El mundo conmemora hoy el Día del Ambiente y Ecuador lo recibe como un país con falencias en su cuidado. Desde el extractivismo y el cambio climático hasta la debilidad institucional. Conoce cinco de las amenazas que acechan a la naturaleza en el país.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
La luz se va apagando y el tiempo continúa su cauce. El viento sigue soplando en direcciones cambiantes, mientras que el verde se atenúa y le permite el paso sin obstáculos. Las ciudades se siguen pintando de gris y los troncos caen. Mientras tanto, allí donde el bosque se levanta, las alarmas también acechan. Cada vez hay menos sonidos, la sinfonía se va apagando, el sol entra más fuerte y las hojas no vuelven a crecer.
Hoy, el mundo conmemora el Día del Ambiente. Sin embargo, esta fecha llega al país en medio de un panorama que pinta más problemas que soluciones para que el verde se mantenga vivo. Derrames petroleros, minería ilegal, deforestación, agua contaminada, cambio climático; todo como parte de un panorama que se plantea complejo hacia el futuro.
El último derrame de petróleo en Esmeraldas ocurrido en marzo, en el que se vio alrededor de 25 mil barriles infectar el entorno, es una de las cuentas que forman parte de este panorama. A esto se suma la masiva expansión de la minería ilegal, o el aumento de la deforestación. Y todo sigue el mismo camino.
Por esto, hoy, Ecuador Chequea te cuenta cuáles son los cinco principales problemas que tiene el país en temas ambientales y las deudas del Estado en torno a esta problemática. Cinco puntos que, de no tratarse, pintan un futuro aún más desolador.
Cambio climático y pérdida de biodiversidad
Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta, pero también uno de los más vulnerables al cambio climático. Su ubicación geográfica, su alta variedad de ecosistemas y su dependencia directa de los recursos naturales hacen que cada variación climática tenga efectos inmediatos sobre su gente, sus animales y su flora.
La evidencia de esto, sin embargo, ya no sólo se mide en grados centígrados. Sino en especies que desaparecen, en páramos que se secan, en ríos que cambian su curso y en comunidades que pierden sus medios de vida.
Según el Tercer Informe de Comunicación Nacional sobre Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, el país ha registrado un aumento promedio de 1,1 grados centígrados en los últimos 50 años, con impactos especialmente intensos en la región interandina y la amazónica. A esto se suman lluvias más intensas, sequías prolongadas y una mayor frecuencia de incendios forestales, que ponen en riesgo la estabilidad ecológica de los territorios.
Pero lo más preocupante, advierte el investigador David Romo, profesor emérito de la Universidad San Francisco de Quito, es que Ecuador forma parte activa de lo que llaman la “sexta extinción masiva” de la historia del planeta.
“Estamos viviendo una tasa de desaparición de especies tan acelerada que muchas no alcanzan ni a ser descritas. Se extinguen antes de que sepamos que existen”, dice. De hecho, él asegura que en la Amazonía ha visto cómo especies antes comunes de ranas, aves o insectos ahora apenas se encuentran o han desaparecido por completo de ciertas zonas.
Y lo más grave, insiste, es que la pérdida de especies no sólo significa menos animales en un conteo: “Lo que desaparece no es sólo una rana. Es el sistema que regula los nutrientes del suelo. Es el ave que dispersa semillas. Es el murciélago que controla plagas. La pérdida es funcional. Y cuando las funciones se pierden, el bosque se empieza a colapsar desde dentro”.
Por esto, el golpe más silencioso, y más profundo, es el de la pérdida de biodiversidad. Ecuador alberga al menos el 6,1% de todas las especies de anfibios, 4,6% de las aves y 3,4% de los mamíferos del mundo; según datos de WWF y el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, más de 1.300 especies están hoy catalogadas como amenazadas, muchas de ellas endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del mundo. En este grupo aparecen especies como el jaguar, el oso de anteojos, el cóndor andino, pero también otras poco conocidas y críticas para el equilibrio ecológico.
