Tres días después del revés que sufrió en la Consulta, el Gobierno denunció a 6 jueces ante la Fiscalía y la Judicatura. Conozca qué hicieron estos funcionarios para tener todo el aparataje estatal sobre ellos. ¿Denunciarlos es la solución?

El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, entregó esta mañana ante la Fiscalía del Estado la denuncia penal para que investigue a seis jueces —o exjueces—, cuyos polémicos fallos a favor de peligrosos delincuentes hace presumir Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) actos de corrupción, o que tienen relaciones con bandas delincuenciales. A la vez, presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo de la Función Judicial. 

Las medidas las anticipó la noche de ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, en cadena nacional, al informar que su Gobierno había decidido poner una queja formal ante la Judicatura; denunciar a los malos jueces ante la Fiscalía y exponerlos públicamente. Lasso justificó la decisión al cuestionar el accionar de ciertos magistrados y con el fin de reforzar las acciones por la seguridad.

Ordóñez dijo que la denuncia es penal y administrativa (ante el Consejo de la Judicatura), ya que luego de la investigación realizada por el Cosepe, existen indicios de jueces que benefician a delincuentes y perjudican a los ciudadanos en materia de seguridad. “Los jueces tienen que servir a la Justicia y a la causa de la seguridad; los jueces que están poniendo la administración de Justicia al servicio de la delincuencia, están atentando contra un bien fundamental como es la seguridad”, dijo el funcionario. Agregó que los nombres de los jueces denunciados se repiten en casos donde se ha beneficiado a diferentes tipos de delincuentes, dejándoles en libertad: asesinos, violadores, narcotraficantes, tráfico de armas, “Es responsabilidad moral exponer frente al país y frente a las autoridades de investigación a aquellos jueces que, entendemos, no están obrando por la seguridad”, agregó.  

Para Ordóñez, no hay estrategia de seguridad que funcione si los jueces no operan en consecuencia con esa estrategia. El funcionario manifestó que este es un primer listado que presenta y que próximamente entregará otro grupo de nombres. 

Las versiones institucionales 

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, respondió que, si existen actos irregulares como los denunciados por Lasso, es deber del Consejo de la Judicatura investigar, ya que si hay responsables de una mala administración de Justicia, se tiene que sancionar y destituir. “Y si no los hay, es necesario que el país conozca también quiénes son los jueces que han actuado honestamente. Lo importante es no generalizar al sistema de Justicia con casos particulares que deben ser investigados. Espero que la Judicatura haga su trabajo y le diga al país si actuaron incorrectamente o apegados a derecho”, manifestó. Agregó que toda investigación que se cumpla debe ser apegada al debido proceso y al Derecho, porque el juez es un ciudadano con derechos y obligaciones, pero que no se puede desconocer que hay actos presuntamente irregulares en los fallos de determinados jueces, por lo que lo natural es que se investigue.

“La Ley prevé que, cuando hay una conducta irregular de un juez, debe haber una sanción, inclusive la destitución”, dijo Saquicela y aseguró que no hay espíritu de cuerpo y que cuando la Corte ha encontrado conductas que han sido dolosas, negligentes o de error inexcusable, ha sido declarado conforme la Ley. “Son 21 declaraciones jurisdiccionales previas que ha hecho la Corte”, manifestó.  

Por su parte, Álvaro Roman, presidente encargado de la Judicatura, dijo que, en lo administrativo, actuará de acuerdo con las potestades que tiene ese organismo, respetando el debido proceso, para dar trámite a las quejas presentadas. 

Román aseguró que, si se analiza en conjunto al sistema judicial, la mayoría de jueces son honestos, pero que siempre hay excepciones, por lo que no es generalizada la denuncia expuesta por el Presidente de la República. 

“Hay que tener en cuenta que la independencia de Funciones es importante y el Presidente de la República podrá tener su opinión, como ciudadano y como Presidente; pero nosotros, como órgano de la Función Judicial, tenemos nuestras propias normas para realizar las actividades de control”, manifestó Román. 

Agregó que el primer paso es verificar si la denuncia del Gobierno cumple con los requisitos de admisibilidad  y serán las cortes provinciales las que califiquen si ha existido infracción gravísima de error inexcusable, dolo o de negligencia manifiesta y, a partir de ahí, pronunciarse en 10 días, aproximadamente, para que proceda la Judicatura. Sin embargo, Román opinó que la lista presentada por el Gobierno no está actualizada, ya que constan jueces que ya han sido destituidos.   

¿Cortina de humo?

