El Gobierno se mantiene firme en el proceso contra los asambleístas; el jefe de bancada de Pachakutik dijo que si el Presidente sabía del pedido de prebendas a cambio de votos, debió denunciarlo antes.

“No hay corrupción sin corruptor”, dijo hoy el asambleísta Rafael Lucero, jefe de la bancada de Pachakutik. Él acompañó a sus coidearios Gisella Molina, Rosa Cerda, Cristian Yucailla, Celestino Chumpi y Édgar Quezada en una rueda de prensa en la que se defendieron frente a las acusaciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que le habían intentado chantajear a cambio de votos para la Ley de Inversiones, que finalmente fue archivada por decisión del Pleno.

Lasso hizo pública esta denuncia el jueves, minutos después del archivo del proyecto, pero la hizo de manera general, sin especificar nombres. Pero el sábado difundió una carta dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, solicitando que investigue a esos legisladores que habrían pedido beneficios económicos a cambio de votar a favor del proyecto de Ley. 

Para Lucero las cosas debieron decirse a tiempo y que, si hubo reuniones en  ese sentido antes de la votación, por qué el Presidente no hizo la denuncia en ese momento y esperó a que se votara el proyecto de Ley para pronunciarse. “Al ver que no obtuvo la votación que él esperaba reaccionó, no solamente contra el Movimiento Pachakutik; reaccionó contra la bancada de Izquierda Democrática, contra Xavier Hervas”, manifestó Lucero. 

Los acusados 

Los cinco asambleístas de Pachakutik señalados por el primer mandatario como chantajistas coincidieron en señalar que están dispuestos a ser investigados y que prestarán toda la colaboración a la Fiscalía para que se cumpla el debido proceso. 

Los legisladores confirmaron que mantienen reuniones constantes con diferentes autoridades de Gobierno para expresar las necesidades de sus votantes. Sin embargo, negaron haber pedido algo a cambio, ya sea dinero o cargos públicos, como mencionó Lasso. 

Chumpi aseguró que no fue elegido para “venir a robar”, por lo que será la Fiscalía la que determine los  indicios de responsabilidad penal. “Jamás voy a huir de la justicia”, dijo. Mientras que Quezada reconoció que se han reunido inclusive con el Primer Mandatario, pero no para pedir un puesto o un cargo. “Al Gobierno le he pedido dos cosas: la vialidad (para Sucumbíos) y la universidad para los jóvenes amazónicos”. El legislador agregó que no sabe a qué reunión se refiere Lasso, ya que no menciona fechas, ni lugares ni con qué funcionarios fue la cita a la que hace alusión en su denuncia a la Fiscalía.  

Y se negó a dar nombres sobre supuestos ofrecimientos del Gobierno para la votación del proyecto de Ley de Inversiones, ya que al ser notificados de la apertura de la investigación previa, todo tiene el carácter de reservado en esta parte procesal. “No podemos adelantar criterio porque estaríamos cometiendo un delito”, aseguró. 

En tanto que Cerda declaró que “está limpia”. “Estoy lista para que se realice la respectiva investigación. Estoy lista a presentarme ante la Fiscalía”, manifestó.  En igual sentido se pronunciaron Yucailla y Molina.

En tanto que Lucero aseguró que no estaba al tanto de esas reuniones, ya que su labor es coordinar temas de agenda legislativa, mientras que los asambleístas dialogan sobre temas territoriales.

Otros análisis 

El vocero del Gobierno, Carlos Jijón, aseguró que haber puesto en conocimiento de la Fiscalía esos intentos de chantaje responde a la política anticorrupción que prometió el presidente Lasso desde su posesión, el 24 de mayo del 2021.

Jijón se ratificó en las denuncias realizadas por el Presidente de la República y explicó que el Gobierno se reunió con todas las bancadas para explicar el proyecto de Ley y recoger aportes, pero que en ese camino “algunos legisladores, según información que maneja la Presidencia de la República, pidieron beneficios económicos, no estaban discutiendo la Ley”.

Al referirse a por qué se hizo pública la denuncia sólo después del archivo de la Ley, aseguró que lo hizo inmediatamente, ya que esperaba hasta el último minuto que los asambleístas “con espíritu patriótico votaran a conciencia a favor de la Ley”. 

El sociólogo David Chávez establece como una hipótesis que la denuncia pos archivo de la Ley refleja que la entrega de prebendas y beneficios a los actores políticos de Pachakutik y de la Izquierda Democrática demuestra que es un mecanismo que venía utilizando el Gobierno. “La denuncia tenía que ser inmediata, si eso no ocurrió sino después de que su Ley no fue aprobada, hay un tema absolutamente sospechoso”, manifestó. 

El sociólogo considera que por el bien del país es necesario conocer qué se trató, qué negociaciones hubo desde el inicio de la mayoría que el Gobierno logró entre el oficialismo, ID y Pachakutik. 

El contexto 

Dentro de la Asamblea y del bloque Pachakutik los cinco asambleístas denunciados por Lasso son de bajo perfil, intervienen poco en los plenos y en las ruedas de prensa —donde sólo suelen hacer acto de presencia— y son relativamente nuevos en política. 

Se identifican con la línea de Marlon Santi, coordinador nacional del Movimiento, a diferencia de los “rebeldes”, quienes acatan más las directrices de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y han actuado con el correísmo. 

Al estar más cercanos a Santi lo están también con Rafael Lucero, jefe de bancada, y forman parte del grupo que acudió al diálogo convocado por Lasso en octubre del 2021 para buscar puntos de coincidencia. 

Eran una especie de aliados no formales. Esto se demostró en diciembre de ese mismo año cuando estos cinco legisladores o votaron en contra o se abstuvieron en las mociones presentadas sobre los Papeles de Pandora que presentaron el correísmo  y su coideario Fernando Cabascango (ahora en el grupo de los rebeldes) a través de las cuales se buscaba responsabilizar a Lasso de tener bienes en paraísos fiscales. “Muchos defendimos al Presidente en ese proceso y muchos decían que Édgar Quezada era de CREO. Lo defendimos  a cambio de nada, simplemente por la estabilidad de la Democracia”, dijo Quezada, que integra la Comisión que investigó los ‘Papeles de Pandora’. 

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