Y esto es sólo la punta del iceberg. En Ecuador, la deforestación, según el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, ha reducido al menos 2,5 millones de hectáreas de bosque nativo desde 1990. Algo que también ha afectado directamente a la biodiversidad en el territorio.
Romo advierte que una amenaza silenciosa, y pocas veces visibilizada, ha sido la expansión de monocultivos como la palma africana. “La palma ha destruido más bosque que el petróleo en ciertas zonas. Ha reemplazado hábitats complejos por paisajes homogéneos, sin vida, y lo ha hecho sin casi regulación ni cuestionamiento social. Porque no deja una mancha negra en la playa, pero mata igual”, dice.
A esto se suma la fragmentación del paisaje, producto de las carreteras, pozos, bloques petroleros, actividad minera, fronteras agrícolas; todos efectos directos de las actividades humanas que se levantan día tras día.
En la Amazonía, explica Romo, ya no se trata de grandes bloques de selva continua, sino de manchas verdes desconectadas entre sí, lo que limita el movimiento de especies y acelera los procesos de extinción local.
Asimismo, el investigador también alerta sobre los efectos acumulativos del cambio climático sobre estos sistemas ya estresados. Sequías más intensas, lluvias fuera de estación, temperaturas más altas y mayor incidencia de incendios forestales están rompiendo los ciclos naturales de floración, reproducción y migración. “Los ritmos ecológicos están desfasados. Hay árboles que florecen sin que los polinizadores estén listos, o lluvias que arrastran nidos antes de tiempo. Todo eso está ocurriendo ya”, destaca.
Además, cuestiona la narrativa institucional sobre la reducción del cambio climático a un problema técnico. “El cambio climático no es sólo energía o carbono. Es también cultura, territorio, relaciones. Si seguimos viendo esto como un problema de ministerios o tratados, no vamos a entender lo que está en juego”, dice.
La pérdida de biodiversidad se ha ido consolidando. En los últimos años, Ecuador ha registrado una pérdida alarmante de cobertura vegetal, especialmente en zonas de alta biodiversidad, como la Amazonía, el Chocó Andino y los bosques secos del sur.
Según datos del Sistema de Monitoreo de Bosques del Ministerio del Ambiente, entre 2016 y 2023 el país perdió aproximadamente 570 mil hectáreas de bosque nativo. Es decir, más de 80.000 hectáreas por año, en promedio.
Por otro lado, organizaciones como Global Forest Watch y Ecociencia coinciden en que la deforestación se ha acelerado por la expansión de monocultivos, minería, legal e ilegal; y la ganadería extensiva. Sólo en 2022, Ecuador fue el país amazónico con mayor tasa proporcional de pérdida de bosque primario respecto a su superficie nacional. Este retroceso no solo reduce la capacidad de capturar carbono y regular el clima, sino que fragmenta ecosistemas críticos y amenaza la supervivencia de cientos de especies endémicas.
Debilidad institucional y de políticas
Si los ecosistemas se apagan, sin embargo, no es sólo por el avance de la frontera extractiva o por el desequilibrio climático; también porque nadie los protege con la fuerza necesaria. Y en Ecuador, esta tarea recae en una institución que, según los expertos, es débil, erosionada por dentro y por fuera: el Ministerio del Ambiente.
El problema no es sólo el presupuesto, aunque esto también aporta a la ecuación, sino estructural. Desde hace más de una década, el Ministerio ha enfrentado recortes sistemáticos de fondos, pérdida de competencias y relegamiento político. Pero los problemas no quedan ahí.
Franklin Buchelli, abogado ambiental, advierte que, “si bien en el papel se protege el 40% del país, que está formado por cobertura vegetal y espacios verdes, la realidad in situ es totalmente distinta”. Las áreas protegidas, dice, están expuestas al extractivismo, la ocupación, la deforestación y la minería, sin presencia efectiva del Estado. De hecho, aclara que en provincias como Napo, Sucumbíos o Zamora, parques nacionales y bosques protectores han sido intervenidos sin que exista una respuesta operativa.
