Sí, pero
Donoso: «El Cpccs se hizo a través de una consulta popular y para eliminarlo se debe tramitar la misma vía» #SÍ,PERO
abril 11, 2019

En las elecciones seccionales de marzo de 2019 los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron elegidos a través de votación popular por primera vez. Pese a que 7 candidatos fueron escogidos para continuar con el trabajo de esta institución, durante la Sesión 583 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizada el 9 de abril de 2019, se debatió un Proyecto de Resolución para iniciar el trámite de reforma parcial de la Constitución y limitar las atribuciones del CPCCS.

Distintos legisladores participaron del debate y cuestionaron las acciones llevadas a cabo por los anteriores integrantes del Consejo de Participación. Patricio Donoso, asambleísta por el movimiento Creo, recordó que nunca estuvo de acuerdo con la formación de esta institución, y demandó la eliminación de la misma a través de los mecanismos legales pertinentes. «El CPCCS se hizo a través de una consulta popular y para eliminarlo se debe tramitar la misma vía», afirmó.

La Constitución de Ecuador, aprobada por votación popular en 2008 tras la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, determinó la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el artículo 207.

De acuerdo a la Carta Magna esta institución tiene la función de promover la participación ciudadana, impulsar mecanismos de control social, y nombrar autoridades conforme a la Ley. El 18 de marzo del 2010 fueron posesionados por la Asamblea Nacional los primeros integrantes del Cpccs, tras haber sido sometidos a un concurso de méritos y oposición efectuado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los consejeros fueron nombrados para un periodo de cinco años.

El 23 de julio de 2015 el Legislativo posesionó a los consejeros para el periodo 2015-2020, sin embargo los mismos fueron cesados por una Consulta Popular realizada el 4 de febrero de 2018. A raíz de este proceso electoral se aprobó la creación de un Cpccs Transitorio con la finalidad de evaluar a las autoridades cesadas. Dicho Consejo de transición dejó sus funciones el 28 de febrero de 2018. Julio César Trujillo fue el último representante de esta institución.

De acuerdo Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, la Constitución contempla dos vías para eliminar el Cpccs: enmienda o a través de reforma. «Si es enmienda según la Constitución,  bastaría con votación legislativa, sin embargo para la reforma es necesaria la consulta popular», puntualizó el abogado.

Según el ordinal 2 del artículo 441 de la Constitución para enmendar uno o varios artículos de la misma, en este caso el artículo 207, se puede apelar a una iniciativa de la Asamblea motivada por un número no inferior a la tercera parte de sus miembros (46 asambleístas).

Por otra parte, la reforma parcial. estipulada en el artículo 442 de la Constitución, exige un llamado a Consulta Popular para ser aprobada. Es decir, la eliminación del Cpccs a través de esta medida requiere de un proceo electoral.

Por su parte, el constitucionalista Iván Castro enfatizó que “la reforma constitucional es la vía más expedita y legal para eliminar un órgano del poder público como el Consejo de Participación, debido a que su eliminación no restringe derechos fundamentales ni modifica la estructura del Estado”.

Sin embargo, la Corte Constitucional deberá calificar en última instancia cual de los procedimientos previstos corresponde en cada caso. Esto de acuerdo a lo determinado en el artículo 443 de la Constitución:

Corte Constitucional fue constituida en febrero de 2019

Tras la consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018, el Cpccs transitorio destituyó a los Magistrados de la Corte Constitucional el 23 de agosto de 2018. Así, entre agosto del 2018 y enero del 2019 pasaron 5 meses en los que la Justicia ecuatoriana no contó con Corte Contitucional.

El 28 de enero del 2019 que el Cpccs transitorio avaló los nombres de los nuevos Magistrados, y el 5 de febrero del 2019 la Asamblea Nacional posesionó a los jueces.

 

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