La fusión del Ministerio de Cultura con Educación preocupa a artistas y gestores culturales a lo largo de todo el país. Hoy, su preocupación es cada vez más fuerte sobre el futuro de su sector.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Ha pasado casi una semana desde que la decisión se hizo oficial. Desde ese día, el Ministerio de Cultura y Patrimonio oficialmente emprendió un camino hacia el cese de su existencia. Según la medida tomada por el Gobierno, en adelante formará parte del Ministerio de Educación.
Las respuestas ante esta decisión han sido contundentes. El mismo viernes pasado, 25 de julio, un día después del anuncio oficial, sectores vinculados a la cultura salieron a las calles fuera del Ministerio para hacer sentir su voz en contra de la medida. Y es que aseguran que los afectados no sólo serán los artistas y gestores culturales, sino toda la población, por el olvido hacia la cultura en el país.
“¡Noboa, escucha, la cultura está en la lucha!”, gritaban decenas de manifestantes con tambores, pancartas y libros alzados como banderas. La escena ocurrió frente a las puertas del edificio del Ministerio de Cultura, en Quito. Allí, artistas, trabajadores públicos y representantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se congregaron para rechazar lo que consideran un retroceso histórico: la eliminación del ministerio que, desde 2007, había sido el ente rector de las políticas culturales del país.
La medida fue oficializada el 24 de julio, mediante el Decreto Ejecutivo 60, que no sólo suprimió al Ministerio de Cultura y Patrimonio, sino que lo fusionó, junto con la Secretaría de Educación Superior y el Ministerio del Deporte, bajo la estructura del Ministerio de Educación. La cartera ahora absorbente quedó a cargo de Alegría Crespo, quien pasó a liderar un gran Ministerio sin antecedentes: educación básica y secundaria, educación superior, cultura y deporte. Todo en una sola entidad.
Aunque el Gobierno sostiene que se trata de una “decisión técnica” enmarcada en un plan de eficiencia estatal, el impacto simbólico y práctico ha sido inmediato. El edificio que albergó durante casi dos décadas al ministerio ha pasado los días con incertidumbre. En paralelo, los colectivos culturales advertían que no es sólo una reestructuración administrativa, sino una señal de cómo el Estado decide qué es esencial y qué puede desaparecer sin mayor discusión.
La reacción de la Casa de la Cultura fue clara. Calificó a la decisión como “un retroceso para el sector cultural, históricamente relegado y debilitado por los gobiernos de turno”. Otros, como el artista y gestor Rubén Inga, fueron más directos: “El hecho de quitar la institucionalidad significa un recorte de presupuesto bastante importante”, dijo, y advirtió que esta fusión no implica una suma de recursos, sino una disputa desigual entre sectores. “Cultura va a perder frente a educación y deporte. No hay cómo competir ahí”, dijo.
Más sobre el Ministerio
El Ministerio de Cultura y Patrimonio nació el 15 de enero de 2007, en el primer día de Gobierno del expresidente Rafael Correa —hoy prófugo de la justicia—, mediante el decreto ejecutivo 5. La decisión de fundarlo respondió a un objetivo político y simbólico, en el que, según Bruno Vargas, artista, se intentó dejar de tratar a la cultura como un apéndice de la educación, como se había hecho históricamente, y elevarla a un rango ministerial, con autonomía, presupuesto y estructura propia.
“Pero fue también una respuesta a las demandas de décadas por parte de artistas, intelectuales y gestores que exigían al Estado una política cultural articulada, con enfoque técnico y continuidad”, dice.
Desde su fundación, el Ministerio asumió la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Su papel fue coordinar instituciones públicas y privadas, preservar el patrimonio material e inmaterial del país, fomentar la creación artística, garantizar derechos culturales, promover la diversidad e impulsar las industrias creativas. A lo largo de sus casi 20 años de existencia, se convirtió en el ente articulador de una red compleja de museos, bibliotecas, archivos, casas de la cultura, institutos especializados y programas de fomento que llegaron, en mayor o menor medida, a todas las provincias del país.
Uno de sus principales hitos fue la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, en 2016, que estructuró legalmente el sistema cultural y definió competencias claras para el Ministerio, la Casa de la Cultura, los gobiernos locales y las entidades adscritas. Bajo su paraguas también se crearon el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, y se fortaleció el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. También se consolidaron programas emblemáticos, como el Plan Nacional del Libro y la Lectura, que se discontinuó años después por falta de presupuesto, y se promovieron circuitos culturales, festivales, becas, ferias y fondos concursables.