Por esto, Buchelli es enfático: “Ni siquiera llegamos a una cuarta parte de la capacidad operativa mínima para el control. A nivel internacional, se recomienda un guardaparque por cada 10.000 hectáreas, aquí no hay ni uno por cada 100.000”. De hecho, destaca que la fragilidad es tan profunda que hay zonas del país donde simplemente no existen funcionarios que realicen inspecciones, levanten denuncias o hagan seguimientos a concesiones.
Pero este debilitamiento no es casual. Viene acompañado de una pérdida de jerarquía dentro del aparato estatal. Así lo explica Verónica Arias, experta en temas ambientales y política pública. Para ella, el Ministerio de de Ambiente ha pasado a ser “una entidad marginal en el Consejo de Ministros”, sin peso para frenar decisiones de alto impacto ni para liderar políticas estructurales.
Proyectos clave como la Estrategia Nacional de Biodiversidad o el Plan Nacional de Restauración Forestal han quedado congelados sin implementación, dice. “Sin autonomía ni visión, el Ministerio es hoy más un receptor de fondos externos que un motor de política pública”, continúa.
Desde una perspectiva aún más crítica, David Romo considera que el Estado ecuatoriano “ni siquiera sabe cuánto tiene ni cuánto está perdiendo”. Las bases de datos sobre biodiversidad, recursos hídricos o servicios ecosistémicos están desactualizados o fragmentados. Y la toma de decisiones se hace muchas veces, destaca el experto, sin información técnica clara o sin consulta de expertos.
Pero el problema no se agota en el Ministerio. La ausencia de una agenda ambiental articulada entre todos los niveles del Estado ha generado una dispersión de competencias y una fragmentación institucional que impide respuestas efectivas.
Buchelli lo expone con claridad: “El ambiente es una competencia transversal, obligatoria para todos los niveles del Estado. Pero eso no se refleja en la práctica”. Ni los gobiernos locales ni las instituciones de planificación, dice, incorporan sistemáticamente criterios de sostenibilidad o conservación en sus políticas.
En lugar de una visión preventiva, Ecuador se ha acostumbrado a gestionar el ambiente desde la reacción: después del derrame, del incendio, del deslave. “Sólo actuamos frente a hechos consumados”, dice Buchelli. “No hay prevención, ni monitoreo, ni respuesta coordinada”. Incluso la propia Secretaría Nacional de Riesgos, encargada de enfrentar las consecuencias del cambio climático, funciona como una institución reactiva, “sin herramientas para anticipar desastres”.
Las consecuencias, concuerdan los expertos, no sólo quedan en mapas e informes. Se traducen también en pérdidas de servicios ecosistémicos, inseguridad alimentaria, crisis hídricas y aumento del riesgo para comunidades rurales. “Todo esto, a la larga, repercute en lo que ambientalmente siempre se ha anunciado: la emergencia de los servicios ambientales. Y eso ya lo estamos viendo con las sequías, apagones y la reducción de caudales”, dice Buchelli.
El deterioro institucional también se refleja en decisiones políticas contradictorias. Por ejemplo, la eliminación de tarifas de ingreso a áreas protegidas, que servían para financiar acciones de conservación, ha dejado a muchos parques sin recursos operativos. “Por querer democratizar el acceso, se eliminó el financiamiento directo, y no se sustituyó con nada”, lamenta el experto. El resultado ha sido el abandono, reducción del personal, deterioro de la infraestructura y avance de actividades ilegales dentro de espacios que deberían estar protegidos.
La falta de voluntad política, la desarticulación institucional y la desconexión entre las autoridades y los territorios han creado un vacío que hoy está siendo llenado por el extractivismo. “Estamos caminando hacia el exterminio de nuestros propios recursos sin darnos cuenta”, dice. “Y el problema es que lo que perdamos hoy, no se va a recuperar mañana”.
