“De acuerdo con nuestra Constitución, el terrorista tiene derechos limitados; es como un soldado enemigo”, Daniel Noboa, candidato presidencial alianza ‘ADN’.
agosto 29, 2023

La definición de terrorista no está en la Constitución, sino en el COIP. El equipo del candidato asegura que se refería al Decreto 130 del presidente Lasso, pero ahí tampoco se define expresamente así. Es más una interpretación de Noboa que un hecho factual. 

En una entrevista realizada por la agencia internacional AFP, el candidato presidencial finalista por la Alianza ‘ADN’, Daniel Noboa, refiriéndose a su plan de gobierno en seguridad, habló de la violencia que vive Ecuador y la categoría que tienen los delincuentes (minuto 2:10). Aseguró que, a pesar de que ellos cometen actos de narcoterrorismo, quieren que se los considere como parte de la delincuencia común. Agregó que, de acuerdo con la Constitución, el terrorista tiene derechos limitados, pues es considerado como un soldado enemigo. Calificamos esta afirmación como engañosa. 

Revisando la Constitución, no existe un concepto y definición para el terrorista ni el terrorismo. Tampoco se habla de derechos limitados, ni que es considerado como si fuera un soldado enemigo. En el artículo 261, numeral 1, indica que el Estado Central tendrá competencias en la defensa nacional, protección interna y orden público. Y en el artículo 3, numeral 2, se establece como un deber primordial del Estado “garantizar y defender la soberanía nacional”. 

Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sí tiene algunas definiciones con respecto a estos dos términos. El artículo 366 define como terrorista a: “La persona que, individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas; o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos”. Y agrega que será sancionada con entre 10 y 13 años de prisión. 

Consultamos al equipo de comunicación del candidato Noboa para conocer el origen de su afirmación y aseguraron que las limitaciones que tienen los delincuentes están en el decreto 730, que firmó el presidente, Guillermo Lasso. Allí, citando varios artículos de la Constitución, del COIP, la Ley de Seguridad Pública y del Estado y a organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, se define a los grupos de delincuencia organizada como terroristas. Sin embargo, no hay ninguna referencia expresa a la definición establecida por el candidato en su frase; por tanto, lo dicho por Noboa corresponde más a una interpretación personal que a algo establecido en la Constitución o la Ley. 

Dicho decreto, en su artículo 1, dispone a las Fuerzas Armadas que, “en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas, aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución y el ordenamiento jurídico interno del Estado…”. 

En el artículo 3 también se especifica que el SNAI debe tomar previsiones de seguridad para policías y militares que en su accionar antiterrorista sean sometidos a procesos judiciales, con la finalidad de garantizar su integridad dentro de las cárceles. 

Este decreto se firmó el 3 de mayo, en el contexto de violencia que vive Ecuador. La declaratoria que identifica al terrorismo como amenaza ya se realizó el 27 de abril del presente año, por parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) pero faltaba la expedición del Decreto para aprobar determinados procedimientos para que los ejecute la fuerza pública.

El 27 de abril, en el Palacio de Carondelet, el Cosepe declaró a los grupos de delincuencia organizada como terroristas. El secretario de Seguridad Nacional, Wágner Bravo, dijo que estos grupos deben ser considerados terroristas y que el presidente Lasso debe emitir un decreto para que la policía y los militares intervengan contra el crimen organizado utilizando incluso armas letales.

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