Durante sus años de mayor estabilidad presupuestaria, el Ministerio lideró procesos de restauración patrimonial, fortaleció museos y bibliotecas, y fue clave en la inscripción de manifestaciones culturales en las listas de patrimonio inmaterial de la Unesco, como la marimba esmeraldeña, la paja toquilla y la fiesta de la Mama Negra. Así lo explica Vargas. Además, a través de sus institutos, también impulsó el cine nacional, las artes escénicas, la música, las culturas comunitarias y la memoria social.
Pero más allá de los proyectos, el Ministerio de Cultura y Patrimonio representaba algo más profundo. “Era una institucionalidad que le otorgaba al campo cultural una voz política propia dentro del gabinete presidencial. Una entidad que no sólo ejecutaba, sino que defendía, articulaba y pensaba la cultura desde la política pública. Su desaparición representa una degradación institucional y una vulneración de derechos. La Constitución garantiza los derechos culturales y ahora suprimen, de facto, al ente rector que debe garantizarlos”, dice.
Lo que está en juego, advierten muchos de quienes hoy protestan, no es sólo la existencia de una entidad. Es la pérdida de una estructura que, con todos sus límites y deudas, significó durante casi dos décadas un espacio de interlocución entre el Estado y los sectores culturales. Un espacio conquistado que ahora, sin consulta previa, ha quedado reducido a una subsecretaría dentro de un ministerio con otras prioridades.
Críticas directas
Desde Cotopaxi, el gestor cultural Milton Caluña alza la voz con una mezcla de preocupación, claridad y sentido histórico. “La cultura no únicamente es un complemento de la educación, sino más bien es un eje transversal del desarrollo social, identitario, incluso económico de nuestro país”, afirma. No es una postura aislada. Como él, decenas de artistas y gestores en todo el país sienten que la eliminación del Ministerio de Cultura representa algo más que un ajuste técnico, sino una fractura simbólica y estructural que pone en entredicho las conquistas institucionales del sector.
Para Caluña, la decisión del Ejecutivo transmite un mensaje peligroso. Este, dice, se enfoca en que la cultura puede ser subordinada a otras áreas, cuando en realidad es un pilar de cohesión social, de construcción ciudadana y de memoria histórica. “Nos sentimos debilitados. Esta institucionalidad ha sido el resultado de años de lucha del gremio cultural, y hoy parece desaparecer sin siquiera haber sido defendida”, lamenta.
La preocupación, sin embargo, va más allá de lo simbólico. Caluña enumera con precisión lo que está en riesgo. Recuerda que el Ministerio cumplía funciones fundamentales: el fomento y financiamiento de proyectos a través de los fondos concursables, la protección del patrimonio tangible e intangible, la formación artística desde las casas de la cultura, museos y bibliotecas, y el apoyo a la proyección internacional de artistas ecuatorianos. “Con esta fusión existe un riesgo real de que estos programas se diluyan dentro de una estructura educativa. El enfoque será otro y la prioridad no va a ser, necesariamente, el desarrollo cultural”, dice.
En su experiencia como gestor en territorio, ha visto de cerca cómo los fondos concursables permitieron que ideas y propuestas se convirtieran en realidades. Que artistas de comunidades rurales pudieran montar obras, grabar discos, hacer festivales. “Había bastantes personas que, mediante estos proyectos, cristalizaban su creación cultural. Sin ese apoyo, muchas de esas iniciativas dejarán de existir”, dice.
Y no se trata sólo de arte o patrimonio. Caluña insiste en algo que suele quedar fuera del radar político. Y es que la cultura es también un sector productivo. “Tiene un impacto económico y social importante. Los eventos culturales dinamizan la economía local, generan empleo, activan circuitos de turismo, alimentación, transporte. Desmontar esa estructura sin proponer una alternativa es un error grave”.
Frente a este escenario, propone una salida: el diálogo. “Solicitamos al Gobierno abrir mesas de trabajo con gremios artísticos, colectivos y gestores culturales para analizar esta situación. Queremos discutir alternativas, construir soluciones, pero sobre todo garantizar que las políticas culturales, los fondos y programas no desaparezcan”.
Reconoce que el país atraviesa momentos difíciles, y que el discurso de la optimización de recursos puede resultar tentador. Pero también cree que hay límites que no se deben cruzar. “La cultura no debe ser vista como una extensión de la educación. Merece su espacio, su estructura, su autonomía. Si desaparece el ente rector, desaparece la garantía de los derechos culturales”.
Asimismo, Marco Díaz, artista plástico, asegura que el Ministerio de Cultura siempre “ha sido la última rueda del coche” y, dice, su apoyo se ha centrado sólo “en un grupo de la élite artística”. Por esto, su duda se enfoca hacia otro lado: “Ahora, con la fusión con el Ministerio de Educación, que también tendrá Deporte y Educación Superior, si antes se ayudaba poco, no se va a ayudar nada a la cultura”.
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