Si quieres entender la polémica por la delegación del campo petrolero Sacha por parte del Gobierno, conocer las empresas detrás de la negociación y por qué el nombre de El Ordeño se hizo público otra vez, debes leer esta nota. El campo será operado por un consorcio, al concretarse la adjudicación directa y sin concurso. La decisión podría aportar 1.500 millones de dólares al Estado en concepto de «prima», pero es criticada por expertos que advierten beneficios limitados a largo plazo y falta de transparencia en los términos del acuerdo.
POR: Juan Camilo Escobar y Esteban Cárdenas Verdesoto
El campo petrolero Sacha es el más productivo del país y será sujeto a una adjudicación directa y sin concurso al consorcio Sinopetrol. Esto, como resultado de un proceso de movimientos y negociaciones, que se vienen realizando desde julio de 2024. Fue justamente ese mes en el que el país recibió la oferta inicial del consorcio chino-canadiense, que derivó en la noticia que recorrió las redes sociales y los medios de comunicación este feriado.
Como una especie de alivio para las finanzas públicas a corto plazo, pero con beneficios muy limitados a largo plazo, calificaron expertos la reciente decisión del gobierno de Daniel Noboa.
De concretarse la firma del contrato en el transcurso de este mes, como lo han anticipado ambas partes, se trataría de una de las decisiones económicas de mayor envergadura en el año y tres meses del Gobierno de Daniel Noboa: la ministra de Energía, Inés Manzano, anticipó el lunes que el Estado recibiría de Sinopetrol, en concepto de “prima”, unos 1.500 millones de dólares.
Se trata, exactamente, de la misma cifra de bonos del Estado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que el Gobierno ecuatoriano emita en los mercados internacionales para conseguir una nueva deuda a partir del segundo semestre de este año.
En pocas palabras, sería una de las decisiones con mayor impacto en las golpeadas finanzas públicas del país, que cerraron el 2024 con retrasos en pagos de más de cinco mil millones de dólares.
Así, a pesar de la relevancia de esta decisión para la economía nacional, ni el Gobierno ni el consorcio han hecho públicos los detalles del acta que recoge lo acordado en las negociaciones para la firma del «contrato de participación». Al cierre de esta nota, el Ministerio de Energía informó que aún analizaba un pedido de información pública para acceder a dicho documento.
Justificación oficial
Hasta ahora, la información oficial es limitada. En un pronunciamiento conjunto realizado el 3 de marzo, la ministra Manzano; el ministro de Finanzas, Luis Jaramillo; y el subsecretario de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, señalaron que el Estado tendrá una participación del 19% cuando el precio del barril de petróleo sea de 30 dólares o menos. Es decir, por cada 100 barriles extraídos, Ecuador recibirá 19 y Sinopetrol los restantes 81.
Ferreira explicó que si el precio del petróleo supera los 30 dólares por barril, la participación estatal aumentará progresivamente. Sin embargo, para que Ecuador reciba el 26,5% del crudo extraído, el precio del barril deberá alcanzar los 120 dólares. En ese caso, el Estado obtendría 26 barriles de cada 100, mientras que Sinopetrol se quedaría con 74.
En esa rueda de prensa, las autoridades justificaron la concesión de Sacha citando los artículos 2 y 19 de la Ley de Hidrocarburos, que permiten otorgar concesiones sin concurso cuando existen empresas estatales involucradas. La ministra Manzano calificó el campo de «joya oxidada» y aseguró que se requiere inversión para su modernización. Además, afirmó que todo lo que reciba el Estado será destinado a inversiones sociales. No obstante, hasta el cierre de esta nota, no se habían precisado las medidas para garantizar el cumplimiento de esta promesa.
El 1 de marzo de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa ratificó la adjudicación directa y sin concurso del campo Sacha al consorcio Sinopetrol, compuesto por Amodaimi Oil Company S.L (filial de la china Sinopec) y Petrolia Ecuador (filial de la canadiense New Stratus Energy).
Según datos oficiales, Sacha es el campo petrolero más productivo de Ecuador. En 2024, produjo 76.980 barriles diarios, lo que representa el 20% de la producción estatal y el 16% de la producción total del país. Su petróleo es de alta calidad (25-26 grados API), superior al promedio nacional de 23 grados API.
Asimismo, Petroecuador confirma que, entre 2013 y 2023, invirtió 1.743,8 millones de dólares en el campo, lo que equivale a un promedio anual de 158,5 millones de dólares. En 2024, se había previsto una inversión de 160,1 millones de dólares.
