Hasta diciembre del 2023, la sobrepoblación carcelaria era de 3.700 presos. Sólo en los primeros 8 días de operativos, han sido detenidas más de 1.700 personas; si la tendencia se mantiene, pronto habrá afecciones drásticas y la crisis penitenciaria se ahondará.
Según la información oficial, en los primeros ocho días de operativos tras la declaratoria de conflicto armado interno, las fuerzas del orden han detenido a más de 1.700 personas (de esas, 158 han sido judicializadas por terrorismo). Esos 1.700 representan casi la mitad de la cifra de hacinamiento en las cárceles del país, que para finales del año anterior era de 3.700 presos.
Va de nuevo: las cárceles del país tienen capacidad para 27.556 personas, pero a diciembre del 2023, albergaban a 31.263. Esto significaba una sobrepoblación carcelaria de 3.700 reos, o sea, el 11,79%. En una semana operativos, esa sobrepoblación habrá aumentado drásticamente por los 1.700 nuevos detenidos; y, si la tendencia se mantiene, en un mes las cifras de hacinamiento se habrán disparado. ¿Qué significa esto para el sistema carcelario? ¿Están preparadas las prisiones del país para recibir a todas estas personas?
En Ecuador, hay un total de 35 centros penitenciarios; de estos, 21 presentan cifras de hacinamiento. Ecuador Chequea realizó un cálculo del porcentaje de sobrepoblación carcelaria, tomando en cuenta la capacidad de cada uno de los centros y la población registrada en el último Censo Penitenciario. Según estas cifras, el centro carcelario que mayor sobrepoblación registra es Guayas N5, donde el hacinamiento alcanza el 121,83%.
Como se puede ver en el gráfico, a este centro le siguen la cárcel de Babahoyo, El Oro N1, Cañar N1,Tungurahua N1, Imbabura N1 y Carchi N1. Todas estas presentan un hacinamiento que supera los 40%.
Según el SNAI, a nivel nacional, hasta el 29 de diciembre de 2023, alcanzaba el 11,79%, tomando en cuenta a todos los centros carcelarios. Esto, debido a que la capacidad efectiva de todas las cárceles del país es de 27.556 personas; frente a los 31.263 presos que tiene el país, la demanda no cubierta de plazas en las cárceles alcanza los 3.707 presos.
Tomando en cuenta esto, si se analiza los niveles de ocupación de las diferentes cárceles del país, se puede ver que gran parte de los centros más grandes se encuentran cerca de cubrir toda su capacidad disponible. En el caso de la cárcel de Chimborazo N1, el porcentaje de ocupación asciende a 96,55%. Lo mismo ocurre con las cárceles de Cañar y Loja, donde el nivel de ocupación también se ubica sobre el 90%.
Como se puede ver en el gráfico, las cárceles con menor ocupación son la cárcel del Turi, El Oro N2, Esmeraldas N2, Santo Domingo N2, Chimborazo N2 y La Roca, donde sólo se encuentra ocupado el 7,77% del espacio.
Estas cifras muestran la complejidad que vive el sistema carcelario del país, por lo que una nueva carga de presos que lleguen a los centros podría, según expertos como Fernando Sánchez Cobo, quien trabajó como subdirector técnico de Rehabilitación Social, “poner en jaque a las prisiones”.
Un sistema que colapsa
Para Cobo, el estado actual del sistema penitenciario “es preocupante”. Los niveles de hacinamiento alcanzados han dificultado las condiciones de los presos que ya están en estos espacios.
“Las condiciones de rehabilitación social son precarias. En el caso de los adolescentes, se cerraron dos centros hace poco. Esto, además, limita los espacios de rehabilitación”, dice. Sobre esto último, asegura que el sistema carcelario tiene deficiencias de todo tipo. Entre estas, elementos como la reincorporación de presos al sistema educativo, el sistema de salud y las estrategias de reinserción.
“En la Penitenciaría del Litoral, que tiene más de 5.000 personas, hay un taller de carpintería que da sólo para 200. Cómo puede pensarse que un solo taller de esa cantidad puede establecer un correcto sistema de rehabilitación”, dice. “Esto, junto con el hacinamiento, causa falta de estrategias de reinserción, malas condiciones en salubridad, altos contagios de enfermedades, entre otros factores”.
Para Cobo, el ingreso de estos nuevos presos va a complicar aún más las condiciones que ya se viven en las cárceles. Además, para el experto, “hay que dejar de ver a las cárceles como bodegas de personas”.
