Analistas consideran que la intención del presidente, Daniel Noboa, de retirar la condición de grupo de atención prioritaria a los detenidos, no se puede hacer vía reforma parcial a la Constitución, ya que es regresiva en Derechos. 

POR: Hugo Constante 

De inviable califican constitucionalistas y activistas de Derechos Humanos a la propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, de reformar la Constitución para retirar la categoría de atención prioritaria a los presos del país. El primer mandatario remitió a la Corte Constitucional el proyecto de reforma parcial con el objetivo de que se califique la vía para  reformar los artículos  35 y 51 de la Constitución, referentes a ese tema. El juez constitucional, Johel Escudero, salió sorteado para que conozca esta causa y prepare el proyecto de dictamen que deberá ser aprobado por el Pleno de esa Corte. 

En un comunicado de la Secretaría General de la Presidencia se asegura que la propuesta está guiada por sentido de justicia e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales, “que debieron ser siempre prioritarios para la ciudadanía”.  

Mientras que en la fundamentación de la propuesta remitida a la Corte Constitucional, el Gobierno asevera que “en el caso de la personas privadas de libertad, la restricción a sus derechos es legítima, legal y no arbitraria, ya que es producto del poder punitivo del Estado frente al cometimiento de una conducta ilícita”, por lo que no se justifica de forma alguna, consta en el texto, el que se “priorice la satisfacción a sus necesidades, con respecto a la atención de las necesidades de los ciudadanos sobre los cuáles no ha recaído el ejercicio del poder punitivo del Estado”. 

El artículo 35 de la Constitución señala que “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado (…)”.

La propuesta del Ejecutivo es que se elimine de este artículo la frase “personas privadas de la libertad”, e incluye la pregunta que se debería poner a consideración de la población: “Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador establece como parte del

grupo de atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado a las

personas privadas de libertad.

¿Está usted de acuerdo en que las personas privadas de libertad dejen de ser

consideradas parte de los grupos de atención prioritaria, sin que esto signifique el

que se afecten sus derechos y garantías constitucionales?”.

El Ejecutivo asegura que la propuesta no restringe derechos ni garantías de los detenidos y que se los mantiene a través del artículo 51 de la Constitución. En el mencionado artículo se reconoce a los detenidos los siguientes derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y

recreativas.

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.

Los cuestionamientos 

“Lo único que se propone es retirar la categoría de grupo prioritario, por las razones ya expuestas”, señala el Gobierno. Sin embargo, para la constitucionalista Gabriela León, la propuesta es inviable, ya que una reforma parcial se aplica siempre y cuando no suponga una restricción en los derechos, como lo señala el artículo 442 de la Constitución, y en este caso ocurre todo lo contrario.

León, docente universitaria y magíster en Derecho Constitucional, asegura que el hecho de que los presos estén en el grupo de atención prioritaria significa que además de los derechos que tiene todo ecuatoriano, ellos tienen derechos reforzados, justamente por pertenecer a un grupo de la sociedad postergado, vulnerable e históricamente discriminado. “La propuesta supone una regresión de derechos y eso está prohibido hacerlo mediante reforma”, dijo León, y que de insistir en esa propuesta, señaló, el Gobierno debería convocar a una Asamblea Consituyente. 

Recuerda que cuando una persona está detenida, el Estado es su máximo custodio y responde por él. “El mensaje del Presidente es absolutamente distorsionado. (…) Es querer desnaturalizar la condición de grupo de atención prioritaria bajo el discurso de que las personas privadas de libertad son el enemigo público de la sociedad y desviar la atención de los problemas importantes que tenemos los ecuatorianos como el no tener energía eléctrica; es decir, es un distractor”, afirmó León. 

Cinthya Carrasco, directora nacional de Acceso a la justicia del Consejo de la Judicatura, indicó que hay estándares internacionales para todos los grupos de atención prioritaria y que el Estado es suscriptor de esos convenios, por lo que los debe respetar. “El bloque de constitucionalidad dice que un país suscriptor de convenios internacionales no puede ser regresivo en los Derechos Humanos”, aseguró Carrasco. Añadió que los presos están en esa situación por el tema de rehabilitación y el Estado debe garantizar ese proceso. 

Desde los Derechos Humanos 

Fernando Bastias Robayo, del Comité Permanente de Derechos Humanos, concuerda que en lo jurídico la propuesta de Noboa es inviable aplicarlo a través de una reforma  parcial de la Constitución, ya que el mecanismo sería una Asamblea Constituyente. Mientras que desde el ámbito de los Derechos Humanos, considera que el presidente Noboa ignora el contexto real del país en materia de rehabilitación social. “Lo que menos ha existido en las prisiones es atención prioritaria”, dijo el activista. Asegura que el Estado ha permitido que en las cárceles haya todo un nivel de corrupción, a veces de los propios funcionarios, que ha ocasionado que los internos vivan en condiciones inhumanas. 

“Lo que quiere hacer creer el Presidente es que el Estado se está esforzando por garantizar Derechos, cuando hasta ahora no hemos visto ningún avance en Derechos en materia penitenciaria a pesar de los múltiples llamados de atención de los organismos internacionales”, dijo Bastias. Afirmó que si el pretexto es combatir la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado, el Presidente tiene otras herramientas para hacerlo como la Ley sobre el Uso Progresivo de la Fuerza, la que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía y que permitió la militarización  de las cárceles, el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, pero que no han sido efectivas.  

En 2021 en la Asamblea se aprobó un informe sobre la crisis carcelaria elaborado por la Comisión de Seguridad, que en esa época estaba presidida por Ramiro Narváez. Como parte de la investigación, los integrantes de esa Comisión visitaron cárceles de Guayas, Cotopaxi, Pichincha, Azuay y Chimborazo y comprobaron que más del 43% de la población de las cárceles, a esa fecha, vivía en hacinamiento. 

Constataron las condiciones de salud, seguridad, alimentación, entre otros aspectos. Desde esa experiencia interna, Narváez, ya alejado de la política, considera un error la propuesta de Noboa. El exlegislador recuerda que en la visita a las cárceles encontraron a personas con problemas médicos graves y, en muchos casos, sin debida atención estatal. “Es decir, un caos”, dijo Narváez.   

Lo de fondo 

León y Bastias consideran que detrás de la propuesta de Noboa hay un componente electoral, que sería el verdadero motivo de su iniciativa. Bastias manifestó que la propuesta nace, no del Presidente de la República, sino del candidato a la reelección que necesita una propuesta mediática para apuntalar su campaña electoral. 

Por su parte, León no duda en calificar de populismo penal a la iniciativa del presidente Noboa, con la que busca desviar la atención de los graves problemas que atraviesa el país. “Con la situación eléctrica actual, hace rato que el Presidente de la República tiene perdida la reelección. Y una práctica lamentable de la política es desviar la atención hacia otros problemas”, aseguró la especialista. 

Situación que niega el asambleísta oficialista Adrián Castro, para quien es un tema que la “sociedad pide a gritos”. Castro aseguró que no se puede aceptar que los delincuentes “tengan más derechos que las personas que están haciendo las cosas correctamente” y añade que fue un error que en la Constitución de 2008 de haya incorporado a los detenidos en el grupo de atención prioritaria, donde también constan adultos mayores; niñas, niños y adolescentes; mujeres embarazadas, entre otros, que son las que “realmente se merecen un trato justo”. 

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