En 2025, Ecuador redujo drásticamente la importación neta de electricidad desde Colombia, pese al aumento de la demanda. Analizamos las cifras oficiales del CENACE y el impacto real de la suspensión en el estiaje y en el embalse de Mazar.
Tras la decisión del Gobierno de Colombia de suspender las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador, adoptada como respuesta al anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, medida que el mandatario justificó por una supuesta insuficiencia en los esfuerzos antinarcotráfico, surgen dos interrogantes clave en el sector eléctrico ecuatoriano: ¿cuál era el grado real de dependencia del país respecto a la electricidad importada desde Colombia?¿Qué impacto tendrá su ausencia en la recuperación de los embalses, en particular el del complejo hidroeléctrico Mazar, el cual cubre más de la tercera parte de la demanda diaria de electricidad?
El ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la suspensión de exportaciones eléctricas se adopta como “medida preventiva” para resguardar la soberanía y seguridad energética de Colombia. Medios regionales reportaron que la decisión entraría en vigor la tarde del jueves 22 de enero.
Las más recientes cifras oficiales, muestran que en 2025, pese al aumento de la demanda eléctrica, Ecuador redujo la importación de electricidad colombiana, la cual, durante el periodo más crítico de los apagones en 2024, con cortes de más de 10 horas diarias, fue considerada un verdadero salvavidas.
El boletín de estadísticas mensuales de transacciones comerciales del sector eléctrico, actualizado por el Operador Nacional de Electricidad, Cenace, al período enero-noviembre de 2025, confirma que el saldo neto del aporte de electricidad colombiana a Ecuador, es decir las importaciones menos las exportaciones, pasaron de 964.894,16 MWh en 2024 a 248.067,56 MWh en 2025.
Esto, frente a la demanda nacional, significa que Colombia cubrió netamente 3,53% del consumo ecuatoriano en los primeros 11 meses del 2024, pero solo 0,83% en similar período del 2025: una caída de 2,70 puntos porcentuales en un año.
Así, el país pasó de recibir un saldo equivalente a 3,5 MWh por cada 100 MWh demandados, a menos de 1 MWh por cada 100 MWh.
En el mismo período, la demanda nacional subió de 27.299.440 MWh a 29.782.430 MWh, un 9,1% más, de acuerdo con el mismo boletín del Cenace.
El documento también señala que Ecuador importó mucho menos desde Colombia y, al mismo tiempo, exportó más hacia ese país. Las importaciones bajaron de 1.010.012,58 MWh a 436.971,37 MWh, una reducción de 573.041,21 MWh, un 56,74% menos. Las exportaciones subieron desde 45.118,42 MWh hasta 188.903,81 MWh, un incremento de 143.785,39 MWh, un 318,68% adicional.
Consultado por Ecuador Chequea sobre estas cifras en el actual contexto, el analista eléctrico Fernando Salinas, comentó que a suspensión de las exportaciones de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador no puede medirse únicamente en megavatios importados, sino en el momento crítico en que esa energía resulta indispensable, especialmente durante el estiaje, cuando puede cubrir hasta el 8 % de la demanda diaria.
Para Salinas, estas cifras pueden inducir a una lectura engañosa si se analizan solo en promedio anual.
“Ecuador importa cuando realmente lo necesita: en la época de estiaje, cuando bajan las lluvias en las cuencas del Paute y del Coca, que son nuestros dos grandes complejos hidroeléctricos”, señaló. En ese período, dijo, la interconexión con Colombia funciona como un “segundo salvavidas” junto a la generación hidroeléctrica local, altamente dependiente de condiciones climáticas impredecibles.
Salinas sostuvo que la decisión del Gobierno colombiano, adoptada tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, elimina uno de los dos principales mecanismos de respaldo con los que cuenta Ecuador para evitar apagones en épocas de sequía.
“No es por la cantidad de energía, es por la oportunidad. En estiaje, la interconexión con Colombia permite consumir más lentamente el embalse de Mazar”, explicó.
Así, advirtió, que la suspensión tendrá consecuencias inmediatas. La primera es un déficit de oferta energética en los meses secos, al perderse ese aporte externo que ronda el 8 % de la demanda diaria en estiaje.