Criterios técnicos
Consultados sobre este tema, los expertos en materia petrolera Fernando Reyes, exvicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros del Ecuador, y Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, explicaron que este acuerdo permitirá que el consorcio extranjero reciba su participación sobre la producción total de Sacha, no sólo sobre el incremento generado por nuevas inversiones.
Así, ambos coincidieron en que los términos del contrato no benefician económicamente al Estado a largo plazo, ya que Sinopetrol obtendrá ganancias no solo por la denominada “producción incremental” —el volumen adicional generado por nuevas inversiones—, sino también por una parte de la producción actual, resultado de inversiones estatales realizadas durante décadas.
“No se parte de una producción cero, sino de una línea base de 76.000 barriles diarios, resultado de inversiones que Ecuador realizó durante décadas y que ya están amortizadas. Ahora se está firmando un contrato sobre toda esa producción en curso, entregando al consorcio extranjero el 80%. No es un buen negocio para el país”, señaló Reyes.
El experto agregó que sería necesario debatir si Petroecuador debe seguir como operadora del campo o si otra empresa debería asumir esa responsabilidad. También recordó que, tras años de problemas por falta de mantenimiento y renovación de infraestructura, el Estado enfrentaría dificultades para obtener el financiamiento necesario para incrementar la producción.
En esta misma línea de crítica, el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, consideró que se ha desnaturalizado el contrato que se pretende firmar: “A la compañía se le quiere entregar parte de la producción existente, que es exclusiva de Petroecuador y resultado del esfuerzo de 50 años. Si hay una participación de la compañía, debe ser sobre su propio esfuerzo para el incremento de la producción”.
Santos y Reyes también coincidieron en señalar que, lamentablemente, existe opacidad en el proceso de negociación y en los términos acordados para la firma del contrato, lo que impide realizar cálculos económicos precisos sobre los beneficios reales tanto para el Estado como para el consorcio extranjero. Esto, dijeron, considerando que los costos de producción actuales no sólo son relativamente bajos -de aproximadamente 7 dólares por barril-, sino que el petróleo extraído es de una calidad que permite obtener buenos precios en los mercados internacionales.
“Que se le reconozca al consorcio esos 7 dólares que cuesta la producción de cada barril de petróleo, e incluso uno o dos dólares más si invierte en mejorar los equipos del campo, pero no se le puede otorgar más del 80% de la utilidad de la producción total”, opinó Santos, quien se declaró partidario de que el campo Sacha sea concesionado a la empresa privada, pero no de manera directa, sino a través de un concurso público.
Sin certezas de réditos o pérdidas
El representante del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera de la Torre, afirmó que los 1.500 millones de dólares previstos como una “prima” representarían un alivio para la caja fiscal, que cerró 2024 con más de 5.000 millones de dólares en pagos atrasados y acumuló 1.072 millones de dólares en obligaciones pendientes en los dos primeros meses del año.
Sin embargo, advirtió que, debido a la falta de información sobre los términos en que se negoció el contrato, no es posible determinar con precisión si generará beneficios o perjuicios económicos para el Estado.
Carrera cuestionó que el Gobierno no haya presentado una tabla con proyecciones anuales de volúmenes de producción, réditos para el Estado, basada en estimaciones de precios de venta del petróleo y costos de producción tanto para Petroecuador como para el consorcio extranjero.
“Por ahora los 1.500 millones van a aliviar los problemas de iliquidez que tiene el Gobierno independientemente de las consideraciones legales que enfrentará por el costo beneficio de la concesión. Porque lo que al final tiene efecto económico para el Estado es lo que ingresa al presupuesto”, comentó.
El consorcio detrás de la negociación
Pero, ¿quiénes están detrás de este consorcio? El mismo que ha levantado críticas desde diferentes sectores luego de que información oficial y pública lo vinculen, aunque con un hilo delgado y una sola ancla, con empresas como El Ordeño, que ha tenido vínculos con la familia Noboa.
Para entender esto, es necesario, en primer lugar, conocer que el consorcio Sinopetrol está conformado principalmente por dos empresas sucursales de conglomerados extranjeros. Estas son: Amodaimi-Oil Company S.L. y Petrolia Ecuador S.A. Ambas son sucursales de empresas españolas que trabajan en Ecuador y que han trabajado en los últimos años en procesos extractivos en el país, pero que mantienen vínculos con China y Canadá.
El Consorcio en cuestión, mantiene una participación del 60% de Amodaimi Oil y 40% de Petrolia Ecuador. Y con este mismo porcentaje tendrán participación de la extracción del campo Sacha. Aquí un detalle de todo lo que debe saber de cada una de estas empresas. Ecuador Chequea consultó los registros públicos de estas entidades en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Amodaimi-Oil
Según la Superintendencia de Compañías, esta empresa fue constituida el 14 de julio de 1987 como una sucursal extranjera de una empresa española. Esta mantiene sus oficinas en Quito, en el sector de la Floresta.
