El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos considera que lo aprobado por la Asamblea se ajusta más a los estándares internacionales. El debate quedó suspendido hasta el sábado.
El texto original aprobado por la Asamblea sobre el proyecto de Ley de uso progresivo de la fuerza recibió un significativo respaldo de Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, frente al veto parcial que impuso el presidente de la República, Guillermo Lasso.
La Legislatura inició el tratamiento del informe no vinculante de la Comisión de Seguridad en el que recomienda ratificarse en 20 de 21 observaciones realizadas por el Ejecutivo. En ese proceso Jarab fue recibido en comisión general vía telemática, y en su intervención criticó cerca de 11 objeciones del Ejecutivo.
Dijo que lo aprobado por la Asamblea el 7 de junio es uno de los proyectos de Ley que regula el uso de la fuerza más apegado a los estándares internacionales, por lo que es un paso importante para dotar a los cuerpos de seguridad de un marco legal, que les permita gestionar la fuerza con respeto a los Derechos Humanos. “Sin embargo, varias de las objeciones del Presidente de la República tienden a disminuir ese apego a los estándares internacionales en esta materia”, aseguró. Informó que el uso de la fuerza es una facultad restrictiva para ciertas entidades del Estado, especialmente para policías que ejercen las funciones de arresto y detención. “Si se implementa la objeción podrían emplear la fuerza entidades que no cuentan con el mandato específico de la Ley”, manifestó. En el texto original se norma el uso de la fuerza por parte de la Policía, militares y de los cuerpos de vigilancia penitenciaria. Con el veto a este tema, el Ejecutivo propone extender esta potestad de manera subsidiaria a otras entidades reguladas por el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana donde constan, entre otros, los bomberos, los agentes civiles de tránsito y los de control metropolitano.
Además, dijo que algunas observaciones del Ejecutivo suprimen el principio de rendición de cuentas, que es fundamental según los estándares internacionales. Mientras que en relación a las protestas sociales pacíficas y la intervención de las fuerzas del orden, uno de los temas más debatidos y polémicos de este proyecto de Ley, Jarab aseguró que el veto parcial intenta suprimir la presunción de licitud de las manifestaciones.
Agregó que una Ley apegada a los estándares internacionales les permite a los agentes del orden público tener la certeza de que están cumpliendo su labor y que están protegidos por la normativa nacional e internacional.
La versión de la Policía
En comisión general también fue recibido, de manera presencial, el general de Policía Fausto Olivo, director de Talento Humano, quien, por el contrario, manifestó que el veto parcial contiene observaciones técnicas realizadas con el aporte de su institución, ya que el combate a la delincuencia en sus diferentes formas exige una Ley que garantice la labor de los policías, y los derechos de las personas, de las víctimas y de los policías que actúan ante un hecho irregular.
Olivo cuestionó el concepto que la Legislatura da a la amenaza o peligro real latente, ya que manifestó que con este artículo los agentes sólo podrán usar su arma de fuego cuando se materialice el acto ilícito. “Esto quiere decir que el policía tendrá que esperar que se cometa el delito antes de poder hacer uso de arma de fuego”, cuestionó. El texto que defiende la Policía a través del veto es que la amenaza o peligro latente sea también la acción violenta real “o percibida” basada en el entrenamiento especializado del uniformado.
También rechazó el principio de rendición de cuentas, ya que aseguró esto afectaría a toda la cadena de mando policial por acciones de un tercero. Otro de las observaciones del veto que defendió Olivo es el uso de animales para control de manifestaciones, lo que en el texto del Legislativo quedaría prohibido.
El debate
Abierto el debate, el ponente del informe, Ramiro Narváez (ID), pidió a la bancada socialcristiana y a los independientes que apoyen con sus votos la ratificación de los textos, ya que si van por el allanamiento al veto, estarían a favor de una Ley “inconstitucional”, que iría contra sentencias de la Corte Constitucional y en contra de normativa internacional.
Mientras que Patricia Núñez (UNES) calificó de mamotreto el veto parcial y dijo que sólo busca desviar la atención de los problemas del país. “Este veto es una pérdida de tiempo”, manifestó.
Sin embargo, Geraldine Weber (PSC) ratificó que su bancada apoyará allanarse a las observaciones del Ejecutivo, ya que se debe robustecer la labor de la Policía frente al crimen organizado, que le está ganando la batalla al Gobierno.
El debate en el Pleno se suspendió y se retomará el sábado por la mañana.
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