Todos estos temas, para Cobo, deben considerarse al analizar la capacidad carcelaria del país y su verdadero funcionamiento, en línea con el objetivo de garantizar la rehabilitación social. Además, destaca, se debe considerar que las condiciones actuales no se vean mermadas por el ingreso de más presos a las cárceles, tomando en cuenta el estado que vive el país.
Nuevas cárceles
Entre los planes propuestos por Daniel Noboa está la construcción de dos nuevas cárceles en el país. Específicamente en Pastaza y Santa Elena. Según información brindada por el Gobierno, estas tendrán una capacidad de 736 personas cada una, alcanzando un total de 1.472 espacios. Es decir, si ya existieran, esas dos cárceles nuevas no alcanzarían para todos los presos detenidos durante esta primera semana de operativos.
Las cárceles tendrán espacios de alta, máxima y supermáxima de seguridad. Estos espacios esperan estar listos en un promedio de seis meses desde el inicio de su construcción. Además, estas contarán con servicios como:
- Inhibición de señal celular y satelital
- Sistemas electrónicos con tecnología de punta
- Control de acceso digital y análogo
- Triple seguridad perimetral
- Autogeneración eléctrica
- Tratamiento de aguas
- Construcción blindada
- Guardias sin rostros
- Licencias y permisos ambientales
Para Carlos Blanco, expolicía y experto en seguridad, es necesario que estas puedan concretarse pronto para poder abastecer la demanda de presos que puedan ingresar a los centros.
“La cifra de delincuentes va a seguir subiendo y los delincuentes saben que van a ser detenidos. Y una vez que sean detenidos tienen que ir a alguna parte. Es cierto que hay 1.700 presos que van a tener que ser ubicados. A estos van a tener que meterlos entre todas las cárceles del país hasta que construyan las demás. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que no podemos dar un paso atrás. Se deben continuar con las detenciones y reformar el sistema de rehabilitación”, dice.
Cobo coincide con Blanco. Para él es necesario reestructurar el SNAI e, incluso, “desaparecerlo”. El experto asegura que el sistema de rehabilitación debe cambiarse, desde la raíz, por la fácil la entrada de la corrupción que ha presentado este en los últimos años. “Se han infiltrado en el sistema, se encuentra droga y armas que entran fácilmente.Todo eso debe cambiar, no solo es construir cárceles y ya”, destaca.
Cobo asegura que las cárceles deben construirse, además, dentro del marcó de factibilidad ambiental y social; “porque las personas van a ser vecinos de un centro de rehabilitación social. Una vez más, no podemos pensar en construir sólo más bodegas de seres humanos”.
“Se debe pensar que no sólo se trata del encarcelamiento y peor dar con la muerte de los delincuentes, sino que el sistema debe reenfocarse en la reeducación y rehabilitación, respectivamente. Para esto se necesita una institucionalidad depurada y nueva, retomar el sistema de atención integral restaurativo. Se debería crear una nueva institución con estas competencias, dado el grado de corrupción e infiltración que tiene el SNAI”, dice.
Algo de contexto
Ecuador vive un momento inédito en la historia de la lucha contra el crimen: una ‘guerra’ declarada oficialmente contra grupos denominados terroristas. Esta decisión ha llevado a las Fuerzas Armadas a las calles para detener a miembros de las 22 organizaciones que el Decreto Ejecutivo 111 colocó como objetivos militares, y la desarticulación de los grupos.
En este proceso, las FF.AA. han empezado a reportar ya los primeros grupos de detenidos por terrorismo y otros delitos, junto con las cifras de decomisos y operativos. Según los datos oficiales, las fuerzas del orden confirmaron la detención de 1.753 personas desde el martes de la semana pasada hasta hoy, de las cuales, 158 son acusadas por terrorismo.
Entre los resultados, también se reportaron los siguientes datos:
18.108 operativos
41 operaciones contra el terrorismo
32 presos recapturados
5 terroristas abatidos
11 policías liberados
2 policía fallecidos
645 armas de fuego incautadas
15 embarcaciones aprehendidas
488 explosivos incautados
14.727 municiones incautadas
5.654,1 kilogramos de droga decomisada
12 atentados a infraestructuras policiales
13 atentados a infraestructuras públicas y privadas
Destaca entre las cifras el número de detenidos. Poco menos de 2.000 personas, que podrían ingresar al sistema penitenciario de Ecuador.
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