Su reporte de la Superintendencia describe claramente que esta entidad se limita, en calidad de cesionaria, al cumplimiento del contrato de prestación de servicios para la explotación de hidrocarburos en el bloque 16 de la región amazónica. Este último, conocido como Tivacuno, está ubicado en Orellana y forma parte de un grupo junto con el bloque 67.
En este bloque se encuentran dos campos petroleros que son operados por esta empresa. Estos son llamados Amo y Daimi. El primero fue descubierto en 1987 por Conoco Ecuador y el segundo fue descubierto en 1988 por la misma empresa petrolera, que se esperaba que operara estos campos, pero que luego de descubrir que el crudo encontrado en estos espacios era pesado o de baja calidad, por lo que no era rentable.
Después de Conoco, este campo entró a ser operado por Maxus Energy Corporation a principios de los 90’s, consorcio que derivó de Conoco. Sin embargo, para finales de los 90’s entró Repsol-YPF a esta ecuación, entidad que se encargó del manejo de estos campos desde 1999.
Así, luego de la salida de Repsol de Ecuador este campo quedó en manos de Amodaimi Oil y de Petrolia, empresa que heredó las instalaciones de Repsol. Así, en consorcio, Amodaimi Oil ha administrado la extracción de este bloque en los últimos años.
Actualmente, Amodaimi Oil tiene como administradores a Cheng Benja y Lianhua Zhang, de nacionalidad china. Asimismo, parte de los nombres que resuenan que han formado parte de la administración de la entidad son Luis Antonio García Sánchez, de nacionalidad española, Pablo Antonio Affronti Sergio, de nacionalidad argentina, y Francisco José Roldán Cobo, ecuatoriano. Todos estos han sido apoderados de la empresa entre 1987 y 2013.
Según datos públicos, Amodaimi Oil responde al Gobierno Chino. Esto, debido a que fue absorbida por Tiptop Energy, empresa con sede en Hong Kong; misma que depende de Sinopec International Petroleum, empresa China que está bajo la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los activos del Estado de China, entidad gubernamental del país asiático. Cabe aclarar que Amodaimi era una filial de Repsol en Ecuador, antes que en 2012 fuera comprada por Tiptop, lo que la puso bajo el control del Gobierno chino.
Sobre la realidad económica de la empresa que opera en Ecuador, se encontró que esta cuenta con un patrimonio de $ 61’973.780 en 2023, un valor que representa una considerable reducción si se lo relaciona con el patrimonio registrado en 2022, que fue de $ 110’132.608.
También, Ecuador Chequea consultó en el Servicio de Rentas Internas (SRI) el estado de la empresa, donde se identificó que esta no mantiene deudas con el país. Aunque, sus últimos estados financieros disponibles en la Superintendencia de Compañías, de 2023, la empresa mantenía pendiente un proceso de coactiva con Petroecuador por $ 3 millones.
Petrolia S.A.
Esta es la segunda empresa que forma parte del consorcio que operará el campo Sacha. Está, según información pública de la Superintendencia de Compañías, es una sucursal extranjera española constituída el 6 de agosto del 2000. Esta, también con oficinas en Quito, en el sector la Floresta.
Según el detalle del portal de consultas, esta empresa se dedica a la investigación, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos y otros productos afines o similares. Además, su actividad principal sería la “extracción de aceites crudos de petróleo, esquistos bituminosos y arenas alquitranadas; producción de petróleo crudo de esquistos y arenas bituminosas, procesos de obtención de crudos: decantación, desalado, deshidratación, estabilización, etcétera”.
El reporte también revela que el apoderado de esta empresa es Ramiro Oswaldo Páez Rivera, de nacionalidad ecuatoriana. Y, como se evidenció antes, esta es una de las empresas que fueron traspasadas y renombradas luego de la salida de Repsol de Ecuador; lo que también se puede corroborar en la Superintendencia de Compañías donde reposan documentos que incluyen el cambio de nombre de la entidad.
La lista de administradores anteriores de esta empresa es larga y, de hecho, algunos de estos coinciden con los registros de Amodaimi Oil. Entre estos, destacan los mismos nombres de Luis Antonio García Sánchez y Pablo Antonio Affronti Sergio; por lo que se puede ver como las dos empresas han tenido a los mismos administradores en tiempos pasados.
Pese a esto, Petrolia está bajo el manto de la empresa canadiense New Stratus Energy, una empresa conocida en el país luego de haber intentado que el Gobierno le extienda los contratos para la operación de los bloques 16 y 67, acción que no se concretó y que llevó a que estos continúen manejados por Amodaimi Oil y Petrolia en consorcio.
