¿Qué sucede con la Asamblea Nacional y cuánto nos cuesta?
El Legislativo es la institución encargada de crear y aprobar leyes que rigen el Estado ecuatoriano. La Asamblea mantiene una crisis, desde su relación con el Poder Ejecutivo hasta las leyes que aprueba y sobre quién está en el mando de esta institución.
La Asamblea Nacional es el órgano que ejerce la función legislativa del Estado ecuatoriano. Desde su posicionamiento en mayo del 2021, ha aprobado 22 leyes. Entre estas encontramos la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y la Ley Orgánica de la Defensoría Pública.
Los proyectos de ley, como el denominado proyecto de ley de inversiones, fueron negados y archivados. El presidente Guillermo Lasso ha enviado seis proyectos de ley al parlamento, pero ninguno ha sido aprobado.
Esta Asamblea Nacional no ha estado exenta de polémica. Una de sus acciones más cuestionadas fue la concesión de 268 amnistías, en las que se encontraban 60 personas involucradas dentro de las protestas de octubre de 2019. Con este proceso, se perdonaron sus condenas y los efectos que derivan de ella.
La Asamblea también tiene la facultad para crear leyes. El corazón de la gobernabilidad no está en el congreso, si no en la representación ciudadana y de varios sectores e ideologías políticas. Por esa razón, no se la puede desconocer ya que es un órgano que tiene a todos sus miembros electos por votación popular.
El Legislativo representa ese crédito político que tiene la ciudadanía, pero actualmente se le ha visto como un espacio donde nadie se pone de acuerdo. Alfonso Roggeiro, comunicador político dice que “en vez de un espacio de propuesta se ha visto como un espacio donde solamente hay irrupciones entre los partidos políticos”.
Los asambleístas ganan una remuneración mensual unificada de 4.759 dólares. Actualmente, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cada asambleísta puede contar con dos asesores y dos asistentes administrativos. Un asesor de nivel 1 cobra 3.014 dólares mensuales, mientras que los asesores de nivel 2 perciben 2.545 dólares de sueldo. Si los legisladores requieren asistentes administrativos, el salario establecido para los asistentes son 1.394 dólares mensuales.
La suma total de remuneraciones unificadas es alrededor de 35 millones de dólares al año, por los 1316 servidoras y servidores públicos que trabajan en la institución. Este valor es el costo anual para el Estado ecuatoriano.
El 24 de septiembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso emitió un proyecto de ley para generar oportunidad, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Pero, la propuesta de ley fue rechazada por el Consejo de Administración Legislativo (CAL). Ahí, se incluía la modificación de impuestos recaudados en el país, la creación de un nuevo régimen de normas laborales y la propuesta de acciones para promover la inversión en Ecuador. “Hay una falla en la comunicación sobre el significado de la ley por parte del gobierno y en la Asamblea ha ganado el objetivo de oposición”, indica Roggeiro. Como resultado de esta ley, el Gobierno esperaba que se crearan 2 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos 4 años.
En marzo de 2022, la Asamblea Nacional, en la primera votación, rechazó y archivó la Ley de Inversiones propuesta por Guillermo Lasso . El orden del día tuvo 89 votos en contra, 46 votos a favor y una abstención. “Era una ley necesaria porque se tenía que pensar cómo traer inversiones sin que afecte a la producción nacional”, menciona Giuseppe Cabrera, analista político.
Debido a la situación del Legislativo con el presidente, se ha analizado en la opinión pública, la posibilidad de la muerte cruzada. Si se llegara a realizar una muerte cruzada por parte del Presidente de la República o por parte de la Asamblea Nacional, el mandatario gobernaría por decreto, es decir, que no enviaría las leyes a la Asamblea y tampoco se daría un debate para su aprobación. Sin embargo, Roggeiro explica , “nadie querrá venir a un país con muerte cruzada”. Esta decisión ahuyentaría y perjudicaría los capitales, las exportaciones y nuevas inversiones del país. Este no solo llegaría a ser un tema político, sino de modelo económico para el país.
Actualmente, hay tres denuncias por incumplimiento de funciones en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. El 6 de abril de 2022, los asambleístas del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) sesionaron para calificar dichas denuncias. El proceso no tuvo éxito, por lo que no se pudo dar paso a un posible proceso de remoción de la presidenta. En su cuenta de Twitter, Llori aseguró que no se están respetando los plazos que la ley dicta ni el debido proceso.
*Esta nota fue realizada por María José Zabala y Gabriel García, estudiantes de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito.
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