona, junto con un plan de remediación ambiental. Y aunque el tema quedó ahí, sin avances ni actualizaciones, en los últimos días, a casi cuatro meses de que se cumpla este plazo, ha vuelto a salir a la luz.

El Gobierno de Noboa emitió este miércoles el Decreto Ejecutivo 257, que establece la creación de un Comité Ejecutivo de la Voluntad Popular Yasuní ITT. Este, según dicta el documento, tendría la finalidad de “cumplir con la voluntad popular con respecto al retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el Bloque 43”. 

De este modo, el Comité planteado por Noboa será el encargado de coordinar y establecer mecanismos, lineamientos y acciones que se ejecutarán para cumplir con los resultados de la consulta. Los miembros de este organismo, por decreto, son las máximos autoridades de: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y Petroecuador. Una vez contemplado este plan de acción, el Decreto establece que este será enviado a la Corte Constitucional.

La emisión de este documento, sin embargo, no dejó de levantar críticas en los sectores vinculados con el proceso de consulta popular. Hoy por la mañana, Yasunidos dio una rueda de prensa junto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en la que dieron sus críticas a esta medida. 

“El 8 de mayo hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basados en el artículo 41 de la convención, una denuncia sobre el incumplimiento del Estado ecuatoriano de estos mandatos populares, que deben ser de inmediato cumplimiento”, dijo Pedro Bermeo, representante del colectivo Yasunidos. 

La organización aclaró que el Decreto firmado por Noboa llega de forma “extemporánea”, nueve meses después de que la ciudadanía se haya pronunciado. Para él, esta decisión, además de venir fuera de tiempo, no refleja un avance en el retiro de la explotación petrolera en el Yasuní. “Queremos decir a la Corte Constitucional que este Decreto no es una forma de cumplir la voluntad popular, sino una cortina de humo”. 

Además, una de sus críticas se vio enfocada también en que el Decreto aísla a las organizaciones sociales que llevaron a cabo la consulta, sin necesidad de darles voz en este proceso. 

“Esto ya ha pasado en casos como Quimsacocha, Quito sin Minería y no queremos que pase lo mismo con el Yasuní, porque ahí se sigue explotando a pesar de las consultas populares”, dijo. 

Para Franklin Buchelli, abogado ambiental, el Gobierno todavía está dentro de tiempo para ejecutar el cierre de la explotación petrolera en el Yasuní. Sin embargo, este sí necesitaba un mayor margen de tiempo, explica, debido a que la sentencia de la Corte Constitucional detalla que el retiro de la maquinaria y el cierre de la producción debe ser progresivo, con el fin de evitar cualquier posible daño proveniente de las acciones tomadas. “El Gobierno debe también tener un plan de remediación ambiental, porque la sentencia, en otras palabras, destaca que el campo petrolero se lo debe dejar tal como estaba antes de la explotación”. 

Por esto, el experto se suma a las críticas detallando que este tipo de acciones buscan demostrar avances tardíos en el cumplimiento de la consulta. 

Asimismo, Bermeo señaló que este decreto se está usando para opacar en la opinión pública temas relevantes, como lo ocurrido en el caso Olón, que ha cobrado fuerza en los últimos días y ha salpicado al Gobierno y a sus autoridades. Por esto, dijo que se mantendrán vigilantes al cumplimiento del mandato popular, cuyo incumplimiento podría derivar en la destitución del Presidente y las autoridades encargadas.

Sobre Olón

Esto se puede ligar a lo ocurrido con el segundo tema que atañe al Gobierno si se habla del ambiente: el caso Olón. Y es que el intento de ejecutar la construcción de un proyecto habitacional ‘Echo Olón’, impulsado por una empresa en la que la primera dama, Lavinia Valbonesi, es accionista mayoritaria, no ha dejado de dar de qué hablar. 

En la misma rueda de prensa en la que se pronunció Yasunidos se contó con la presencia de un representante de la comuna de Olón, Simón Velasco. En sus declaraciones, el delegado aseguró que ellos han conocido del proyecto habitacional desde septiembre u octubre de 2023, cuando la comunidad ya sesionó en Asamblea, negándose tajantemente a la construcción de este espacio. 