Los datos a los que se pudo acceder en la Bolsa de Valores de Toronto, demuestran que esta empresa ha tenido pérdidas hasta septiembre de 2024, mismas que ascendieron a los $ 6,9 millones de dólares canadienses; lo que a su vez muestra cómo la empresa, al igual que Amodaimi Oil, han reducido su patrimonio en el último año.
Petrolia, sin embargo, también mantiene valores pendientes con el Estado ecuatoriano. Uno de estos deriva de un informe de Contraloría, que estableció el cobro de $ 3,13 millones; además, los mismos reportes incrustados en la Bolsa de Valores detallan que Petroecuador comenzó también el cobro de un proceso coactivo por $ 16,6 millones, mismo que habría sido dado de baja el 4 de octubre de 2024, cuando se encontraba en negociación la adjudicación del campo Sacha al consorcio del que Petrolia forma parte.
Asimismo, también se consultó si esta empresa mantiene deudas actualmente con el SRI, proceso en el que se encontró que la entidad se encuentra limpia.
¿Vínculos con El Ordeño?
Luego de que se diera a conocer que campo Sacha será entregado al consorcio, conformado por las dos empresas, las redes sociales se movilizaron y no tardaron en poner sobre la mira a estas entidades. En este proceso, uno de los datos que saltó las alertas fue que en el registro de la Superintendencia de Compañías se pudo detectar que el número de contacto convencional registrado por Amodaimi Oil era el mismo que el registrado por la empresa El Ordeño, dedicada a la importación, exportación, distribución, venta y comercialización de productos lácteos.
De acuerdo con los registros oficiales detectaron que las dos empresas tenían registrado el mismo número de contacto. Ecuador Chequea llamó al teléfono registrado, comprobando que este realmente pertenece a Grupo El Ordeño.
¿Cuál es el problema con esto? La respuesta es difusa, pero radica en que El Ordeño es una empresa que ha tenido participación de la familia de Daniel Noboa. Esto, a través de la empresa Agrícola San Esteban, perteneciente a la familia del Presidente, misma que tenía el 0,13% del paquete de acciones de El Ordeño. Sin embargo, esto fue hasta julio de 2024, cuando la empresa vendió esa participación accionaria luego de que saltara otro indicio en el que El Ordeño tuvo participación con contratos para la distribución de desayunos escolares con el Ministerio de Educación. En ese entonces, El Ordeño aclaró que la participación del grupo Noboa, indirectamente, era mínima y que no influía en el contrato levantado.
Hoy, una vez más resuena el nombre de El Ordeño en temas contractuales. Sin embargo, en esta ocasión, Ecuador Chequea constató que Agroindustrias San Esteban dejó de ser accionista de la empresa. Esto, luego de vender sus acciones en julio de 2024.
Por otro lado, tras las denuncias dadas en redes sociales y medios de comunicación, hoy se realizó el cambio del número de teléfono registrado en la Superintendencia de Compañías en la empresa Amodaimi Oil. Esto, sin dejar ningún registro, como los que han existido previamente, como formularios de actualización de datos. El último disponible en los registros públicos es de 2022, cuando seguía apareciendo el número de El Ordeño como parte del contacto de la empresa petrolera.
Asimismo, Ecuador Chequea revisó los registros históricos de contacto de esta empresa, comprobando que el número que pertenece a El Ordeño ha estado en los registros de Amodaimi Oil desde 2015 y se ha mantenido hasta hoy, cuando la plataforma reflejó el cambio.
Ecuador Chequea intentó consultar más sobre estos procesos y sobre la vinculación de las dos empresas, tanto a la Superintendencia de Compañías como al Ministerio de Energía. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.
A través de una carta pública, el presidente, Daniel Noboa, puso un plazo, hasta el 11 de marzo a las 21:00, para que se desembolse la prima de $1.500 millones como parte de la negociación por el campo Sacha a Sinopetrol. “Si no se ha desembolsado nada, no firmaremos el contrato”, dijo.
El Presidente aseguró que este valor se destinará a inversión social en seguridad, salud, bonos y créditos. Además, se defendió de las críticas que ha recibido por la supuesta vinculación de una de las empresas que recibirían el campo Sacha con El Ordeño, industria en la que la familia Noboa tuvo una participación pequeña hasta 2024.
“A diferencia de quienes nos atacan, mi familia jamás ha vivido del Estado. Ni tampoco le ha quitado nada. A diferencia de los máximos representantes de aquellos que sí robaron al país, no vivimos de un sueldo de un partido con fondos estatales, ni somos contratistas tapiñados de Petroecuador”, se lee en la carta.
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