Ecuador tiene leyes, compromisos internacionales y una Constitución que reconoce los derechos de la naturaleza. Sin embargo, todo esto hoy no se ha traducido en una política pública consolidada que beneficie al ambiente en el país.
Extractivismo
El verde se va apagando también por la insistencia de seguir cavando. Porque en Ecuador, el extractivismo no es una excepción, es la norma. Y mientras la matriz económica del país, según aclaran los expertos, siga dependiendo de la extracción intensiva de recursos naturales (oro, petróleo, cobre, madera) no habría selva, páramo o manglar que resista el peso de esa maquinaria.
La minería ilegal, la legal, la extracción petrolera, el mercado forestal, la agroindustria masiva se han expandido como brazos de una misma lógica: la de convertir el territorio en mercancía. En palabras de David Romo, “la minería y el petróleo no son los únicos responsables, pero sí los más evidentes. Lo que hay es una ocupación masiva”.
Y los datos demuestran un avance. Según el Mapa de Concesiones Mineras de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, más del 15% del territorio nacional está concesionado para actividades mineras, en su mayoría metálicas. Muchas de estas áreas se superponen a territorios indígenas, zonas de bosques protectores o fuentes hídricas estratégicas. En provincias como Imbabura, Zamora, Morona o Azuay, la expansión minera avanza incluso dentro de zonas vulnerables.
Buchelli advierte que lo más grave no es sólo la cantidad de concesiones, sino la ausencia de control real sobre ellas. “En el papel hay regulaciones, pero en la práctica nadie fiscaliza. Hay zonas con más de 60 puntos de explotación ilegal y ningún técnico en campo”. Y mientras eso ocurre, el impacto no sólo es ecológico: es también social, con conflictos, desplazamientos y violencia en aumento.
Lo mismo sucede con la minería ilegal, cuya expansión se ha vuelto casi incontrolable. Según estimaciones de Fundación EcoCiencia y reportes de la Alianza por los Derechos Humanos, más de 6.000 hectáreas de selva amazónica han sido deforestadas en los últimos cinco años sólo por minería. Esta actividad, dice Romo, destruye ríos, contamina ríos con mercurio, genera violencia territorial e incluso financia redes del crimen organizado. “Es criminal y se mueve con total impunidad”, complementa Buchelli.
En paralelo, la extracción petrolera sigue siendo un eje de la economía nacional, pero también uno de los mayores factores de presión sobre la Amazonía. Desde 1972, Ecuador ha perforado la selva para sostener sus ingresos. Hoy, con gran parte de la Amazonía ya fragmentada por infraestructura o concesiones, las nuevas rondas petroleras han sido objeto de críticas, protestas y una consulta popular en la que el país decidió dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.
Romo subraya que “el petróleo ha financiado el país, pero también ha destruido la posibilidad de otro modelo”. Y lo que es peor, dice, “la cultura extractivista no se limita al Estado. Ha permeado a la sociedad. Hoy, comunidades que antes protegían el territorio defienden la minería porque es la única oferta que les queda”. Para él, este fenómeno es también resultado de un Estado que abandonó el desarrollo rural sostenible y permitió que las actividades extractivas se vuelvan la única fuente de ingresos en muchas zonas.
Tampoco escapan de este programa otras formas de extractivismo, como la expansión de monocultivos (palma africana, banano, caña de azúcar) o la industria camaronera, que ha degradado miles de hectáreas de manglar en la costa ecuatoriana. Arias, por su lado, señala que “estos sectores han crecido sin planificación ambiental, ni respeto a los ecosistemas que terminan destruyendo. Y lo ha hecho muchas veces con el aval del Estado”.
“El extractivismo no es sólo una política económica. Es una ideología. Una que dice que todo puede extraerse, venderse y desecharse. Y mientras no cambiemos esa lógica, cualquier política ambiental va a ser decorativa”, dice Buchelli.
Falta de concientización
Así, sin embargo, se puede ver que en Ecuador no sólo faltan políticas. También falta conciencia. Porque aunque la crisis ambiental avance en cada rincón del territorio, gran parte de la sociedad sigue sin verla. O, como dice Bucheli, peor: “la ve, pero no la siente”. Y ese, destaca, es uno de los obstáculos más profundos y urgentes.
