Frente al ataque que sufre la Corte Constitucional, varios frentes —tanto nacionales como internacionales— han manifestado su apoyo al organismo.
POR: Hugo Constante
La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente 17 artículos de tres leyes promovidos por el Gobierno ha generado una ola de críticas por parte del Ejecutivo, sus funcionarios y asambleístas, al punto que el propio presidente de la República, Daniel Noboa, ofreció encabezar el martes una movilización ciudadana hacia la Corte para rechazar sus decisiones.
Naturalmente, ministros y otros funcionarios repiten el discurso de Noboa con relación de que esas Leyes, a pesar de que no están suspendidas en su totalidad, son necesarias para combatir al crimen organizado y para respaldar la labor que en el combate contra la delincuencia cumplen militares y policías.
“La voz de las familias exige seguridad, y por tanto, necesitamos que la Corte Constitucional nos devuelvan las leyes que nos permiten cumplir con nuestro deber”, “Este Gobierno no agacha ni agachará la cabeza ante el mal. Estamos convencidos y decididos a conquistar la victoria, cueste lo que cueste”, fueron los mensajes difundidos por las redes sociales de los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, respectivamente.
La posición de los asambleístas oficialistas no es diferente. “Son herramientas claves para combatir el narcoterrorismo”, dijo la jefa de la bancada, Valentina Centeno, y agregó que la Corte Constitucional tomó la decisión con un criterio sesgado, arbitrario y con concepciones preconcebidas.
Sin embargo, bajo la lógica jurídica, el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenae), Paúl Ocaña, manifestó que lo resuelto por la Corte es dictar medidas cautelares como parte de su competencia, cuando se presume que una determinada norma puede afectar derechos o ser inconstitucional. “Es decir, el fondo de la demanda todavía no se ve, las leyes todavía no se rechazan. La decisión (final) todavía no está dicha y puede cambiar”, con relación a las medidas cautelares, dijo Ocaña.
El dirigente expresó su respaldo a la decisión de la Corte. Aseguró que es importante mantener la institucionalidad del país, garantizando la separación de poderes. “Las decisiones que tome en derecho la Corte Constitucional, deben ser respetadas como elemento principal de un país democrático”, expresó.
Las organizaciones sociales
La Corte Constitucional ha evitado emitir algún pronunciamiento político frente a los cuestionamientos y a la decisión de Noboa de movilizar a la ciudadanía. “La Corte Constitucional no emite pronunciamientos sobre declaraciones políticas. Como máximo órgano de control constitucional y administración de justicia en esta materia, actúa con independencia, sujeta únicamente a la Constitución y al marco jurídico vigente”, fue el mensaje del organismo compartido en el chat institucional de prensa.
Son los organismos sociales los que han asumido la defensa de lo que representa la Corte para el país, más allá de quiénes lo integren. Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), indicó que el rol del organismo es ser garante de derechos. “Estamos ante un gobierno autoritario que ejecuta una reforma vertical, jerárquica, que intenta hacer lo mismo que hacía el correísmo: deslegitimar a los actores que cuestionan sus reformas”, indicó Arellano.
Ingrid García, coordinadora ejecutiva de Inredh, manifestó que la Corte es un ente independiente, cuya misión es hacer respetar los derechos que están en la Constitución para todos los ecuatorianos. “No se va en contra de la ciudadanía ni en contra del Gobierno, más bien trata de precautelar derechos”, indicó.
A través de comunicados, el Foro por la Democracia expresó el respaldo absoluto al rol del organismo como máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional.”La Corte cumple una función fundamental: asegurar que las reglas del juego democrático se respeten, aún cuando puedan resultar incómodas para quienes detentan el poder”, consta en comunicado.
La Conaie, a través de la misma vía, expresa que la Corte Constitucional fortalece la democracia y garantiza la defensa de los derechos, por lo que se ha constituido en uno de los últimos frenos institucionales frente al avance del poder político. “Su labor es clave dentro del sistema democrático donde cada función del Estado debe tener límites y controles”, señala la organización indígena.
Voces externas
El respaldo a la Corte Constitucional tuvo eco en representantes de organismos internacionales. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, a través de su cuenta de X, rechazó los ataques a la Corte “por suspender normas que amenazan derechos y asegura que el organismo es clave para proteger el Estado de Derecho y debe poder actuar con independencia y sin presiones”. “Las autoridades deben respetar y garantizar su labor”, consta en el post.
En la misma red social, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, escribió que, según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias y que la independencia judicial no es opcional, sino la base de la democracia. “Las decisiones judiciales pueden y deben debatirse por vías legales, pero las amenazas son inaceptables. La democracia no puede sobrevivir sin un poder judicial independiente”, expresó.
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