“Estos primeros días de mayo explotó el escándalo porque ellos empezaron la construcción de este proyecto sobre el estero Oloncito. Han talado ya cerca de 21 árboles de especies endémicas del manglar, por lo que la Asamblea se volvió a reunir ese mismo día resolviendo nuevamente un rechazo tajante a la construcción de ese proyecto”, dijo. 

Esto, citando la protesta pacífica que ha llevado la comunidad desde el 6 de mayo y que se ha mantenido, mientras las redes sociales han masificado las denuncias con relación al tema: “¿Cómo es posible que una persona quiera adueñarse del río?”, fue uno de los reclamos dados por el representante de la comunidad, alegando que se busca incumplir con los derechos colectivos y con los derechos de la naturaleza, “cuando debieron habernos consultado sobre la realización de este proyecto, porque este es nuestro territorio ancestral”. 

La ubicación de este proyecto en un punto colindante a un bosque protector, declarado por el Ministerio de Ambiente en 2001, es uno de los principales reclamos que mantienen los comuneros y organizaciones, por lo que Velasco aseguró que continuarán en vigilia y que plantean la presentación de una acción de protección que les permita garantizar sus derechos. 

“Ellos ya han procedido, y tenemos evidencia de eso, a intentar cercar todo el río, de modo que no les importa la decisión de la comuna. Nosotros somos un pueblo ancestral y tenemos derechos”, dijo, al asegurar que tanto comuneros como otros habitantes de Olón están en contra de la construcción de este proyecto. 

El presidente Noboa ha calificado a estas acciones en Olón, desde las protestas hasta las denuncias, como un intento político de adelantar la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2025, jugando en su contra. Sin embargo, las organizaciones y representantes rechazaron esto en sus múltiples declaraciones. Asimismo, desde el Gobierno se ha defendido que este proyecto es un tema de índole privado, que no afecta al ambiente o a la comuna, así lo ha dicho también Irene Velez, secretaria de comunicación de la Presidencia. Por otro lado, la ministra del Ambiente, Sade Fristchi, ha asegurado que el permiso se le otorgó al proyecto porque este no se encuentra en una área protegida, sino en un bosque protector y sólo interseca un 16% de la construcción con este espacio; algo que ha levantado aún más críticas desde los sectores sociales y ambientalistas. 

Para Buchelli, lo que se está intentando hacer en Olón está penado por la Ley, pues más allá de que la zona sea o no un área protegida, “la Constitución establece claramente la responsabilidad del Estado de proteger ecosistemas frágiles, entre los que está el manglar; por lo que es responsabilidad del Estado proteger zonas como el mangle de Olón”. 

Natalia Molina, ingeniera ambiental, aclara que estas zonas se configuran como bosques protectores debido a su importancia en la protección del agua del suelo y la biodiversidad. “En Ecuador, hasta 2017 los bosques protectores estaban dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sean privados, comunitarios o que sean de los gobiernos locales. Pero a partir de 2017, los bosques protectores están fuera de las áreas protegidas”.

Para ella, el problema está en el uso de suelo que se ha dado en Olón, pues en estas zonas se sigue construyendo en humedales y manglares, aunque la Ley protege estos espacios. “Este no es un problema de hoy, es un problema que lo vivimos todos los días”. Molina, además, destaca que los manglares son ecosistemas frágiles que deben protegerse, pues de ellos depende la dinámica costera y la desalinización del agua que entra a los esteros, “por eso son frágiles”.

“Las especies que están ahí son el algarrobo o el manzanillo y el mayor problema del proyecto es el relleno del canal, porque va a sedimentar más el suelo y al hacer eso será más inundable”, por lo que asegura que la construcción de este proyecto podría poner en riesgo a la comuna y al espacio y hacerlo más propenso a inundaciones.

Cabe aclarar que, hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre ninguno de los dos temas, más allá de lo dicho sobre el tema de Olón ayer. 

Te puede interesar:

· El Municipio de Quito tiene dos opciones para el mantenimiento del Metro

· Fiscal deberá decidir entre el caso ‘Metástasis’ o su juicio político, dice Pamela Aguirre

· Palencia habría dicho que Noboa cometió delito ambiental por culpa de Correa