El FUT convoca a movilización nacional para el 13 de marzo en contra de esta y otras reformas legales promovidas por el oficialismo.
El ley reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), aprobada el viernes por el oficialismo en la Asamblea entró en vigencia esta mañana una vez que se publicó en el Registro Oficial. Sectores sindicales, gremios, concejales de oposición, movimientos sociales, entre otros, anunciaron que demandarán la inconstitucionalidad de la normativa.
El concejal de Quito, Andrés Campaña, fue uno de los primeros en acudir a la Corte Constitucional para oficializar la demanda por la forma y por el fondo. Aseguró que la reforma pone en riesgo programas municipales como «60 y piquito», el de salud mental, y el financiamiento tarifario del transporte municipal, entre ellos el Metro. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también se pronunció al respecto y agregó que los proyectos afectados serían: «Quito Wawas», que atiende a 4 mil niños; «Guardianes de la niñez» , dónde más de 1.700 niños son resguardados del trabajo infantil en 13 puntos de la ciudad; comedores comunitarios, que da 100 ingestas diarias; Quito Wambras, dónde 3 mil jóvenes participan en talleres; y las actividades extracurriculares en las Unidades educativas municipales.
Otros sectores
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció que están preparando las demandas de inconstitucionalidad para presentarlas está o la próxima semana. El presidente de esta central sindical, Edwin Bedoya, dijo que la eliminación de esos proyectos dejará en el desempleo a miles de personas que se desempeñan como talleristas, capacitadores, profesores, entre otros actividades.
José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), parte del FUT, anunció que se movilizarán a escala nacional el 13 de marzo ya que no se trata solo de esta reforma, sino también la relacionada a minería cuyo informe para segundo debate se tramita en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, y por el acuerdo ministerial 046 del Ministerio de Trabajo que permitiría cambios en la jornada laboral, a pesar de que el ministro del ramo, Harold Burbano, aseguró que el acuerdo no está vigente.
Criterios y demandas similares preparan la Federación de Barrios de Quito, el Frente Popular, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, entre otras.
Sin embargo la bancada oficialista de ADN defendió la aprobación de la reforma ya que asegura que es una forma de garantizar que los recursos de municipios y prefecturas se destinen prioritariamente a obras y servicios para la ciudadanía, sin que se afecten o reduzcan los presupuesto de los gobiernos seccionales.
La controvertida norma
La reforma al Cootad se aprobó el viernes por la Asamblea durante una sesión del pleno en Samborondón. El oficialismo logró reunir con las justas los 77 votos que necesitaba para aprobar este proyecto que fue remitido por el presidente Daniel Noboa como económico urgente.
La ley reitera que municipios y prefecturas deberán destinar el 70% del presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gastos de inversión, así como al mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que respalden la prestación de servicios públicos y el 30% a gasto corriente.
