Que las áreas protegidas sean administradas bajo la figura de empresas públicas y la aplicación de la consulta previa son observaciones que se dieron en el primer debate.
POR: Hugo Constante
Que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas opere bajo la figura de Empresa Pública para la gestión y servicio de este sector y la aplicación de la consulta previa son los puntos de discordia entre el oficialismo y el resto de sectores políticos en el tratamiento del proyecto de Ley del Fortalecimiento de Áreas Protegidas.
El proyecto fue remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el carácter de urgente en materia económica y hoy se cumplió el primer debate en el Pleno de la Asamblea.
El informe lo preparó la Comisión de Desarrollo Económico, de mayoría oficialista, y fue donde el legislador de ADN Alejandro Lara propuso que el sistema sea manejado como empresa pública. «La creación de esta empresa pública tiene por objetivo el fortalecimiento, la conservación y la restauración de las áreas protegidas», consta en el informe para primer debate.
Sin embargo, los legisladores que han cuestionado la normativa consideran que se trataba de un «privatización camuflada».
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, indicó que entregar el 20% del territorio, que es el porcentaje ocupado por áreas protegidas de acuerdo a las cifras oficiales, a una empresa pública es riesgoso, ya que por principio una empresa pública tiene que cumplir con un compromiso de rentabilidad, de ganancia económica, mientras que la protección de esas zonas en un mandato constitucional.
Por su parte, los legisladores del correísmo Diego Salsas y Verónica Íñiguez agregaron que bajo la nueva figura de administración propuesto, las comunidades y Estado perderían el control de las áreas protegidas. Además, cuestionaron que esta propuesta se haya presentado de último momento en la Comisión y que haya sido incorporada al informe sin haberlo debatido ni socializado con los sectores afectados. «Se deja la puerta abierta para una lógica empresarial en el tema de conservación», dijo Salas.
Alcance de la consulta previa, en duda
La Constitución reconoce el derecho de comunidades, pueblos y nacionalidades a la consulta previa, libre e informada sobre programas extractivistas que se desarrollen en sus territorios y que pueden afectarles. «Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad se procederá conforme a la Constitución y a la Ley», consta en la Constitución. El artículo 7 del proyecto en debate mantiene el concepto de la consulta previa y añade que cuando la zona identificada para el desarrollo de la actividad se encuentre usada o habitadas por comunas el «delegado privado» deberá proponer un acuerdo formal de beneficio y la Empresa Pública del Servicio Nacional de Áreas Protegidas verificará el cumplimiento de esta obligación. Sin embargo, estipula que si pese a los esfuerzos no se logra un acuerdo por «negativa injustificada de las colectividades», el Servicio podrá autorizar la continuidad de la operación, siempre que se establezca un mecanismo sustitutivo de compensación o beneficio a favor de la comunidad.
Para Íñiguez, con esta propuesta se desnaturaliza la figura de la consulta previa, ya que esta tiene que cumplirse antes de la ejecución de cualquier proyecto y su resultado es mandatorio, de cumplimiento obligatorio y no a discreción del Servicio de Áreas Protegidas.
Por su parte, el asambleísta independiente Cristian Benavides indicó que de acuerdo a sentencias dictadas por la Corte Constitucional la consulta previa no puede ser impulsada por una empresa pública, sino que le corresponde directamente al Estado.
Mientas que las legisladoras de Pachakutik, Carmen Tiupul y Mariana Yumbay, aliada y de oposición al Gobierno, respectivamente, que han venido manteniendo criterios opuestos frente al tratamiento de las normativas propuestas por el Ejecutivo, esta vez coincidieron en señalar que el proyecto debe respetar el derecho de pueblos y nacionales a la consulta previa. «No podemos permitir que ninguna de las áreas protegidas del país puedan tener una ventana abierta para el sector privado», dijo Tiupul. Mientras que Yumbay dijo que es una violación a los derechos constitucionales, ya que se abre la puerta a la privatización, se violenta el derecho a la consulta previa y a la consulta prelegislativa.
La presidenta de la Comisión, la oficialista Valentina Centeno, indicó que se debe perder el miedo a la inversión responsable si el objetivo común es conservar la biodiversidad, protegerla y restaurarla. Centeno informó que de las 78 áreas protegidas, 36 tienen enfoque turístico, pero que en su mayoría, con una infraestructura en pésimas condiciones, lo que sería corregido con esta propuesta.
Finalizado el primer debate, el proyecto de Ley regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para que incorpore las observaciones presentadas durante esta jornada y elabore el informe para segundo y definitivo debate, que se podría desarrollar la próxima semana.
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