La segunda es un mayor uso de generación térmica, lo que elevará los costos operativos del sistema eléctrico. “Habrá una mayor participación térmica en el mix energético y eso incrementa el costo marginal de la energía”, dijo.
Ese aumento de costos, añadió, tendrá efectos económicos directos: impacto sobre industrias electrointensivas, presión sobre los precios de la electricidad y un mayor riesgo de ajustes tarifarios.
A mediano plazo, si el estiaje resulta severo, Salinas alertó sobre un incremento del riesgo de racionamientos, debido a que las reservas de agua, especialmente la que alimenta el complejo hidroeléctrico Mazar, podrían agotarse sin que exista aún suficiente generación térmica de respaldo para asumir toda la carga del Sistema Nacional Interconectado.
En lo estructural, el experto fue más allá y habló de una afectación a la propia seguridad de la electricidad del país. “Esta suspensión expone la vulnerabilidad de depender de un solo proveedor externo”, afirmó, al tiempo que advirtió una pérdida de credibilidad en la integración energética regional andina, que involucra a Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.
Según Salinas, medidas de este tipo debilitan la confianza necesaria para avanzar en futuros proyectos de interconexión, como la línea de extra alta tensión de 500 kV con Perú, considerada clave para diversificar riesgos y fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico ecuatoriano.
MENOS IMPORTACIONES
Salinas coincidió con evaluaciones realizadas por investigadores y gremios de ingenieros, como el del Consejo Consultivo de Ingenierías y de Economía, que ha monitoreado la situación de la crisis del sector eléctrico en años recientes.
En este sentido dijo que luego de los apagones de más de 10 horas diarias registrados en 2024, Ecuador redujo importaciones pese al aumento de la demanda, por una mejor hidrología, es decir mejores condiciones de lluvias que alimentan las centrales hidroeléctricas en el sur y en el oriente del país.
“Hubo mayor producción hidroeléctrica y no fue necesario importar energía de Colombia en la misma magnitud”, dijo, descartando que la menor dependencia responda a una solución estructural.
“Antes teníamos dos salvavidas en época de estiaje: la interconexión con Colombia y nuestras hidroeléctricas. Hoy hemos perdido uno. Ahora dependemos, en mayor medida, de las lluvias y del desempeño de centrales como Coca Codo Sinclair y, sobre todo, del complejo Paute, donde está Mazar”, dijo.
A su juicio, la coyuntura actual devuelve al país a una situación de vulnerabilidad conocida, en la que la estabilidad del suministro eléctrico vuelve a estar atada a factores climáticos y a decisiones externas, justo cuando el sistema aún no cuenta con suficiente respaldo térmico ni con una red de integración regional plenamente confiable.
¿Y EL GOBIERNO?
El sistema eléctrico ecuatoriano cuenta actualmente con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante una eventual indisponibilidad de las importaciones desde Colombia, reaccionó el Gobierno de Daniel Noboa tras la decisión de su homólogo de Colombia, de Gustavo Petro, de suspender la venta de electricidad colombiana, en respuesta a la imposición de nuevos aranceles por una supuesta falta de esfuerzos antinarcotráfico.
Según un comunicado que el Ministerio de Ambiente y Energía publica en X, el Sistema Nacional Interconectado registra una disponibilidad real de 5.454 megavatios (MW), lo que permite atender la demanda nacional con generación propia, mantener márgenes operativos adecuados y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.
Así, el Ministerio señala que la energía almacenada en los principales embalses del país alcanza los 790,7 gigavatios hora (GWh). El embalse de Mazar concentra la mayor reserva, con 609,59 GWh, seguido por Amaluza (83,01 GWh), Pisayambo (62,1 GWh) y Marcel Laniado (36 GWh).
Según la cartera de Estado, el nivel del embalse de Mazar se ubica en 2.144,02 metros sobre el nivel del mar, con una tendencia estable, lo que fortalece de forma significativa el respaldo hidroeléctrico del sistema nacional.
En cuanto a la cobertura de la demanda eléctrica de este 22 de enero de 2026, el abastecimiento se realiza principalmente con fuentes renovables, que representan el 64,4 % del total. La generación térmica aporta el 30,8 %, como respaldo estratégico, mientras que el 4,8 % proviene de importaciones de energía desde Colombia.