Para el jurista Fausto Vásquez, la denuncia debe analizarse desde dos perspectivas: la jurídica y la política. En lo jurídico, considera que el Primer Mandatario tiene la potestad, como cualquier ciudadano, de poner una denuncia, si considera que ha habido un delito; mientras que, en lo político, se pregunta si no es una “cortina de humo” para desviar la atención de los resultados de la consulta popular, que fueron negativos para el Gobierno. 

Vásquez advierte otra situación: recuerda que hace pocos días el Ejecutivo pidió no acatar la decisión de un juez de trasladar a alias ‘Anchundia’ desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, a la cárcel de Santo Domingo. ‘Anchundia’ es considerado el líder de los R7, una organización delictiva que se dedica al sicariato y al microtráfico, y sería responsable de las masacres registradas hace unos meses en la cárcel de Santo Domingo. “Probablemente, en una sociedad como la nuestra eso (el desacato) se puede ver bien desde una perspectiva: todos sabemos que hay jueces corruptos y es evidente que un juez no puede ordenar el traslado de un delincuente peligroso a una celda de menor seguridad. Pero desde la perspectiva jurídica, eso es caer en un estado de anarquía, de irrespeto a las resoluciones, ya que, guste o no, la resolución la tomó un juez y se debe cumplir”, dijo. Añadió que el camino a seguir, si no se está de acuerdo con la resolución de un juez, es la apelación. 

Por su parte, la exfiscal general Mariana Yépez considera positivo que el Gobierno haya puesto la denuncia, ya que proviene de la más alta autoridad del país, debido a que la actitud de los jueces denunciados ha sido pública y escandalosa. 

“Lamentablemente, el Consejo de la Judicatura se encuentra atado de manos para iniciar procesos disciplinarios en contra de ellos, ya que existen normas que sólo le facultan a actuar cuando existe una resolución de una autoridad superior a estos jueces, es decir, de las cortes provinciales”, dijo Yépez.

A su criterio, por eso es positivo que la denuncia no se haya quedado en lo administrativo, sino también en lo penal, para que investigue la Fiscalía, organismo del que, dijo, podía haber iniciado la investigación a raíz de los hechos que se hicieron públicos. “Pienso que sí es un aporte a la lucha contra la corrupción en los jueces, sin que esto signifique interferencia de funciones, ya que eso se daría si el Gobierno ordenaría al juez (que conocerá la denuncia) que despache de determinada forma. En este caso, se ha puesto una denuncia en contra de jueces que han actuado de manera incorrecta, no digamos ilegal”, manifestó la exfiscal.

Los jueces denunciados 

Aunque la denuncia es contra seis jueces, el pimer mandatario dio los nombres de cinco: 

1. Ángel Lindao, exjuez multicompetente de La Concordia, destituido por manifiesta negligencia. Tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a  Leandro Norero, narcotraficante asesinado en una de las revueltas carcelarias. También ordenó liberar a Wilson Vinicio Ruiz Torres, quien cumplía una condena de 24 años de prisión por su participación en el asesinato del concejal de Riobamba Patricio Guaranga, en 2019. Ruiz había cumplido apenas dos años de condena; y fue quien ordenó el traslado de alias ‘Anchundia’. Además, fue quien ordenó la restitución de cuatro consejeros de Participación Ciudadana, que luego fueron destituidos, junto a los tres restantes, por la Corte Constitucional. 
2. Juan Carlos Terán, juez de Guayaquil que firmó más 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos, revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes, cuando fueron arrestados por posesión de armas y posesión de sustancias ilícitas, y declaró inocentes a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales. 
3. Los jueces de Manta Mary Quintero y José Alarcón ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de más de una año de la Policía Nacional, coordinada con la DEA, de Estados Unidos.
4. Emerson Curipallo, juez de Santo Domingo, ha firmado más de 15 boletas de excarcelación. Extendió los efectos de medidas cautelares, hábeas corpus o acciones de protección a favor de un asesino sentenciado a 22 años de prisión, un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años de prisión.  

Esta no es la primera vez que el sistema de Justicia está bajo la lupa. En diciembre del 2022, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, cuestionó el fallo de jueces a favor de peligrosos delincuentes sentenciados por delitos graves. “Cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor, en camuflaje para proteger a narcos, matones o testaferros pagados para lavar su cara, su plata y su imagen pública, la Justicia pierde relevancia y, por lo tanto, se deja de creer en ella”, mencionó en su momento el Embajador. Antes denunció la existencia de “narcogenerales”.  

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