“La gente no cuida lo que no conoce”, resume Verónica Arias, al explicar cómo la desconexión entre ciudadanía y naturaleza ha dejado al país sin un tejido social que defienda el ambiente. Para ella, el modelo educativo sigue viendo la ecología como un contenido accesorio y no como un eje transversal del aprendizaje. “Nos enseñan a memorizar nombres de especies, pero no a entender su función, ni su valor, ni cómo dependemos de ellas”.
Franklin Buchelli coincide. Y va más allá. Dice que no se trata de una falla escolar, sino de una cultura que ha invisibilizado el entorno como sujeto de derechos. “Hemos naturalizado vivir con ríos contaminados, con basureros en quebradas, con ruido, con humo, con destrucción. Y eso se transmite como normalidad a las nuevas generaciones”.
Y los impactos son visibles. Según la Encuesta Nacional de Hábitos Ambientales elaborada por el INEC en 2022, apenas el 16% de los hogares en zonas urbanas separa sus residuos de forma adecuada. Sólo un 9% identifica correctamente qué productos tienen mayor impacto ambiental.
Por esto, Buchelli insiste en que el sistema educativo debe replantearse de raíz. “No se trata de hacer un día del ambiente o una cartilla más”, dice. Propone que se incorporen contenidos ambientales de forma obligatoria, evaluable y continua en todos los niveles del sistema educativo nacional.
“Debe ser parte del currículo básico, con formación en valores ecológicos, derechos de la naturaleza y acción climática desde la infancia”, destaca. Además, sugiere crear redes escolares de monitoreo ambiental comunitario, para que niños y jóvenes no sólo estudien la naturaleza, sino que aprendan a cuidarla en territorio.
Para David Romo, este no es un detalle menor. “No vamos a resolver la crisis ecológica sólo con leyes y tecnología. Necesitamos una ciudadanía crítica informada, consciente. Si eso no existe, cualquier intento de transición va a naufragar”, dice. En ese sentido, plantea que uno de los grandes vacíos está en la desconexión entre las personas y su entorno.
Transición pendiente
Todo esto ocurre porque el modelo económico del país sigue anclado a la lógica de extracción, según dice Buchelli. “Seguimos apostando por un modelo que agota la base de la vida misma”, dice.
David Romo asegura que lo más grave es que se ha normalizado este modelo extractivista e indiferente al ambiente en el imaginario colectivo. Por esto, dicen que este modelo es otra de las amenazas que enfrenta el ambiente día a día.
Pero para cambiar el modelo, insisten, no basta con nuevas leyes ni promesas internacionales. Se necesita una transformación estructural que parta desde la educación, desde las aulas. Buchelli conecta este punto con el anterior: “Nuestro sistema educativo, como ya hemos visto, no crea ciudadanos con conciencia ambiental ni crítica del modelo extractivo. Necesitamos una educación que cuestione, que enseñe el valor de lo común, del agua, del suelo, del bosque. Si eso no cambia, no va a cambiar nada”.
Para él, el desafío está en instalar una visión que priorice la vida sobre la renta, el equilibrio sobre la ganancia. “Eso requiere repensar qué producimos, para quién y a qué costo”, dice.
Y aunque reconoce que no es una tarea sencilla, insiste en que es indispensable. “No podemos hablar de cuidado ambiental si no hablamos de transición energética o justicia climática, si seguimos ampliando la frontera petrolera o permitiendo minería en el territorio”, destaca el experto.
Así, esta puede verse como la base que da paso a todos los demás puntos que se han tratado. Y es que el cambio del modelo puede llevar a un mayor involucramiento, a un fortalecimiento de instituciones y políticas, a superar el extractivismo y, al final, a enfrentar de mejor manera el cambio climático. Sin embargo, hoy, el futuro aún es incierto y las deudas continúan.
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