El Ministerio también explicó que este esquema de despacho responde a criterios técnicos de seguridad y confiabilidad del sistema, especialmente en un contexto en el que Colombia enfrenta restricciones en su sistema de transmisión, lo que refuerza la importancia de la autosuficiencia energética nacional.
Adicionalmente, agrega, el parque térmico conectado al Sistema Nacional Interconectado reporta una disponibilidad aproximada de 1.241,5 MW, complementando de manera estratégica la generación hidroeléctrica.
“El sistema opera con normalidad y bajo monitoreo permanente”, indicó el Gobierno, que ratificó su compromiso de garantizar un suministro eléctrico confiable, continuo y seguro, priorizando la estabilidad del sistema y la tranquilidad de la ciudadanía.
¿Y LA GUERRA COMERCIAL?
Estas preocupaciones por la situación del sector eléctrico, en cualquier caso, se enmarcan en lo que dirigentes de gremios productivos han llamado “guerra comercial” entre ambos países tras los anuncios de imponerse, mútuamente, aranceles adicionales.
Esto luego de que el presidente, Daniel Noboa, anunciara ayer, desde Suiza, la imposición de un arancel del 30% a las importaciones colombianas, con vigencia desde el 1 de febrero de 2026, argumentando falta de “reciprocidad” y de acciones firmes de Colombia en materia de seguridad fronteriza.
En respuesta, Colombia anunció hoy que impondrá un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos, sin detallar cuáles, y que los gravámenes podrían ampliarse.
El Gobierno colombiano añadió que la medida afectaría exportaciones ecuatorianas por alrededor de 250 millones de dólares, y anunció además la suspensión indefinida de la venta internacional de electricidad a Ecuador, en un contexto en el que Ecuador ha dependido de importaciones de energía desde su vecino en momentos de estrechez.
Consultado por Ecuador Chequea, el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana (Camecol), Freddy Cevallos advirtió que una escalada arancelaria podría elevar costos de insumos, afectar la producción y presionar el empleo, además de incentivar el contrabando. Sin embargo, hay dos precisiones verificables que corrigen la versión inicial:
Cevallos citó cifras del gremio sobre importaciones por USD 1.993 millones y exportaciones por USD 996 millones, lo que representa un déficit de aproximadamente USD 1.100 millones.
El titular de Camecol también alertó que las consecuencias no se limitarían al encarecimiento de bienes. “Lo que principalmente se ocasionaría es un incremento del desempleo, un crecimiento económico negativo y un fuerte incentivo al contrabando”, dijo, al calificar la medida como una decisión unilateral con efectos adversos para ambas economías.
Consultado sobre quién asumiría el costo inmediato de estas decisiones, el presidente de COMECOLl indicó que los efectos recaerán sobre los dos países. “Estamos siendo afectados ambos mercados, las economías de Ecuador y Colombia”, afirmó, aunque advirtió que los sectores productivos y laborales serían los primeros en resentir el impacto.
Finalmente, Cevallos subrayó que, a su juicio, el origen de la decisión ecuatoriana no responde a criterios económicos sino a consideraciones de seguridad nacional. Según explicó, el Gobierno ecuatoriano ha señalado una falta de acciones equivalentes por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, lo que habría motivado el uso de herramientas comerciales como mecanismo de presión. “Cuando se utilizan instrumentos de comercio para presionar por otro tipo de circunstancias, lo que sucede es que se afecta de forma directa al comercio entre ambos países”, concluyó.
Sobre este tema, el secretario general de la Comunidad Andina, CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, solicitó a los gobiernos de Colombia y Ecuador postergar el aumento de tasas anunciados por ambos países y propuso abrir un diálogo estrecho para atender las preocupaciones mutuas, en medio de un escenario internacional cada vez más complejo.
En un comunicado oficial, la Secretaría General del organismo informó que Gutiérrez Reinel remitió comunicaciones formales a los presidentes de Colombia y Ecuador en el marco de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de Cartagena, tratado constitutivo del bloque regional.
Así, la Comunidad Andina señaló que su disposición es coadyuvar a un proceso de diálogo que permita encontrar soluciones consensuadas, priorizando la integración latinoamericana como base para el bienestar de los ciudadanos andino
